Hoy, frente al lanzamiento del plan Primer Empleo, resulta de utilidad retomar el tema. Es claro que si se baja el costo laboral, se crearán más oportunidades de empleo para quienes ingresan al mercado laboral, ello es altamente positivo. Sin embargo, es necesario volver a subrayar que si quienes acceden a su primer empleo no cuentan con el capital humano necesario, el plan podría no incrementar significativamente la probabilidad de que los beneficiarios tengan éxito a lo largo de su vida profesional.

Educación, fundamentalmente técnica, y capacitación laboral, ese es el eslabón que nos falta construir. Veamos cronológicamente la opinión al respecto de cuatro premios Nobel.

Milton Friedman (Nobel de Economía, 1976) declaró alguna vez: “Una mejor educación ofrece una esperanza de reducir la brecha entre los trabajadores más y menos calificados, de defenderse de la perspectiva de una sociedad dividida entre los ricos y pobres, de una sociedad de clases en la que una élite educada mantiene a una clase permanente de desempleados”.

Hace ya 50 años, Theodore Schultz (Nobel de Economía, 1979) nos explicaba el porqué. En su visión, la educación es el principal motor de movilidad social, dado que las diferencias de ingresos entre las personas se relacionan con las diferencias en el acceso a la educación, la cual incrementa sus capacidades para realizar trabajos productivos.

Por su parte, Robert Lucas (Nobel de Economía, 1995) nos ha enseñado que una persona más educada no sólo es más productiva, sino que también incrementa la productividad del resto de los factores de producción. Un escaso nivel de capital humano genera que el capital físico sea menos productivo y si ambos son menores que los de otro país, su nivel de ingreso también lo será. Más razonable e intuitivo, imposible.

Pero, entonces, ¿cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad en el largo plazo? Eric Maskin (Nobel de Economía, 2007) nos provee la obvia respuesta: educación y entrenamiento laboral. En sus propias palabras: “La población debe tener los medios para ganarse su propio sustento y los programas sociales pueden ayudarles a llegar a ese punto dándoles asistencia, educación y capacitación laboral”.

A riesgo de ser reiterativo: educación y capacitación laboral son la condición suficiente para que un plan como Primer Empleo tenga tanto éxito como todos deseamos. Cuatros premios Nobel me dan sustento para esta afirmación y con muy poco esfuerzo sería factible encontrar varios otros que coincidan.

Ahora, ¿por qué sugiero el sistema de educación dual alemán como complemento ideal? En dicho sistema, el estudiante pasa muchas horas de su tiempo adquiriendo experiencia laboral en empresas, a veces antes de su graduación de la escuela secundaria. Conforme van pasando los años, el estudiante incrementa el tiempo en la empresa y reduce el tiempo en la escuela, con lo que logra incorporarse al proceso productivo con capital humano específico. Usualmente, los aprendices reciben durante este período un salario cercano a un tercio del que percibe un trabajador al inicio de su carrera. Por supuesto, las empresas que participan cuentan con incentivos financieros del Gobierno.

En la Unión Europea más de cinco millones de jóvenes de menos de 25 años se encuentran sin trabajo; la tasa de desempleo en España y Grecia alcanza al 50% de este grupo de edad. Tanto España como Grecia, al igual que Italia, Portugal, Letonia y Eslovaquia han buscado mejorar la transición desde la escuela secundaria al mundo profesional al centrar su atención en el sistema dual.

Una adaptación del sistema dual a nuestra realidad facilitaría no tan sólo la incorporación de miles de jóvenes a la sociedad productiva, como podría lograrse mediante los incentivos del plan Primer Trabajo, sino que también sería condición suficiente para que adquirieran el capital humano que les permita desarrollarse exitosamente.

Educación técnica y capacitación laboral: esa puede ser la llave del reino para enfrentar con éxito la pesada herencia recibida.

¿Cuáles son dichos ejes? Como sintetiza Infobae en su edición del 12 de febrero pasado, acompañando la transcripción completa del documento firmado en Purmamarca: “Entre los puntos salientes se encuentra la obligatoriedad del nivel inicial a partir de los tres años de edad; el desafío de incorporar progresivamente la jornada extendida a través de actividades escolares, artísticas y deportivas; y el compromiso de crear el Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa, cuyo propósito será promover los procesos de evaluación a nivel nacional y obtener datos precisos que permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes”.

Es claro que cada uno de estos ejes habría de mejorar nuestra realidad educativa, no tengo duda alguna de ello. Pero de ninguna manera constituyen la revolución educativa que nuestro país requiere, sino una evolución hacia una mejor educación, adecuada para un país que enfrenta una situación mucho menos crítica que la que sufrimos.

El diccionario de la Real Academia Española define el término revolución como ‘un cambio rápido y profundo en cualquier cosa’. Las medidas propuestas no producirán un cambio rápido y profundo en nuestra realidad educativa, sino una mejora demasiado gradual para, en palabras de nuestro Presidente, “insertar a la Argentina en el siglo XXI”.

¿Qué entiendo por una revolución educativa? Muchos son los posibles ejemplos. Enfrentar la deserción en el secundario y en la universidad con realismo, no sólo con buenas intenciones. Admitir que millones de jóvenes que no estudian ni trabajan son recuperables, si buscamos esquemas educativos que contemplen sus necesidades y realidades de vida. Reincorporar a la sociedad productiva a millones de personas que subsisten basándose en planes sociales, mediante su educación y el entrenamiento profesional. Devolverles a los padres el poder que nunca debieron perder sobre la educación de sus hijos, ¿quiénes sino ellos deberían ser los más estrictos fiscalizadores de una educación de excelencia? Enfrentar a los sindicatos docentes, los más férreos defensores del statu quo; sin hacerlo, ninguna revolución educativa es imaginable. Proveer educación de calidad a los niños de las familias económicamente más desfavorecidas, demostrando que todo niño puede aprender (pero para ello es necesario terminar con la doble moral argentina).

Desarrollar cada uno de estos ejemplos constituye una nota en sí mismo. Por ello, cerraré esta breve columna ilustrando el último de ellos, dada la facilidad de hacerlo y el hecho de que, mediante una adecuada difusión, habría de contar con el apoyo social indispensable para contrarrestar la oposición de los sindicatos docentes.

En Uruguay existe una legislación que facilita el funcionamiento de escuelas privadas, pero gratuitas, en barrios profundamente carenciados. Esta permite el financiamiento de escuelas como el liceo de la Iglesia Católica Jubilar y el liceo laico Impulso. Ambos, centros educativos gratuitos de gestión privada que se financian con aportes de empresas o particulares, no reciben ninguna subvención del Estado y brindan educación secundaria a adolescentes que viven por debajo de la línea de pobreza, que alcanzan rendimientos académicos comparables con las mejores escuelas del país.

Su financiamiento es factible, como señala la página web del liceo Impulso, pues, dada la legislación impositiva, “las empresas donan cien pesos y el costo real para ellas es de 18,75, porque el 75% de lo que donan lo pueden aplicar directamente a impuestos y el otro 25% es un gasto deducible de la renta”.

A modo de anécdota, el principal diario de Montevideo, El País, señala: “Uno de los primeros aportantes del liceo Jubilar fue el papa Francisco, cuando era cardenal y arzobispo de Buenos Aires”.

¿Cuál es el costo político de una legislación de estas características? ¿A quién perjudicaría? La evidencia uruguaya nos provee la respuesta, la oposición del sindicato docente es abierta y la disputa en el Congreso, intensa.

Pero cabe preguntarse, como a mediados del año pasado lo hizo el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, en una entrevista televisiva en defensa de este tipo de instituciones: “¿Dónde mandarían a estudiar a sus hijos los políticos?”. Cuando el periodista le respondió que seguramente a escuelas privadas, el cardenal se preguntó: “Si fuera así, ¿por qué no les dan a los pobres lo que les dan ellos a sus hijos?”.

La ilustración es contundente, una legislación como la del país vecino facilitaría la educación de aquellos niños que menos tienen y, por ende, más necesitan. ¿Qué mejor ejemplo de justicia social?

Una legislación como la uruguaya podría constituirse en el puntapié inicial para una verdadera revolución educativa en la cual el Estado y la sociedad civil se complementen para cambiar una realidad educativa que ensombrece el futuro de nuestro país, en un mundo en el cual el capital humano tiene cada vez mayor importancia.

Una revolución educativa es factible e indispensable, pero para ello es necesario que la sociedad internalice la emergencia educativa que enfrentamos, mucho peor que la emergencia energética o la de cualquier otra área que el Gobierno considere adecuado declarar en estado de emergencia.

Una revolución educativa es factible e indispensable, pero la Declaración de Purmamarca constituye un paso gradual hacia una mejor educación en un país normal. La Argentina hoy no lo es y por ello la declaración es insuficiente para dar inicio a la revolución educativa que deseo que se encuentre en los sueños del Presidente y que podría constituir el comienzo de una Argentina muy distinta a la que hoy nos toca vivir.

Para introducir el bloque, su moderador, Marcelo Bonelli, señaló: “Hay aproximadamente 2,2 millones de chicos en la pobreza. La educación, obviamente en este marco, es algo que permite no sólo el desarrollo de los chicos, sino igualdad hacia adelante. La educación es una cuestión de bien público. La educación permite equiparar, dar igualdad, permite desarrollar a todos por igual. Ese es el tema que vamos a tratar”. Veamos una cita, siguiendo el orden del debate, de cada uno de los candidatos presentes frente a dicha consigna.

Margarita Stolbizer: “Si soy presidente, voy a convocar, no sólo como jefa de Estado sino también como madre, a un gran pacto por defensa a la educación pública, porque esa es la garantía de igualdad. Ahí todos entramos y salimos cada vez más iguales”.

Nicolás del Caño: “Mientras siguen degradando a la educación pública, se subsidia a las privadas. La educación no es un negocio. Proponemos una escuela estatal única, laica, gratuita y de calidad”.

Adolfo Rodríguez Saá: “La escuela debe amoldarse a esta nueva circunstancia, la nueva escuela. Tenemos que ir pensando en la escuela, además de gratuita, de laica, de estatal, la escuela digital”.

Sergio Massa: “La igualdad de oportunidades la construye la escuela pública. Abajo del guardapolvo blanco tienen que estar el hijo del escribano del pueblo y el hijo del albañil, buscando igualdad de oportunidades para el futuro”.

Mauricio Macri: “Les hablé de mi compromiso con pobreza cero en la Argentina […], pero la otra gran pata es educación pública de calidad. Ahí estamos todos de acuerdo. Y entender que esa es la verdadera herramienta que iguala oportunidades. […] Vamos a adquirir la mejor educación pública de Latinoamérica”.

La similitud en los discursos es evidente. Para los cinco candidatos participantes es la educación pública, no la educación en sí misma, como propuso en la consigna el moderador, el gran igualador de oportunidades.

Si bien cada uno de los candidatos considera que el Estado tiene la indelegable obligación de asegurar la educación de todos los niños, ninguno de ellos explicita que el hecho de que la misma sea pública o privada no es lo relevante, sino que todo niño tenga la oportunidad de recibir educación de excelencia, independientemente de su cuna.

Ninguno de los candidatos coincide con el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, quien en abril pasado expresó: “Si ponemos al chico en el centro hay que apoyarlo. Sea público o privado, no importa. Lo que importa es salvar a los chicos concretos, porque si no, caen en lo que ya sabemos, la deserción escolar y por tanto lo que eso trae aparejado: la droga, la esquina, la cerveza”.

El rechazo a la educación privada que los políticos creen percibir en nuestra sociedad es la barrera. De lo contrario, aunque más no sea con fines electorales, sería razonable suponer que algún candidato hubiese planeado en su exposición exenciones impositivas a donaciones para organizaciones no gubernamentales que gestionen instituciones educativas gratuitas, en zonas carenciadas, similares a las existentes en Uruguay, que permiten igualar las oportunidades de niños de familias que viven por debajo de la línea de pobreza. Los resultados académicos alcanzados por los liceos Jubilar e Impulso en Montevideo, comparables a las mejores escuelas del Uruguay, son clara evidencia de ello. Ninguno de los cinco candidatos lo propuso. ¿Por qué? No puede ser una casualidad.

Si ningún político admite lo fútil de este tabú, toda propuesta de reforma educativa no será más que mera cosmética. Retornando a la consigna que prologó el debate, me atrevo a afirmar que bajo este escenario nuestro sistema educativo, sea desde lo público o lo privado, continuará sin generar la igualdad de oportunidades que todo niño merece y vergonzosamente hoy no tiene.