El domingo pasado una residente de la zona, Sofía Angles, fue baleada en su casa por un grupo de delincuentes. Como consecuencia de este siniestro, la mujer, que estaba embarazada, perdió a su bebé. La noticia, por su notable contenido emotivo, devolvió la atención mediática hacia Villa Lugano y las desgracias que forman parte de su realidad cotidiana.

Sofía Angles pertenece al Bloque Verde Alameda, la asamblea de Parque Avellaneda que hace algunas semanas denunció ante la Justicia a dos supuestos miembros de una banda de narcos que tiene poder dentro del barrio Papa Francisco. Esta banda, liderada por personas de nacionalidad paraguaya, disputa el control del territorio con otra, de nacionalidad boliviana. Según informó la prensa el mes pasado, la causa reúne ya cincuenta declaraciones testimoniales, una cantidad que da cuenta del grado de preocupación de los vecinos de la zona y su voluntad de acción para terminar con el reinado de los narcos en su barrio.

Episodios como éste ilustran lo que hace tiempo venimos diciendo con respecto al problema de las villas, que muchos quieren abordar con simplificaciones lamentables: o en la villa son todos buenos, como pretende La Cámpora con la demagogia de su proyecto de instalar el “Día de los Valores Villeros”, o en la villa son todos delincuentes como podemos escuchar de la boca de periodistas y políticos reaccionarios.

Lo que nosotros decimos de las villas es que son territorios sin Estado, sin ley, son lugares sin instituciones. Como si se tratara de pequeños países con su propia cultura y legalidad, dentro de nuestro país y a espaldas de nuestra cultura y nuestra legalidad.

La función primordial de las instituciones es establecer un marco de igualdad entre todos los habitantes de un territorio que compense las diferencias que existen entre cada individuo. Donde no hay instituciones para equiparar, manda el más fuerte. Los narcos son caciques en las villas: están organizados, tienen armamento y están financiados por agentes externos provenientes tanto de la política como del mundo empresarial.

Otros diagnósticos del problema, que omitan este factor, están destinados a recetar medidas inútiles. Hay que sacar a los narcos de las villas. Hay que hacer un trabajo de inteligencia que permita rastrear la estructura de estas organizaciones, desde sus primeros eslabones en las villas hasta los que las financian desde lejos. Hay que instalar en el territorio efectivos policiales especialmente entrenados para combatir a los grupos narcos, que sigan estrategias diseñadas según la especificidad de cada asentamiento.

Para urbanizar las villas primero hay que reconquistar esos territorios. Mal que les pese a las sensibilidades bien pensantes, la urbanización es primero un trabajo de conquista territorial y luego, sí, de integración social.

De eso se trata la Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa que venimos promulgando en los últimos meses y que gana cada vez más apoyo entre los vecinos de la Ciudad.

Las dimensiones del conflicto han ido mutando de manera poco clara. Primero se instaló una gran carpa que sigue allí hasta el día de hoy. Como al parecer eso no fue suficiente para llamar la atención de las autoridades se fueron instalando carpas chicas que llegaron a ser casi veinte. El Gobierno de la Ciudad, que no quería pagar el costo de desalojar a los ocupantes, cometió el error de creer que no habría costos en permitir que la ocupación siguiera. Es cierto que los porteños tienen una capacidad notable para acostumbrarse al deterioro, pero todo tiene su límite. Para la ciudadanía, la precarización de un punto neurálgico de la ciudad como la intersección de Corrientes y 9 de Julio es algo difícil de ignorar.

Al día de hoy las carpas chicas se fueron y sólo quedó la grande. ¿Qué es lo que negoció el Gobierno de la Ciudad con los manifestantes? No lo sabemos. Las negociaciones se vienen desarrollando a puertas cerradas, lo cual alentará las suspicacias de quienes creemos que tanto este gobierno como el Nacional enfrían los conflictos momentáneamente usando fondos públicos. Las decisiones que se están tomando a espaldas de la sociedad (es decir, de los contribuyentes) tendrán repercusiones para todos en dos sentidos: primeramente porque se utilizará dinero del Estado que no se implementará para otras cosas y en segundo lugar porque seguirá sin resolverse el problema de fondo por el cual se han vuelto cada vez más recurrentes las ocupaciones.

La solución a ese problema de fondo es la que propone nuestra Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires: sacar a los delincuentes de las villas y empezar la urbanización en un marco de absoluta legalidad. Es importante que el Gobierno aclare cómo es que persuade a los manifestantes para que se retiren del Obelisco. Si es con la implementación de una política habitacional seria, como la que nosotros proponemos (lo cual no ocurrirá de un día para el otro) o si es simplemente por la asignación de dádivas que financiamos todos.

El problema de las ocupaciones es recurrente porque nadie quiere hacerse cargo. Es mugre que los gobiernos prefieren esconder bajo la alfombra. La opción responsable es la de empezar a consensuar cuál es el equilibrio que queremos entre la legitimidad de ciertos reclamos y los castigos que se deben imponer por quebrar la ley, así como también definir cuánto de lo que ocurre es responsabilidad de los gobiernos, ya sea por acción u omisión.

Vivimos en una ciudad sin política habitacional, donde los que reclaman por la existencia de dicha política lo hacen quebrantando la ley y, para colmo, en vez de ser castigados son premiados por su transgresión. Esto es, como lo dije en otro momento, el reino del absurdo.

Claramente ni el gobierno de la Ciudad ni el gobierno de la Nación tienen estas cuestiones en mente. Desde esta columna espero poder compartirlas con ustedes para que las tengamos presentes a la hora de tomar las decisiones que se avecinan.