El ex jefe de gabinete y actual gobernador de la provincia Jorge Capitanich se refirió a la cuestión en un acto en Resistencia -se trataba de la inauguración de unas viviendas en el barrio Emerenciano Sena, es decir, un vecindario que lleva el mismo nombre que el de un ex piquetero coptado por el gobierno, que se encuentra vivo-. Ante una pregunta de la prensa, afirmó: “Por supuesto que nos duele una muerte que se da por una cuestión cultural”. De esta manera, el gobernador retomaba el hilo del razonamiento más conservador de la historia nacional que atribuía la precariedad en las condiciones de vida de los más pobres a su propia responsabilidad -o “cuestión cultural”.

“Estaba condenado a una corta vida”, declaró el diputado kirchnerista chaqueño Juan Manuel Pedrini refiriéndose al niño qom Oscar Sánchez, sin ruborizarse.

La misma presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo en un discurso: “No quiero parecerme a países que dejan morir chicos en las playas”, pero no se refirió ni una vez al niño qom muerte durante la misma jornada -que no es el primero sino que integra una larga serie en la región y en el país-.

Llegada ya la noche la inefable cuenta de la red social Twitter de la Casa Rosada (@CasaRosadaAr, quien suele atacar a opositores de un modo vulgar) dio una vez más muestras de su miserabilidad. Publicó un informe médico con comentarios que incluían afirmaciones como que el padre del niño no hablaba español, que había muerto debido a una “malnutrición del pequeño (que) estaba asociada a su discapacidad severa que, entre otras cosas, genera dificultades en la absorción de alimentos; y no a la falta de comida en el núcleo familiar”. La afirmación correspondía a Gabriel Lezcano, funcionario del ministerio de Salud del Chaco. Se refería a una supuesta hidrocefalia no evolutiva -no llevaba válvula de derivación- y una parálisis cerebral que le generaron un retraso madurativo y psicomotriz severo. Sin embargo, médicos consultados para esta columna aseguraron que si hubiera habido tal severo problema para poder alimentarse, debería habérselo alimentado vía suero en un hábitat clínico adecuado, una responsabilidad que tiene el Estado.

En todo caso, las condiciones sanitarias en el Chaco corresponden a las de las naciones más pobres del mundo y lo cierto es que el niño Sánchez murió pesando once kilos. Héctor Sánchez, padre del niño, tuvo un intercambio con la prensa en lengua española, desmintiendo así a las afirmaciones de la cuenta oficial del Twitter de la Casa Rosada. Por último, miembros de la Fundación Mandela del Chaco desmintieron que tuviera parálisis y señalaron que replicaba las condiciones de existencia de varios miembros de las comunidades indígenas de la zona.

La desnutrición ha regresado a la Argentina de la “década ganada” y hay muertos por esa circunstancia evitable.

El rol del kirchnerismo ante otro muerto por hambre en el país fue realizar una declaración ignominiosa tras otra.

Se ha dicho que el kirchnerismo ha politizado a vastas capas de jóvenes argentinos. Aunque se pueda dudar de esta afirmación, se puede afirmar que si lo ha hecho lo ha realizado en función de la chicana, la sujeción a lo peor del Estado, la obediencia ciega y el silencio ante los males de la nación -tal como en este caso-. En suma, una generación kirchnerista formada para ser canallas. No se trata de una virtud de la supuesta “vuelta de la política”, sino de su contrario exacto.

Es una pregunta válida, porque se sabe que ese estado de las cosas sucede.

Tal vez nadie mejor que una madre o un padre o un abuelo o una abuela de un niño que acaba de morir pueda expresarlo con la mayor de las certidumbres. Como los padres de Néstor Femenia, el niño qom de 7 años que murió debido a las complicaciones producidas por la desnutrición y la tuberculosis, luego de dos meses de internación en un hospital de la provincia de Chaco. O su abuelo. Su abuelo Hipólito Femenia fue entrevistado por el periodista Ignacio Otero, de TN, en Villa Río Bermejito, ciudad que da acceso al espeso bosque de El Impenetrable, mientras recogía agua en un balde plástico. Agua de un estanque, que luego debía ser hervida para poder ser bebible, ya que nadie le reparte agua potable a su comunidad, cuyas casas carecen de cloacas. “¿Néstor lo acompañaba a buscar el agua?”, preguntó el periodista, e Hipólito Femenia comenzó a llorar. Con un llanto intermitente y sostenido e inevitable. “Lloré porque Néstor siempre está acá buscando agua”, dijo Hipólito Femenia, hablando en presente de su nieto. “Llevaba su bidoncito”, recordó.

En enero de 2013 viajé junto a mi amigo Martín Quintana a Villa Río Bermejito. Días antes, otro niño qom había sido asesinado. Se llamaba Imer Flores. Imer tenía 12 años y murió debido a los golpes y patadas y palazos que le provocaron lesiones en el cráneo, definitivas. El niño había sido asesinado por tres hermanos criollos de apellido Franco, que fueron condenados a 20 años de prisión por homicidio simple. Su cuerpo había sido encontrado en las orillas del río, su rostro era irreconocible.

Villa Río Bermejito es un paraje silencioso, donde se concentra todo el calor en enero. Sin embargo, el calor de la tensión nunca cesa. La mitad de la población es criolla -así se conoce a la población no india en el noreste argentino-, la otra mitad es qom. Y existe un apartheid tácito que, aunque no sea dicho, es muy explícito. Al llegar, Quintana y yo fuimos recibidos por un tumulto indígena en la puerta de lo que resultó ser una posta sanitaria: acababan de atropellar a un joven qom para robarle. Lo habían dejado tirado con la cabeza golpeada a metros de la ruta. A pesar de que era la hora de la siesta, una muchedumbre se había congregado esperando noticias sobre el futuro del joven atacado. El joven sobrevivió.

No pasó lo mismo con estas otras personas asesinadas en este lustro en  Chaco pertenecientes a la etnia qom:

-Juan Aguirre fue asesinado a golpes en la ruta 3, cuando llevaba dinero de las cooperativas de su comunidad el 10 de mayo de 2010.

-A fines de 2010, Alvino Claudio fue asesinado a cuchillazos por criollos que lo invitaron a una fiesta con ese fin.

-Alberto Galván, jornalero perteneciente a la comunidad de paraje El Colchón fue asesinado a tiros y arrojado a las pirañas el 21 de enero de 2011.

-Yonatan Medrano, de 16 años, fue apuñalado en mayo de 2011 por tres criollos, cuando volvía a su casa, en el paraje El Colchón. Luego de su muerte, miembros de la comunidad se dirigieron a la comisaría local para reclamar justicia, así como por el asesinato impune de Alberto Galván.

-Mártires López, dirigente de la Unión Campesina de Chaco, falleció el 14 de junio de 2011, luego de un dudoso accidente en la localidad de Pampa del Indio, cuando viajaba en su moto. López militaba en el Partido Comunista Revolucionario. El hecho se produjo una semana después del acuerdo firmado con el gobierno provincial para garantizar tierras, insumos y maquinaria para la producción agrícola de su comunidad. Sus compañeros denuncian que se trató de un atentado ya que la moto estaba intacta y la policía habría borrado pruebas del vehículo.

-En mayo de 2013, en el marco de una protesta de movimientos sociales en todo el Chaco, murió Florentín Díaz, de la comunidad qom Curushy, cuando intentó escapar de la represión policial. Entonces gobernaba la provincia el actual jefe de gabinete Jorge Capitanich.

-A principios de julio de 2013 Maximiliano Pelayo fue asesinado por unos tiros en la espalda. La policía señaló que había quedado en el fuego cruzado de un enfrentamiento de bandas. Su familia denunció que unos policías lo habían ejecutado.

-Juana Gómez fue violada y asesinada en Quitilipi. Su cuerpo apareció el 30 de julio de 2013 atado a un árbol. Todo indica que se trató de un crimen de odio.

Un odio racial que pudimos comprobar in situ junto a Quintana, quien plasmó el viaje a Villa Río Bermejito en una extraordinaria crónica  que sólo puedo recomendar leer para comprender cómo en la provincia del jefe de gabinete se lleva a cabo un apartheid feroz contra los qom.

La última vez que viajé a Chaco fue en mayo de 2014. No conocía, en la capital provincial Resistencia, el barrio Toba. Queda a diez minutos del centro. Es pura pobreza y desolación. Es hacinamiento y desamparo. Y una muestra más del desentendimiento del Estado a la hora de garantizar los derechos de la etnia qom.

“Un caso aislado”, caracterizó el jefe de gabinete Jorge Capitanich al caracterizar la muerte del niño Néstor Femenia. “Es por la dejadez de la familia”, echó culpas la diputada kirchnerista Diana Conti. Dos muestras de la miserabilidad que pueden alcanzar los responsables políticos de la muerte qom. El kirchnerismo en la década ganada expulsó, mediante la expansión sojera, a los campesinos qom de sus tierras y comunidades intentando compensar tales pérdidas con algún plan de hambre. El kirchnerismo -uno de cuyos rostros visibles es Gildo Insfrán, masacrador formoseño de qoms- es responsable. Tal vez por eso prefiera desviar la discusión sobre su rol en este asunto y olvidar el dolor de los padres de Néstor Femenia, de su abuelo, de los otros niños, de las otras muertes. Néstor tenía siete años solamente, es decir, tenía toda pero toda una vida por vivir. No pudo hacerlo. El kirchnerismo es responsable. 

En la Panamericana, se produjeron unos violentos incidentes en los que resultaron heridos varios manifestantes que reclamaban la reincorporación de trabajadores despedidos de la empresa Lear mientras se desalojaba la autopista -que no estaba cortada totalmente-. También es cierto que hubo dos policías contusos. Apretados, estos son los hechos. El diario Página/12, por ejemplo, tuvo una mirada impresionista -que expresa fielmente el relato de los acontecimientos realizado por el kirchnerismo oficial- que lo llevó a despachar el asunto en dos párrafos que daban cuenta de incidentes, “heridos en ambos bandos y detenidos”.

Sin embargo, un escrutinio un poquito más pormenorizado de los hechos da cuenta de lo siguiente. El último jueves la represión de la Gendarmería fue salvaje. Los miembros de la fuerza de seguridad comandada por Berni tiraron balas de goma no sólo a mansalva, sino que a quemarropa. Hubo más de veinte heridos por los perdigones de parte de los manifestantes, varios de ellos internados, e incluso el diputado nacional Nicolás del Caño, del PTS-Frente de Izquierda, fue herido durante la represión. Un gendarme fue herido mientras un manifestante resistía el embate cuerpo a cuerpo -que se realizaba mientras se disparaban las balas de goma- y golpeó al susodicho hombre de Berni. Mientras tanto, la caravana de autos que acompañaba la manifestación -y que ocupaba dos carriles de la Panamericana- fue disuelta mediante la rotura de los vidrios de dos autos y la detención de sus choferes por parte de las fuerzas del orden. El salvajismo de la represión fue tal que el CELS, dirigido por el kirchnerista Horacio Verbitsky, señaló en su comunicado sobre los acontecimientos, que el accionar gubernamental “insistió con respuestas violentas y con un uso abusivo de la fuerza que resultó incluso más lesivo para la integridad de los participantes de la protesta que los operativos anteriores”.

Pero hay más.

Dos días antes de la violenta represión, una patota ingresó a la carpa que los trabajadores despedidos de Lear mantienen frente a la puerta de la fábrica de origen estadounidense. Exhibieron cuchillos y armas de fuego. Amenazaron a una de las trabajadoras diciéndole que la iban “violar”. Tajearon la carpa y se robaron las banderas antes de retirarse. No se debería pasar por alto que existe en el lugar un destacamento permanente de la policía bonaerense junto al de la Gendarmería, que incluso custodia la fábrica desde adentro de las instalaciones, como si la institución de seguridad del Estado fuera un cuerpo de seguridad privado de la empresa. La inacción de estas fuerzas para impedir la realización del bravo ataque indica que hubo una zona liberada.

Hay más.

Hace unas semanas, el diputado bonaerense del Frente de Izquierda Christian Castillo se había reunido con Jorge Capitanich y Sergio Berni para tratar de encontrar una salida al conflicto, originado luego de Lear decidiera doscientos despidos de la parte obrera. Las reuniones fueron infructuosas debido a que el Gobierno decidió no obligar a la empresa a dar marcha atrás con despidos que fueron considerados por la Justicia y el ministerio de Trabajo como ilegales. La represión del jueves y el ataque del martes sucedieron luego del fracaso de las negociaciones.

El increscendo de represión estatal y paraestatal -que es plausible de atribuirse a las patotas sindicales del Smata, dirigido por Ricardo Pignanelli- muestran la evolución del kirchnerismo, en este fin de ciclo, hacia una política que escarmienta a los trabajadores que luchan. En una situación económica y política que provocará un incremento de las manifestaciones obreras ante la inflación y el ajuste. En marzo de 2013, la presidente Cristina Fernández había declarado, una vez más y aunque no se correspondiese con la realidad, que su Gobierno no reprimiría a quienes cortaran calles ni pensaran distinto. Nada de esto sucede hoy. Y la venia política a Berni plantea que no sucederá en el periodo inmediato. Un fin de ciclo que, como conclusión al relato impresionista del oficialismo, podría estar marcado por la conflictividad social y las convulsiones políticas en las que la clase trabajadora tendrá una intervención autónoma.

“Esto tiene que ver con una acción del Partido Obrero, que no es el partido de los trabajadores. El único partido que defiende a los trabajadores es el Partido Justicialista”, había dicho el ex gobernador del Chaco (una de las provincias más pobres del país). Y había agregado: “Lo que hace el Partido Obrero es defender siempre los intereses de la patronal y hostigar el funcionamiento de la economía, El Partido Obrero no es un partido antisistema; es el partido del sistema, el preferido por los capitalistas y por los grandes empresarios“. La suma de incoherencias -una encadenación de mentiras que se avergonzarían de sí mismas- se incrementó el último martes, cuando en su habitual encuentro matutino con el periodismo, Capitanich continuó: “No nos vengan a correr por izquierda. La verdadera izquierda revolucionaria de este país siempre fue el peronismo”. Y en referencia al activismo de izquierda que gravita en el conflicto de Lear, agregó: “Observamos con mucha preocupación que no son solamente idiotas útiles sino que están actuando para destruir el empleo de los argentinos”. Las manifestaciones del jefe de Gabinete no sólo tuvieron el encanto del absurdo, sino que evitaron explicar el rol de una empresa multinacional estadounidense que había decidido vaciar su producción importándola desde plantas centroamericanas -pese a las restricciones a las importaciones que plantea el gobierno argentino- en función de deshacerse de su comisión interna combativa, en complicidad con el sindicato SMATA, dirigido por Ricardo Pignanelli. El citado sindicato acababa de publicar una solicitada en la que se manifestaban cansados del accionar de la izquierda y anunciaba que llamaría a una asamblea para destituir a los delegados combativos. Una vieja tradición de la burocracia sindical que, en el caso de SMATA, fue cómplice en la entrega de trabajadores izquierdistas a los militares para su desaparición durante la dictadura, como se comprobó en el caso de la fábrica Mercedes Benz.

Sin embargo, las declaraciones de Capitanich, por asombrosas que resulten, no logran ocultar el peso de unas acciones patronales hostiles contra sectores de la clase trabajadora que defiende sus derechos. No sólo es síntoma de esta acción empresarial el conflicto en Lear, sino también el de larga data en los talleres ferroviarios Emfer y Tatsa (de difusa propiedad del grupo Cirigliano, que también lo está vaciando) y, más recientemente, el de la gráfica de origen estadounidense Donelley, que el lunes anunció el cierre de su planta, ubicada también en el trazado de la ruta Panamericana. El modus operandi se había repetido tanto en Lear como en Donelley -cuya comisión interna está dirigida por miembros de la lista Bordó, que se referencia en el Partido de los Trabajadores Socialistas, miembro junto al PO e Izquierda Socialista del Frente de Izquierda-: los empresarios habían planteado recursos preventivos de crisis para imponer suspensiones y despidos, que fueron rechazados por los trabajadores y por el ministerio de Trabajo, aunque luego ejercitaron las desvinculaciones, en un caso, y el cierre de la fábrica, en el otro.

Con mucha demora, y cumpliendo varias resoluciones judiciales, el ministerio de Trabajo tuvo que garantizar el reingreso de la despedida comisión interna de Lear durante la mañana del último martes -a pesar de que el viernes mismo la empresa había suspendido a todo el personal-. “El ministerio vino a hacer cumplir la reinstalación y comprobó el lock out patronal con la evidencia de la empresa vacía y nadie trabajando -señaló a este cronista Silvio Fanti, secretario general de la comisión interna-. Cuando termine el periodo de suspensiones, la resolución indica que los delegados tenemos que estar”.

-Capitanich dijo que ustedes eran “idiotas útiles” al servicio de los grupos concentrados, ¿qué opina de esas declaraciones?

-No somos idiotas útiles, encabezamos la defensa de los puestos de trabajo y lo vamos a seguir haciendo. El SMATA debería movilizarse junto a nosotros y no lo hace, ellos sí, en claro servicio a este grupo concentrado. La empresa tiene un plan de expansión, necesita bajar los costos salariales y para eso necesita descabezar una comisión interna que defiende los derechos de los trabajadores. Yo he votado al kirchnerismo y le diría al jefe de Gabinete que si lo que dice es verdadero, que venga con nosotros a defender los puestos de trabajo.

Ante el cierre de la gráfica Donelley, los trabajadores decidieron tomar la empresa. “Los tres turnos de trabajo estamos desde esta mañana cumpliendo la conciliación obligatoria y estamos produciendo, terminando los trabajos que teníamos que terminar -explicó el martes por la mañana a este cronista Eduardo Ayala, delegado de la empresa-. La empresa no apareció y estamos tratando de preservar el trabajo para todos y lo estamos logrando. 

-¿Cuál es la actitud del sindicato?

-El sindicato nos está acompañando.

Donelley había anunciado la suspensión de trabajadores -no el cierre de la empresa- y había comenzado el vaciamiento empresarial tercerizando su producción hacia otras plantas. “En las plantas que dirigimos sindicalmente nos negamos a aceptar el trabajo derivado de Donelley -señala Pablo Viñas, secretario general de AGR-Clarín y miembro de la lista Naranja, ligada al PO-. Sin embargo, pequeños talleres cooperativos cuya dirección legal es la del sindicato estuvieron produciendo ese trabajo que la empresa decidió tercerizar. Ante el cierre de esta gran planta, creemos que es necesario que el sindicato llame al paro de todo el gremio para evitar esta situación”.

La posibilidad de que grandes empresas realicen operativos de despidos y vaciamientos para evitar la acción del sindicalismo combativo fue esbozada por el periodista Ricardo Carpena en su columna sindical del lunes en el diario Clarín. En medio del agravamiento de la crisis económica y el crecimiento de la izquierda en los sindicatos, las graves declaraciones de Capitanich y las amenazas de Pignanelli corroborarían esta teoría. Jorge Altamira, líder del Frente de Izquierda y otro “idiota útil”, según las palabras del jefe de Gabinete, así opinó: “Es palabrerío sin contenido: sólo la izquierda está contribuyendo a desbaratar los planes para despedir trabajadores y cerrar plantas. Capitanich dice que se acuesta muy tarde. Le recomendaría que duerma el tiempo suficiente como para contestar apropiadamente las preguntas de los periodistas y no desvaríos. El que está a las cinco de la mañana defendiendo los puestos de trabajo es el Frente de Izquierda, acción que se replica en el plano legislativo, donde planteamos la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo sin mengua salarial. Estamos avanzando con la CTA de Micheli en la realización de una gran marcha contra los despidos y el impuesto al salario que realizaremos a fin de mes”. La semana que viene la CGT definirá si realiza un tercer paro general contra el gobierno de Cristina Fernández ante la crítica situación que se vive en el campo laboral.

Hace cierto tiempo el kirchnerismo consideraba que, a su izquierda, sólo se encontraba la pared. No sólo miembros del gobierno planteaban esta máxima abiertamente, sino que sus acólitos estaban convencidos de su justeza y de su verdad. Sin embargo, uno de los efectos de la construcción de un relato ajeno a la realidad es que, cuando tal realidad se torna ineludible por la fuerza de los hechos, sólo resta entonces la aceptación o la psicosis. Las indefinibles declaraciones del jefe de gabinete Jorge Milton Capitanich permiten señalarlas como manifestaciones de esta segunda posibilidad. Quizás se trate de una psicosis senil que, en tanto síntoma de un cuerpo político agotado, tan sólo sea una comprobación más del así llamado “fin de ciclo” kirchnerista.

En el Chaco, a pesar de la llegada del otoño, las temperaturas siguen rondando los veinticinco grados. O aún más. Como cuando durante estos días la represión se vivió en sus calles. Este último miércoles 7 de mayo yo estaba en esa provincia, por razones periodísticas ajenas a la protesta social, cuando se realizó en el centro de Resistencia una multitudinaria movilización contra el ajuste gubernamental y por paritarias libres para los gremios estatales, docentes y de la salud. Fue entonces cuando la temperatura aumentó.El gobierno de la provincia del actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, decidió no permitir que las calles sean cortadas. Por eso las pobló de policías -que cortaban las calles- y, antes de que la manifestación llegara a casa de Gobierno, emprendió la represión.

Palos, gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma. Esos fueron los elementos que se usaron para dispersar a los manifestantes, a los que se persiguió por cinco cuadras. Luego del acto de repudio, el gobernador Juan Carlos Ivanoff Bacileff -que había compartido el estrado con Capitanich el primero de mayo- reafirmó su política de mano dura y señaló que ese sería el método para normalizar la provincia. Una muestra de kirchnerismo explícito, ya que en su discurso ante el Parlamento la presidenta Cristina Kirchner había pedido despejar de las calles la protesta social.

En Santiago del Estero dieron un paso más: por primera vez, la Justicia puso a su disposición el aparato represivo de la Ley Antiterrorista, impulsada y votada por el kirchnerismo en diciembre de 2011. La causa que investiga el accionar del periodista Juan Pablo Suárez, director del portal Última Hora, durante los levantamientos policiales que sacudieron al país el pasado diciembre, cobró nueva vida -y significados- al conocerse que la tipificación de la carátula no solamente lo acusaba de “sedición”, sino que agravaba la figura con los artículos 212 y el artículo 41 quinquies del Código Penal.

Esto quiere decir que la Justicia lo investiga por “incitar a la violencia colectiva contra las instituciones”, a la vez que dobla las penas en función de la reforma concretada por la Ley Antiterrorista. Suárez, cuyo delito fue filmar la detención de un policía que se intentaba encadenar en la plaza central de Santiago e informar sobre la situación aquellos días tenebrosos de diciembre, podría cumplir de seis a doce años de prisión. Esto sucede en la provincia de Santiago del Estero, cuya gobernadora es la esposa del ex gobernador, Gerardo Zamora, quien hoy es el tercero en la cadena de sucesión presidencial al ocupar la presidencia del Senado. Claudia Ledesma, tal el nombre de la mandataria provincial, es conocida por ser un títere de Zamora, a la vez que en este último periodo intentó fortalecer su halo gubernamental con una serie de medidas represivas contra manifestaciones -las últimas: contra la marcha del día de la mujer y contra estudiantes del Normal santiagueño.

Se sabe que frente a los fines de ciclo ciertos órdenes internos se desbordan y muestran su intimidad. El fin de ciclo kirchnerista pone al desnudo sus herramientas represivas y el modo de usar su legislación para acallar las manifestaciones que intentan mostrar su carácter de independencia.

El Indec, aquella antigua institución de las estadísticas transformada en un deslucido centro de desinformaciones progubernamentales, decretó el fin de la desocupación en el Chaco. El gobernador Jorge Capitanich realizó una conferencia de prensa en la que celebró el anuncio: “Finalmente, en el segundo trimestre de este año, la desocupación bajó al 0,4 por ciento”. La manipulación estadística del organismo controlado por el católico fanático y antiguo miembro de Guardia de Hierro Guillermo Moreno toma a beneficiarios de planes sociales, incluso a aquellos que no realizan ninguna actividad laboral en retribución por esa paga, como trabajadores en actividad. La falsedad del “pleno empleo” en el Chaco es evidente para quien viva allí y para quien la visite. No está de más recordar que en mayo luego de la represión ordenada por el gobierno chaqueño murió Florentín Díaz, miembro de la comunidad aborigen Curushy. Díaz había participado de una protesta, justamente, de desocupados. Formosa y Misiones fueron beneficiadas por las calculadoras mágicas del Indec y registran los niveles más bajos de desempleo. Se debe destacar que Formosa, Chaco y Misiones son las provincias más pobres de la nación.

Una nación que, en palabras de la presidenta Cristina Fernández, tiene mejores índices que Canadá y Australia. Algo que, incluso tomando como datos válidas las cifras dadas por el Indec, son desmentidas por estudios internacionales promovidos por las Naciones Unidas. Según estos registros, el Índice de Desarrollo Humano le otorga a Australia el 2º lugar en el mundo, a Canadá el 11º y a la Argentina el 45º. El PIB nominal per cápita ordena a Australia en el 6º lugar, a Canadá en el 10º y a la Argentina en el 60º. En términos de esperanza de vida, Australia está 10º entre las naciones del mundo, Canadá 13º y la Argentina 60º. Respecto a la igualdad de ingreso, Australia se ubica en el 27º puesto, Canadá en el 39º y la Argentina en el 61º. Según el Índice Prescott-Allen -que mide el bienestar de las naciones no sólo con el método de la ONU que calcula el IDH o por el PIB, sino que también toma como factor el impulso ecológico de cada país-, Canadá se ubicaría en el 6º lugar, Australia en el 18º y la Argentina en el 54º. Los datos -recopilados por mi amigo Ignacion Jorajuria- son elocuentes. A pesar del énfasis discursivo de la presidenta Cristina Fernández, nada demuestra que la Argentina esté mejor que Canadá o Australia.

Cuando se presencia este tipo de intervenciones falsarias, surge la pregunta acerca de si los gobernantes que las enuncian son cínicos sin remedio o si realmente se creen su propio relato impostor. En un caso u otro, para describir el estado político y moral de quienes nos gobiernan corresponde usar la palabra que escribiera en una de sus columnas la gran periodista Susana Viau, fallecida hace unos meses. Viau había escrito: “demencial”.