El principio de responsabilidad de proteger afirma que cuando un Estado no es capaz de proteger a su propia población de genocidios, limpiezas étnicas, violaciones masivas a los derechos humanos o crímenes de guerra, o es inclusive el mismo Estado el que está ejerciendo ese sufrimiento a la población, la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir para detener estos crímenes inhumanos. Este principio fue aprobado en 2005 unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y paradójicamente, Argentina fue una de las propulsoras a nivel internacional.

La situación de Siria representó ya en 2012 un caso de responsabilidad de proteger, donde la comunidad internacional no podía ser ajena. Numerosos fueron los informes que registraron las violaciones masivas a los derechos humanos donde se halla involucrado el Gobierno sirio de Bashar al-Assad. Desde el comienzo de la crisis se intentaron todas las instancias diplomáticas y de diálogo posible para resolver el conflicto. Sin embargo, ninguna tuvo resultados por la negativa del régimen de al-Assad, que llegó a utilizar armas químicas contra la propia población civil en 2013.

Para casos como estos, el principio de la responsabilidad de proteger debe ser aplicado bajo el capítulo VII de la Carta de la ONU con el único fin de proteger a la población en peligro.

La República Argentina, contrariamente a lo que había defendido en 2005, traicionó su legado de defensa de los derechos humanos en pos de intereses políticos coyunturales al negar el apoyo a las resoluciones de las Naciones Unidas que condenaban las violaciones flagrantes de los derechos básicos de las personas. El Gobierno argentino prefirió continuar su política de seguimiento pasivo a las decisiones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), cuyo líder, Hugo Chávez, envío tres buques llenos de combustible para abastecer al régimen del genocida al-Assad.

Argentina, en los peores momentos de la crisis de Siria tenía la responsabilidad de ejercer uno de los asientos asignados para la región de América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad de la ONU. Vergonzantemente, Argentina se abstuvo en la resolución presentada por el Estado de Catar y promovida por la Liga Árabe en la que se condenaban las violaciones masivas a los derechos humanos en Siria. La Cancillería Argentina solo expidió una triste carta de llamada al diálogo en pleno genocidio, cuando todos los informes de la ONU afirmaban que el diálogo por la coyuntura de la crisis humanitaria era ya imposible. Colombia, el otro país que compartía el asiento latinoamericano en el Consejo de Seguridad votó a favor de la intervención para detener las masacres de niños, mujeres y civiles.

A su vez, es lamentable que un Gobierno que se identifica como progresista tenga un doble discurso, defendiendo los derechos humanos en público y haciendo silencio cómplice a los violadores de esos derechos, como lo hizo en Siria.

Desde la oposición y como diputado de la nación y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, en ese período presenté varios informes, citaciones al ministro Héctor Timerman y declaraciones de repudio a la política exterior cobarde de Argentina. Del otro lado, los diputados oficialistas lamentablemente solo hacían oídos sordos.

Ahora, la acusación y las pruebas del Fiscal Nisman agregan a lo que en él se decía una dimensión de amoralidad que intuíamos pero que no imaginábamos tan profunda. Porque no existió nunca en esa negociación la intención de abrir un nuevo camino al juicio -como se dijo en público-, para abrir luego el camino al petróleo -lo que no se dijo-. Lo peor de las escuchas que revela la justicia es que muestran una puesta en escena donde todo estaba decidido de antemano. Estaba decidida la impunidad mientras se lloraba en el palco de la AMIA cada 18 de Julio. Estaba decidida la impunidad mientras se participaba de la Comisión de DDHH de la ONU. Estaba decidida la impunidad mientras se recordaba que Nestor Kirchner había dicho que no dejaría sus principios en la puerta de la Rosada. Estaba decidida la impunidad.

A continuación, reproduzco lo que escribí hace dos años en Infobae, y dije en el Congreso:

El 12 de noviembre de 2010, Ahmad Rezaee, un ciudadano iraní, fue encontrado muerto en el piso 18 de un hotel en Dubai. Rezaee era el hijo de Mohseen Rezaee, ex comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Iraní. Ahmad había huido de Irán en 1998 y denunció que su padre había participado directamente en el atentado a la AMIA, y que había entrenado a los responsables en Líbano. La larga mano de la venganza del régimen iraní lo encontró y le hizo pagar su defección.

Este antecedente sirve para calificar la propuesta del gobierno que supone que los imputados van a autoinculparse ante la Justicia argentina sólo para respetar el espíritu del tratado que seguramente se aprobará. ¿Quién va a jugar su vida para defender los intereses políticos de Cristina Fernández de Kirchner?

Además de los otros baches jurídicos que tiene el procedimiento que propone el Gobierno, esa seguridad de que el viaje a Irán-cuando suceda- será un fracaso absoluto, vuelve a traer la pregunta del porqué. ¿Por qué el kirchnerismo entrega la Justicia y el caso AMIA a un país que es el paria del mundo, un peligro para la paz universal? ¿Por qué el kirchnerismo se aísla de esta manera y genera semejante costo para nuestro país? Más aún, ¿por qué paga este costo ante la sociedad?

Y todavía hay más: ¿por qué Cristina Fernández cambió la estrategia que había seguido su marido, quien se opuso tenazmente a que se levantara la “alerta roja” que pesa sobre los imputados y a abrir la negociación que hoy su esposa va a concretar?

La respuesta no es lineal. No parece haber una sola razón; hay muchas razones que se entremezclan. No puede entenderse este tratado si no es en el marco del realineamiento exterior que implementa la Presidenta, y que lleva a la Argentina a embarcarse en el eje Irán-Venezuela como su nueva opción de política exterior. Es esa alianza la que explica -entre otras cosas- por qué Argentina guarda silencio cómplice frente al genocidio de Siria; o por qué sigue mansamente a Venezuela en la destrucción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; o por qué Argentina se ha convertido en espectador pasivo de las aventuras nucleares de Venezuela, incluyendo la venta de uranio venezolano a Irán.

Basta ver la cantidad de sanciones, bloqueos y acciones que los países del mundo occidental han impuesto a Irán por causa de su plan nuclear para dimensional el enorme costo que va a pagar Argentina por este nuevo alineamiento. ¿Cómo puede alguien suponer que nuestro país logrará algún apoyo internacional para sus reclamos por Malvinas o contra los fondos buitre; o para cualquier otro conflicto que aparezca en el futuro? ¿Cómo podemos pensar que Argentina podrá ser escuchada o invitada en el campo internacional? En síntesis, éste es el camino de la no-relevancia y la marginalidad internacional.

¿Por qué? ¿Qué hay detrás de este dislate? Lo más probable es suponer que con este tratado la Argentina está dando pruebas de su fidelidad al conjunto, una suerte de rito iniciático hecho por pedido de Venezuela -el más fiel amigo de Argentina e Irán-.

Tal vez es también posible que detrás de este tratado -que se ha de consumar cuando Argentina levante las “alertas rojas” que pesan sobre los imputados- haya petróleo o las inversiones iraníes que YPF tanto necesita.

Si ésta fuese la verdadera razón , el costo final será enorme para el Gobierno porque, entre otras cosas, demostrará que ha abandonado su política de derechos humanos a cambio de ventajas económicas.