Su desvergonzado, nauseabundo y pestilente enriquecimiento ilícito, logrado a costa del despojo y la desatención de quienes ellos decían y dicen defender y representar, “los más humildes”, los hizo inmensamente ricos.

La adormecida y demasiada lenta Justicia por el solo hecho de justificar su razón de ser debe abocarse con celeridad a enmendar su a veces dudosa y cómplice lentitud, de manera tal de volver a la jerarquía que en otros tiempos y con otros jueces supo tener.

Diferentes individuos, funcionarios y grupos económicos que se enriquecieron o crecieron con inadmisible prontitud deben rendir cuenta de ese crecimiento, al igual que aquellos funcionarios que debían controlarlos.

Escandalosos fraudes cometidos a nivel nacional, provincial y municipal deben ser investigados por juzgados anticorrupción a crear. Algunos de estos delitos son muy difíciles de cuantificar, como es el caso de la venta de dólares a término por parte del Banco Central como único oferente, a un valor inferior en un 30% del que se negociaba en el mercado de Nueva York, con montos que triplicaban las ventas normales; operatoria en la que sin lugar a dudas en la más indulgente de las hipótesis tiene una responsabilidad culposa el presidente y el Directorio del Banco Central, el ministro de Economía y en última instancia la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Así también debe conocerse quiénes fueron compradores legítimos y quienes sólo especularon tramposamente. Se debe analizar la responsabilidad o no que le pueda corresponder al mercado a través del cual se efectivizaban estas operaciones: el Rofex.

Todas las áreas de Gobierno, tanto nacional como provinciales y municipales, deben ser auditadas, ya que durante doce años fueron cotos exclusivos de quienes las tenían a su cargo y responsabilidad. Cuando se detecten fraudes, deben llevarse a la Justicia y hacerse públicos de forma clara, accesible y comprensible a todos los ciudadanos.

La corrupción, cuando llega a niveles como el que alcanzó en nuestro país, si bien es muy difícil y compleja de erradicar, juzgar y castigar, es una enfermedad que si no se la ataca con todos los medios e instrumentos que la Justicia tiene y dispone, es mortal.

Debemos evitar que un delito tape a otro. Por otra parte, es nuestro deber y compromiso como ciudadanos exigir que la Justicia con mayúscula se haga presente y actúe conforme a derecho con celeridad y rigor, como también debemos reaccionar y actuar ante jueces cuyos fallos son inadmisibles y vergonzantes, porque sólo de esta forma podremos preservar la dignidad como nación.