La marcha fue una fantástica muestra de cuánto puede la necesidad de la gente de expresarse por lo que cree, por sus valores, por su futuro.

Del otro lado, intelectuales y dirigentes K trataban de explicar lo inexplicable: cómo hacer para denostar a la gente en la calle, cuando se han pasado la vida aplaudiendo las manifestaciones populares (propias). Es una actitud propia de los burócratas, que proclaman la capacidad transformadora de la voz del pueblo mientras les conviene, y la denigran cuando los critica.

La “más maravillosa música”, de la que hablara Perón, puede convertirse en un aullido insoportable cuando los autócratas se alejan del Pueblo al que hasta ayer creían interpretar.

Lejos de los estereotipos que lanzó el oficialismo en los días previos, personas – ciudadanos de todas las clases sociales, edades y proveniencias– se sintieron hermanados en el reclamos de justicia, pasando del aplauso y el canto al silencio, con consignas simples, no agresivas, que sostuvieran el espíritu con el que fue convocada la marcha.

Todo ello mientras el agua, que no paraba de caer, actuaba como una suerte de aglutinador, incitando a la gente a estar más cerca unos de otros para protegerse en conjunto, pero al mismo tiempo para generar más energía conjunta.

El resultado político es el previsible. La Presidenta ya nos había advertido a la mañana que no aceptaría que le “marcasen la cancha”, por lo que podemos anticipar que solo habrá de parte de ella más encierro. Su mundo pequeño la incitará a seguir adelante, a ir por todo (o por lo que queda del todo) y aumentará el número de fantasmas que quieren frenar su misión mesiánica.

Pero por otro lado y poco a poco, la energía positiva de ayer irá limando las “convicciones” de muchos dirigentes K que saben hacer cuentas y comprenden que el camino que ella les propone los lleva al precipicio.

Sin duda, el mayor impacto de la marcha ha sido el respaldo a jueces y fiscales dignos que han decidido no dejarse apretar por el Gobierno y desarrollar su tarea con independencia y apego a la Constitución y a la leyes. Ellos, que convocaron a la marcha, pueden sentir que no habrá carpetazos, presiones, amenazas que puedan apartarlos del camino que marca su obligación.

Por eso, esta marcha ha sido un bumerang para CFK: la presión que ella puso contra la Justicia, gracias a la gente y a la lluvia, se vuelve contra ella.

Para este Gobierno, porque la sangre de Nisman ha de teñir lo que le queda aún en el poder. Las pruebas de su investigación sobre el caso AMIA y sus implicaciones para los funcionarios se potenciarán hasta niveles impredecibles, porque se relacionan con infinitas dimensiones de un manejo inmoral, autoritario y desordenado de la política local e internacional.

En la misma investigación sobre esta muerte, el Gobierno ya aparece obligado a probar su inocencia. No solo debe demostrar que no es autor directo, sino también por qué no funcionó la custodia que estaba obligada a proteger al Fiscal. Ya es vox populi en el país que estamos frente a un asesinato político.

Tampoco queda lugar alguno para las ironías, ni para los silencios soberbios, ni las culpas ajenas de un discurso absurdo. Para el Gobierno se acabó la posibilidad de construir la realidad propia y esconder la ajena recurriendo a la fábula de las conspiraciones golpistas y los medios de comunicación complacientes. La muerte de Nisman es una realidad que lo ha de marcar hasta el final y para la cual ya no funcionarán los perversos mecanismos de negación y agresión que hasta ahora han tratado de ocultar corrupciones, accidentes y malas políticas.

Pero la muerte de Nisman también debería ser una bisagra para el funcionamiento de la democracia y para los desafíos a futuro del sistema político. Los otros dos poderes y la oposición deberán tomar este tema como un eje práctico y simbólico de su trabajo. No solo en las responsabilidades fácticas para resolver esta muerte, sino también en la energía necesaria para construir una arquitectura democrática y legal que haga que la perversidad institucional del kirchnerismo se convierta, cuanto antes, en parte de la historia.

Argentina no puede seguir más tiempo en este camino de degradación. Un país en el que es concebible que el dislate que investigaba Nisman pudiera no tener consecuencias; en el que un Vicepresidente puede estar procesado y seguir en funciones; en el que los amigos del poder se dedican a construir la arquitectura de la corrupción con total impunidad; en el que se pretende cubrir todos los cargos de la Justicia con militantes políticos; en el que los servicios de inteligencia tienen total autonomía para violar la ley. Un país en el que puede utilizarse descaradamente la mayoría legislativa para vulnerar derechos e ignorar la Constitución.

La muerte de Nisman, sea suicidio por las presiones que recibió o asesinato por los implicados, fue posible por una democracia débil, fragmentada por la corrupción, contaminada por un autoritarismo que arrastramos desde hace décadas. Por todas esas grietas se cuela la bala que mató a Alberto Nisman.

Ahora, la acusación y las pruebas del Fiscal Nisman agregan a lo que en él se decía una dimensión de amoralidad que intuíamos pero que no imaginábamos tan profunda. Porque no existió nunca en esa negociación la intención de abrir un nuevo camino al juicio -como se dijo en público-, para abrir luego el camino al petróleo -lo que no se dijo-. Lo peor de las escuchas que revela la justicia es que muestran una puesta en escena donde todo estaba decidido de antemano. Estaba decidida la impunidad mientras se lloraba en el palco de la AMIA cada 18 de Julio. Estaba decidida la impunidad mientras se participaba de la Comisión de DDHH de la ONU. Estaba decidida la impunidad mientras se recordaba que Nestor Kirchner había dicho que no dejaría sus principios en la puerta de la Rosada. Estaba decidida la impunidad.

A continuación, reproduzco lo que escribí hace dos años en Infobae, y dije en el Congreso:

El 12 de noviembre de 2010, Ahmad Rezaee, un ciudadano iraní, fue encontrado muerto en el piso 18 de un hotel en Dubai. Rezaee era el hijo de Mohseen Rezaee, ex comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Iraní. Ahmad había huido de Irán en 1998 y denunció que su padre había participado directamente en el atentado a la AMIA, y que había entrenado a los responsables en Líbano. La larga mano de la venganza del régimen iraní lo encontró y le hizo pagar su defección.

Este antecedente sirve para calificar la propuesta del gobierno que supone que los imputados van a autoinculparse ante la Justicia argentina sólo para respetar el espíritu del tratado que seguramente se aprobará. ¿Quién va a jugar su vida para defender los intereses políticos de Cristina Fernández de Kirchner?

Además de los otros baches jurídicos que tiene el procedimiento que propone el Gobierno, esa seguridad de que el viaje a Irán-cuando suceda- será un fracaso absoluto, vuelve a traer la pregunta del porqué. ¿Por qué el kirchnerismo entrega la Justicia y el caso AMIA a un país que es el paria del mundo, un peligro para la paz universal? ¿Por qué el kirchnerismo se aísla de esta manera y genera semejante costo para nuestro país? Más aún, ¿por qué paga este costo ante la sociedad?

Y todavía hay más: ¿por qué Cristina Fernández cambió la estrategia que había seguido su marido, quien se opuso tenazmente a que se levantara la “alerta roja” que pesa sobre los imputados y a abrir la negociación que hoy su esposa va a concretar?

La respuesta no es lineal. No parece haber una sola razón; hay muchas razones que se entremezclan. No puede entenderse este tratado si no es en el marco del realineamiento exterior que implementa la Presidenta, y que lleva a la Argentina a embarcarse en el eje Irán-Venezuela como su nueva opción de política exterior. Es esa alianza la que explica -entre otras cosas- por qué Argentina guarda silencio cómplice frente al genocidio de Siria; o por qué sigue mansamente a Venezuela en la destrucción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; o por qué Argentina se ha convertido en espectador pasivo de las aventuras nucleares de Venezuela, incluyendo la venta de uranio venezolano a Irán.

Basta ver la cantidad de sanciones, bloqueos y acciones que los países del mundo occidental han impuesto a Irán por causa de su plan nuclear para dimensional el enorme costo que va a pagar Argentina por este nuevo alineamiento. ¿Cómo puede alguien suponer que nuestro país logrará algún apoyo internacional para sus reclamos por Malvinas o contra los fondos buitre; o para cualquier otro conflicto que aparezca en el futuro? ¿Cómo podemos pensar que Argentina podrá ser escuchada o invitada en el campo internacional? En síntesis, éste es el camino de la no-relevancia y la marginalidad internacional.

¿Por qué? ¿Qué hay detrás de este dislate? Lo más probable es suponer que con este tratado la Argentina está dando pruebas de su fidelidad al conjunto, una suerte de rito iniciático hecho por pedido de Venezuela -el más fiel amigo de Argentina e Irán-.

Tal vez es también posible que detrás de este tratado -que se ha de consumar cuando Argentina levante las “alertas rojas” que pesan sobre los imputados- haya petróleo o las inversiones iraníes que YPF tanto necesita.

Si ésta fuese la verdadera razón , el costo final será enorme para el Gobierno porque, entre otras cosas, demostrará que ha abandonado su política de derechos humanos a cambio de ventajas económicas.