En diciembre de 2006 se sancionó la ley 2257 de Transferencia de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que trasladaba  la capacidad de reprender ciertos delitos a la órbita de la Ciudad. Esto, que fue ciertamente un gran avance en la autonomía de la Capital, lamentablemente hoy día tiene algunas repercusiones negativas que es necesario resolver con suma urgencia.

Hace meses que venimos hablando sobre cómo los conflictos de Buenos Aires vinculados a la violencia, el delito y las ocupaciones ilegales son de competencia compartida entre la Nación y la Ciudad. En ese juego de mutuas responsabilidades ambos gobiernos se señalan el uno al otro como chivos expiatorios y, paradójicamente, justifican su irresponsabilidad. No es ninguna novedad que el kirchnerismo y el macrismo, encarnados enemigos para la prensa, sepan capitalizar su contienda ideológica para minimizar costos políticos de su inacción en materia de seguridad.

El proyecto que presentamos provee un marco regulatorio para la acción contra el delito que impida a los gobiernos tomarse estas desafortunadas “licencias”.

Para explicarlo brevemente: 1) Establece la conformación de un Comité de Crisis de Seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires a conformarse por el ministro de Seguridad de la Ciudad, el jefe de la Policía Metropolitana, el vicepresidente primero de la Legislatura, el Fiscal General de la Ciudad, el ministro de Seguridad nacional y la Procuradora General de la Nación. Esto formalizará las vías de comunicación y el trabajo en conjunto de las autoridades de ambas jurisdicciones que actualmente parecen comunicarse sólo a través de declaraciones en diarios y programas de radio. 2) Estipula el traslado de efectivos de la policía metropolitana a las comunas 7 (Flores y Parque Chacabuco), 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) y 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda), que conforman las zonas más jaqueadas por el delito organizado, actualmente desprovistas de presencia de las fuerzas de seguridad locales. 3) Fija un plazo de 30 días para la elaboración de un plan de seguridad integral para la Ciudad, cosa que no existe aún y es cada vez más necesaria.

La superposición de responsabilidades entre ambas autoridades ha puesto a la ciudadanía porteña en un callejón sin salida. Para no desperdiciar el logro de la ley impulsada en 2006, hay que avanzar en formalizar los procedimientos conjuntos de ambos gobiernos para que sus faltas no queden justificadas por las del otro.

La necesidad de orden, que se hace visible a lo largo y ancho del país, no es sólo de la sociedad sino también de los organismos del Estado y de las autoridades. Es este desorden normativo el que permite que el delito avance y se instale en nuestros territorios deteriorando la vida de los ciudadanos.

Las dimensiones del conflicto han ido mutando de manera poco clara. Primero se instaló una gran carpa que sigue allí hasta el día de hoy. Como al parecer eso no fue suficiente para llamar la atención de las autoridades se fueron instalando carpas chicas que llegaron a ser casi veinte. El Gobierno de la Ciudad, que no quería pagar el costo de desalojar a los ocupantes, cometió el error de creer que no habría costos en permitir que la ocupación siguiera. Es cierto que los porteños tienen una capacidad notable para acostumbrarse al deterioro, pero todo tiene su límite. Para la ciudadanía, la precarización de un punto neurálgico de la ciudad como la intersección de Corrientes y 9 de Julio es algo difícil de ignorar.

Al día de hoy las carpas chicas se fueron y sólo quedó la grande. ¿Qué es lo que negoció el Gobierno de la Ciudad con los manifestantes? No lo sabemos. Las negociaciones se vienen desarrollando a puertas cerradas, lo cual alentará las suspicacias de quienes creemos que tanto este gobierno como el Nacional enfrían los conflictos momentáneamente usando fondos públicos. Las decisiones que se están tomando a espaldas de la sociedad (es decir, de los contribuyentes) tendrán repercusiones para todos en dos sentidos: primeramente porque se utilizará dinero del Estado que no se implementará para otras cosas y en segundo lugar porque seguirá sin resolverse el problema de fondo por el cual se han vuelto cada vez más recurrentes las ocupaciones.

La solución a ese problema de fondo es la que propone nuestra Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires: sacar a los delincuentes de las villas y empezar la urbanización en un marco de absoluta legalidad. Es importante que el Gobierno aclare cómo es que persuade a los manifestantes para que se retiren del Obelisco. Si es con la implementación de una política habitacional seria, como la que nosotros proponemos (lo cual no ocurrirá de un día para el otro) o si es simplemente por la asignación de dádivas que financiamos todos.

El problema de las ocupaciones es recurrente porque nadie quiere hacerse cargo. Es mugre que los gobiernos prefieren esconder bajo la alfombra. La opción responsable es la de empezar a consensuar cuál es el equilibrio que queremos entre la legitimidad de ciertos reclamos y los castigos que se deben imponer por quebrar la ley, así como también definir cuánto de lo que ocurre es responsabilidad de los gobiernos, ya sea por acción u omisión.

Vivimos en una ciudad sin política habitacional, donde los que reclaman por la existencia de dicha política lo hacen quebrantando la ley y, para colmo, en vez de ser castigados son premiados por su transgresión. Esto es, como lo dije en otro momento, el reino del absurdo.

Claramente ni el gobierno de la Ciudad ni el gobierno de la Nación tienen estas cuestiones en mente. Desde esta columna espero poder compartirlas con ustedes para que las tengamos presentes a la hora de tomar las decisiones que se avecinan.