El domingo pasado una residente de la zona, Sofía Angles, fue baleada en su casa por un grupo de delincuentes. Como consecuencia de este siniestro, la mujer, que estaba embarazada, perdió a su bebé. La noticia, por su notable contenido emotivo, devolvió la atención mediática hacia Villa Lugano y las desgracias que forman parte de su realidad cotidiana.

Sofía Angles pertenece al Bloque Verde Alameda, la asamblea de Parque Avellaneda que hace algunas semanas denunció ante la Justicia a dos supuestos miembros de una banda de narcos que tiene poder dentro del barrio Papa Francisco. Esta banda, liderada por personas de nacionalidad paraguaya, disputa el control del territorio con otra, de nacionalidad boliviana. Según informó la prensa el mes pasado, la causa reúne ya cincuenta declaraciones testimoniales, una cantidad que da cuenta del grado de preocupación de los vecinos de la zona y su voluntad de acción para terminar con el reinado de los narcos en su barrio.

Episodios como éste ilustran lo que hace tiempo venimos diciendo con respecto al problema de las villas, que muchos quieren abordar con simplificaciones lamentables: o en la villa son todos buenos, como pretende La Cámpora con la demagogia de su proyecto de instalar el “Día de los Valores Villeros”, o en la villa son todos delincuentes como podemos escuchar de la boca de periodistas y políticos reaccionarios.

Lo que nosotros decimos de las villas es que son territorios sin Estado, sin ley, son lugares sin instituciones. Como si se tratara de pequeños países con su propia cultura y legalidad, dentro de nuestro país y a espaldas de nuestra cultura y nuestra legalidad.

La función primordial de las instituciones es establecer un marco de igualdad entre todos los habitantes de un territorio que compense las diferencias que existen entre cada individuo. Donde no hay instituciones para equiparar, manda el más fuerte. Los narcos son caciques en las villas: están organizados, tienen armamento y están financiados por agentes externos provenientes tanto de la política como del mundo empresarial.

Otros diagnósticos del problema, que omitan este factor, están destinados a recetar medidas inútiles. Hay que sacar a los narcos de las villas. Hay que hacer un trabajo de inteligencia que permita rastrear la estructura de estas organizaciones, desde sus primeros eslabones en las villas hasta los que las financian desde lejos. Hay que instalar en el territorio efectivos policiales especialmente entrenados para combatir a los grupos narcos, que sigan estrategias diseñadas según la especificidad de cada asentamiento.

Para urbanizar las villas primero hay que reconquistar esos territorios. Mal que les pese a las sensibilidades bien pensantes, la urbanización es primero un trabajo de conquista territorial y luego, sí, de integración social.

De eso se trata la Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa que venimos promulgando en los últimos meses y que gana cada vez más apoyo entre los vecinos de la Ciudad.

Donde no hay condiciones normales de vida se rompen los códigos de convivencia pacífica a los que aspira cualquier sociedad. En nuestro caso esas aspiraciones se han visto constantemente frustradas por la adicción de los gobiernos (tanto nacional como de la ciudad) a medidas de contención que deberían ser pasajeras pero que son dilatadas en el tiempo. Estoy hablando, por supuesto, de los subsidios, lo cual me lleva a la segunda razón por la cual es importante este proyecto de ley: es un camino para terminar con la cultura del subsidio. Frenando el subsidio a mansalva lograremos dos cosas importantes: en primer lugar una mejor administración de la economía pública y, en segundo lugar, revitalizar la cultura del trabajo que construyó a la clase media bonaerense.

Finalmente, la tercera razón de la importancia de este proyecto de ley radica en su condición de ser una iniciativa popular. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires contempla la posibilidad de que los ciudadanos (es decir, personas que no cumplen funciones legislativas) presenten proyectos de ley, siempre que estos reúnan una serie de requisitos. La Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires está encaminada a conseguir el último requisito faltante: 40 mil firmas que representan al 1,5% del padrón. Hemos estado juntando firmas en distintos puntos de la Ciudad. Pueden enterarse de la ubicación de nuestras mesas entrando a nuestro sitio oficial: www.politicasdepacificacion.org.

No obstante, quiero invitar a todo aquel que se sienta representado por nuestro proyecto de ley a colaborar con el Instituto de Políticas de Pacificación ayudándonos a conseguir más firmas. Estamos buscando voluntarios y creemos que, siendo esta una iniciativa popular, éstos deben ser ciudadanos comunes motivados por el deseo de mejorar nuestra querida Ciudad de Buenos Aires de cara al futuro.

Por eso, dejáme hablarte directamente: solamente en los casi cinco meses que van del año oíste hablar de numerosas ocupaciones de espacios públicos (en Parque Indoamericano, en Villa Lugano, en el Obelisco), de nuevos subsidios que empeoran la situación, de un clima de violencia social creciente con linchamientos a delincuentes y de discrepancias entre las voces oficiales sobre lo que está pasando. Vos sabés que esto no da para más. Así que te pido que por favor nos ayudes con lo que puedas, ya sea acercándote a nuestras mesas a firmar o juntando firmas en tu barrio, en tu lugar de trabajo, en donde puedas. El Instituto de Políticas de Pacificación aceptará la colaboración de todos los que crean que la Ciudad de Buenos Aires se merece una vida mejor, sin violencia, sin delincuentes, sin subsidios, sin villas, con barrios.

Para referentes de la política y legisladores de UNEN, el Partido Obrero, el MST y el Frente Para la Victoria, entre otros, el desalojo está mal y lo traban todo lo que pueden. No ofende a su mentalidad, al parecer, que las condiciones de vida que dejan aletargarse en esos territorios para todos los ocupantes, grandes y chicos por igual, sean calamitosas. Mucho menos los enerva que la ocupación sea ilegal y que tense la convivencia de toda la ciudadanía, desgaste a los vecinos y colabore con el clima de violencia creciente que se vive en Buenos Aires. O que la ocupación de espacios verdes represente una degradación de los espacios comunes. En el repertorio de sus máximas, “dar derechos” rankea alto, mientras que “hacer cumplir las leyes” o “terminar con las condiciones paupérrimas de vida” brillan por su ausencia.

Pero no es ése el punto al que quiero llegar. Cualquiera puede discrepar con mi visión al respecto. Supongamos que usted está en contra del desalojo. Está convencido, como estos dirigentes, de que los ocupantes deben poder permanecer allí. Muy bien, yo le pregunto, ¿está dispuesto usted a hacerse cargo de los daños directos y colaterales? Mucha gente discrepaba con nosotros cuando apoyamos la recuperación de fábricas durante la crisis de finales de los 90 y principios de los 2000. Recordarán que en esa época muchas fábricas fueron tomadas por la fuerza por sus trabajadores para evitar el cese de su actividad laboral. La historia demostró que esas recuperaciones fueron fundamentales para la reactivación económica que adoptó condiciones más formales con el gobierno de Néstor Kirchner algunos años más tarde. ¿Qué hicieron los trabajadores que tomaron las fábricas, los abogados, legisladores y otros dirigentes que apoyaron la causa? Asumieron el rol de depositarios judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que se hacían responsables ante la justicia de la conservación y buen mantenimiento de las fábricas, maquinaria y demás elementos que, claramente, no les pertenecían. Del mismo modo, los territorios ocupados en Villa Lugano no les pertenecen ni a los ocupantes ni a los dirigentes que defienden la ocupación. En ese caso, yo propongo, si tanto objetan el desalojo, si tan fundamental para los derechos de esta gente es sostener su presencia en ese cementerio de autos (dicho sea de paso, un lugar de pésimas condiciones de sanidad como para dejar que vivan las familias hoy allí asentadas) que se asuman como depositarios judiciales, que se hagan cargo de lo que están defendiendo.

Podemos discrepar, nadie tiene la verdad absoluta y es por eso que existe la política. Lo que no podemos es ser oportunistas y menos aún cuando los costos los paga otro. Entonces, a los que objetan el desalojo, los invito a responsabilizarse por la decisión que están tomando, una decisión que va a pesar en la convivencia de muchos vecinos.