Para no seguir “importunando” a los usuarios del transporte público, el Gobierno de la Ciudad decidió recuperar estos fondos aumentando el impuesto a las patentes de automóviles, de manera proporcional a la gama del auto, desde luego. Si bien es cierto que pagarían más los que más tienen, la medida no deja de ser injusta en tanto que impone aún más dificultades a los conductores, que ya de por sí deben vérselas con los exorbitantes precios de la nafta y estacionamiento, producto de la inflación.

Algún paladín de la gestión de Mauricio Macri podría recordarnos la necesidad de la Ciudad de prescindir de automóviles, idea coherente con toda su política tendiente a desalentar su uso. Las bicisendas y los puestos de alquiler de bicicletas en las plazas son un emblema de esa política que tiene enormes potenciales ecológicos pero que no se ajusta del todo a las necesidades prácticas de los trabajadores porteños.

Mal que le pese al gobierno, los automóviles son fundamentales para muchas personas que, de no poder recurrir a ellos, tendrían que optar por el servicio de transporte público, el cual no goza tampoco de muchas comodidades. Tanto colectivos como subterráneos y trenes viajan todos los días saturados de pasajeros, lo cual no sólo es molesto para los usuarios sino que es altamente inseguro. Los riesgos exceden la eventualidad de un accidente: con la proximidad del verano y el crecimiento del calor, no es exagerado decir que el hacinamiento con el que se viaja promete un cuadro bastante insalubre para los pasajeros.

Como muchos de los “inconvenientes” que aquejan a la Ciudad, éste es otro problema que descansa en la incapacidad de los gobiernos nacional, de la ciudad y provincial de trabajar en conjunto. Los problemas de transporte del centro urbano más importante del país, que recibe a diario afluentes de trabajadores de distintas partes del Área Metropolitana Bonaerense no pueden relegarse exclusivamente a la órbita local.

Aún así, la respuesta del PRO carece de inventiva y se aferra a uno de sus más tempranos caballitos de batalla: aumentar los impuestos. En este caso, la decisión entraña el lamentable preconcepto de que el que tiene un auto es una especie de acaudalado, millonario, o vaya uno a saber qué.

El aumento del 50% a las patentes le va a pesar mucho a personas que, lejos de ser millonarios, son laburantes como cualquier vecino al que el Gobierno de la Ciudad dice representar.

Escribo esta columna a algunas horas de la reunión de la Comisión de Juicio Político. El kirchnerismo ya adelantó que votará en contra y se preocupó por congregar a los diputados más duros para convalidar su posición. Algunos son de La Cámpora, que ingresó a la “política grande” como promesa de renovación.

Que quede claro: la necesidad de modernizar muchos paradigmas históricos de la política no tiene signo partidario. Se puede percibir tanto con La Cámpora como con el PRO y algunas otras expresiones partidarias. La coyuntura pide no sólo gente joven sino mentalidades jóvenes, es decir, ideas que se correspondan con el mundo que vivimos hoy, donde la información circula libremente.

¿Dónde quedó la promesa renovadora de La Cámpora? Algún viento partidario se la llevó hace tiempo. Bastó que empezaran a ocupar cargos para mostrar que se puede ser joven y tener una forma de hacer política prehistórica. Con ideas que se inventaron hace por lo menos cuatro décadas para un país que atravesaba otras problemáticas, legislan a favor de las falacias que el Gobierno necesita para postergar su más que evidente derrumbe. La de los valores villeros es una de ellas. Esta semana el coro de diputados del FPV canta otra canción, la del vicepresidente intocable. La del funcionario que no debe explicaciones. Con esos argumentos, el kirchnerismo va a rechazar las exigencias de la oposición.

Parte fundamental de esta estrategia es la de responsabilizar a los medios. Así lo expresó la diputada oficialista Adela Segarra, que preside la Comisión de Juicio Político, en el programa de Marcelo Longobardi. Para ella, el juicio político sería darle tratamiento parlamentario a un “hecho mediático”.

Segarra minimiza la gravedad del asunto jugando la gastadísima carta de los medios hegemónicos que construyen una supuesta realidad virtual, hecha de falsedades malintencionadas. Lo cierto es que el Vicepresidente está siendo procesado y que las pericias, conforme avanzan, lo comprometen cada vez más.

La imagen de Boudou ya está deteriorada. Lo mejor que puede hacer el oficialismo es facilitar el juicio político, que en caso de resultar favorable al vicepresidente daría pruebas contundentes de la transparencia que proclaman.

Sin embargo, tal cosa no ocurre. Por el contrario, a los diputados oficialistas se les traba la lengua a la hora de hablar de las cosas más sencillas, como le pasó a Segarra al hablar de la expropiación de Ciccone.

Pero algunas cosas están cambiando. Podrá no haber juicio político, pero se está terminando la creencia en figuras sagradas. Asoma en su lugar una política de gestión, con funcionarios bajo el escrutinio constante de la sociedad. Todo salta con más facilidad a la vista, nadie puede controlar todos los canales de información. Y cada vez son más los dirigentes que por voluntad propia (un signo de inteligencia y habilidad, sin duda) disponen públicamente la información de sus movimientos. La transparencia es algo que el dirigente debe ofrecer y no que la sociedad, la justicia, los medios o quien sea deba solicitarle. El vínculo de representación empieza por ahí.

Veníamos hablando del conflicto en el Parque Indoamericano, de las villas, de los asentamientos, de las condiciones precarias de vida en la que siguen estando año a año miles de ciudadanos. También del mal hábito de subsidiar y de la relación simbiótica que se ha gestado entre los gobiernos y parte de la ciudadanía a la que tristemente la han habituado a vivir de dádivas estatales. De todo eso hablamos en las ediciones previas de esta columna.

Nos referimos además a la cultura de nuestros abuelos inmigrantes y del esfuerzo con el que construyeron sus vidas, la de sus hijos y sus nietos (o sea, la gran mayoría de nosotros). Parece un tema totalmente distinto, pero en la Argentina todo está conectado.

Cerca de Parque Indoamericano hubo otras ocupaciones. Más precisamente en el Barrio Pirelli, donde existe un complejo de viviendas que fueron asignadas a sus actuales habitantes durante el 2009. Son principalmente los hijos de estas familias quienes ocuparon el predio destinado a las 40 viviendas que aún no se han terminado de construir y que reclaman su “derecho” a ser beneficiarios de estos nuevos departamentos.

Días atrás, representantes de estos ocupantes visitaron el programa de TN “Palabras +, Palabras -” que conducen Ernesto Tenembaum y Marcelo Zlotogwiazda. Chicas que promediaban los 18 años hablaban de su derecho a tener una vivienda, motivo de la ocupación.

Por otra parte, en una entrevista de Luis Majul a Marina Klemensiewicz, Secretaria de Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad, la funcionaria advirtió que no se pueden regalar viviendas como si se tratara de caramelos. Si bien me he expresado varias veces en disonancia con las políticas del PRO (tan mal acostumbrado al subsidio como el propio Gobierno Nacional), hay que reconocer la veracidad de las palabras de Klemensiewicz. Tiene toda la razón.

Cuando escuchaba a las entrevistadas en TN no podía dejar de hacerme esta pregunta: ¿derecho a qué? Hoy por hoy, en Buenos Aires casi no existen personas menores de 30 años que estén en condiciones de ser propietarias. Porque sus sueldos no les dan tranquilidad a los bancos y los bancos no dan préstamos, porque los inmuebles son carísimos, porque la economía es impredecible, etcétera. Es prácticamente imposible que una persona de entre 20 y 30 años tenga una vivienda propia o esté tramitando su obtención.

La edad de emancipación se ha corrido mucho en los últimos años. De esto han hablado bastante los sociólogos. Los jóvenes de clase media, normalmente, tienden a irse de la casa de sus padres (alquilando, desde ya) alrededor de los 25 años. Hoy, alquilar un departamento de dos ambientes ronda los 2.500 pesos. A eso hay que sumarle expensas (cada vez más caras en edificios nuevos) y demás gastos.

Por eso me pregunto, nuevamente: ¿derecho a qué? ¿A que el Estado les de una casa sólo porque ya no quieren vivir en el mismo techo que sus padres? Algunos dirán, y es cierto, que estas jóvenes ya son madres, mientras que las personas de clase media suelen convertirse en padres unos años más tarde y que por lo tanto su necesidad habitacional es más urgente. Ahora, ¿y con eso qué? ¿Por qué eso les da un “derecho” a ser propietarios de una vivienda otorgada por el Estado?

Acceder a una vivienda digna no significa ser propietario. Y mucho menos que sea el Estado el que las otorgue a título gratuito.

Es hora de plantearse de qué hablamos cuando usamos la palabra “derecho”. El derecho a una vivienda digna lo tenemos todos. Las obligaciones contractuales y los requerimientos económicos para ello no debería esconderse debajo de la alfombra. ¿Pueden tener una vivienda estos jóvenes? ¿Por qué estos sí y los otros no?

A nadie se le ocurriría la posibilidad de que los jóvenes de clase media ocupen el Jardín Botánico para pedirle departamentos al Estado. Es un disparate, desde luego, pero que el disparate sirva para pensar.

Por favor, ahorrémonos los lugares comunes bienpesantes (“fachos, les quieren negar derecho de vivienda a los pobres”), porque acá se está hablando del aletargamiento de un facilismo de nuestra política que le está haciendo muy mal a la ciudad y al país.

Estamos hablando de un empobrecimiento ideológico: la convicción de que el Estado debe dar a los que no tienen nada lo que casi nadie (ni clase media, ni clase baja) está logrando conseguir por las vías del esfuerzo. Estoy hablando de nivelar para arriba. De que hasta el más pobre pueda pagarse una casa, pero que se la pague con el fruto de su trabajo.

Los que quieran seguir nivelando para abajo pueden repetir cuanto quieran como un mantra: “Es mi derecho”. Así pierden sentido las ideas.