Afortunadamente, tanto en Lanús como en municipios vecinos, y esto da gusto señalarlo, los secretarios de Seguridad, todos provenientes de distintos espacios y con nuestras comprensibles diferencias, estamos empezando un diálogo que puede ser muy beneficioso para los vecinos del sur de Gran Buenos Aires.

Esta semana mantuvimos una reunión en el Club Lanús distintos responsables municipales de la Seguridad: Gonzalo Calvos de Almirante Brown, Mónica Ghirelli de Avellaneda, Raúl Torres de Berazategui, Susana González de Ensenada, Carlos Salerno de Esteban Echeverría, Fernando Jantus de Ezeiza, Héctor Corrado de Lomas de Zamora, Adolfo Mohamed de Presidente Perón, Analía Pauluzzi de Quilmes y Mauricio Gómez de San Vicente.

Algunos son del Frente para la Victoria  y otros del PRO. Creo que no es necesario decir que en el contexto político actual, el solo gesto de sentarnos todos a buscar soluciones en conjunto es un avance enorme en gestión, participación y democracia.

En la reunión abordamos diversos temas: repasamos los conflictos y las necesidades de cada partido, comparamos situaciones e hicimos evaluaciones del funcionamiento de las policías locales, una de las más recientes iniciativas en el control territorial del delito. Además, se debatió sobre el destino que dará cada municipio al Fondo Municipal de Fortalecimiento en Seguridad, iniciativa reciente de la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad Cristian Ritondo. Esto se traduce en cantidad de efectivos y móviles policiales en el territorio, así como en cámaras de vigilancia, implementaciones de las cuales he hablado ya en otras columnas, específicamente en Lanús, pero que tienen cobertura en todo Gran Buenos Aires.

Fue una jornada muy positiva, en términos generales y sienta un punto de partida para la acción en conjunto. Entre todas las iniciativas que evaluamos en la reunión creo que es destacable el armado de una red de centros de monitoreo que permitirá la visualización en espejo entre municipios vecinos, así como la implementación de un sistema de cámaras cerrojo que haga circular información entre los municipios para evitar rutas de escape a los delincuentes y armar operativos en conjunto.

Coordinando el esfuerzo de todos los municipios vamos a devolverle al sur y a sus vecinos la tranquilidad y, de paso, a mejorar nuestra calidad democrática, al aprender de nuestras diferencias y fortalecer nuestras preocupaciones comunes, que son las preocupaciones de todos.

La gente expresa tres demandas en materia de seguridad: presencia policial, policías bien formados y más y mejores recursos tecnológicos. También hay una demanda hacia la Justicia para que agilice sus procesos y mejore su rendimiento.

La presencia policial ha sido un tema del que se ha hablado mucho en los últimos años y hoy viene a ser la punta del iceberg de la lucha contra el delito. Al tanto de esta demanda es que el último Gobierno provincial implementó —de manera apresurada y con fines electoralistas que, afortunadamente, no engañaron a nadie— las policías locales, cuerpos de la Policía Bonaerense que están bajo la jurisdicción de las distintas intendencias de la provincia. El actual Gobierno de María Eugenia Vidal, trabajando en conjunto con los municipios, está dando un nuevo alcance a esta fuerza, para que deje de ser un parche y se convierta en una verdadera solución.

El nuevo enfoque se acerca al concepto de policía de cercanía o policía de proximidad, que está llegando a la Argentina un poco tarde y que se implementa desde hace unos años en ciudades de Brasil y Colombia, para mencionar algunos referentes regionales, y también en Barcelona. La policía de cercanía se dedica a la pacificación, es decir, a reducir los riesgos en zonas que son foco de delito y a devolver la presencia del Estado. Ese es el primer eje del plan de seguridad que estamos implementando en Lanús. Pero aumentar la cantidad, por sí solo, no basta. Hay que mejorar la formación. Eso me lleva al segundo eje.

Una queja recurrente de los vecinos sobre la policía local es la corta duración de su formación. En Lanús estamos aumentando esa formación de cuatro a nueve meses y sumando distintos cursos, seminarios y capacitaciones tanto para los nuevos efectivos como para los que ya están en funciones. El desafío de la formación de calidad tiende a chocar con el desafío de la urgencia de los vecinos. La idea es lograr formaciones cada vez más completas y adecuadas, en tiempos coherentes con la inminencia de los problemas.

El tercer eje consiste en el equipamiento tecnológico. En Lanús sumamos alrededor de doscientas cámaras nuevas a las que ya existen y estamos encaminados a instalar dos centros nuevos de monitoreo. De este modo, no sólo supervisamos las calles y el comportamiento delictivo, sino que tenemos un registro del propio accionar policial. La idea es tener, como a mí me gusta llamarlo, un Estado omnisciente del delito.

En ese plan es que también estamos en proceso de lanzar una aplicación de botón antipánico para teléfonos móviles, que permitirá agilizar las denuncias y la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Finalmente puede pensarse la existencia de un cuarto eje que tiene que ver con la autonomía judicial. Desde 2012 Lanús tendría que ser un departamento judicial escindido del departamento de Lomas de Zamora, con lo cual los procesos judiciales de su territorio tendrían autoridades e instancias de tratamiento específicas. En materia penal esto aún no ha sucedido, por lo que estamos pidiendo la descentralización por convenio hasta tanto esto se haga realidad. El terreno judicial es un área fundamental donde se lleva a cabo la lucha contra el delito, especialmente contra el crimen organizado. Sectorizar el tratamiento legal de esa lucha es hacer zoom en territorios cada vez más puntuales, y por ende es mejorar en la tarea fina de luchar contra el delito.

Son estos los ejes del Plan de Seguridad de Lanús, las grandes demandas de los ciudadanos tal y como las conocemos en nuestro diálogo constante con los vecinos. Con dedicación y trabajo constante en estas áreas: más policías, mejor formados, más tecnología y mayor autonomía judicial. Siguiendo ese esquema es que vamos a salir de una vez por todas de la política de los parches a la política de las soluciones.

Mejorar la seguridad en la provincia de Buenos Aires ha sido uno de los compromisos que asumió la gobernadora María Eugenia Vidal. Con ese objetivo es que impulsó recientemente, junto con el ministro de seguridad Cristian Ritondo, importantes cambios en la Policía Bonaerense.

Esos cambios tienen tres grandes ejes: el primero consiste en unificar bajo la misma órbita a las unidades de patrullaje y las comisarías; el segundo, ordenar lo que dentro de la fuerza se llama “carpetas médicas”; y el tercero, implementar delegaciones departamentales de investigación judicial.

Patrullas y comisarías

Para el vecino que no esté muy informado sobre el funcionamiento de la Policía Bonaerense (desinformación que es comprensible, ya que ningún gobierno hasta ahora se dedicó a explicar cómo operan sus fuerzas de seguridad) vale la explicación: las unidades de patrulla, hasta ahora, no dependían de las comisarías ni tenían relación directa con ellas. ¿Suena absurdo? Lo es. Y sin embargo así “funcionaba” la Policía Bonaerense. No hace falta decir que esto limitaba considerablemente la capacidad de reacción y el dinamismo que se espera de nuestras fuerzas de seguridad.

Las modificaciones impulsadas por el Gobierno provincial implican que tanto las patrullas como las comisarías pasen a la misma órbita de la Coordinación Operativa en Seguridad, lo que permitirá el trabajo transversal y cooperativo entre ambas.

Carpetas médicas

Se ordenó la revisión de los casos que están con carpeta médica hace mucho tiempo y cuando esta no esté justificada, el agente será dado de baja.

Hay, por supuesto, muchos casos reales de problemas médicos o psiquiátricos. Pero también hay carpetas que permiten cobrar el sueldo de policía y tener otro trabajo, lo que ha desviado la conducta en muchos casos.

Delegaciones de investigación

La tercera modificación afecta a la acción judicial que sigue a la captura de los delincuentes. La provincia de Buenos Aires está dividida en departamentos judiciales. Por ejemplo, Lanús comparte con Avellaneda un mismo departamento desde 2012, cuando se escindió del departamento de Lomas de Zamora. Esto implica que los procesos relativos a los partidos de Lanús y Avellaneda competen a las mismas autoridades.

La modificación que realizó el Gobierno consiste en impulsar delegaciones departamentales que se dediquen exclusivamente a su departamento. Se trata de brigadas de investigación que, al poder concentrar sus esfuerzos y sus recursos a un único departamento, garantizarán la prosecución y la resolución de las causas, para que los esfuerzos de la policía no queden, como muchas veces lamentablemente ocurre, en la nada misma.

Esta última medida representa mejores condiciones para combatir al crimen organizado, especialmente al narcotráfico, ya que implica una lucha que se debe librar fuertemente en el ámbito judicial.

La situación de seguridad de la provincia de Buenos Aires es una de las más alarmantes del país y carga con una pesada herencia. Iniciativas como esta ayudarán a dar más coherencia y coordinación a nuestros mecanismos de control y erradicación del delito. Los cambios se harán notar muy pronto.