¿Cuáles son dichos ejes? Como sintetiza Infobae en su edición del 12 de febrero pasado, acompañando la transcripción completa del documento firmado en Purmamarca: “Entre los puntos salientes se encuentra la obligatoriedad del nivel inicial a partir de los tres años de edad; el desafío de incorporar progresivamente la jornada extendida a través de actividades escolares, artísticas y deportivas; y el compromiso de crear el Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa, cuyo propósito será promover los procesos de evaluación a nivel nacional y obtener datos precisos que permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes”.

Es claro que cada uno de estos ejes habría de mejorar nuestra realidad educativa, no tengo duda alguna de ello. Pero de ninguna manera constituyen la revolución educativa que nuestro país requiere, sino una evolución hacia una mejor educación, adecuada para un país que enfrenta una situación mucho menos crítica que la que sufrimos.

El diccionario de la Real Academia Española define el término revolución como ‘un cambio rápido y profundo en cualquier cosa’. Las medidas propuestas no producirán un cambio rápido y profundo en nuestra realidad educativa, sino una mejora demasiado gradual para, en palabras de nuestro Presidente, “insertar a la Argentina en el siglo XXI”.

¿Qué entiendo por una revolución educativa? Muchos son los posibles ejemplos. Enfrentar la deserción en el secundario y en la universidad con realismo, no sólo con buenas intenciones. Admitir que millones de jóvenes que no estudian ni trabajan son recuperables, si buscamos esquemas educativos que contemplen sus necesidades y realidades de vida. Reincorporar a la sociedad productiva a millones de personas que subsisten basándose en planes sociales, mediante su educación y el entrenamiento profesional. Devolverles a los padres el poder que nunca debieron perder sobre la educación de sus hijos, ¿quiénes sino ellos deberían ser los más estrictos fiscalizadores de una educación de excelencia? Enfrentar a los sindicatos docentes, los más férreos defensores del statu quo; sin hacerlo, ninguna revolución educativa es imaginable. Proveer educación de calidad a los niños de las familias económicamente más desfavorecidas, demostrando que todo niño puede aprender (pero para ello es necesario terminar con la doble moral argentina).

Desarrollar cada uno de estos ejemplos constituye una nota en sí mismo. Por ello, cerraré esta breve columna ilustrando el último de ellos, dada la facilidad de hacerlo y el hecho de que, mediante una adecuada difusión, habría de contar con el apoyo social indispensable para contrarrestar la oposición de los sindicatos docentes.

En Uruguay existe una legislación que facilita el funcionamiento de escuelas privadas, pero gratuitas, en barrios profundamente carenciados. Esta permite el financiamiento de escuelas como el liceo de la Iglesia Católica Jubilar y el liceo laico Impulso. Ambos, centros educativos gratuitos de gestión privada que se financian con aportes de empresas o particulares, no reciben ninguna subvención del Estado y brindan educación secundaria a adolescentes que viven por debajo de la línea de pobreza, que alcanzan rendimientos académicos comparables con las mejores escuelas del país.

Su financiamiento es factible, como señala la página web del liceo Impulso, pues, dada la legislación impositiva, “las empresas donan cien pesos y el costo real para ellas es de 18,75, porque el 75% de lo que donan lo pueden aplicar directamente a impuestos y el otro 25% es un gasto deducible de la renta”.

A modo de anécdota, el principal diario de Montevideo, El País, señala: “Uno de los primeros aportantes del liceo Jubilar fue el papa Francisco, cuando era cardenal y arzobispo de Buenos Aires”.

¿Cuál es el costo político de una legislación de estas características? ¿A quién perjudicaría? La evidencia uruguaya nos provee la respuesta, la oposición del sindicato docente es abierta y la disputa en el Congreso, intensa.

Pero cabe preguntarse, como a mediados del año pasado lo hizo el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, en una entrevista televisiva en defensa de este tipo de instituciones: “¿Dónde mandarían a estudiar a sus hijos los políticos?”. Cuando el periodista le respondió que seguramente a escuelas privadas, el cardenal se preguntó: “Si fuera así, ¿por qué no les dan a los pobres lo que les dan ellos a sus hijos?”.

La ilustración es contundente, una legislación como la del país vecino facilitaría la educación de aquellos niños que menos tienen y, por ende, más necesitan. ¿Qué mejor ejemplo de justicia social?

Una legislación como la uruguaya podría constituirse en el puntapié inicial para una verdadera revolución educativa en la cual el Estado y la sociedad civil se complementen para cambiar una realidad educativa que ensombrece el futuro de nuestro país, en un mundo en el cual el capital humano tiene cada vez mayor importancia.

Una revolución educativa es factible e indispensable, pero para ello es necesario que la sociedad internalice la emergencia educativa que enfrentamos, mucho peor que la emergencia energética o la de cualquier otra área que el Gobierno considere adecuado declarar en estado de emergencia.

Una revolución educativa es factible e indispensable, pero la Declaración de Purmamarca constituye un paso gradual hacia una mejor educación en un país normal. La Argentina hoy no lo es y por ello la declaración es insuficiente para dar inicio a la revolución educativa que deseo que se encuentre en los sueños del Presidente y que podría constituir el comienzo de una Argentina muy distinta a la que hoy nos toca vivir.

Para introducir el bloque, su moderador, Marcelo Bonelli, señaló: “Hay aproximadamente 2,2 millones de chicos en la pobreza. La educación, obviamente en este marco, es algo que permite no sólo el desarrollo de los chicos, sino igualdad hacia adelante. La educación es una cuestión de bien público. La educación permite equiparar, dar igualdad, permite desarrollar a todos por igual. Ese es el tema que vamos a tratar”. Veamos una cita, siguiendo el orden del debate, de cada uno de los candidatos presentes frente a dicha consigna.

Margarita Stolbizer: “Si soy presidente, voy a convocar, no sólo como jefa de Estado sino también como madre, a un gran pacto por defensa a la educación pública, porque esa es la garantía de igualdad. Ahí todos entramos y salimos cada vez más iguales”.

Nicolás del Caño: “Mientras siguen degradando a la educación pública, se subsidia a las privadas. La educación no es un negocio. Proponemos una escuela estatal única, laica, gratuita y de calidad”.

Adolfo Rodríguez Saá: “La escuela debe amoldarse a esta nueva circunstancia, la nueva escuela. Tenemos que ir pensando en la escuela, además de gratuita, de laica, de estatal, la escuela digital”.

Sergio Massa: “La igualdad de oportunidades la construye la escuela pública. Abajo del guardapolvo blanco tienen que estar el hijo del escribano del pueblo y el hijo del albañil, buscando igualdad de oportunidades para el futuro”.

Mauricio Macri: “Les hablé de mi compromiso con pobreza cero en la Argentina […], pero la otra gran pata es educación pública de calidad. Ahí estamos todos de acuerdo. Y entender que esa es la verdadera herramienta que iguala oportunidades. […] Vamos a adquirir la mejor educación pública de Latinoamérica”.

La similitud en los discursos es evidente. Para los cinco candidatos participantes es la educación pública, no la educación en sí misma, como propuso en la consigna el moderador, el gran igualador de oportunidades.

Si bien cada uno de los candidatos considera que el Estado tiene la indelegable obligación de asegurar la educación de todos los niños, ninguno de ellos explicita que el hecho de que la misma sea pública o privada no es lo relevante, sino que todo niño tenga la oportunidad de recibir educación de excelencia, independientemente de su cuna.

Ninguno de los candidatos coincide con el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, quien en abril pasado expresó: “Si ponemos al chico en el centro hay que apoyarlo. Sea público o privado, no importa. Lo que importa es salvar a los chicos concretos, porque si no, caen en lo que ya sabemos, la deserción escolar y por tanto lo que eso trae aparejado: la droga, la esquina, la cerveza”.

El rechazo a la educación privada que los políticos creen percibir en nuestra sociedad es la barrera. De lo contrario, aunque más no sea con fines electorales, sería razonable suponer que algún candidato hubiese planeado en su exposición exenciones impositivas a donaciones para organizaciones no gubernamentales que gestionen instituciones educativas gratuitas, en zonas carenciadas, similares a las existentes en Uruguay, que permiten igualar las oportunidades de niños de familias que viven por debajo de la línea de pobreza. Los resultados académicos alcanzados por los liceos Jubilar e Impulso en Montevideo, comparables a las mejores escuelas del Uruguay, son clara evidencia de ello. Ninguno de los cinco candidatos lo propuso. ¿Por qué? No puede ser una casualidad.

Si ningún político admite lo fútil de este tabú, toda propuesta de reforma educativa no será más que mera cosmética. Retornando a la consigna que prologó el debate, me atrevo a afirmar que bajo este escenario nuestro sistema educativo, sea desde lo público o lo privado, continuará sin generar la igualdad de oportunidades que todo niño merece y vergonzosamente hoy no tiene.

Esta columna ilustrará, con evidencia provista justamente por escuelas del Uruguay, que dicha conclusión no es necesariamente correcta si se les otorga a las familias más humildes la posibilidad de que sus hijos reciban una educación de excelencia.

El pasado 23 de febrero el principal diario de Montevideo, El País, publicó una nota en la cual señaló que en el liceo Impulso (colegio secundario gratuito, laico y de gestión privada ubicado en Casavalle, uno de los barrios más pobres de la ciudad), en el ciclo básico repitió solo el 2,5 % de los alumnos en 2014. En otro liceo del mismo barrio, Jubilar, gratuito, religioso y de gestión privada, la repetición alcanzó el 6 %. A modo de comparación, en el liceo público número 73 de Casavalle repitió el 42,58 % de los alumnos.

Jubilar adquirió notoriedad el 17 de marzo de 2013, cuando el papa Francisco reconoció el trabajo de su fundador, el sacerdote Gonzalo Aemilius: “Quiero agradecerle su trabajo”, dijo Francisco, lo abrazó frente al altar de la repleta iglesia de Santa Ana y agregó: “Quiero hacerles conocer un sacerdote que desde hace mucho tiempo trabaja con los niños de la calle, con los drogadictos. Para ellos ha hecho una escuela. Todos estos niños de la calle hoy trabajan, con estudio y tienen capacidad de trabajo”.

En su mensaje para la pasada Navidad, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla expresó que las experiencias de liceos gratuitos de gestión privada “demuestran que si se quiere, se puede” y agregó que “multiplicando los Jubilares en Montevideo y en Uruguay se estaría dando una respuesta educativa, seria, responsable, que permitirá que los jóvenes se desarrollen en la educación”.

Jubilar se financia con recursos provenientes de empresas y personas que apadrinan el proyecto. El País señala que “uno de sus primeros aportantes fue el papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires”.

El financiamiento es facilitado porque la legislación contempla que las empresas que donan, a modo de ilustración, 100 pesos perciben un costo real de 18,75, ya que el 75 % de lo que donan lo pueden aplicar directamente a impuestos y el otro 25 % es un gasto deducible de la renta.

En abril pasado el cardenal Sturla salió al cruce de las declaraciones del sindicato docente contra este tipo de liceos, señalando que “si ponemos al chico en el centro, hay que apoyarlo. Sea público o privado, no importa. Lo que importa es salvar a los chicos concretos, porque si no, caen en lo que ya sabemos, la deserción escolar y por tanto lo que eso trae aparejado: la droga, la esquina, la cerveza”.

Más aún, si bien la legislación incentiva el financiamiento privado de este tipo de liceos, el cardenal Sturla, en una entrevista televisiva del 3 de junio, fue todavía más incisivo, preguntándose dónde mandarían los políticos a estudiar a sus hijos. Cuando el periodista le contestó que “seguro a centros privados”, el cardenal replicó: “Si fuera así, ¿por qué no le dan a los pobres lo que le dan ellos a sus hijos?”.

Al respecto, el 15 de julio el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi presentó un proyecto de ley para que los padres más pobres reciban dinero del Estado para que puedan elegir, si lo desean, enviar a sus hijos a colegios privados. El monto se fijaría según el costo que representa la educación de un niño para la enseñanza oficial.

La iniciativa ingresó al Parlamento horas después de que el Movimiento de Participación Popular propusiera restringir las donaciones que pueden recibir liceos como Jubilar o Impulso, bajo la hipótesis de que es injusto que estas superen las destinadas a centros públicos.

Ante esta propuesta, Goñi respondió que “resulta inconcebible y una inmoralidad intentar frenar las iniciativas ciudadanas que con gran esfuerzo están logrando generar mejores oportunidades de educación para nuestros niños”.

La discusión es absolutamente relevante para nuestra realidad. En la Argentina los políticos no debaten propuestas concretas en el terreno educativo.

Sería interesante conocer sus opiniones sobre un proyecto como el de Rodrigo Goñi y de paso preguntarles dónde estudian o han estudiado sus hijos. De responder “en colegios privados”, sería oportuno recordarles aquella pregunta formulada por el cardenal Daniel Sturla: “¿Por qué no le dan a los pobres lo que le dan ellos a sus hijos?”.