Hay una infinidad de hechos que muestran más similitudes que diferencias entre las políticas estratégicas del macrismo y las del kirchnerismo. En primer lugar, hay que señalar que ambas tendencias promovían la devaluación, que es la marca y seña de toda política de este período y es, principalmente, una confiscación de los salarios de los trabajadores en función de medidas de recuperación procapitalista en medio de la crisis económica. De este modo, la devaluación llevada adelante por Alfonso Prat-Gay solamente podría haber sido muy similar a la reclamada y anunciada por los economistas de Daniel Scioli, Mario Blejer o Miguel Bein, además de que fuera saludada luego de realizada por el principal asesor sciolista, Gustavo Marangoni. Más allá de esta información esencial, revisemos algunos episodios que reafirman la caracterización de “ajustadores” que viene bien para macristas o kirchneristas y que fue la causa por la que muchos llamaron a votar en blanco —una buena manera de evitar el voto a los propios verdugos.

El ajuste realizado en las provincias gobernadas por el kirchnerismo nada tiene que envidiar al realizado a nivel nacional por el macrismo. Los docentes de Santiago del Estero realizaron dos meses de huelga debido a la negativa a subir sus salarios por parte del clan Zamora —aquel gobernador de origen radical que se plegó con todas las plumas a las huestes k— y que culmina por estos días con algunos triunfos parciales, luego de movilizaciones históricas para la provincia y también de la represión gubernamental.

Qué decir del ajuste en las tierras de la mismísima Alicia Kirchner, hermana del ex Presidente fallecido y miembro supernumerario del movimiento fundado por aquel. Las medidas contra el salario de los trabajadores estatales, docentes y mineros, acompañadas por el despido de miles de trabajadores de la construcción de las empresas de Lázaro Báez, socio de la ex pareja presidencial, convirtieron a la provincia en un polvorín a punto de estallar. Las organizaciones sindicales y políticas de oposición al kirchnerismo y al radicalismo se unificaron y llevaron el jueves 5 una jornada de protesta que cortó los accesos a la provincia. La protesta contra el ajuste kirchnerista de Alicia se profundiza cada vez más.

Aún más notorio y salvaje es el ajuste llevado adelante por la kirchnerista Rosana Bertone, gobernadora de Tierra del Fuego, que quiere imponer un régimen de baja de salarios, suba de la edad de jubilaciones y despidos —en medio de suspensiones en la industria metalúrgica privada— que provoca una huelga de más de dos meses de docentes y estatales. El último episodio de protesta incluyó escenas de alta violencia, ilegalidad y feroz represión cuando se apresó a dirigentes sindicales de los reclamos en la oscuridad de la madrugada —algo prohibido por el Código Procesal fueguino. Los gremialistas fueron liberados luego de dos días de detención e incomunicación, bajo la advertencia de que no podían acercarse no sólo a los lugares de protesta de sus compañeros de trabajo, sino que debían evitar estar a menos de cien metros de cualquier repartición pública y ni siquiera se les permitió salir de sus hogares después de las diez de la noche, en un sucedáneo de los regímenes de libertad condicional. El viernes 6, una movilización de miles en la noche más austral planteó una vigorosa respuesta del movimiento de los trabajadores contra el ajuste k.

La devaluación, la inflación, las decenas de miles de despidos y, en definitiva, las políticas de ajuste —ataque contra las condiciones de existencia de los sectores laboriosos y populares— forman parte del programa de Gobierno macrista. Se replican allí donde gobiernan los kirchneristas, aunque si se le pregunta a un kirchnerista si está dispuesto a denunciar el ajuste de Alicia Kirchner, su respuesta se irá por las ramas más diversas. El centro de la situación política en el período inmediato se encuentra en la necesidad de imponer una derrota a las clases trabajadoras, que muestran disposición a movilizarse en defensa de sus derechos, para imponer el ajuste nacional macrista como los ajustes provinciales kirchneristas. El voto en blanco demuestra su justeza y plantea la necesidad de la construcción política alternativa para que la crisis no la paguen los trabajadores, sino sus responsables gubernamentales y empresariales, de uno u otro signo.

Imposible evitar el discurso político cuando la inflación amenaza con dar un salto exponencial luego de los tarifazos en las facturas de energía y transporte. De un día para el otro viajar hacia el trabajo o hacia cualquier destino cotidiano costará el doble —cuando los salarios no aumentaron en esa proporción ni por asomo— o prender la luz, usar la estufa, llamar por teléfono o bañarse tendrán también un aumento sideral en sus costos —cuando los salarios no aumentaron en esa proporción ni por asomo. Imposible evitar el diálogo político cuando una ola de despidos se cierne sobre los ciudadanos mismos, los vecinos, los amigos de los amigos, los parientes. Y mientras tanto suben los precios de los artículos de la canasta familiar a un ritmo prepotente. Es de esta manera que se manifiesta en estos lares el ajuste. De un modo brutal.

¿Y cómo cesar en la conversación política cuando finalmente se apresa a Jaime, a Ricardo Jaime, a un coimero? Nótese que no se utiliza el potencial ni las comillas para denominar a Jaime como coimero, ya que así fue señalado por la Justicia y no hay agravio en usar el término sino sencilla y simple realidad. Un coimero. Un funcionario que aceptaba dádivas a cambio de favores políticos. Una imagen de lo despreciable y lo nefasto. Jaime, hay que recordar, había sido condenado y excarcelado por la Justicia debido a su papel de coimero, aunque condenado nominalmente por esos actos execrables. También había sido condenado por su responsabilidad en la masacre de Once, que costó 51 vidas y sin embargo seguía en libertad, ya que la condena no era firme. Tuvo la Justicia que detenerse en los millones de euros pagados para comprar vagones chatarra para detener a un monstruo de la corrupción, que ni bien fue detenido adujo que no era suya la responsabilidad, sino que le correspondía a Julio de Vido y a la pareja presidencial de los Kirchner. Es posible. Sin embargo, el coimero hoy está preso y con justicia lo está.

Cuando, entonces, llegan a las mesas de los cafés y los momentos de distensión en la oficina y los almuerzos ejecutivos y todos lados los #PanamaPapers que desatan la fiebre por saber cómo se fuga y por qué el dinero de nuestro país. O por qué se crean empresas en el exterior en lugar de inscribirlas como todo hijo de vecino en el Banco de la Nación Argentina. O por qué se mudan dineros a ciudades que son sede de los paraísos fiscales en las Bahamas, las Seychelles, Gran Caimán o Uruguay antes que el propio país. El esfuerzo investigativo producido luego de la filtración que mostró el modo de accionar de Mossack Fonseca, la firma panameña especializada en registrar compañías fantasma en lugares propicios para el lavado de dinero o la evasión impositiva. Un accionar que roza al presidente Mauricio Macri, que fuera director de compañías con sede en las Bahamas o en Uruguay y que de este modo se proclama como un objeto de sospechas. La misma titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, había señalado un par de años atrás que el modo de lavar dinero tenía como una instancia primordial la constitución de empresas en paraísos fiscales. Hoy Alonso se arrepintió y defiende al Presidente antes de cualquier investigación. Sin embargo, sus palabras anteriores quedan. No hay manera de que el manto de sospechas sobre Mauricio Macri o el grupo familiar empresarial que integra (y el silencio sobre sus actividades en empresas offshore al convertirse en funcionario público) cesen sin un adentramiento adecuado en el mecanismo de las compañías de su familia.

Cuando de repente se apresa a Lázaro Báez, el hombre que pasó de ser cajero en un banco a multimillonario de la obra pública en Santa Cruz. El hombre que pasó la última noche de Néstor Kirchner antes de su fallecimiento junto a su esposa y la entonces presidente Cristina Fernández. El hombre que construyó el mausoleo en el que se depositaron los restos del ex Presidente y quien colocó una placa donde se define como amigo del fundador del kirchnerismo. El hombre que fue señalado por la investigación periodística de Jorge Lanata y su equipo como la cabeza de un entramado de lavado de dinero, que finalmente fue la causa por la que hoy se encuentra detenido en el penal de Ezeiza. Uno de los símbolos de la corrupción afiebrada del kirchnerismo. La detención de Báez involucra al círculo íntimo de la ex pareja presidencial. Porque Báez es Néstor y Néstor es Cristina. Con los riesgos que ello implica.

Todo esto en el transcurso de unos pocos días, que no fueron ajenos a la movilización de los sectores laboriosos como los trabajadores estatales contra los despidos, los obreros industriales alimenticios en Pilar por aumento de salarios o los docentes de todo el país para reclamar el incremento de sus sueldos. Dice un dicho —o una maldición— “Ojalá que vivas tiempos interesantes”. Interesantes son los tiempos que vive hoy la Argentina. Ojalá que la detención de Lázaro Báez no oculte la vinculación de Mauricio Macri con los #PanamaPapers, que la detención del coimero Ricardo Jaime no oculte el tarifazo, los despidos o la inflación. Sólo de este modo la ciudadanía estará en condiciones de elaborar un balance sobre estos tiempos interesantes en los que la política atraviesa no sólo los diálogos sino también las conciencias.

El pago a los fondos buitre muestra un estatuto colonial en cuanto a la trastienda que devino tal acuerdo: como nunca antes, es un juez de un distrito estadounidense —no ya su Estado— el que estableció las condiciones para su rúbrica. Un estatuto al que todas las fracciones del oficialismo y la oposición k se sumaron bajo la excusa de que tal pago habilitaría el ingreso de capitales que hoy serían retaceados al país. La visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, es el último eslabón requerido para el establecimiento de este gran acuerdo nacional. Sin embargo, las esperanzas de los promotores del pago para recibir empréstitos que ayudarían a la nación se sustentan sobre falsas expectativas.

Uno de los primeros anuncios del ministro Alfonso Prat-Gay había sido el préstamo de distintos bancos extranjeros que alcanzaba los cinco mil millones de dólares. A la fecha, tres mil millones de esos fondos ya se han ido de la Argentina en concepto de giros de utilidades o pago de importaciones financiadas. Ese tipo de pago acumula otros veinte mil millones de dólares en espera de ser realizados. En el marco de una tendencia internacional que indica que los flujos de capital se dirigen a las reservas nacionales de Estados Unidos u otras naciones centrales —y no en forma de inversiones en los países periféricos—, lo más probable es que asistamos a préstamos internacionales cuyo fin será el establecimiento de una fuga masiva de capitales de la Argentina.

Ni qué decir de las condiciones en que los empréstitos —que propiciarán la fuga— llegarán al país: con tasas de interés usurarias. Se estima que la tasa de interés en dólares sería del 7%, con una equivalencia en pesos que rondaría entre el treinta y el cuarenta por ciento. Un verdadero desfalco para fondos que ni siquiera se introducirían en un ciclo productivo nacional. Otra vez la Argentina iniciará un ciclo de deuda para pagar deuda, que, a la vez, promoverá la fuga de capitales. Sería claramente una “lose-lose situation”.

El punto nodal para explicar las condiciones desfavorables de un ciclo de endeudamiento se encuentra en las condiciones de la crisis económica mundial, que no se retrae sino que se profundiza —y que amenaza a nuestros principales socios económicos y vecinos. Brasil se encuentra en bancarrota. Una condición que será aprovechada por los grandes capitales internacionales para obtener beneficios. No sólo se trata de acabar con el nunca desarrollado plan de industrialización brasileña, sino que implicará el desguace de Petrobras en manos de compradores externos —una medida que no cuenta con la oposición de la opinión pública, en principio, dado el desprestigio inconmensurable de la compañía, que es el centro de un escándalo estatal de corrupción que llega al centro mismo del Gobierno. Todo esto en el contexto del descenso de los precios de los commodities y las materias primas, situación desfavorable que Brasil comparte con nuestro país, y el descalabro de la industria del acero, cuyo eje central se encuentra en las exportaciones obligadas que se realizan de tal material desde China, fuente central de empréstitos a nuestros vecinos. El momento de la crisis económica mundial marca el clímax de pronósticos perturbadores para las economías regionales e introduce a Brasil como una amenaza explosiva. Y se sabe que si Brasil estornuda, a la Argentina le agarra dengue.

El jefe de la bancada de senadores kirchneristas justificó su voto en la hipótesis de que así lo hubiera querido Néstor. No es un dato menor, sino que debe servir a la ciudadanía para comprobar que las consecuencias desastrosas de las decisiones económicas no son sólo responsabilidad del oficialismo macrista, sino que es compartida con el kirchnerismo en retirada. Una conclusión que deberá incluirse en el balance necesario para enfrentar la crisis que vivimos y la que se viene con mayor profundidad.

El martes 1º de marzo, en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, gobernada por la kirchnerista Alicia Kirchner, manifestantes docentes y estatales en un número superior a los tres mil (que, en la pequeña ciudad patagónica, son una enormidad) expulsaron a La Cámpora, que había decidido manifestarse para apoyar a la gobernadora. Se trata de un episodio que indica una profundización del escenario de choques sociales en la provincia, otrora feudo político del kirchnerismo.

Santa Cruz es la provincia en la que se refugió el kirchnerismo residual. Si bien no obtuvo la mayor cantidad de votos, algo que sí hizo su contrincante radical, Alicia Kirchner (hermana del fallecido ex Presidente y fundador de la tendencia que gobernó el país durante doce años) se convirtió en gobernadora por obra de la antidemocrática ley de lemas. Según Alicia Kirchner misma denuncia, heredó una provincia en llamas. Lo que omite Alicia es que ella misma es heredera del régimen kirchnerista. Kirchnerismo que gobierna desde hace 25 años la provincia, trece años más de los que gobernó el país.

La provincia, como el país, está en ruinas. Por eso mismo Alicia Kirchner anunció ni bien asumió un ajuste que iba a terminar con los “ñoquis”, el mismo eufemismo que usa el Gobierno de Mauricio Macri para justificar los despidos masivos. El principal socio del Gobierno provincial —y socio y amigo primordial de los Kirchner en términos personales—, Lázaro Báez, dictaminó, apenas ingresada Alicia al Gobierno, el despido de 1.800 obreros de la construcción en sus obras. A la vez que la gobernadora Kirchner determinaba la interrupción de toda obra pública en curso.

Kirchner no despidió ñoquis, sino que decretó el cese de pagos de los contratados del Estado —una forma de precarización que estableció con impudor el Gobierno kirchnerista—, lo cual provocó la reacción de los sindicatos estatales, que además se ven amenazados por el despido de miles de agentes.

Kirchner, es decir, Alicia, actúa igual que Macri, es decir, Mauricio. Macri elimina las retenciones a las mineras, Alicia elimina el impuesto provincial a las mineras. Macri anuncia una pesada herencia y ñoquis, así replica Alicia. Mauricio impulsa la ley antipiquetes, Alicia Kirchner pide refuerzos de la Gendarmería para enfrentar los cortes de ruta de los despedidos del socio familiar Lázaro Báez.

Santa Cruz es el eslabón más débil de la crisis que atraviesa actualmente el Estado argentino, y que se replica en las provincias. Alicia Kirchner, en medio de la crisis económica que atraviesa el país, se ve obligada a realizar el ajuste que en sus acólitos denuncian respecto al Gobierno nacional. Sin embargo, ese ajuste podría terminar llevándosela puesta. Una muestra del descontento es la manifestación durante su discurso de apertura a las sesiones parlamentarias, copado por la movilización contra sus políticas económicas.

La provincia austral se convirtió en el reducto de refugio del kirchnerismo residual. También podría ser el sitio en el que comiencen a estallar las rebeliones contra el ajuste. Paradoja de paradojas: mientras en Caballito o Parque Saavedra el kirchnerismo realiza las plazas de la resistencia —término abonado por una izquierda seguidista al kirchnerismo—, en Santa Cruz los trabajadores avanzan contra el ajuste que los K quieren imponer. Oh, historia, cuyo alimento nutricio es la contradicción.

Algo similar podría decirse sobre la izquierda argentina, embarcada en un debate nodal respecto a qué posicionamiento tener frente al Gobierno de Mauricio Macri, que, en realidad, revela tendencias latentes de características históricas en este sector político, como el adaptacionismo y la sumisión a las presiones del nacionalismo burgués o diversas tendencias de la pequeña burguesía. Los debates en la izquierda tienen una importancia radical, ya que de ellos depende una acción política concreta que marcará sus posibilidades de desarrollo —o no— en el próximo período. Sobre todo en un momento en el que la izquierda influye políticamente a significativas capas de trabajadores que decidirán su participación independiente —o no— en la crisis, en medio de la paz social garantizada por las direcciones sindicales, en gran parte kirchneristas.

El episodio que desató con mayor virulencia este debate gira en torno a la detención de Milagro Sala. El reclamo por la libertad de la dirigente jujeña es correcto en tanto y en cuanto fue detenida por el “delito” de protestar, una medida gubernamental que proyecta de manera definida la criminalización del derecho al reclamo y que debe ser enfrentada incluso como medida de autoprotección para los luchadores del próximo período. Sin embargo, gran parte de la izquierda se pasó sin ambages a la defensa de Milagro Sala, al postularla como luchadora y concurrir —acontecimiento notable— al acto realizado en plaza de Mayo, organizado por el kirchnerismo, que se convirtió en una encadenación de homenajes a Sala y que concluyó con la asistencia cantando la consigna kirchnerista de: “Vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver”. Sin delimitación alguna, la izquierda había aportado su presencia a un acto que contó en el palco con la presencia de Guillermo “Patota” Moreno, Martín Sabbatella, el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi —que bancó al represor César Milani y bajo cuya jefatura de bancada los kirchneristas aprobaron la ley antiterrorista—, entre otros.

No sólo eso. El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), partido al que pertenece el ex candidato Nicolás del Caño, suscribió un documento con la rúbrica de un legislador cuyo contenido es ajeno por completo a la así llamada “izquierda revolucionaria” —que fue firmado en conjunto con diputados el Frente para la Victoria— y que plantea un acomodamiento a la defensa del orden constitucional actual, cuando tal sector político plantea históricamente una superación de este orden con características sociales totalmente diferentes. Tal partido censuró las críticas de otras organizaciones de izquierda a Sala en nombre del objetivo superior de la lucha por su libertad, cuando Milagro expresa la regimentación estatal de los movimientos de lucha, la precarización laboral por medio de cooperativas de miles de trabajadores jujeños y la represión tercerizada mediante patotas a opositores al régimen de Eduardo Fellner y Cristina Fernández durante la década ganada.

El Partido Obrero, por caso, había sido criticado por no concurrir a la movilización kirchnerista y fue el principal impulsor de una movilización independiente, aunque esto le haya valido críticas en las que se lo caracteriza como macrista por no sumirse a la dirección de los K: un despropósito. Una posición de principios y autodefensa contra la criminalización de la protesta social se había transformado en un frente antimacrista encabezado por el kirchnerismo residual, al que se sumaba la izquierda.

La delimitación del kirchnerismo fue la gran ausente de la actuación de la izquierda en estos días. Pero no es una novedad. En realidad, se trata de un debate que lleva décadas en la izquierda y que hoy adquiere rasgos actuales y convulsivos debido a la violencia con la que una parte mayoritaria de ese sector decidió acercarse al kirchnerismo de un modo inédito. Para el Nuevo Movimiento al Socialismo (MAS), por ejemplo, la asunción de Mauricio Macri se trata de un salto cualitativo respecto del Gobierno anterior, cuando, en realidad, las medidas de gobierno del macrismo son calcadas de las tomadas por Axel Kicillof en enero de 2014: devaluación y suba de tasas de interés internas.

El Gobierno de los hiperbeneficios al sector agroexportador mediante la baja de las retenciones es quien nombró al antiguo kirchnerista y autor de la 125, Martín Lousteau, como embajador en Washington: una adhesión por parte de los K primigenios al ajuste macrista. Que no cesa allí: Mario Blejer, Miguel Bein y Gustavo Marangoni (capitostes del plan económico y político de Daniel Scioli) reconocieron que ellos hubieran hecho lo mismo que Macri, o le prestaron admiración y solidaridad. A pesar de todo esto, el MAS plantea que hay un “salto cualitativo” entre uno y otro gobierno y llega a comparar la situación argentina con la alemana en los comienzos de la década del treinta del siglo XX: como si el kirchnerismo hubiera sido la reformista socialdemocracia alemana y Macri, Adolf Hitler. Un delirio atómico.

De todas maneras, el embellecimiento del macrismo no es privativo del MAS. El PTS planteó: “El crecimiento económico del kirchnerismo dejó, como parte de su herencia, una fuerte recomposición social de la clase trabajadora”. No contento con esta resignificación del Gobierno de la precarización laboral, el PTS rescata a la burocracia sindical. En una entrevista realizada a Roberto Baradel, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y miembro activo del kirchnerismo que dejó pasar sus ajustes en la docencia, lo caracterizan como un “‘viejo conocido (en) la misma orilla de los que se plantan hace años” y pronostica que el burócrata se pondrá a la cabeza de las luchas. No sólo adaptacionismo al kirchnerismo, sino defección ante sus representantes en la burocracia sindical. Casi toda la izquierda, además, se especializa en el olvido sobre las diez provincias gobernadas por el kirchnerismo o el pejotismo, que hoy aplican un ajuste y despidos que no tienen nada que envidiar al del Gobierno nacional.

No se trata de nostalgia —quizás surgida por el acostumbramiento a doce años de kirchnerismo—, sino de un regreso al adaptacionismo a la variante política del nacionalismo burgués. En lugar de delimitarse de todas las corrientes del espectro político del sistema, la izquierda sucumbe a ellas y plantea un frente único con quienes erigieron desde el Estado las condiciones para el triunfo de Macri y su ajuste —que no diferiría, muy probablemente, del propio en medio de un agudizamiento de la crisis capitalista mundial. Un frente único con los autores de la ley antiterrorista y cuyas represiones costaron veinte vidas a lo largo de la década ganada. Un frente único con un supuesto mal menor contra un supuesto mal mayor, cuando en realidad el ascenso de Macri se produce en el marco de una crisis de régimen de conjunto.

La opción para la izquierda es la delimitación de las corrientes capitalistas y la fisionomización propia, que se producirá en agudización de la lucha de clases, que sobrevendrá, pero sobre todo de su planteamiento estratégico político. De otro modo, será la protagonista de un retroceso de características impensadas.

El episodio constituye un hecho gravísimo. Para poder considerar la seriedad de sus posibles consecuencias se debe hacer por un instante abstracción de la figura de Milagro Sala —denunciada innumerable cantidad de veces por sus manejos espurios de fondos públicos, por patoterismo, amenazas con armas y un uso por parte del Estado de su movimiento como fuerza de choque contra organizaciones sociales y políticas opuestas al kirchnerismo.

Si se logra abstraer esa figura no tan sólo polémica, sino ciertamente repudiable, se podrá constatar que la resolución judicial que determina su detención lo hace en torno al acampe de protesta realizada por su organización. Un hecho similar al que realizó durante gran parte de 2015 Félix Díaz en representación del pueblo qom, en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, en la capital argentina. Un método de protesta usado muchas veces por una gran cantidad de movimientos sociales en reclamo por sus derechos. Un derecho a la protesta garantizado por la Constitución.

A Sala no se la detiene por las polémicas denuncias en su contra, sino por manifestarse e interrumpir el tránsito. Un propósito que tiene como fin draconiano actuar como referencia para los sectores de la población que decidan protestar en defensa o en reclamo de derechos. En medio de un año de ajuste, la medida parecería anticipar una respuesta del Estado —represiva— ante el descontento social. Sin embargo, ¿quién es Milagro Sala?

La provincia de Jujuy fue una de las más afectadas por las políticas de los años noventa. Como en muchas otras provincias, durante la década de los ochenta el empleo público había pegado un salto, al mismo tiempo que la mecanización de ciertas industrias (azúcar, tabaco) expulsaba a trabajadores del sector privado. En 1980 había 57,3 asalariados en el sector público por cada cien en el sector privado, mientras que en 1991 la cifra ascendía a 83,7. Hacia finales de los ochenta, el ajuste fiscal estatal y los altos índices de inflación comenzaron a afectar seriamente a los trabajadores estatales. Las privatizaciones, la racionalización del Estado y el cierre de industrias golpearon fuertemente a la población trabajadora de Jujuy. No extraña, entonces, que este sector haya encabezado las luchas populares de la época. Entre 1988 y 1997, el frente de gremios estatales dirigió grandes peleas, que jaquearon a varios gobernadores. Entre las organizaciones más relevantes se encontraban el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), encabezado por el Perro Santillán, en aquella época militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dirigida por Nando Acosta y donde haría sus primeras armas una joven, Milagro Sala, que pronto llegaría a ser su lugarteniente.

El año 1997 fue el momento culminante del conflicto social. El reguero de puebladas que atravesó el interior del país encontró en Jujuy su expresión más desarrollada. Un corte de ruta de desocupados en Libertador General San Martín fue reprimido por la fuerza pública y provocó una enorme respuesta popular. En pocos días, la provincia se llenó de piquetes y cayó el gobernador Carlos Ferraro, acorralado por la movilización social y la crisis interna en el Partido Justicialista. En esos años, el establecimiento de planes sociales permitió a las organizaciones sociales consolidar su fuerza. La CCC se transformaría en una organización de masas, bastante más grande que la organización barrial Tupac Amaru, fundada a partir del trabajo de barrio que, desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), impulsaba Milagro Sala.

Con la llegada del kirchnerismo al poder, la situación cambiaría radicalmente. La política kirchnerista fue desarrollar un proyecto asistencialista a gran escala para contener a miles de pobres y desocupados y desviar la lucha mediante la cooptación de las organizaciones sociales (y el aislamiento y la criminalización de las que se negasen). En ese marco, la Tupac Amaru entabló una relación directa con el Gobierno nacional, lo que le permitió gestionar un volumen de recursos que la transformó en la principal organización social de Jujuy. Con sesenta mil adherentes y cinco mil trabajadores en sus proyectos y sus cooperativas —principalmente obreros de la construcción—, la organización social liderada por Milagro Sala se convirtió en el principal empleador de la provincia, luego del Estado y casi a la par del Ingenio Ledesma.

Con recursos del Programa de Emergencia Habitacional del Ministerio de Planificación de la Nación, la Tupac Amaru llegó a construir alrededor de mil viviendas por año, lo que equivale al 50% de las casas construidas en la provincia por medio de ese programa. Además, recibió bolsones de mercadería del Gobierno provincial y beneficios de otros programas. Ese acceso privilegiado la habilitó para redistribuir recursos entre otras organizaciones sociales de la provincia. Así, obtuvo frente a estas una jerarquía que se manifestó en la creación, en 2007, de la Red de Organizaciones Sociales. Los defensores de Sala destacan su enorme trabajo asistencial. Unas veinte mil personas, en una provincia de setecientos mil habitantes, pudieron acceder a una vivienda gracias a los planes de construcción de la Tupac Amaru. Esto no elimina que los habitantes de las casas no tienen los títulos de propiedad —que son de la organización— y que si abandonan la Tupac Amaru, también dejan de tener el derecho a usar esas viviendas.

Por fondos del Ministerio de Desarrollo Social se establecieron seis fábricas. Hay una textil y una de bloques de construcción, con la que ahorraban parte de los costos de las obras. Los planes de empleo del Ministerio de Obras Públicas que administraban oscilaban entre 35 mil y 80 mil al mes. Por ley provincial de Jujuy, realizaban el mantenimiento de los edificios públicos y escuelas como cooperativa social. De los quince mil cooperativistas de Jujuy, un tercio pertenecía a la Tupac Amaru.

Además de ser cuestionada por no respetar los convenios colectivos de trabajo (los emprendimientos se hacían con trabajo precarizado), la Tupac Amaru es denunciada por distintas organizaciones debido a sus métodos violentos para acallar la protesta social, cuando perturba los intereses del Estado o los suyos como organización. Se han denunciado agresiones a trabajadores del Estado en lucha, amenazas y golpizas a dirigentes y militantes de otras organizaciones. En el aniversario del apagón de 2005, los seguidores de Sala se enfrentaron a palazos con la CCC y con miembros del Movimiento Socialista de los Trabajadores, así como con trabajadores municipales del SEOM. En 2006, Sala agredió a dirigentes del Partido Obrero. Ese mismo año, encabezó el ataque en el que le fisuraron el cráneo a golpes al ex dirigente de la CCC, Lucas Arias, durante una negociación en el Ministerio de Obras Públicas, con el ministro de Infraestructura provincial y la Policía presentes. Y así sigue la lista.

El accionar de las patotas de Milagro Sala (“La banda de la Flaca” es una de las fracciones de la hinchada de Gimnasia de Jujuy) revela un modus operandi habitual durante el kirchnerismo. La costumbre del gobernador y su policía de hacer o dejar hacer en los desalojos de tierras, tercerizando la represión. Así ocurrió en San Pedro, unas tierras del Ingenio La Esperanza, adonde la Tupac Amaru llevó a sus matones para escarmentar a cien familias y dejó un saldo de varios heridos. Lo mismo ocurrió en el barrio Alto Comedero, zona liberada mediante. Luego intervino en decenas de desalojos en Fraile Pintado, San Salvador de Jujuy, San Pedro y El Talar, en nombre de los terratenientes.

No ha sido detenida por ninguna de estas causas, algunas de las cuales ni siquiera constan en un expediente judicial, ya que la Justicia ha rechazado considerarlas siquiera. Lejos del mito que los sectores del derrotado kirchnerismo que la presentan como una heroína de las clases subalternas hostigada por su condición de “india y mujer”, se trata de una persona cooptada por el Estado para tercerizar la represión y regimentar al movimiento social durante la “década ganada”. De cualquiera manera, que esté en prisión por realizar un reclamo marca una advertencia para quienes se planteen defender sus derechos a través de la lucha. Se trata, por lo tanto, de una amenaza que pende sobre los sectores populares y, especialmente, sobre la clase trabajadora. Por eso es una medida que se debe rechazar y repudiar.

Hace unos días, el martes más específicamente, los obreros de Cresta Roja fueron los protagonistas de la primera represión del Gobierno de Mauricio Macri. El acto de violencia estatal podría no tener sentido por fuera de la demostración de fuerza de un Gobierno que necesita establecer distancias respecto de una imagen de delarruismo que lo aleje de una figura de autoridad. Esta es la conclusión necesaria a una encadenación de hechos que comenzó el lunes por la noche, cuando los trabajadores y sus representantes gremiales acordaron con los enviados del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich que, en caso de protestar, sólo ocuparían dos carriles de la autopista Ricchieri y dejarían fluir el tráfico, en función de las reuniones institucionales que estaban previstas para el martes. Pero los acontecimientos superaron el acuerdo. Según todos los testigos, no había demoras en el tránsito cuando, a las diez de la mañana, la Gendarmería, sin previo aviso, arrinconó a los trabajadores con violencia y carros hidrantes al perímetro por fuera de la autovía. En vivo, la población asistía al primer episodio en el que la fuerza estatal era puesta en funcionamiento para reprimir la protesta social. La violencia de la Gendarmería había sido innecesaria. El macrismo se adelantaba así a un período en el que el ajuste que lleva adelante y las medidas que tienden a que la clase trabajadora sea el depositario de las penas de la reestructuración de la economía poblarán de luchas las calles en el futuro inmediato.

La represión se volvió a repetir por la tarde, acompañada en ese momento por balas de goma. Uno de los operarios heridos sufrió un ACV pocas horas después, debido a la tensión de toda la situación y permanece internado en una clínica en Monte Grande, donde fue intervenido quirúrgicamente. El martes de los acontecimientos se decretó la quiebra de la compañía Cresta Roja. Queda entonces la salida promovida por el Gobierno de encontrar nuevos compradores para la empresa. De todas maneras, la solución más adecuada sería la expropiación por parte del Estado de la compañía avícola, ya que el Estado es el principal deudor de la quiebra. De este modo, podría poner en funcionamiento una fábrica en un momento de rentabilidad para el sector, a la vez que proveería de alimento a los miles de comedores escolares y hospitales que tiene bajo su esfera.

Este cronista habló con obreros de Cresta Roja, quienes relataron una Navidad que se pasó en mesas de familiares, porque en las propias casas las heladeras estaban vacías. Contaron que este año con los cuatro mil pesos del Plan de Recuperación Productiva (Repro) otorgado por el Gobierno no habían podido comprar los regalos para sus hijos y que, si bien no pierden las esperanzas, el rastro de una situación dificultosa no había podido perderse en la cena de Nochebuena. Pero también contaron que sabían que todos habían brindado por la lucha, o porque la situación se encauce, o porque llegue una solución con la fábrica abierta y con todos los puestos de trabajo. En cada mesa de Navidad ese había sido el brindis en la medianoche unánime. Todos habían colocado sus miradas hacia el futuro.

Hay algunas certezas. Cristina Fernández de Kirchner cesa su mandato con un país con unas finanzas cercanas a la quiebra, casi sin reservas en el Banco Central y con vencimiento de bonos que deberán ser pagados en dólares en el futuro inmediato. Mientras tanto, el endeudamiento público —inexistente, según el ministro de Economía saliente Axel Kicillof y la ex Presidente— se eleva a 240 mil millones de dólares, con acreedores internos como el Banco Central, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Banco Nación. A esto hay que sumarle 11 mil millones de dólares que reclaman los fondos buitre.

CFK deja el país con una inflación anual muy elevada —que se incrementó en las últimas semanas—, de alrededor del treinta por ciento, mientras que la mitad de los trabajadores argentinos se encuentra en situación de precarización laboral y cobra menos de seis mil pesos por mes. Estudios extraoficiales indican que la pobreza se acerca al treinta por ciento de la población total, mientras que para el kirchnerismo la Argentina cuenta con menos pobres que Alemania.

El nuevo Gobierno de Mauricio Macri planteó en su programa un futuro próximo con una devaluación en marcha y negociaciones con organismos financieros internacionales para acceder a créditos. Tal programa —que es el mismo que propugnaba su oponente derrotado, Daniel Scioli, quizás con un tinte más gradualista— es la expresión de un ajuste, en términos clásicos. Por definición, las devaluaciones plantean una reducción de los costos de la fuerza de trabajo y se realiza en función de una supuesta reactivación que impulsarían la producción y las exportaciones. Sin embargo, el contexto internacional es el de una crisis económica mundial que no cesa en su octavo año, retracción de los capitales de los mercados emergentes, una gigantesca devaluación en China, país que promueve una menor importación de bienes y materias primas. En Estados Unidos la crisis recrudeció luego de dos años en los que parecía haber sido amainada y sus capitalistas abandonan las inversiones en el extranjero para refugiarse en los bonos del tesoro norteamericano.

El Gobierno de Macri tendrá el ambiguo carácter de fortaleza y debilidad al mismo tiempo, que deberá sortear hacia una de las dos posibilidades en el futuro más cercano. Por un lado, el partido central PRO no es un partido de cuadros ni de militancia masiva, lo que podría ser constatado como la expresión del derrumbe de la vieja partidocracia argentina. Por otro lado, al tener el Gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la ciudad de Buenos Aires, reúne el control del Estado de manera inexpugnable. De esa fortaleza depende, también, el modo en el que realizará el ajuste por venir.

¿Y el kirchnerismo? La ex Presidente se despidió de su gestión con una gran movilización en la Plaza de Mayo —en medio del bochorno que concentró la atención de la nación durante los últimos días y que concluyó con su decisión de no entregar los atributos presidenciales a Mauricio Macri. ¿Habrá sido esa movilización el canto de cisne del movimiento inaugurado en 2003? Por lo pronto, varios diputados y funcionarios anunciaron un período de gracia con el nuevo Gobierno, a la vez que varios ya buscan acuerdos de mayor alcance. Las principales figuras del kirchnerismo no parecen haber quedado en lugares de relevancia, por lo que —si así lo deciden— deberán dar la disputa política desde el llano. De cualquier manera, la falta de mayoría propia del macrismo en el Senado parecería señalar un Gobierno que deberá acordar con la oposición para llevar adelante su programa.

La asunción de Macri repitió sus discursos generalistas, basados sobre todo en un mensaje emocional que apela a grandes tópicos sin demasiadas especificaciones —las que se concretan en las reuniones de su gabinete y en particular en el equipo liderado por Alfonso Prat-Gay, que se pondrá al frente del manejo de la Economía. Ya en la Casa Rosada y con los atributos de mando, saludó a la multitud que llenó la plaza para recibirlo. Y también bailó mientras la vicepresidente Gabriela Michetti cantaba Gilda. “Cosas veredes”, decía el Quijote a Sancho Panza.

La incógnita mayor es cómo reaccionará la clase trabajadora ante las medidas del nuevo Gobierno. ¿Si apuntan a la inflación y a la desvalorización de la fuerza de trabajo mediante la devaluación, habrá una respuesta por parte de los sectores laboriosos? La década que acaba formó a toda una nueva generación de trabajadores con disposición a defender sus condiciones de vida y sus conquistas. De cómo actúen estos sectores también dependerá la aplicación de los planes económicos del Gobierno que acaba de asumir, una vez finalizado el ciclo kirchnerista. Las incógnitas se develarán al ritmo de los acontecimientos.

Por eso, el ímpetu de diferenciación que buscó Daniel Scioli los últimos diez días de campaña hizo que los militantes que habían declarado que lo votarían con un “broche en la nariz” el día previo a la elección señalaran que votaban a una versión rediviva de Ernesto “Che” Guevara, más o menos. La puesta en escena, sin embargo, no sirvió. Y se hubiera revelado como fachada más temprano que tarde. El programa de Gobierno de Macri y de Scioli eran similares en tanto el próximo Gobierno, ante el estado de bancarrota general y ante el hecho de que pasó el tiempo de realizar una “devaluación ordenada”, deberá (para organizar la crisis en función de los intereses sociales que defiende) devaluar, endeudarse y realizar un ajuste que afectará, principalmente, a las mayorías populares. Ese es el plan inmediato del Gobierno del presidente electo Mauricio Macri y el que hubiera aplicado —quizás más gradualmente— Scioli en caso de ganar.

La entrega del Estado a Macri por parte del kirchnerismo es también comprobable en que en Córdoba la diferencia a favor de Cambiemos superó la categoría de abrumadora y que tan sólo en su capital sacó una diferencia equivalente a la obtenida a nivel nacional. El kirchnerismo le había entregado la central provincia obrera argentina al proyecto macrista. Tal como le había entregado el principal distrito de la nación, la provincia de Buenos Aires, semanas antes a María Eugenia Vidal, que surgió como alternativa al peor candidato de la historia del kirchnerismo: Aníbal Fernández, responsable político de la masacre de Avellaneda y de la liberación de la zona que permitió el asesinato de Mariano Ferreyra, entre otros tantos acontecimientos que emparentaron su figura con la del oprobio, el vivillo de barrio y el pelafustán.

La elección fue hiperpolarizada y se comprueba en los dos puntos porcentuales de diferencia y en que doce millones de personas votaron por Macri y doce millones de personas votaron por Scioli. El voto en blanco fue ínfimo, el menor en la historia de las votaciones desde 1983. Lo cual reafirma un frenazo por parte de quienes llamaron a votar de ese modo y el Frente de Izquierda, en particular, que fue la fuerza que llamó con más homogeneidad a votar en blanco. Las elecciones generales habían mostrado que la candidatura de Nicolás del Caño no había crecido desde las PASO y que la influencia de la izquierda, en el ámbito electoral, mostraba un cierto impasse luego de un sostenido crecimiento durante los últimos comicios.

Finalmente la apelación a la “renovación” que usó parte de la izquierda como caballito de batalla fue la que usó la campaña de Macri, con la salvedad de que un discurso de significante vacío de izquierda es menos potente que uno de significante vacío por parte de una fuerza con posibilidades de “renovar” ciertamente el espacio del Estado. Una situación contradictoria con el avance en los ámbitos sindicales, que se sigue realizando de manera imperturbable y que será fundamental a la hora de enfrentar el ajuste que vendrá de la mano del nuevo Presidente. Los sectores antimacristas que se ilusionaban en defender condiciones de vida votando a Scioli tendrán entonces la oportunidad de ejercer ese derecho a enfrentar el ajuste de la mano de la izquierda. El kirchnerismo tal como lo conocíamos ha concluido. El macrismo en el poder deberá realizar un giro económico en medio de la crisis. Los sectores laboriosos y el ala política que lo defiende tendrán la oportunidad de mostrar la justeza de sus reclamos y sus métodos. Una nueva etapa se abre en la nación.

¿Hay un giro a la derecha por parte de la sociedad argentina al votar de ese modo a Cambiemos, el partido de Macri y Vidal? Cambiemos, la alianza que postula a Macri, hizo una campaña que la presentaba como alejada de los ideologismos y sustentada en la necesidad de una renovación del personal político del Estado, a la vez que planteaba mantener los supuestos logros del kirchnerismo. En definitiva, no se trató de una candidatura de derecha para acabar con un movimiento popular ascendente, sino de una construcción del marketing político para posicionar unos candidatos desideologizados contra un supuesto kirchnerismo hiperideologizador.

¿Implica esto que Cambiemos no defienda un programa político y económico de centroderecha? No. Así como sus pares de España llamados Ciudadanos (que son la continuidad del fenómeno Podemos, pero sin el tinte izquierdizante), el uso de la comunicación política construyó un discurso alejado de definiciones positivas fuertes —que plantearían cuál sería su programa político y económico de Gobierno—, pero que se consolidó como una alternativa de cambio a los doce años de Gobierno kirchnerista.

Por otro lado, si Macri intentaba ocultar cualquier sesgo político derechizante, Scioli planteaba como ministros a Sergio Berni, Ricardo Casal y Alberto Barbieri en Seguridad, Justicia y Educación, respectivamente, a la vez que desarrollaba una campaña chauvinista y clerical, mostrando de este modo su propia adhesión a una derecha consolidada en el peronismo. Macri, evitando definiciones, se mostraba como un camino diferente, aunque el programa de ambos confluya en la misma avenida del ajuste.

En parte, esta consolidación de Macri como alternativa posible al kirchnerismo provocó que el voto a la centroizquierda que postulaba a Margarita Stolbizer huyera en manada hacia esas huestes, lo que provocó el derrumbe “progre”. Los logros electorales de Cambiemos replican la performance de Martín Lousteau cuando casi derrota a Horacio Rodríguez Larreta en su campaña para ser jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires: más que un voto pro Lousteau, se trataba de una rebelión en ciernes —expresada electoralmente— contra el macrismo en el distrito. El 25-O se votó contra el kirchnerismo. La posibilidad del triunfo de Macri fue alentada por la propia Stolbizer, que hizo alianzas con Macri en ocho provincias y cuyo dirigente Gerardo Milman anunció que votaría por Macri en segunda vuelta. Así, Progresistas quedó en el quinto lugar, luego de su derrumbe.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) obtuvo, entonces, el cuarto puesto, dato que implica un nuevo sitial para el sector político que plantea una salida anticapitalista al actual estado de cosas. Sin embargo, alcanzar ese espacio no se debió a que la candidatura presidencial hubiera avanzado frente a las demás sino, principalmente, a que la de Stolbizer se hundió estrepitosamente por el exilio de sus votos hacia la candidatura de Macri. Respecto de las PASO, el Frente de Izquierda obtuvo porcentajes similares e incluso cayó unos puntos (en agosto había obtenido 3,31% y el domingo alcanzó el 3,27%). Si bien es cierto que aumentó la cantidad de votos respecto a las elecciones de agosto hasta alcanzar los 798 mil votos, esto se debería a que el porcentaje de la población que sufragó se incrementó globalmente entre quienes lo hicieron en las PASO y quienes votaron el 25-O. En 2011 el Frente de Izquierda, en su primera presentación, había sacado quinientos mil votos; en 2013, las candidaturas a diputados habían obtenido un millón trescientos mil votos. En 2015, las cifras indican ochocientos mil para presidente, poco más de un millón para parlamentarios.

En los centros urbanos más importantes las candidaturas a diputados del Frente de Izquierda obtuvieron performances notables. El único diputado que ingresó (cuando estaba planteado que pudieran ingresar cuatro diputados de la izquierda para engrosar la actual bancada) fue Néstor Pitrola, que consiguió el favor de 398 mil bonaerenses, la mitad de los que votaron por el FIT a nivel nacional.

En Salta se retomó la tendencia ascendente de la izquierda, que llegó a obtener el 10% a diputados en la capital provincial, cuando la candidatura presidencial alcanzó el 3 por ciento. Lo mismo sucedió en Jujuy, donde la candidatura presidencial obtuvo 2,5% y el candidato a diputado provincial llegó al 7,2 por ciento. En la misma Córdoba que selló el destino de ballotage de Macri (más del 50% del electorado votó por Cambiemos), Liliana Olivero obtuvo con su candidatura a diputada nacional un 9% de los votos en la capital cordobesa que no logró equilibrarse con los porcentajes del interior para determinar su ingreso al Parlamento. En Mendoza la candidatura a diputada de Noelia Barbeito alcanzó el 11,5% y la presidencial del local Nicolás del Caño llegó a 7,6 por ciento.

En CABA, Gabriel Solano dobló su votación de las PASO, pero no pudo ingresar al Congreso debido a la obturación de votos que produjo la candidatura de Luis Zamora, que tampoco logró su propia banca. En una elección que estuvo marcada por un corte de boleta masivo —es decir, por una meditada (con sus límites) intervención del electorado— las diferencias entre el voto a presidente y a diputados del FIT, aunque no hayan sido fructíferas, señalan un momento de la conciencia de ciertos sectores —minoritarios— que ven en la izquierda un resguardo electoral parlamentario, pero no una alternativa política potente.

Ninguno de estos resultados alcanzó para que el objetivo de incrementar la bancada fuertemente se cumpliera, en el marco de un retroceso respecto de la elección de 2013. Sin embargo, los cuatro diputados del FIT que conformarán la bancada a partir de diciembre podrían transformarse en tribunos contra el ajuste que llevarán adelante Scioli o Macri, cualquiera sea quien gane el ballotage. Se trata de una situación indefinida: la izquierda no obtuvo los resultados que esperaba ni avanzó de un modo determinante, pero conserva las posibilidades de marcar una orientación política para enfrentar el ajuste que vendrá. Por eso, la decisión de realizar una campaña por el voto en blanco —que diferenciaría a este espacio de uno u otro candidato en pugna— podría repercutir en la consolidación del sector en cuanto a la percepción de su independencia política.

El ballotage que se realizará el 22 de noviembre supone un mes de intensa disputa entre las fracciones que luchan por la Presidencia (y, por ende, el modo de realizar el ajuste). Se ingresa de este modo al tramo final de un año hiperpolitizado y poblado de eventos electorales, y a la apertura de un nuevo ciclo. En este período inmediato, la izquierda no se mostrará fisionomizada como una alternativa, pero su posición contra las dos variables del ajuste podría brindarle una autoridad para intervenir en el porvenir más próximo. Un período que todo indica como convulsivo. La crisis económica se acerca tomada de la mano de una aguda crisis política, con el peronismo reacomodándose en estallidos. Toda crisis implica una oportunidad, indica un refrán antiguo. La clase trabajadora argentina —y los partidos que bregan por su organización política— debería tomar nota de este refrán y también de sus propias virtudes, a la vez que de sus propias deficiencias, para determinar de qué modo actúa y, entonces, a qué sectores y hasta dónde llega.