Hoy, frente al lanzamiento del plan Primer Empleo, resulta de utilidad retomar el tema. Es claro que si se baja el costo laboral, se crearán más oportunidades de empleo para quienes ingresan al mercado laboral, ello es altamente positivo. Sin embargo, es necesario volver a subrayar que si quienes acceden a su primer empleo no cuentan con el capital humano necesario, el plan podría no incrementar significativamente la probabilidad de que los beneficiarios tengan éxito a lo largo de su vida profesional.

Educación, fundamentalmente técnica, y capacitación laboral, ese es el eslabón que nos falta construir. Veamos cronológicamente la opinión al respecto de cuatro premios Nobel.

Milton Friedman (Nobel de Economía, 1976) declaró alguna vez: “Una mejor educación ofrece una esperanza de reducir la brecha entre los trabajadores más y menos calificados, de defenderse de la perspectiva de una sociedad dividida entre los ricos y pobres, de una sociedad de clases en la que una élite educada mantiene a una clase permanente de desempleados”.

Hace ya 50 años, Theodore Schultz (Nobel de Economía, 1979) nos explicaba el porqué. En su visión, la educación es el principal motor de movilidad social, dado que las diferencias de ingresos entre las personas se relacionan con las diferencias en el acceso a la educación, la cual incrementa sus capacidades para realizar trabajos productivos.

Por su parte, Robert Lucas (Nobel de Economía, 1995) nos ha enseñado que una persona más educada no sólo es más productiva, sino que también incrementa la productividad del resto de los factores de producción. Un escaso nivel de capital humano genera que el capital físico sea menos productivo y si ambos son menores que los de otro país, su nivel de ingreso también lo será. Más razonable e intuitivo, imposible.

Pero, entonces, ¿cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad en el largo plazo? Eric Maskin (Nobel de Economía, 2007) nos provee la obvia respuesta: educación y entrenamiento laboral. En sus propias palabras: “La población debe tener los medios para ganarse su propio sustento y los programas sociales pueden ayudarles a llegar a ese punto dándoles asistencia, educación y capacitación laboral”.

A riesgo de ser reiterativo: educación y capacitación laboral son la condición suficiente para que un plan como Primer Empleo tenga tanto éxito como todos deseamos. Cuatros premios Nobel me dan sustento para esta afirmación y con muy poco esfuerzo sería factible encontrar varios otros que coincidan.

Ahora, ¿por qué sugiero el sistema de educación dual alemán como complemento ideal? En dicho sistema, el estudiante pasa muchas horas de su tiempo adquiriendo experiencia laboral en empresas, a veces antes de su graduación de la escuela secundaria. Conforme van pasando los años, el estudiante incrementa el tiempo en la empresa y reduce el tiempo en la escuela, con lo que logra incorporarse al proceso productivo con capital humano específico. Usualmente, los aprendices reciben durante este período un salario cercano a un tercio del que percibe un trabajador al inicio de su carrera. Por supuesto, las empresas que participan cuentan con incentivos financieros del Gobierno.

En la Unión Europea más de cinco millones de jóvenes de menos de 25 años se encuentran sin trabajo; la tasa de desempleo en España y Grecia alcanza al 50% de este grupo de edad. Tanto España como Grecia, al igual que Italia, Portugal, Letonia y Eslovaquia han buscado mejorar la transición desde la escuela secundaria al mundo profesional al centrar su atención en el sistema dual.

Una adaptación del sistema dual a nuestra realidad facilitaría no tan sólo la incorporación de miles de jóvenes a la sociedad productiva, como podría lograrse mediante los incentivos del plan Primer Trabajo, sino que también sería condición suficiente para que adquirieran el capital humano que les permita desarrollarse exitosamente.

Educación técnica y capacitación laboral: esa puede ser la llave del reino para enfrentar con éxito la pesada herencia recibida.

Para introducir el bloque, su moderador, Marcelo Bonelli, señaló: “Hay aproximadamente 2,2 millones de chicos en la pobreza. La educación, obviamente en este marco, es algo que permite no sólo el desarrollo de los chicos, sino igualdad hacia adelante. La educación es una cuestión de bien público. La educación permite equiparar, dar igualdad, permite desarrollar a todos por igual. Ese es el tema que vamos a tratar”. Veamos una cita, siguiendo el orden del debate, de cada uno de los candidatos presentes frente a dicha consigna.

Margarita Stolbizer: “Si soy presidente, voy a convocar, no sólo como jefa de Estado sino también como madre, a un gran pacto por defensa a la educación pública, porque esa es la garantía de igualdad. Ahí todos entramos y salimos cada vez más iguales”.

Nicolás del Caño: “Mientras siguen degradando a la educación pública, se subsidia a las privadas. La educación no es un negocio. Proponemos una escuela estatal única, laica, gratuita y de calidad”.

Adolfo Rodríguez Saá: “La escuela debe amoldarse a esta nueva circunstancia, la nueva escuela. Tenemos que ir pensando en la escuela, además de gratuita, de laica, de estatal, la escuela digital”.

Sergio Massa: “La igualdad de oportunidades la construye la escuela pública. Abajo del guardapolvo blanco tienen que estar el hijo del escribano del pueblo y el hijo del albañil, buscando igualdad de oportunidades para el futuro”.

Mauricio Macri: “Les hablé de mi compromiso con pobreza cero en la Argentina […], pero la otra gran pata es educación pública de calidad. Ahí estamos todos de acuerdo. Y entender que esa es la verdadera herramienta que iguala oportunidades. […] Vamos a adquirir la mejor educación pública de Latinoamérica”.

La similitud en los discursos es evidente. Para los cinco candidatos participantes es la educación pública, no la educación en sí misma, como propuso en la consigna el moderador, el gran igualador de oportunidades.

Si bien cada uno de los candidatos considera que el Estado tiene la indelegable obligación de asegurar la educación de todos los niños, ninguno de ellos explicita que el hecho de que la misma sea pública o privada no es lo relevante, sino que todo niño tenga la oportunidad de recibir educación de excelencia, independientemente de su cuna.

Ninguno de los candidatos coincide con el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, quien en abril pasado expresó: “Si ponemos al chico en el centro hay que apoyarlo. Sea público o privado, no importa. Lo que importa es salvar a los chicos concretos, porque si no, caen en lo que ya sabemos, la deserción escolar y por tanto lo que eso trae aparejado: la droga, la esquina, la cerveza”.

El rechazo a la educación privada que los políticos creen percibir en nuestra sociedad es la barrera. De lo contrario, aunque más no sea con fines electorales, sería razonable suponer que algún candidato hubiese planeado en su exposición exenciones impositivas a donaciones para organizaciones no gubernamentales que gestionen instituciones educativas gratuitas, en zonas carenciadas, similares a las existentes en Uruguay, que permiten igualar las oportunidades de niños de familias que viven por debajo de la línea de pobreza. Los resultados académicos alcanzados por los liceos Jubilar e Impulso en Montevideo, comparables a las mejores escuelas del Uruguay, son clara evidencia de ello. Ninguno de los cinco candidatos lo propuso. ¿Por qué? No puede ser una casualidad.

Si ningún político admite lo fútil de este tabú, toda propuesta de reforma educativa no será más que mera cosmética. Retornando a la consigna que prologó el debate, me atrevo a afirmar que bajo este escenario nuestro sistema educativo, sea desde lo público o lo privado, continuará sin generar la igualdad de oportunidades que todo niño merece y vergonzosamente hoy no tiene.

Esta columna ilustrará, con evidencia provista justamente por escuelas del Uruguay, que dicha conclusión no es necesariamente correcta si se les otorga a las familias más humildes la posibilidad de que sus hijos reciban una educación de excelencia.

El pasado 23 de febrero el principal diario de Montevideo, El País, publicó una nota en la cual señaló que en el liceo Impulso (colegio secundario gratuito, laico y de gestión privada ubicado en Casavalle, uno de los barrios más pobres de la ciudad), en el ciclo básico repitió solo el 2,5 % de los alumnos en 2014. En otro liceo del mismo barrio, Jubilar, gratuito, religioso y de gestión privada, la repetición alcanzó el 6 %. A modo de comparación, en el liceo público número 73 de Casavalle repitió el 42,58 % de los alumnos.

Jubilar adquirió notoriedad el 17 de marzo de 2013, cuando el papa Francisco reconoció el trabajo de su fundador, el sacerdote Gonzalo Aemilius: “Quiero agradecerle su trabajo”, dijo Francisco, lo abrazó frente al altar de la repleta iglesia de Santa Ana y agregó: “Quiero hacerles conocer un sacerdote que desde hace mucho tiempo trabaja con los niños de la calle, con los drogadictos. Para ellos ha hecho una escuela. Todos estos niños de la calle hoy trabajan, con estudio y tienen capacidad de trabajo”.

En su mensaje para la pasada Navidad, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla expresó que las experiencias de liceos gratuitos de gestión privada “demuestran que si se quiere, se puede” y agregó que “multiplicando los Jubilares en Montevideo y en Uruguay se estaría dando una respuesta educativa, seria, responsable, que permitirá que los jóvenes se desarrollen en la educación”.

Jubilar se financia con recursos provenientes de empresas y personas que apadrinan el proyecto. El País señala que “uno de sus primeros aportantes fue el papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires”.

El financiamiento es facilitado porque la legislación contempla que las empresas que donan, a modo de ilustración, 100 pesos perciben un costo real de 18,75, ya que el 75 % de lo que donan lo pueden aplicar directamente a impuestos y el otro 25 % es un gasto deducible de la renta.

En abril pasado el cardenal Sturla salió al cruce de las declaraciones del sindicato docente contra este tipo de liceos, señalando que “si ponemos al chico en el centro, hay que apoyarlo. Sea público o privado, no importa. Lo que importa es salvar a los chicos concretos, porque si no, caen en lo que ya sabemos, la deserción escolar y por tanto lo que eso trae aparejado: la droga, la esquina, la cerveza”.

Más aún, si bien la legislación incentiva el financiamiento privado de este tipo de liceos, el cardenal Sturla, en una entrevista televisiva del 3 de junio, fue todavía más incisivo, preguntándose dónde mandarían los políticos a estudiar a sus hijos. Cuando el periodista le contestó que “seguro a centros privados”, el cardenal replicó: “Si fuera así, ¿por qué no le dan a los pobres lo que le dan ellos a sus hijos?”.

Al respecto, el 15 de julio el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi presentó un proyecto de ley para que los padres más pobres reciban dinero del Estado para que puedan elegir, si lo desean, enviar a sus hijos a colegios privados. El monto se fijaría según el costo que representa la educación de un niño para la enseñanza oficial.

La iniciativa ingresó al Parlamento horas después de que el Movimiento de Participación Popular propusiera restringir las donaciones que pueden recibir liceos como Jubilar o Impulso, bajo la hipótesis de que es injusto que estas superen las destinadas a centros públicos.

Ante esta propuesta, Goñi respondió que “resulta inconcebible y una inmoralidad intentar frenar las iniciativas ciudadanas que con gran esfuerzo están logrando generar mejores oportunidades de educación para nuestros niños”.

La discusión es absolutamente relevante para nuestra realidad. En la Argentina los políticos no debaten propuestas concretas en el terreno educativo.

Sería interesante conocer sus opiniones sobre un proyecto como el de Rodrigo Goñi y de paso preguntarles dónde estudian o han estudiado sus hijos. De responder “en colegios privados”, sería oportuno recordarles aquella pregunta formulada por el cardenal Daniel Sturla: “¿Por qué no le dan a los pobres lo que le dan ellos a sus hijos?”.

Al día de hoy ello no ocurre. Se podrá argumentar que las campañas se iniciarán luego de las PASO y que en ese entonces los candidatos comenzarán realmente a difundir sus propuestas concretas a la población. De ser así, ¿qué sentido tienen las PASO? ¿Con base en qué criterio se debería votar en ellas?

A modo de ilustración esta nota describirá un escenario absolutamente diferente: el tratamiento de uno de los principales temas educativos que enfrenta el recientemente iniciado proceso electoral en Estados Unidos, que culminará en noviembre de 2016 con la elección del sucesor de Barack Obama.

Al respecto, la edición del Washington Post del 3 de junio publicaba: “La libertad de los padres de elegir el tipo de escolaridad de sus hijos (usualmente denominada school choice) está destinada a convertirse en uno de los principales temas educativos en la campaña presidencial de 2016, ya que varios candidatos del Partido Republicano, entre ellos Jeb Bush y el senador Marco Rubio, apoyan la propuesta, al igual que la utilización de un sistema de bonos educativos (los cuales permitirían a los padres elegir la escuela que mejor se adecúa a las necesidades o aptitudes de sus hijos). El principal candidato del Partido Demócrata, Hillary Rodham Clinton, siempre se ha opuesto a este tipo de iniciativa, argumentando que los derechos educativos absorben los escasos dólares disponibles para las escuelas públicas”.

Por el contrario, en enero de 2014 Jeb Bush escribió una nota titulada “Necesitamos school choice ahora. La mejor solución para el fracaso del sistema educativo de nuestra nación es darle el poder a los padres”. En la publicación se preguntaba: “¿Cómo puede ser que los padres, que deciden sobre cada aspecto de la vida de sus hijos, a menudo deben delegar a burócratas gubernamentales la crítica decisión respecto a qué escuela los habrán de enviar? Este hecho ha creado un monopolio estatal en la educación en el cual se rechaza la rendición de cuentas a los padres, se considera la innovación como una amenaza y se da prioridad a la estabilidad laboral de los docentes sobre el aprendizaje de los niños”. Bush agregaba: “El resultado difícilmente es una sorpresa. EEUU se ha convertido en un líder global en gasto educativo y en un rezagado global en resultados académicos”. Más aún, el 1.^o de junio, a pocos días de lanzar su precandidatura a la Presidencia, señalaba en un discurso, recordando su paso como gobernador del Estado de Florida: “En Florida creamos el primer programa estatal de derechos educativos en EEUU y expandimos las posibilidades de los padres de elegir el tipo de escolaridad de sus hijos, ya sea pública o privada, siendo los líderes al respecto en el país”.

Por su parte, Marco Rubio, senador por Florida y probablemente el más serio contrincante de Jeb Bush en el Partido Republicano, expresó en el discurso del 13 de abril al proclamar su candidatura: “Todos los padres merecen elegir la educación que sea adecuada para sus hijos”. Una opinión similar había señalado ya en octubre de 2014 para Fox News: “Todos los padres comparten un sueño común: todos queremos que nuestros hijos tengan la oportunidad de una vida mejor que la nuestra. Esto ha impulsado el progreso de nuestra nación y se ha convertido en una parte esencial del sueño americano. Para dar a los niños la oportunidad, cada padre debe tener el derecho de elegir el ambiente de aprendizaje que mejor se adapte a las necesidades únicas de su hijo. Vivimos en una era de innovación, en la cual los consumidores enfrentan una increíble variedad de opciones en casi todos los aspectos de la vida. ¿Por qué nos aferramos a una definición de la educación pública propia del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX? En la educación debe haber uniformidad de oportunidades, no uniformidad educativa”.

Retornemos a nuestro país, faltan pocos meses para la elección presidencial y prácticamente pocos días para las PASO, ¿hemos escuchado a los candidatos expresarse sobre temas educativos como el que propongo en esta nota? ¿O en realidad hemos escuchado generalidades que a nadie pueden incomodar a favor de una mejor educación?

Merecemos escuchar propuestas concretas de los candidatos y debates sobre estas propuestas. ¿Por qué no preguntarle a cada uno si apoya una reforma educativa que otorgue a los padres el derecho a elegir la educación que consideren más adecuada para sus hijos? ¿No sería esta una reforma progresista, ya que igualaría oportunidades más allá de la cuna? ¿Por qué no exigirles a los candidatos que justifiquen sus respuestas con argumentos racionales en lugar de discursos emocionales?

Es tiempo de un cambio real, es tiempo de comenzar a votar candidatos que realicen propuestas concretas que podamos comprender y con las que estemos de acuerdo. No es tiempo de votar conceptos abstractos, no es tiempo de votar a favor del modelo o a favor del cambio, de lo contrario el horizonte para nuestro país será muy oscuro y no solamente en el terreno educativo.

Veinte años atrás, en 1995, el Instituto Smithsoniano le realizó una entrevista a Steve Jobs, quien esbozó una audaz propuesta educativa. La misma, dotada de la simpleza y visión de futuro propia de Jobs, constituye una alternativa válida para enfrentar la crisis educativa que atraviesa nuestro país.

En aquella entrevista Jobs se definió como un gran creyente en la igualdad de oportunidades, en oposición a la igualdad de resultados: “Yo no creo en la igualdad de resultados, porque por desgracia la vida no es así. Sería un lugar muy aburrido si lo fuera. Pero realmente creo en la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades para mí más que nada significa una gran educación”.

Un buen maestro, en su visión, tiene un efecto perdurable en el desarrollo de los niños, pero el fundador de Apple opinaba que no hay una cantidad suficiente atraído por el sistema de educación pública: “Me gustaría que la gente que enseña a mis hijos sea lo suficientemente buena como para poder acceder a una posición en la empresa en la cual trabajo, obteniendo 100.000 U$S al año. ¿Por qué habrían de trabajar en una escuela por 35.000 U$S al año si pueden obtener un trabajo en nuestra empresa por 100.000 U$S al año?” Para Jobs el principal problema que enfrenta la educación reside en el sindicato docente pues el mismo impide la meritocracia.

En su opinión, los padres de los estudiantes, reales clientes del sistema educativo, han dejado de prestar atención al servicio provisto por las escuelas conforme las mismas se fueron burocratizando y los padres tuvieron cada vez un rol menor. La consecuencia la considera paralela a lo que sucede cuando los clientes dejan de prestar atención al bien o servicio que adquieren a un monopolista: la calidad deja de ser buena. En sus palabras: “Al monopolista no tiene porque importarle prestar un buen servicio. Eso es lo que IBM fue en su día. Y eso es sin duda lo que el sistema de educación pública es en la actualidad”.

Cuando los padres envían sus hijos a la escuela pública no sienten que están gastando su dinero. Los padres no realizan una comparación entre escuelas en forma similar a la que realizan, por ejemplo, frente a la compra de un auto. Más aún, agrega Jobs: “Una cuestión de hecho es que si un padre desea que su hijo estudie en un colegio privado no podrá utilizar para ello el costo de educar a su hijo en el colegio público, sino que deberá pagar además el precio de la escuela privada”. Es claro que ello convierte, para muchos padres, a la educación pública como la única alternativa factible para la educación de sus hijos. ¡Un real monopolio!

Por ello, afirma Steve Jobs en aquella entrevista: “Yo creo firmemente que si el país entrega a cada padre un voucher por el costo de educar a su hijo en el sistema público, el cual solamente podría ser utilizado en una escuela acreditada, varias cosas sucederían”. En primer lugar las escuelas comenzarían a competir fuertemente para atraer alumnos. En segundo, se abrirían nuevas escuelas: “Usted podría encontrar graduados universitarios muy idealistas, llenos de energía, quienes en lugar de iniciar una empresa en Silicon Valley, habrían de iniciar una escuela. Yo creo que lo harían mucho mejor que cualquiera de nuestras escuelas públicas”. Finalmente, considera que la calidad de las escuelas, dada la competencia, comenzaría a mejorar y que algunas tendrían que cerrar; muchas públicas podrían hacerlo.

Es claro, admite Jobs, que “la transición sería un proceso doloroso para los primeros años, pero mucho menos doloroso que ver cómo los niños pasan por el sistema educativo hoy en día”. ¡Qué mejor descripción de la realidad educativa argentina 20 años después!

Démosle a cada padre un voucher educativo. Una idea audaz, visionaria, digna de ser apoyada por Steve Jobs, que revertiría en unos años la crisis educativa que enfrenta nuestro país y contribuiría a generar igualdad de oportunidades. ¿Por qué entonces no es considerada por nuestra clase política, la cual defiende la educación pública en emocionales discursos pero envía sus hijos a escuelas privadas?


Probablemente en aquella famosa sentencia de Winston Churchill tengamos la respuesta: “Un político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones”. La importancia de los maestros. Veamos a modo de ejemplo el estudio llevado a cabo por la Bill & Melinda Gates Foundation sobre una escuela que comenzó a funcionar en 2009 en Nueva York, la cual contrató docentes de alta calidad ofreciendo salarios que doblaban lo que se cobraba en las escuelas públicas de la ciudad. El estudio demostró que luego de cuatro años, en comparación con estudiantes de una escuela pública cercana de similar composición étnica, nivel socioeconómico y resultados en exámenes estandarizados al inicio de la experiencia, las diferencias eran significativas: los niños cursando octavo grado que participaron del programa mostraron en los exámenes de matemáticas una diferencia de un año y medio de conocimientos respecto del grupo de control, más de medio año en ciencia y casi otro medio año en lengua.

Si bien el ejemplo es contundente, se podría cuestionar que es tan sólo un caso particular. Por ello resultan de gran interés las conclusiones de un reciente estudio colaborativo del Banco Mundial y siete países de Latinoamérica y el Caribe: Brasil, Colombia, Honduras, Jamaica, México, Perú y la República Dominicana. El trabajo es posiblemente el de mayor envergadura llevado a cabo sobre el rol del docente, realizándose más de 15.0000 visitas imprevistas a aulas de más de 3.000 escuelas públicas entre 2009 y 2013.

En alusión a este estudio, el 26 de julio pasado The Economist señaló que una de sus principales conclusiones es que “la principal razón para el fracaso escolar de América Latina es simple. La región produce en serie un gran número de maestros a partir de candidatos poco calificados. Se los entrena mal y se les paga poco (entre 10% y 50% menos que otras profesiones). Por lo tanto es lógico que enseñen mal”.

Comparemos esta foto con la de un maestro en Finlandia, el cual gana un salario digno, similar al de cualquier otro graduado universitario y es socialmente muy respetado. Las diferencias en los requisitos son homólogas a la distancia entre Finlandia y Latinoamérica. Ser docente en Finlandia requiere llevar a cabo estudios universitarios: tres años de Licenciatura y dos de Maestría. Para poder acceder a dicha educación se exige un promedio en el colegio secundario de por lo menos nueve puntos y además superar un estricto proceso de selección, mediante el cual tan sólo son admitidos el 10% de los postulantes.

¿Cuál de las dos fotos es más adecuada para describir la realidad de un maestro en la Argentina? La respuesta es obvia.

Mejores salarios, una mucho mejor preparación y un proceso de selección estricto para ingresar a la carrera docente son los tres pilares indispensables para recuperar el rol del maestro en nuestra sociedad. En este año electoral, ¿algún candidato se atreverá a proponerlo en lugar de hablar generalidades o todos evaluarán que el costo político de hacerlo es demasiado alto?

Es bien sabido que los miembros del Senado no sólo cobran su dieta, sino que también cuentan con 20 pasajes aéreos mensuales y 10 terrestres para regresar a sus hogares, independientemente del distrito al cual representan. En la práctica, numerosos Senadores hacen uso de su derecho a canjear pasajes por dinero en efectivo, dado que no utilizan la cuota que tienen asignada, incrementando de esa forma su salario.

Es razonable asumir que cualquier Senador prefiere esta flexibilidad a no tener otra opción que utilizar los pasajes o perder el valor de los mismos, de sobremanera aquellos que habitan en la CABA o en distritos cercanos, o quienes se trasladan a sus distritos en automóviles del Senado y, por ende, no utilizan su cuota mensual de más de $ 16.000 en pasajes.

Sin embargo, el resto de los ciudadanos carece de esta flexibilidad en numerosas instancias, la educación es un claro ejemplo de ello.

En los últimos años numerosas familias han optado por enviar sus hijos a escuelas privadas, a pesar de la existencia de la educación pública gratuita. La evidencia nos exime de cualquier comentario; aún en barrios muy humildes muchas familias realizan importantes esfuerzos económicos para que sus hijos cursen su escolaridad en este tipo de institución.

Es claro que cada ciudadano que toma esta decisión debe pagar dos veces por la educación de sus hijos, una a través de sus impuestos y otra a través del pago a la escuela elegida, dado que no cuenta con la misma prerrogativa que los Senadores de la Nación.

Si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ¿no es razonable que aquellas familias que optan por enviar a sus hijos a una escuela privada reciban una reducción en su carga impositiva similar al costo de educar un niño dentro del sistema de educación pública? ¿Acaso no es ello equivalente al derecho de un Senador que no utiliza su cuota mensual de pasajes a canjearlo por dinero en efectivo?

Sería interesante llevar a cabo una estadística entre los legisladores respecto al tipo de escuela en la cual cursan la educación obligatoria sus hijos. Probablemente descubramos que una gran mayoría eligen educar a sus hijos en escuelas privadas mientras coartan el derecho de muchos compatriotas de tomar una decisión similar, al no promover una legislación que elimine la distorsión que representa pagar dos veces por la educación de los niños, en los casos en que sus padres opten por escuelas de gestión privada.

Por ello, resulta pertinente cerrar esta breve nota con una cita de Milton Friedman publicada en el New York Times Magazine, 1975: “Yo culpo a las personas bien intencionadas que envían sus hijos a escuelas privadas e imparten cátedra a las “clases inferiores” (comillas en el original) sobre la responsabilidad de enviar sus niños a escuelas estatales en defensa de la educación pública”.

Otro tiempo, otro lugar, pero ¿no es una adecuada descripción de nuestra realidad?

Es hora de enfrentar un tema tabú. Aquella maestra de antaño, que con su guardapolvo blanco aún hoy genera una imagen de respeto en nuestro imaginario, ha sido reemplazada por dirigentes sindicales que impiden la educación de nuestros hijos. ¿Cuántos días de clase ya se han perdido este año en las escuelas públicas bonaerenses en virtud de paros docentes? ¿Cuántos más se habrán de perder?

Por ello resulta de particular interés el reporte del Banco Mundial, Grandes Maestros: Cómo Incrementar el Aprendizaje de los Estudiantes en Latinoamérica y el Caribe, dado a conocer el jueves 21 de julio en el Foro sobre Regional Educational Solutions, llevado a cabo en la Universidad Católica de Lima.

La conclusión es movilizante: cada semana los estudiantes de las escuelas públicas se ven privados del equivalente a un día completo de clases, en virtud de la baja efectividad de los maestros. Este hecho se funda en el ausentismo docente, su mala preparación, su bajo nivel de capital humano para ejercer la profesión, su inadecuado salario y la falta de liderazgo en las autoridades de las escuelas. Más aún, el reporte resalta que los beneficios económicos y sociales del gasto público en educación dependen de lo que los estudiantes aprenden y no de cuántos años permanecen en la escuela.

Es hora de levantar el tabú y enfrentar la realidad, tal como lo remarcó en el Foro el vicepresidente del Banco Mundial, Jorge Familiar, quien expresó: “Es difícil pensar en un elemento más importante para ampliar las oportunidades para todos los latinoamericanos que una educación de calidad” y subrayó que “es difícil pensar en un jugador más importante para elevar la calidad educativa que los docentes de la región”.

Los líderes sindicales deberían defender los intereses de sus afiliados proponiendo que se establezca una evaluación de los maestros a nivel nacional, elevando, como en otras latitudes, los requerimientos para ingresar en la profesión, evaluando y capacitando a los maestros que no lo estén, y permitiendo la exclusión de aquellos que no adquiriesen los atributos necesarios mediante dicho proceso de capacitación. Así, se proveería a los representantes sindicales de un real poder de negociación, pues aseguraría frente a la sociedad la productividad de los miembros de su gremio en la delicada tarea que tienen a cargo.

Pero de eso no se habla. En lugar de ello han optado por tomar cerca de 3,500,000 estudiantes como virtuales rehenes de sus demandas salariales. Qué lejos ha quedado el recuerdo de aquella señorita de guardapolvo blanco; hoy la imagen de un maestro es otra y no por culpa de los muchos buenos docentes, sino de aquellos que invocan su representación.

Hoy, casi 3 años después, el gobierno lanza un nuevo plan, ProCreAuto, destinado a la adquisición de vehículos de terminales que han acordado bajas en sus precios. El plan consiste en un crédito a sola firma otorgado por el Banco Nación, a ser repagado nuevamente en 60 cuotas, con un interés del 17% para clientes del Banco y del 19,2% para el público en general. Al presentarlo, la ministra de Industria Débora Giorgi explicó que “ProCreAuto es un programa de financiamiento en condiciones excelentes que hoy no existen en el mercado”, remarcando que el objetivo es que en no mucho tiempo “el sector vuelva a las 700,000 unidades”.

Frente a este nuevo plan, motivado en la fuerte caída de actividad en el sector y la consiguiente suspensión del personal, es imposible no recordar aquellas palabras de Ronald Reagan, quien en una conferencia en agosto de 1986 expresaba que “con anterioridad a su gestión la visión del gobierno sobre la economía se podía resumir en unas pocas cortas frases: Si se mueve, grávela. Si continúa moviéndose, regúlela. Y si deja de moverse, subsídiela”.

Televisión para todos, autos para muchos ¿y educación? En noviembre de 1985, el New York Times publicaba declaraciones del secretario de Educación, William Bennett, en defensa de uno de los frustrados intentos del gobierno de Reagan de obtener una legislación que otorgase a familias de bajos ingresos un subsidio anual que les permitiese elegir a qué escuela enviar a sus hijos, entre una variedad de establecimientos públicos y privados. En palabras de Bennett: “Hoy, la familias más ricas ejercen la opción mediante la compra de una casa en el barrio de su elección, o enviando a sus hijos a una escuela privada. Los pobres no tienen este tipo de elección”.

Es claro que a pesar de referirse a otro tiempo y lugar, la imagen ilustra fielmente nuestra realidad. La evidencia en la Argentina nos muestra hace ya años el incremento en la matrícula de la escuela privada en detrimento de la escuela pública, aún en zonas de bajo poder adquisitivo. Muchas familias están realizando importantes esfuerzos económicos, ¿cuántas más lo harían de instrumentarse un plan similar a ProCreAuto que se los facilitase?

Por ejemplo, un plan en el cual participasen escuelas que otorguen becas que reduzcan las matrículas, en una proporción similar a como lo han hecho las terminales automotrices, para aquellas familias que por sus bajos ingresos califiquen para el programa y opten por tomar parte del mismo. El gobierno podría transferir mensualmente a los colegios el importe de la cuota de los alumnos participantes, estableciendo una forma de repago consistente con la realidad económica de familias de bajos ingresos.

Televisión para todos, autos para muchos; no hay razón alguna para que tan sólo unos pocos privilegiados puedan elegir el tipo de escolaridad a la cual accederán sus hijos. Un plan de estas características no atentaría contra la educación pública: al fin y al cabo, nadie está obligado a endeudarse para educar a sus hijos en una institución privada existiendo educación pública gratuita. De hacerlo, estaría enviando un mensaje a la sociedad, probablemente el mismo que durante años han enviado incontables miembros tanto del Poder Ejecutivo, en todos sus niveles, como del Poder Legislativo, al elegir educar a sus hijos en escuelas privadas mientras defienden férreamente el derecho del resto de sus compatriotas de no ser expuestos frente a esta decisión.

Al fin y al cabo, hace 20 años quién hubiese pensado que hoy el sistema educativo chileno, con todos sus problemas y defectos, se convertiría en el mejor de América latina, tanto en términos de calidad, como lo demuestran los resultados alcanzados en los exámenes PISA; como de cantidad, al tener las más altas tasas de graduación de la escuela secundaria entre los países de la región. Es claro que en Chile algo se debe haber hecho bien para haberse convertido, como bien señala Sapelli, en el segundo país del mundo que en los últimos años registró un mayor progreso en términos de calidad educativa.

Uruguay es un país considerablemente más equitativo que Chile, si es a la distribución del ingreso a lo que nos referimos, pero he aquí lo que muy pocas veces es reconocido: el sistema educativo chileno es claramente más equitativo que el uruguayo pues logra revertir una foto de mayor desigualdad en los ingresos de los padres en otra de menor desigualdad en la educación de sus hijos, evaluándola en función de los resultados de los exámenes PISA.

Aparentemente resulta fácil de olvidar que Chile ha sido uno de los pocos países de la región que en los últimos 20 años ha logrado reducir la brecha educativa entre el 20% más rico y el 20% más pobre de la población. Qué mejor ilustración de este hecho que el reporte en 2007 del Consejo Asesor para el Trabajo y la Equidad de la misma presidenta Michelle Bachelet, el cual señalaba que de los 500.000 estudiantes que se encontraban matriculados en Universidades chilenas, 7 de cada 10 eran los primeros miembros de su familia en acceder a ese nivel de educación.

Por ello resulta lícito preguntarnos que si Chile ha hecho semejante progreso en el terreno educativo, ¿por qué existe tanto descontento interno, tantas demandas de un cambio radical? En palabras de Sapelli: “Algo curioso de la actual cruzada refundacional es que pretendería cambiar al sistema chileno por uno que se pareciera mucho más al uruguayo; un sistema en que los establecimientos educacionales que reciben dinero público no reciben dinero privado y los que reciben dinero privado no reciben dinero público”.

Probablemente la respuesta más razonable nos la provea el galardonado escritor chileno Jorge Edwards, Premio Cervantes de Literatura, quien años atrás, frente a las manifestaciones estudiantiles contra el gobierno del por entonces Presidente Sebastián Piñera, señaló en una nota en el periódico español El País que “los estudiantes chilenos hablan de treinta años de retroceso en el país y proponen un cambio equivalente a una revolución. Tienen motivos para estar descontentos, pero usan ese lenguaje del todo o nada que parece nuevo, y que sin embargo se repite de generación en generación” y agregó: “El problema consiste en que las mejoras duraderas que están a nuestro alcance se construyen con paciencia, con razones en lugar de retórica. Sin borrarlo todo y partir de cero, sin creer en los paraísos en la tierra, que suelen desembocar en infiernos”.

En los países del primer mundo un gobierno construye a partir de donde culminó el anterior; por supuesto, diferenciándose de su predecesor, realizando cambios, por ejemplo, de políticas educativas, pero no afirmando que absolutamente todo lo realizado está mal y que el rol de su gobierno será retrotraerlo a fojas cero. La realidad educativa chilena parece ser mejor descripta por Edwards.

Ojalá no termine siendo este el caso, de ser así me atrevo a predecir que expresiones como la década perdida en el terreno educativo dejarán de ser apropiadas tan sólo para describir nuestra propia realidad, sino que podrían llegar a aplicarse al país vecino. Sólo el futuro nos dará la respuesta. Ese es el problema usual de políticas de largo plazo como la educativa, donde los resultados de las mismas usualmente se perciben cuando aquellos que las llevaron a cabo ya no se encuentran en el gobierno.