El paro docente por salario -de particular interés social, ya que afecta la cotidianidad familiar- cobra dimensiones dramáticas debido a la implacable decisión de sostenerlo por parte de los maestros para no permitir un brutal ataque a sus condiciones de vida. Las mínimas ofertas gubernamentales, en medio de la devaluación y de la inflación, implican de hecho una rebaja salarial. Contra esa perspectiva se desarrollan paros en todo el país y, a diferencia de otros años, las direcciones sindicales yaskistas de CTERA no pueden decidir levantamientos de paros o acuerdos con el gobierno a espaldas de sus bases. Esas direcciones -atravesadas por el hiperoficialismo de Hugo Yasky, ex jefe gremial docente y actual secretario general de la CTA (además de aplaudidor en cuanto acto de  la presidenta Cristina Fernández se lo invite)- no podrían hacerlo debido a los fuertes reclamos de los maestros, a la vez que debido a la irrupción de la izquierda en numerosas seccionales y provincias en las que se convirtió en una dirección radicalizada del conflicto.

En Misiones, pese a la represión física por parte de la policía de Maurice Closs, los docentes persisten con sus movilizaciones y cortes de ruta. Este jueves el dirigente de los maestros Rubén López fue detenido mientras intentaba realizar un corte de ruta, a la vez que los docentes fueron dispersados con gas pimienta. Luego López fue liberado. En Salta las movilizaciones docentes tienen una masividad como no se vivía desde el año 2000, durante el auge piquetero en esa provincia. En Santiago del Estero los docentes que paran desmienten los anuncios del nuevo vicepresidente del senado Gerardo Zamora sobre la normalidad social que dominaría su provincia. En Jujuy más de diez mil docentes se movilizaron ganando las calles como no se veía desde hacía mucho tiempo, hecho que debió reconocer la prensa local y el gobierno.

Se podría continuar con la enumeración, pero se condensa en la imagen que marcaron los docentes de todo el país que fueron los principales protagonistas de las movilizaciones convocadas el miércoles por la CTA opositora hacia las plazas del poder político. Un día después de que los docentes de La Matanza marcharan por las calles de ese distrito juntando un par de miles de manifestantes, su secretaria general Romina del Pla destacaba en su discurso en plaza de Mayo la firme decisión de los docentes en ir hasta el fondo en este conflicto crucial. El jueves por la tarde se anunció un nuevo fracaso en las reuniones paritarias y la continuidad, entonces, del paro general de los educadores.

Un piquete sobre el Puente Avellaneda conmovió a la opinión pública debido a sus consecuencias criminales. Un grupo de personas perteneciente al sindicato de trabajadores portuarios dirigido por Luis Corvalán arrojó desde el puente a un joven que pretendía atravesar la protesta para llevar al hospital a su pareja embarazada. Corvalán, un dirigente sindical que responde al kirchnerismo y que ubicó a su familia en puestos clave en el sindicato y la obra social para convertirlas en un negocio íntimo, admitió que había contratado a sujetos ajenos al gremio para realizar la protesta, en un calco de la contratación de sicarios por parte del gremialista ferroviario José Pedraza que culminaron con el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra en 2010, cuando contaba con 23 años de vida. El repudio generalizado a la acción criminal supone el cuestionamiento social a las acciones de la así conocida “burocracia sindical”, una capa social parasitaria que concentra el poder en la mayoría de los sindicatos.

Otro crimen promovido por la burocracia sindical conmocionó a la opinión pública. El martes por la mañana un grupo de afiliados a la UOCRA, sindicato de los trabajadores de la construcción, atacó a los tiros a unas personas que intentaban conseguir conchabo en una obra en el partido de Lomas de Zamora, matando a una persona e hiriendo de bala a otros tres. La misma obra había sido objeto hacía dos semanas de un ataque por parte de una facción de la UOCRA contra otra en pelea por la caja sindical y por el control de la bolsa de trabajo que controla el gremio. Así había sido denunciado entonces por el SITRAIC, un sindicato de la contrucción disidente -de gran crecimiento en el último periodo- cuyo génesis tuvo lugar en Lomas de Zamora. Sin embargo, no se tomó ninguna medida contra los patoteros sino que, por el contrario, el día del ataque a tiros que terminó con un homicidio la policía se retiró del lugar, en un clásico movimiento de “liberación de la zona” para que los homicidas pudieran actuar con tranquilidad. La UOCRA está dirigida por el sindicalista kirchnerista Gerardo Martínez, de un oscuro pasado durante la dictadura militar como servicio de inteligencia del Batallón 601. Las patotas y los ataques armados son un método que recorre a su sindicato, controlado como un negocio personal por Martínez, quien ostenta un baño con jacuzzi en su oficina sindical, además de una visible malhadada fortuna. Lo usual hubiera sido un retraimiento gremial ante lo sucedido, pero por el contrario el repudio fue generalizado al punto de que ocho colectivos del SITRAIC partieron desde Lomas de Zamora el miércoles para participar de la movilización de la CTA. Una dura disputa de ribetes físicos se produce en estos momentos entre los trabajadores de la construcción por sacarse de encima una burocracia delictiva conducida por Martínez, quien debería ser juzgado por sus crímenes.

En Córdoba se produjo un hecho que, por sus características, marcará los vaivenes del movimiento obrero de esa provincia y, por qué no, del país. Valeo, una autopartista de capitales franceses, fue ocupada por sus obreros en reclamo de aumentos salariales y contra el despido de trabajadores contratados. La respuesta patronal fue el despido de trabajadores efectivos. La ocupación se afianzó. Durante días, los obreros tomaron posesión del lugar, paralizaron las tareas y subvirtieron el orden de la propiedad en reclamo de mejoras salariales que excedieran a las conseguidas por el sindicato metalúrgico UOM. Hay que remarcar que las paritarias metalúrgicas ni siquiera comenzaron, pero eso no impidió que el rechazo a la burocracia y a los aumentos exiguos produjera una acción preventiva por parte de los trabajadores. El miércoles por la noche la policía se apostó en las puertas de la fábrica con la intención de desalojar a los ocupantes. La firmeza obrera los hizo desistir. Al día siguiente la patronal francesa aceptó la reincorporación de los despedidos y un plus adicional sobre lo que consiguiera la UOM en las paritarias. Un triunfo estratégico en momentos en que se anuncia una recesión en la industria automotriz. Sin dudas, Valeo marca un camino frente a lo que pueda suceder.

Es posible detectar en los casos enumerados una tensión entre el impulso a la lucha de los trabajadores y su contrario empujado por la burocracia sindical. No habría que dejar de lado en los análisis que el programa kirchnerista, que cumplió una década, de reconstrucción de la burguesía nacional a costa de la extracción de beneficios de la clase trabajadora, también la reconstruyó como clase -en medio de la precarización- luego de que esta sufriera la expulsión de los lugares de trabajo durante el menemismo. La clase trabajadora actual no está atravesada por la subyugación ante la burocracia, conserva en su memoria las enseñanzas del movimiento piquetero y hasta fue educada políticamente por los acontecimientos de 2001, que culminaron con la renuncia del reaccionario presidente Fernando de la Rua. Hoy, frente a un ataque brutal mediante la devaluación y la inflación promovidas por el gobierno, este sector social no sólo realiza una dramática ruptura con el kirchnerismo, sino que se pone a la cabeza de los reclamos para luchar. El ocaso del kirchnerismo, es decir, su fin de ciclo, tiene entre sus protagonistas a los sectores laboriosos, que decidirán con el curso de su acción una gran parte del futuro de la nación en la próxima coyuntura.

En Caleta Olivia, una ciudad en la costa norte de la patagónica provincia de Santa Cruz, se desarrolla el juicio por la muerte del policía Jorge Sayago, ocurrida el 7 de febrero de 2006 en Las Heras durante una pueblada provocada por medidas represivas contra la huelga petrolera que conmovía la región. Hay una docena de imputados por el asesinato, ocurrido por arma de fuego, producido durante tumultuosos incidentes frente a la aicaldía donde, en un movimiento provocador, se había apresado sin causa al vocero de los trabajadores. La mayoría de los acusados son petroleros. A continuación, los hechos que producidos en 2006 tienen la mayor actualidad, ya que el motivo del conflicto era la lucha contra la tercerización y contra el impuesto al salario, dos características de la política económica del kirchnerismo de aquellos y de estos tiempos.

A fines de 2005 los trabajadores petroleros de la empresa tercerizada INDUS -que enrola a sus empleados en el régimen de la UOCRA a pesar de que cumplen tareas petroleras- se dieron cuenta de que el impuesto al salario había dado fin al cobro de sus aguinaldos: en los recibos el saldo era negativo. Comenzaron una serie de medidas de lucha tendientes a lograr que la empresa se hiciera cargo del monto del impuesto y el pase al convenio petrolero. La constatación de los enormes descuentos en los salarios de los trabajadores enrolados en el convenio petrolero (que tenían salarios mayores) los llevó a plegarse a las medidas de lucha y a la huelga. Unos días después del comienzo de 2006, la huelga general petrolera en el norte de Santa Cruz -gobernada en ese momento por el entonces kirchnerista Sergio Acevedo- con piquetes en las puertas de las empresas se había decretado masivamente. Cada punto de lucha contaba con la participación de centenares de obreros que rotaban en turnos.

La decisión de los trabajadores era inflexible. La zona se militarizó. El GEOF, grupo comando creado por el gobernador Néstor Kirchner, ocupó la ciudad de Las Heras, deteniendo ciudadanos a mansalva, hostigando a la población, realizando razzias en boliches contra la juventud, imponiendo un clima de terror en la ciudad. Sin embargo, la exigencia para que se respeten los salarios obreros y se acabe con la tercerización no admitía otras posibilidades de tal modo que, cumplidos 20 días de huelga, el gobierno de Acevedo montó una provocación.

El 6 de febrero por la noche se detuvo, sin causa y sin explicaciones, a Mario Navarro, vocero de los huelguistas. Nadie informanba sobre la situación de detención de Navarro, ni la jueza a cargo, ni la policía. Cuando la noticia se supo en los piquetes, los trabajadores decidieron movilizarse hacia la comisaría para exigir la libertad de su dirigente. Al mismo tiempo, la policía y el GEOF se preparaban para la represión. Que pronto iniciaron. El grupo de 600 trabajadores resistió el embate de gases lacrimógenos y balas de goma, que se dispararon en tal cantidad que ningún vecino de Las Heras pudo quedar indiferente. El humo de los gases y el estruendo de los tiros sacudió a la ciudad, cuyos jóvenes se plegaron a la resistencia a la policía. Según los vecinos de Las Heras, nunca se había vivido una pueblada así en el pueblo. En medio del tumulto y del caos, el policía Jorge Sayago cayó y luego se comprobó que había muerto. Después de horas de combates callejeros, Navarro fue liberado por la policía.

El terror de la ocupación policial de la ciudad se incrementó con detenciones arbitrarias, apremios ilegales, circulación de autos sin chapa, interrogatorios en viviendas sin pertinencia judicial. A tales niveles llegó el clima represivo, que los delegados petroleros, trabajadores que habían participado de la lucha y sus familias le pidieron protección del párroco Luis Bicego, que habilitó las aulas de la escuela que funciona junto a su iglesia para darles refugio. Durante dos semanas, cien personas se instalaron en el edificio, durmiendo en colchones instalados en las aulas, hasta que el clima represivo amainó debido a la denuncia de los hechos que se nacionalizó. En el interín, se habían realizado las primeras detenciones arbitrarias sobre trabajadores que fueron trasladados a comisarías de toda la provincia. Una comisión de madres y esposas de los presos comenzó a recorrer distintas ciudades de Santa Cruz para dar con el paradero de los suyos y organizó movilizaciones y fondo de lucha para sostener el matenimiento de sus familias mientras los petroleros permanecían encarcelados. Luego de meses comenzaron a ser liberados, aunque hubo petroleros que permanecieron presos durante tres años.

El juicio que investiga el asesinato de Sayago comenzó hace unas semanas. Este cronista presenció la sesión del miércoles 17 en la que el testigo Torres, que había acusado a algunos de los imputados, reveló que su declaración había sido armada por la policía y que había accedido a firmarla porque se encontraba bajo amenazas. Es la tónica del proceso, en el que se denuncian irregularidades que se habrían producido de modo permanente a lo largo de la instrucción previa a este juicio oral.

Quizás no se sepa jamás cómo se produjeron los hechos que culminaron con la vida de Sayago debido a un juicio completamente viciado. Quizás deba considerarse la responsabilidad política del entonces gobierno kirchnerista de Sergio Acevedo en la sucesión de los hechos. También debería evaluarse el modo en el que el kirchnerismo defendió la tercerización laboral y el impuesto al salario frente a la lucha de los trabajadores contra las dos medidas injustas. Dos medidas que el kirchnerismo sigue caracterizando como centrales para su política y que defiende aún hoy a pesar de la oposición de los sectores laboriosos.