La medida no puede ser más auspiciosa, como bien señala la gobernadora: “Es necesario evaluar para saber qué tenemos que mejorar”. Es claro que no puede tener más razón. Sin embargo, también remarcó: “Para mí, como mamá, la evaluación es orientadora, porque me permite saber cómo está mi hijo en relación con lo que se enseña”, lo cual no es posible en virtud del artículo 97, de la ley 26206 de educación nacional, sancionada en 2006. El mencionado artículo establece: “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.

¿Quiénes pueden tener más derechos que los padres a conocer el nivel educativo de las instituciones a las que concurren sus hijos?

Al impedir la publicidad de los resultados de cada colegio, lo que se está haciendo es sustraer del debate público el elemento de juicio principal para saber si el actual sistema educativo satisface la principal inquietud de cualquier padre: que sus hijos aprendan en el colegio al cual concurren. Por supuesto, también priva de información valiosa a la hora de decidir a qué escuela enviar a sus hijos a aquellos padres para quienes sus posibilidades económicas no convierten a la educación pública en la única alternativa factible, lo que la transforma en un virtual monopolio, con todos los costos que ello implica.

No es posible llevar a cabo una revolución educativa sin el apoyo y la participación activa de los padres, muchos de los cuales tienen en su imaginario la fantasía de que la educación argentina se encuentra en crisis, pero que la educación que reciben sus hijos en el colegio al cual concurren es adecuada.

Por eso la revolución educativa debe comenzar en el Congreso, no en las aulas. Muchos maestros son tan víctimas del sistema como los alumnos y arriesgan hasta su integridad física para educar a nuestros hijos. Modificar el artículo 97 de la ley 26206 es imprescindible. Los padres se deben enterar.

Restringir el acceso a los resultados de evaluaciones educativas obliga a creer ciegamente en la capacidad y la buena fe de aquellos encargados, circunstancialmente, de dirigir la política del sector. ¿No es esto más costoso que la posibilidad de cualquier estigmatización? La realidad educativa provista por la última década es prueba fehaciente de ello.

Hoy, frente al lanzamiento del plan Primer Empleo, resulta de utilidad retomar el tema. Es claro que si se baja el costo laboral, se crearán más oportunidades de empleo para quienes ingresan al mercado laboral, ello es altamente positivo. Sin embargo, es necesario volver a subrayar que si quienes acceden a su primer empleo no cuentan con el capital humano necesario, el plan podría no incrementar significativamente la probabilidad de que los beneficiarios tengan éxito a lo largo de su vida profesional.

Educación, fundamentalmente técnica, y capacitación laboral, ese es el eslabón que nos falta construir. Veamos cronológicamente la opinión al respecto de cuatro premios Nobel.

Milton Friedman (Nobel de Economía, 1976) declaró alguna vez: “Una mejor educación ofrece una esperanza de reducir la brecha entre los trabajadores más y menos calificados, de defenderse de la perspectiva de una sociedad dividida entre los ricos y pobres, de una sociedad de clases en la que una élite educada mantiene a una clase permanente de desempleados”.

Hace ya 50 años, Theodore Schultz (Nobel de Economía, 1979) nos explicaba el porqué. En su visión, la educación es el principal motor de movilidad social, dado que las diferencias de ingresos entre las personas se relacionan con las diferencias en el acceso a la educación, la cual incrementa sus capacidades para realizar trabajos productivos.

Por su parte, Robert Lucas (Nobel de Economía, 1995) nos ha enseñado que una persona más educada no sólo es más productiva, sino que también incrementa la productividad del resto de los factores de producción. Un escaso nivel de capital humano genera que el capital físico sea menos productivo y si ambos son menores que los de otro país, su nivel de ingreso también lo será. Más razonable e intuitivo, imposible.

Pero, entonces, ¿cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad en el largo plazo? Eric Maskin (Nobel de Economía, 2007) nos provee la obvia respuesta: educación y entrenamiento laboral. En sus propias palabras: “La población debe tener los medios para ganarse su propio sustento y los programas sociales pueden ayudarles a llegar a ese punto dándoles asistencia, educación y capacitación laboral”.

A riesgo de ser reiterativo: educación y capacitación laboral son la condición suficiente para que un plan como Primer Empleo tenga tanto éxito como todos deseamos. Cuatros premios Nobel me dan sustento para esta afirmación y con muy poco esfuerzo sería factible encontrar varios otros que coincidan.

Ahora, ¿por qué sugiero el sistema de educación dual alemán como complemento ideal? En dicho sistema, el estudiante pasa muchas horas de su tiempo adquiriendo experiencia laboral en empresas, a veces antes de su graduación de la escuela secundaria. Conforme van pasando los años, el estudiante incrementa el tiempo en la empresa y reduce el tiempo en la escuela, con lo que logra incorporarse al proceso productivo con capital humano específico. Usualmente, los aprendices reciben durante este período un salario cercano a un tercio del que percibe un trabajador al inicio de su carrera. Por supuesto, las empresas que participan cuentan con incentivos financieros del Gobierno.

En la Unión Europea más de cinco millones de jóvenes de menos de 25 años se encuentran sin trabajo; la tasa de desempleo en España y Grecia alcanza al 50% de este grupo de edad. Tanto España como Grecia, al igual que Italia, Portugal, Letonia y Eslovaquia han buscado mejorar la transición desde la escuela secundaria al mundo profesional al centrar su atención en el sistema dual.

Una adaptación del sistema dual a nuestra realidad facilitaría no tan sólo la incorporación de miles de jóvenes a la sociedad productiva, como podría lograrse mediante los incentivos del plan Primer Trabajo, sino que también sería condición suficiente para que adquirieran el capital humano que les permita desarrollarse exitosamente.

Educación técnica y capacitación laboral: esa puede ser la llave del reino para enfrentar con éxito la pesada herencia recibida.

¿Cuáles son dichos ejes? Como sintetiza Infobae en su edición del 12 de febrero pasado, acompañando la transcripción completa del documento firmado en Purmamarca: “Entre los puntos salientes se encuentra la obligatoriedad del nivel inicial a partir de los tres años de edad; el desafío de incorporar progresivamente la jornada extendida a través de actividades escolares, artísticas y deportivas; y el compromiso de crear el Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa, cuyo propósito será promover los procesos de evaluación a nivel nacional y obtener datos precisos que permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes”.

Es claro que cada uno de estos ejes habría de mejorar nuestra realidad educativa, no tengo duda alguna de ello. Pero de ninguna manera constituyen la revolución educativa que nuestro país requiere, sino una evolución hacia una mejor educación, adecuada para un país que enfrenta una situación mucho menos crítica que la que sufrimos.

El diccionario de la Real Academia Española define el término revolución como ‘un cambio rápido y profundo en cualquier cosa’. Las medidas propuestas no producirán un cambio rápido y profundo en nuestra realidad educativa, sino una mejora demasiado gradual para, en palabras de nuestro Presidente, “insertar a la Argentina en el siglo XXI”.

¿Qué entiendo por una revolución educativa? Muchos son los posibles ejemplos. Enfrentar la deserción en el secundario y en la universidad con realismo, no sólo con buenas intenciones. Admitir que millones de jóvenes que no estudian ni trabajan son recuperables, si buscamos esquemas educativos que contemplen sus necesidades y realidades de vida. Reincorporar a la sociedad productiva a millones de personas que subsisten basándose en planes sociales, mediante su educación y el entrenamiento profesional. Devolverles a los padres el poder que nunca debieron perder sobre la educación de sus hijos, ¿quiénes sino ellos deberían ser los más estrictos fiscalizadores de una educación de excelencia? Enfrentar a los sindicatos docentes, los más férreos defensores del statu quo; sin hacerlo, ninguna revolución educativa es imaginable. Proveer educación de calidad a los niños de las familias económicamente más desfavorecidas, demostrando que todo niño puede aprender (pero para ello es necesario terminar con la doble moral argentina).

Desarrollar cada uno de estos ejemplos constituye una nota en sí mismo. Por ello, cerraré esta breve columna ilustrando el último de ellos, dada la facilidad de hacerlo y el hecho de que, mediante una adecuada difusión, habría de contar con el apoyo social indispensable para contrarrestar la oposición de los sindicatos docentes.

En Uruguay existe una legislación que facilita el funcionamiento de escuelas privadas, pero gratuitas, en barrios profundamente carenciados. Esta permite el financiamiento de escuelas como el liceo de la Iglesia Católica Jubilar y el liceo laico Impulso. Ambos, centros educativos gratuitos de gestión privada que se financian con aportes de empresas o particulares, no reciben ninguna subvención del Estado y brindan educación secundaria a adolescentes que viven por debajo de la línea de pobreza, que alcanzan rendimientos académicos comparables con las mejores escuelas del país.

Su financiamiento es factible, como señala la página web del liceo Impulso, pues, dada la legislación impositiva, “las empresas donan cien pesos y el costo real para ellas es de 18,75, porque el 75% de lo que donan lo pueden aplicar directamente a impuestos y el otro 25% es un gasto deducible de la renta”.

A modo de anécdota, el principal diario de Montevideo, El País, señala: “Uno de los primeros aportantes del liceo Jubilar fue el papa Francisco, cuando era cardenal y arzobispo de Buenos Aires”.

¿Cuál es el costo político de una legislación de estas características? ¿A quién perjudicaría? La evidencia uruguaya nos provee la respuesta, la oposición del sindicato docente es abierta y la disputa en el Congreso, intensa.

Pero cabe preguntarse, como a mediados del año pasado lo hizo el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, en una entrevista televisiva en defensa de este tipo de instituciones: “¿Dónde mandarían a estudiar a sus hijos los políticos?”. Cuando el periodista le respondió que seguramente a escuelas privadas, el cardenal se preguntó: “Si fuera así, ¿por qué no les dan a los pobres lo que les dan ellos a sus hijos?”.

La ilustración es contundente, una legislación como la del país vecino facilitaría la educación de aquellos niños que menos tienen y, por ende, más necesitan. ¿Qué mejor ejemplo de justicia social?

Una legislación como la uruguaya podría constituirse en el puntapié inicial para una verdadera revolución educativa en la cual el Estado y la sociedad civil se complementen para cambiar una realidad educativa que ensombrece el futuro de nuestro país, en un mundo en el cual el capital humano tiene cada vez mayor importancia.

Una revolución educativa es factible e indispensable, pero para ello es necesario que la sociedad internalice la emergencia educativa que enfrentamos, mucho peor que la emergencia energética o la de cualquier otra área que el Gobierno considere adecuado declarar en estado de emergencia.

Una revolución educativa es factible e indispensable, pero la Declaración de Purmamarca constituye un paso gradual hacia una mejor educación en un país normal. La Argentina hoy no lo es y por ello la declaración es insuficiente para dar inicio a la revolución educativa que deseo que se encuentre en los sueños del Presidente y que podría constituir el comienzo de una Argentina muy distinta a la que hoy nos toca vivir.

Es claro que bajando el costo laboral se crearían más oportunidades de empleo para quienes ingresan al mercado laboral. Sin embargo, ello no incrementaría la probabilidad de que se desarrollen con éxito. Esta nota propone una estrategia educativa que sería un complemento ideal para el potencial plan, en consonancia con el mensaje del papa Francisco por facilitar la inserción laboral de los jóvenes provistos del capital humano específico requerido para desarrollarse exitosamente: el sistema de educación dual alemán.

En el sistema de educación dual los estudiantes pasan muchas horas de su tiempo adquiriendo experiencia laboral en empresas, aun antes de su graduación de la escuela secundaria. Conforme van pasando los años, el estudiante incrementa el tiempo en la empresa y reduce el tiempo en la escuela, para lograr de esa forma incorporarse al proceso productivo con capital humano específico. Usualmente, los aprendices reciben durante este período un salario cercano a un tercio del que percibe un trabajador al inicio de su carrera. Por supuesto, las empresas que participan cuentan con incentivos financieros del Gobierno.

En la Unión Europea más de cinco millones de jóvenes de menos de 25 años se encuentran sin trabajo, la tasa de desempleo en España y Grecia alcanza al 50% de este grupo de edad. Tanto España como Grecia, al igual que Italia, Portugal, Letonia y Eslovaquia han buscado mejorar la transición de la escuela secundaria al mundo profesional, centrando su atención en el sistema dual.

El interés se ha extendido más allá de Europa; ejemplos de ello son China, India, Rusia y Vietnam (quienes han firmado acuerdos de cooperación con Alemania), y el estado de Minnesota, en Estados Unidos. En dicho estado se sancionó en 2014 una legislación denominada Minnesota Pipeline (por las siglas en inglés de inversión privada, educación pública y experiencia laboral e industrial), a partir de la cual las empresas crean puestos de aprendices y les pagan a quienes se desempeñen en ese cargo un sueldo, mientras que el Estado provee los fondos para la educación de los jóvenes, quienes, en este caso, ingresan al programa con la escuela secundaria terminada.

Es claro, como bien resalta Dieter Euler, en un trabajo publicado por la Fundación Bertelsmann en 2013: “No se trata de transferir al pie de la letra el sistema de formación alemán. La experiencia demuestra que la formación dual en Alemania puede servir de modelo, pero no de patrón. Quien desee transferir a su país un sistema de formación extranjero debe tomar en consideración las condiciones generales existentes y orientar la formación profesional dual de acuerdo con sus propios objetivos educativos, sociales y económicos”.

¿Por qué no pensar en una adaptación del sistema dual a nuestra realidad, para facilitar a miles de jóvenes no tan sólo incorporarse a la sociedad productiva, como podría lograrse mediante los incentivos del Plan Primer Trabajo, sino también permitir que adquieran el capital humano que les permita desarrollarse exitosamente? Es razonable considerarlo.

En octubre pasado el Senado aprobó una ley que prohíbe implementar exámenes de ingreso a la universidad. El proyecto fue impulsado por la entonces diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós. Su séptimo artículo lo especifica taxativamente: “Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza en el nivel de educación superior”.

Alieto Guadagni, miembro de la Academia Nacional de Educación, subrayó lo lamentable de esta decisión: “Es una paradoja, porque mientras más fácil se hace el ingreso, más difícil es egresar. Es como pretender correr una maratón de 42 kilómetros sin entrenar, y la verdad es que se está frustrando el futuro de los chicos y esta ley consagra el atraso educativo de Argentina”.

Es claro que la legislación elimina la posibilidad de realizar un proceso de admisión como el tradicionalmente llevado a cabo por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Plata. Por ello, dicha facultad anunció a mediados de diciembre pasado la eliminación del curso de ingreso y habilitó desde marzo 2016 el cursado de materias de primer año a todo aquel ingresante que se anote con este fin. A modo de ilustración, en los últimos diez años aprobaron el curso de ingreso un promedio de cuatrocientos estudiantes sobre un total de 1.500 a 1.900 inscriptos anuales.

Frente a la nueva legislación, los representantes estudiantiles en el Consejo Directivo de la facultad propusieron establecer un curso de nivelación de dos meses para que los alumnos ingresantes aprendiesen técnicas de estudio y comprensión de material académico. Las autoridades rechazaron la propuesta y prefirieron la eliminación total de cualquier requisito para el ingreso. Según señalamiento de la decana Ana Lía Errecalde: “En dos meses no se pueden nivelar conocimientos. No resulta útil. Para aprobar eso, preferimos dejar sin efecto los cursos”. La posición de las autoridades en el Consejo resultó triunfante al ser acompañada por los votos de los representantes de los docentes, los no docentes y los graduados.

Es hora de sentarnos y admitir el real problema. Los efectos de la eliminación del cepo cambiario se vieron poco menos que instantáneamente, mientras que los efectos de cualquier reforma educativa tardarán varios años en percibirse. Sin embargo, el fracaso de miles de jóvenes argentinos que vegetan en universidades de las que no se graduarán es altamente costoso. El 73% de los estudiantes abandona la universidad, los jóvenes pierden años valiosos que podrían dedicar a adquirir el capital humano necesario para desenvolverse exitosamente en una infinidad de oficios requeridos por nuestra sociedad.

Sincerar la economía ha sido un paso adelante. Sincerar nuestra realidad educativa es imprescindible y, por cierto, mucho más relevante en el largo plazo.

Para introducir el bloque, su moderador, Marcelo Bonelli, señaló: “Hay aproximadamente 2,2 millones de chicos en la pobreza. La educación, obviamente en este marco, es algo que permite no sólo el desarrollo de los chicos, sino igualdad hacia adelante. La educación es una cuestión de bien público. La educación permite equiparar, dar igualdad, permite desarrollar a todos por igual. Ese es el tema que vamos a tratar”. Veamos una cita, siguiendo el orden del debate, de cada uno de los candidatos presentes frente a dicha consigna.

Margarita Stolbizer: “Si soy presidente, voy a convocar, no sólo como jefa de Estado sino también como madre, a un gran pacto por defensa a la educación pública, porque esa es la garantía de igualdad. Ahí todos entramos y salimos cada vez más iguales”.

Nicolás del Caño: “Mientras siguen degradando a la educación pública, se subsidia a las privadas. La educación no es un negocio. Proponemos una escuela estatal única, laica, gratuita y de calidad”.

Adolfo Rodríguez Saá: “La escuela debe amoldarse a esta nueva circunstancia, la nueva escuela. Tenemos que ir pensando en la escuela, además de gratuita, de laica, de estatal, la escuela digital”.

Sergio Massa: “La igualdad de oportunidades la construye la escuela pública. Abajo del guardapolvo blanco tienen que estar el hijo del escribano del pueblo y el hijo del albañil, buscando igualdad de oportunidades para el futuro”.

Mauricio Macri: “Les hablé de mi compromiso con pobreza cero en la Argentina […], pero la otra gran pata es educación pública de calidad. Ahí estamos todos de acuerdo. Y entender que esa es la verdadera herramienta que iguala oportunidades. […] Vamos a adquirir la mejor educación pública de Latinoamérica”.

La similitud en los discursos es evidente. Para los cinco candidatos participantes es la educación pública, no la educación en sí misma, como propuso en la consigna el moderador, el gran igualador de oportunidades.

Si bien cada uno de los candidatos considera que el Estado tiene la indelegable obligación de asegurar la educación de todos los niños, ninguno de ellos explicita que el hecho de que la misma sea pública o privada no es lo relevante, sino que todo niño tenga la oportunidad de recibir educación de excelencia, independientemente de su cuna.

Ninguno de los candidatos coincide con el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, quien en abril pasado expresó: “Si ponemos al chico en el centro hay que apoyarlo. Sea público o privado, no importa. Lo que importa es salvar a los chicos concretos, porque si no, caen en lo que ya sabemos, la deserción escolar y por tanto lo que eso trae aparejado: la droga, la esquina, la cerveza”.

El rechazo a la educación privada que los políticos creen percibir en nuestra sociedad es la barrera. De lo contrario, aunque más no sea con fines electorales, sería razonable suponer que algún candidato hubiese planeado en su exposición exenciones impositivas a donaciones para organizaciones no gubernamentales que gestionen instituciones educativas gratuitas, en zonas carenciadas, similares a las existentes en Uruguay, que permiten igualar las oportunidades de niños de familias que viven por debajo de la línea de pobreza. Los resultados académicos alcanzados por los liceos Jubilar e Impulso en Montevideo, comparables a las mejores escuelas del Uruguay, son clara evidencia de ello. Ninguno de los cinco candidatos lo propuso. ¿Por qué? No puede ser una casualidad.

Si ningún político admite lo fútil de este tabú, toda propuesta de reforma educativa no será más que mera cosmética. Retornando a la consigna que prologó el debate, me atrevo a afirmar que bajo este escenario nuestro sistema educativo, sea desde lo público o lo privado, continuará sin generar la igualdad de oportunidades que todo niño merece y vergonzosamente hoy no tiene.

Esta columna ilustrará, con evidencia provista justamente por escuelas del Uruguay, que dicha conclusión no es necesariamente correcta si se les otorga a las familias más humildes la posibilidad de que sus hijos reciban una educación de excelencia.

El pasado 23 de febrero el principal diario de Montevideo, El País, publicó una nota en la cual señaló que en el liceo Impulso (colegio secundario gratuito, laico y de gestión privada ubicado en Casavalle, uno de los barrios más pobres de la ciudad), en el ciclo básico repitió solo el 2,5 % de los alumnos en 2014. En otro liceo del mismo barrio, Jubilar, gratuito, religioso y de gestión privada, la repetición alcanzó el 6 %. A modo de comparación, en el liceo público número 73 de Casavalle repitió el 42,58 % de los alumnos.

Jubilar adquirió notoriedad el 17 de marzo de 2013, cuando el papa Francisco reconoció el trabajo de su fundador, el sacerdote Gonzalo Aemilius: “Quiero agradecerle su trabajo”, dijo Francisco, lo abrazó frente al altar de la repleta iglesia de Santa Ana y agregó: “Quiero hacerles conocer un sacerdote que desde hace mucho tiempo trabaja con los niños de la calle, con los drogadictos. Para ellos ha hecho una escuela. Todos estos niños de la calle hoy trabajan, con estudio y tienen capacidad de trabajo”.

En su mensaje para la pasada Navidad, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla expresó que las experiencias de liceos gratuitos de gestión privada “demuestran que si se quiere, se puede” y agregó que “multiplicando los Jubilares en Montevideo y en Uruguay se estaría dando una respuesta educativa, seria, responsable, que permitirá que los jóvenes se desarrollen en la educación”.

Jubilar se financia con recursos provenientes de empresas y personas que apadrinan el proyecto. El País señala que “uno de sus primeros aportantes fue el papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires”.

El financiamiento es facilitado porque la legislación contempla que las empresas que donan, a modo de ilustración, 100 pesos perciben un costo real de 18,75, ya que el 75 % de lo que donan lo pueden aplicar directamente a impuestos y el otro 25 % es un gasto deducible de la renta.

En abril pasado el cardenal Sturla salió al cruce de las declaraciones del sindicato docente contra este tipo de liceos, señalando que “si ponemos al chico en el centro, hay que apoyarlo. Sea público o privado, no importa. Lo que importa es salvar a los chicos concretos, porque si no, caen en lo que ya sabemos, la deserción escolar y por tanto lo que eso trae aparejado: la droga, la esquina, la cerveza”.

Más aún, si bien la legislación incentiva el financiamiento privado de este tipo de liceos, el cardenal Sturla, en una entrevista televisiva del 3 de junio, fue todavía más incisivo, preguntándose dónde mandarían los políticos a estudiar a sus hijos. Cuando el periodista le contestó que “seguro a centros privados”, el cardenal replicó: “Si fuera así, ¿por qué no le dan a los pobres lo que le dan ellos a sus hijos?”.

Al respecto, el 15 de julio el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi presentó un proyecto de ley para que los padres más pobres reciban dinero del Estado para que puedan elegir, si lo desean, enviar a sus hijos a colegios privados. El monto se fijaría según el costo que representa la educación de un niño para la enseñanza oficial.

La iniciativa ingresó al Parlamento horas después de que el Movimiento de Participación Popular propusiera restringir las donaciones que pueden recibir liceos como Jubilar o Impulso, bajo la hipótesis de que es injusto que estas superen las destinadas a centros públicos.

Ante esta propuesta, Goñi respondió que “resulta inconcebible y una inmoralidad intentar frenar las iniciativas ciudadanas que con gran esfuerzo están logrando generar mejores oportunidades de educación para nuestros niños”.

La discusión es absolutamente relevante para nuestra realidad. En la Argentina los políticos no debaten propuestas concretas en el terreno educativo.

Sería interesante conocer sus opiniones sobre un proyecto como el de Rodrigo Goñi y de paso preguntarles dónde estudian o han estudiado sus hijos. De responder “en colegios privados”, sería oportuno recordarles aquella pregunta formulada por el cardenal Daniel Sturla: “¿Por qué no le dan a los pobres lo que le dan ellos a sus hijos?”.

Al día de hoy ello no ocurre. Se podrá argumentar que las campañas se iniciarán luego de las PASO y que en ese entonces los candidatos comenzarán realmente a difundir sus propuestas concretas a la población. De ser así, ¿qué sentido tienen las PASO? ¿Con base en qué criterio se debería votar en ellas?

A modo de ilustración esta nota describirá un escenario absolutamente diferente: el tratamiento de uno de los principales temas educativos que enfrenta el recientemente iniciado proceso electoral en Estados Unidos, que culminará en noviembre de 2016 con la elección del sucesor de Barack Obama.

Al respecto, la edición del Washington Post del 3 de junio publicaba: “La libertad de los padres de elegir el tipo de escolaridad de sus hijos (usualmente denominada school choice) está destinada a convertirse en uno de los principales temas educativos en la campaña presidencial de 2016, ya que varios candidatos del Partido Republicano, entre ellos Jeb Bush y el senador Marco Rubio, apoyan la propuesta, al igual que la utilización de un sistema de bonos educativos (los cuales permitirían a los padres elegir la escuela que mejor se adecúa a las necesidades o aptitudes de sus hijos). El principal candidato del Partido Demócrata, Hillary Rodham Clinton, siempre se ha opuesto a este tipo de iniciativa, argumentando que los derechos educativos absorben los escasos dólares disponibles para las escuelas públicas”.

Por el contrario, en enero de 2014 Jeb Bush escribió una nota titulada “Necesitamos school choice ahora. La mejor solución para el fracaso del sistema educativo de nuestra nación es darle el poder a los padres”. En la publicación se preguntaba: “¿Cómo puede ser que los padres, que deciden sobre cada aspecto de la vida de sus hijos, a menudo deben delegar a burócratas gubernamentales la crítica decisión respecto a qué escuela los habrán de enviar? Este hecho ha creado un monopolio estatal en la educación en el cual se rechaza la rendición de cuentas a los padres, se considera la innovación como una amenaza y se da prioridad a la estabilidad laboral de los docentes sobre el aprendizaje de los niños”. Bush agregaba: “El resultado difícilmente es una sorpresa. EEUU se ha convertido en un líder global en gasto educativo y en un rezagado global en resultados académicos”. Más aún, el 1.^o de junio, a pocos días de lanzar su precandidatura a la Presidencia, señalaba en un discurso, recordando su paso como gobernador del Estado de Florida: “En Florida creamos el primer programa estatal de derechos educativos en EEUU y expandimos las posibilidades de los padres de elegir el tipo de escolaridad de sus hijos, ya sea pública o privada, siendo los líderes al respecto en el país”.

Por su parte, Marco Rubio, senador por Florida y probablemente el más serio contrincante de Jeb Bush en el Partido Republicano, expresó en el discurso del 13 de abril al proclamar su candidatura: “Todos los padres merecen elegir la educación que sea adecuada para sus hijos”. Una opinión similar había señalado ya en octubre de 2014 para Fox News: “Todos los padres comparten un sueño común: todos queremos que nuestros hijos tengan la oportunidad de una vida mejor que la nuestra. Esto ha impulsado el progreso de nuestra nación y se ha convertido en una parte esencial del sueño americano. Para dar a los niños la oportunidad, cada padre debe tener el derecho de elegir el ambiente de aprendizaje que mejor se adapte a las necesidades únicas de su hijo. Vivimos en una era de innovación, en la cual los consumidores enfrentan una increíble variedad de opciones en casi todos los aspectos de la vida. ¿Por qué nos aferramos a una definición de la educación pública propia del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX? En la educación debe haber uniformidad de oportunidades, no uniformidad educativa”.

Retornemos a nuestro país, faltan pocos meses para la elección presidencial y prácticamente pocos días para las PASO, ¿hemos escuchado a los candidatos expresarse sobre temas educativos como el que propongo en esta nota? ¿O en realidad hemos escuchado generalidades que a nadie pueden incomodar a favor de una mejor educación?

Merecemos escuchar propuestas concretas de los candidatos y debates sobre estas propuestas. ¿Por qué no preguntarle a cada uno si apoya una reforma educativa que otorgue a los padres el derecho a elegir la educación que consideren más adecuada para sus hijos? ¿No sería esta una reforma progresista, ya que igualaría oportunidades más allá de la cuna? ¿Por qué no exigirles a los candidatos que justifiquen sus respuestas con argumentos racionales en lugar de discursos emocionales?

Es tiempo de un cambio real, es tiempo de comenzar a votar candidatos que realicen propuestas concretas que podamos comprender y con las que estemos de acuerdo. No es tiempo de votar conceptos abstractos, no es tiempo de votar a favor del modelo o a favor del cambio, de lo contrario el horizonte para nuestro país será muy oscuro y no solamente en el terreno educativo.

Veinte años atrás, en 1995, el Instituto Smithsoniano le realizó una entrevista a Steve Jobs, quien esbozó una audaz propuesta educativa. La misma, dotada de la simpleza y visión de futuro propia de Jobs, constituye una alternativa válida para enfrentar la crisis educativa que atraviesa nuestro país.

En aquella entrevista Jobs se definió como un gran creyente en la igualdad de oportunidades, en oposición a la igualdad de resultados: “Yo no creo en la igualdad de resultados, porque por desgracia la vida no es así. Sería un lugar muy aburrido si lo fuera. Pero realmente creo en la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades para mí más que nada significa una gran educación”.

Un buen maestro, en su visión, tiene un efecto perdurable en el desarrollo de los niños, pero el fundador de Apple opinaba que no hay una cantidad suficiente atraído por el sistema de educación pública: “Me gustaría que la gente que enseña a mis hijos sea lo suficientemente buena como para poder acceder a una posición en la empresa en la cual trabajo, obteniendo 100.000 U$S al año. ¿Por qué habrían de trabajar en una escuela por 35.000 U$S al año si pueden obtener un trabajo en nuestra empresa por 100.000 U$S al año?” Para Jobs el principal problema que enfrenta la educación reside en el sindicato docente pues el mismo impide la meritocracia.

En su opinión, los padres de los estudiantes, reales clientes del sistema educativo, han dejado de prestar atención al servicio provisto por las escuelas conforme las mismas se fueron burocratizando y los padres tuvieron cada vez un rol menor. La consecuencia la considera paralela a lo que sucede cuando los clientes dejan de prestar atención al bien o servicio que adquieren a un monopolista: la calidad deja de ser buena. En sus palabras: “Al monopolista no tiene porque importarle prestar un buen servicio. Eso es lo que IBM fue en su día. Y eso es sin duda lo que el sistema de educación pública es en la actualidad”.

Cuando los padres envían sus hijos a la escuela pública no sienten que están gastando su dinero. Los padres no realizan una comparación entre escuelas en forma similar a la que realizan, por ejemplo, frente a la compra de un auto. Más aún, agrega Jobs: “Una cuestión de hecho es que si un padre desea que su hijo estudie en un colegio privado no podrá utilizar para ello el costo de educar a su hijo en el colegio público, sino que deberá pagar además el precio de la escuela privada”. Es claro que ello convierte, para muchos padres, a la educación pública como la única alternativa factible para la educación de sus hijos. ¡Un real monopolio!

Por ello, afirma Steve Jobs en aquella entrevista: “Yo creo firmemente que si el país entrega a cada padre un voucher por el costo de educar a su hijo en el sistema público, el cual solamente podría ser utilizado en una escuela acreditada, varias cosas sucederían”. En primer lugar las escuelas comenzarían a competir fuertemente para atraer alumnos. En segundo, se abrirían nuevas escuelas: “Usted podría encontrar graduados universitarios muy idealistas, llenos de energía, quienes en lugar de iniciar una empresa en Silicon Valley, habrían de iniciar una escuela. Yo creo que lo harían mucho mejor que cualquiera de nuestras escuelas públicas”. Finalmente, considera que la calidad de las escuelas, dada la competencia, comenzaría a mejorar y que algunas tendrían que cerrar; muchas públicas podrían hacerlo.

Es claro, admite Jobs, que “la transición sería un proceso doloroso para los primeros años, pero mucho menos doloroso que ver cómo los niños pasan por el sistema educativo hoy en día”. ¡Qué mejor descripción de la realidad educativa argentina 20 años después!

Démosle a cada padre un voucher educativo. Una idea audaz, visionaria, digna de ser apoyada por Steve Jobs, que revertiría en unos años la crisis educativa que enfrenta nuestro país y contribuiría a generar igualdad de oportunidades. ¿Por qué entonces no es considerada por nuestra clase política, la cual defiende la educación pública en emocionales discursos pero envía sus hijos a escuelas privadas?


Probablemente en aquella famosa sentencia de Winston Churchill tengamos la respuesta: “Un político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones”. La importancia de los maestros. Veamos a modo de ejemplo el estudio llevado a cabo por la Bill & Melinda Gates Foundation sobre una escuela que comenzó a funcionar en 2009 en Nueva York, la cual contrató docentes de alta calidad ofreciendo salarios que doblaban lo que se cobraba en las escuelas públicas de la ciudad. El estudio demostró que luego de cuatro años, en comparación con estudiantes de una escuela pública cercana de similar composición étnica, nivel socioeconómico y resultados en exámenes estandarizados al inicio de la experiencia, las diferencias eran significativas: los niños cursando octavo grado que participaron del programa mostraron en los exámenes de matemáticas una diferencia de un año y medio de conocimientos respecto del grupo de control, más de medio año en ciencia y casi otro medio año en lengua.

Si bien el ejemplo es contundente, se podría cuestionar que es tan sólo un caso particular. Por ello resultan de gran interés las conclusiones de un reciente estudio colaborativo del Banco Mundial y siete países de Latinoamérica y el Caribe: Brasil, Colombia, Honduras, Jamaica, México, Perú y la República Dominicana. El trabajo es posiblemente el de mayor envergadura llevado a cabo sobre el rol del docente, realizándose más de 15.0000 visitas imprevistas a aulas de más de 3.000 escuelas públicas entre 2009 y 2013.

En alusión a este estudio, el 26 de julio pasado The Economist señaló que una de sus principales conclusiones es que “la principal razón para el fracaso escolar de América Latina es simple. La región produce en serie un gran número de maestros a partir de candidatos poco calificados. Se los entrena mal y se les paga poco (entre 10% y 50% menos que otras profesiones). Por lo tanto es lógico que enseñen mal”.

Comparemos esta foto con la de un maestro en Finlandia, el cual gana un salario digno, similar al de cualquier otro graduado universitario y es socialmente muy respetado. Las diferencias en los requisitos son homólogas a la distancia entre Finlandia y Latinoamérica. Ser docente en Finlandia requiere llevar a cabo estudios universitarios: tres años de Licenciatura y dos de Maestría. Para poder acceder a dicha educación se exige un promedio en el colegio secundario de por lo menos nueve puntos y además superar un estricto proceso de selección, mediante el cual tan sólo son admitidos el 10% de los postulantes.

¿Cuál de las dos fotos es más adecuada para describir la realidad de un maestro en la Argentina? La respuesta es obvia.

Mejores salarios, una mucho mejor preparación y un proceso de selección estricto para ingresar a la carrera docente son los tres pilares indispensables para recuperar el rol del maestro en nuestra sociedad. En este año electoral, ¿algún candidato se atreverá a proponerlo en lugar de hablar generalidades o todos evaluarán que el costo político de hacerlo es demasiado alto?