Afortunadamente, tanto en Lanús como en municipios vecinos, y esto da gusto señalarlo, los secretarios de Seguridad, todos provenientes de distintos espacios y con nuestras comprensibles diferencias, estamos empezando un diálogo que puede ser muy beneficioso para los vecinos del sur de Gran Buenos Aires.

Esta semana mantuvimos una reunión en el Club Lanús distintos responsables municipales de la Seguridad: Gonzalo Calvos de Almirante Brown, Mónica Ghirelli de Avellaneda, Raúl Torres de Berazategui, Susana González de Ensenada, Carlos Salerno de Esteban Echeverría, Fernando Jantus de Ezeiza, Héctor Corrado de Lomas de Zamora, Adolfo Mohamed de Presidente Perón, Analía Pauluzzi de Quilmes y Mauricio Gómez de San Vicente.

Algunos son del Frente para la Victoria  y otros del PRO. Creo que no es necesario decir que en el contexto político actual, el solo gesto de sentarnos todos a buscar soluciones en conjunto es un avance enorme en gestión, participación y democracia.

En la reunión abordamos diversos temas: repasamos los conflictos y las necesidades de cada partido, comparamos situaciones e hicimos evaluaciones del funcionamiento de las policías locales, una de las más recientes iniciativas en el control territorial del delito. Además, se debatió sobre el destino que dará cada municipio al Fondo Municipal de Fortalecimiento en Seguridad, iniciativa reciente de la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad Cristian Ritondo. Esto se traduce en cantidad de efectivos y móviles policiales en el territorio, así como en cámaras de vigilancia, implementaciones de las cuales he hablado ya en otras columnas, específicamente en Lanús, pero que tienen cobertura en todo Gran Buenos Aires.

Fue una jornada muy positiva, en términos generales y sienta un punto de partida para la acción en conjunto. Entre todas las iniciativas que evaluamos en la reunión creo que es destacable el armado de una red de centros de monitoreo que permitirá la visualización en espejo entre municipios vecinos, así como la implementación de un sistema de cámaras cerrojo que haga circular información entre los municipios para evitar rutas de escape a los delincuentes y armar operativos en conjunto.

Coordinando el esfuerzo de todos los municipios vamos a devolverle al sur y a sus vecinos la tranquilidad y, de paso, a mejorar nuestra calidad democrática, al aprender de nuestras diferencias y fortalecer nuestras preocupaciones comunes, que son las preocupaciones de todos.

El problema de la inseguridad y la Justicia en el Municipio de Lanús es consecuencia directa de la falta de modernización, que fue postergada por las gestiones anteriores. Hasta que no se aplique la norma que dispone la creación del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, con sus correspondientes Unidades Funcionales de Investigación, la capacidad del Estado para luchar contra el delito y hacer cumplir la ley en beneficio de todos los vecinos se encuentra muy limitada.

Por eso es que insistimos en la necesidad de esta descentralización, así como de la puesta en marcha de un polo judicial. Esto tendrá consecuencias muy positivas para el municipio:

1. Facilitará el acceso de los vecinos a la Justicia penal. El vecino ya no deberá desplazarse veinte cuadras o más para acceder a la Fiscalía, el Juzgado o la Defensoría, sino que podrá hacerlo directamente con los funcionarios judiciales y el Ministerio Público Fiscal.

2. La Justicia tendrá conocimiento directo de la problemática local y podrá focalizar su atención en ámbitos más reducidos, por lo que se dispersarán menos sus recursos y su tiempo. Si pensamos en que hoy las mismas autoridades se encargan de las problemáticas (por cierto, totalmente disímiles) de lugares como Esteban Echeverría, Almirante Brown o Lomas de Zamora, no es difícil imaginar las ventajas de ceñirse a territorios más concentrados, con problemáticas similares, como son Lanús y Avellaneda.

3. Mejorarán las posibilidades de una colaboración municipal para el funcionamiento correcto de los distintos órganos judiciales. Esto favorece también al Estado, especialmente al Poder Ejecutivo, que puede prever el buen funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.

4. Dará mayor relevancia a las fuerzas locales y, por ende, aliviará la carga que pesa actualmente sobre la Policía Provincial, con lo que mejorarían sus funciones por fuera de las comisarías y los estrados judiciales y optimizarían sus recursos humanos.

5. Lógicamente, esto evitaría el amontonamiento de causas judiciales que se da actualmente y por el cual muchas quedan sin recibir tratamiento, especialmente la de delitos menores, que son los que más sufren los vecinos a diario.

Estas son sólo algunas razones por las cuales se vuelve absolutamente necesario avanzar hacia un Estado moderno, con descentralización de la Justicia. Por eso es que insistimos en que debe ponerse en marcha cuanto antes el Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. Cada día que lo postergamos les estamos regalando a los delincuentes nuestra tranquilidad y nuestras calles.

La gente expresa tres demandas en materia de seguridad: presencia policial, policías bien formados y más y mejores recursos tecnológicos. También hay una demanda hacia la Justicia para que agilice sus procesos y mejore su rendimiento.

La presencia policial ha sido un tema del que se ha hablado mucho en los últimos años y hoy viene a ser la punta del iceberg de la lucha contra el delito. Al tanto de esta demanda es que el último Gobierno provincial implementó —de manera apresurada y con fines electoralistas que, afortunadamente, no engañaron a nadie— las policías locales, cuerpos de la Policía Bonaerense que están bajo la jurisdicción de las distintas intendencias de la provincia. El actual Gobierno de María Eugenia Vidal, trabajando en conjunto con los municipios, está dando un nuevo alcance a esta fuerza, para que deje de ser un parche y se convierta en una verdadera solución.

El nuevo enfoque se acerca al concepto de policía de cercanía o policía de proximidad, que está llegando a la Argentina un poco tarde y que se implementa desde hace unos años en ciudades de Brasil y Colombia, para mencionar algunos referentes regionales, y también en Barcelona. La policía de cercanía se dedica a la pacificación, es decir, a reducir los riesgos en zonas que son foco de delito y a devolver la presencia del Estado. Ese es el primer eje del plan de seguridad que estamos implementando en Lanús. Pero aumentar la cantidad, por sí solo, no basta. Hay que mejorar la formación. Eso me lleva al segundo eje.

Una queja recurrente de los vecinos sobre la policía local es la corta duración de su formación. En Lanús estamos aumentando esa formación de cuatro a nueve meses y sumando distintos cursos, seminarios y capacitaciones tanto para los nuevos efectivos como para los que ya están en funciones. El desafío de la formación de calidad tiende a chocar con el desafío de la urgencia de los vecinos. La idea es lograr formaciones cada vez más completas y adecuadas, en tiempos coherentes con la inminencia de los problemas.

El tercer eje consiste en el equipamiento tecnológico. En Lanús sumamos alrededor de doscientas cámaras nuevas a las que ya existen y estamos encaminados a instalar dos centros nuevos de monitoreo. De este modo, no sólo supervisamos las calles y el comportamiento delictivo, sino que tenemos un registro del propio accionar policial. La idea es tener, como a mí me gusta llamarlo, un Estado omnisciente del delito.

En ese plan es que también estamos en proceso de lanzar una aplicación de botón antipánico para teléfonos móviles, que permitirá agilizar las denuncias y la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Finalmente puede pensarse la existencia de un cuarto eje que tiene que ver con la autonomía judicial. Desde 2012 Lanús tendría que ser un departamento judicial escindido del departamento de Lomas de Zamora, con lo cual los procesos judiciales de su territorio tendrían autoridades e instancias de tratamiento específicas. En materia penal esto aún no ha sucedido, por lo que estamos pidiendo la descentralización por convenio hasta tanto esto se haga realidad. El terreno judicial es un área fundamental donde se lleva a cabo la lucha contra el delito, especialmente contra el crimen organizado. Sectorizar el tratamiento legal de esa lucha es hacer zoom en territorios cada vez más puntuales, y por ende es mejorar en la tarea fina de luchar contra el delito.

Son estos los ejes del Plan de Seguridad de Lanús, las grandes demandas de los ciudadanos tal y como las conocemos en nuestro diálogo constante con los vecinos. Con dedicación y trabajo constante en estas áreas: más policías, mejor formados, más tecnología y mayor autonomía judicial. Siguiendo ese esquema es que vamos a salir de una vez por todas de la política de los parches a la política de las soluciones.

¿Con qué fantaseamos los porteños cuando pensamos en el delito y la inseguridad? ¿Cómo nos relacionamos con los canales formales de la justicia?

Ciertamente hay un gran sentimiento de vacío respecto a la seguridad. Hace unos meses, los lamentables episodios de linchamientos a delincuentes por parte de ciudadanos nos pusieron a hablar sobre dónde debemos trazar los límites entre lo tolerable y lo intolerable. La posición de esta columna era la de entender el fenómeno como un síntoma de algo que no está funcionando bien.

Ayer por la tarde el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 sentenció a Facundo Caimo, integrante de la banda de narcos Los Quebrados del barrio Rivadavia (cercano a la villa 1-11-14) por el asesinato de Octavio Gómez, de 16 años.

Octavio fue asesinado en diciembre de 2005. Su madre, Nélida Sérpico, pasó los últimos ocho años deambulando el barrio, disfrazada para que no la reconozcan, mostrando a los vecinos un identikit del asesino confeccionado a partir del testimonio de otro joven que estaba con Gómez el día que lo balearon, y que salió con vida. Ni el testimonio de Patrick, el amigo, ni la denuncia de Sérpico tuvieron efecto en su momento.

El trabajo de inteligencia cuasi-detectivesco de Nélida Sérpico, que recuerda al caso de Susana Trimarco (la madre de Marita Verón, la joven tucumana secuestrada y obligada a prostituirse), finalmente logró dar con el asesino, quien fue interceptado por Gendarmería, luego de que la policía le pidiera a Sérpico que “llamara en otro momento” cuando se comunicó para indicar el paradero de Caimo.

No todo es informalidad en esta historia. La participación y el compromiso de la fiscal Mónica Cuñarro, del Ministerio Público Fiscal, fue decisiva.

De acuerdo con Cuñarro, una especialista en delito organizado y narcotráfico, el crimen se circunscribe a las disputas territoriales de los grupos narcos en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Un informe elevado por la fiscal sostiene que si bien los hechos ocurrieron hace varios años los patrones de conducta y el contexto a los que corresponden persisten en la actualidad. La precariedad habitacional es el factor fundamental en el que se enmarcan episodios como éste, según el documento.

El caso cobró cierta importancia en la prensa por su excepcionalidad y la figura de Nélida Sérpico fue tomada como “ejemplar”. No hay dudas de que lo que hizo esa mujer es admirable. Dejando eso de lado, es importante que su historia no pase a ser otra más de esas fantasías colectivas de las que hablamos al inicio de esta columna. Que lo admirable no nuble los hechos: los mecanismos formales de detección y castigo del delito están en jaque.

Cuando la Justicia sólo se mueve por la fuerza de los individuos, ya sea los que no tienen una participación institucional formal, como Sérpico, o los que sí la tienen, como Cuñarro, las cosas no están funcionando bien.

El anhelo de la justicia por mano propia, que en este caso tuvo su afortunado desenlace formal, no debe persistir. Contrariamente, lo que necesitamos es volver a llenar el vacío de protección que es en definitiva el vacío de Estado.

Estoy lejos de celebrar esto, aunque tampoco me tienta demasiado plegarme al coro de los que salen a condenar a rajatabla estas reacciones por el mero hecho de que van contra la ley (sobre lo último no caben dudas). ¿De qué ley hablamos cuando llegamos al punto en que el ciudadano entiende que reprimir al delincuente por mano propia es más viable y efectivo que recurrir a las vías formales que ofrece el Estado? Si, en definitiva, el que no se siente representado por sus leyes tarde o temprano deja de acatarlas. Cuando tengamos una sociedad de delincuentes, cuando todos hagamos lo que queramos, de nada les va a servir invocar las bondades de las leyes.

Afortunadamente aún no estamos ahí. Los casos de Rosario y Palermo pueden ser solamente dos síntomas esporádicos de una enfermedad todavía curable. Por eso, insisto, hay que pacificar a la sociedad y para ello hay que operar sobre los eslabones más débiles de nuestra cadena de derechos y deberes ciudadanos. Estos eslabones son las zonas de exclusión social, en otras palabras, de pobres. Las voces biempensantes insisten en decirnos que no hay que criminalizar a la pobreza cuando hacemos, discursivamente, esta asociación entre marginados sociales y delincuentes. No se dan cuenta de que son ellos los que criminalizan a los pobres, no discursivamente, sino en los hechos, al permitir que se sostenga su penosa situación de vida alimentando a la insaciable maquinaria del subsidio que, no solo no saca a los pobres de la pobreza sino que los acostumbra a vivir en ella, los amontona y los separa culturalmente del resto de la sociedad.

Por eso quiero recordarles que el Instituto de Políticas de Pacificación está buscando llevar ante la Legislatura Porteña un proyecto de ley para erradicar el delito de las villas y así poder integrarlas al resto de la ciudadanía. Queremos remover los tumores del delito organizado y empezar la recomposición del tejido social. Queremos que no haya más pibes que salgan a la calle re jugados. Queremos que no haya ciudadanos que se sientan también re jugados y maten a golpes a esos pibes. Queremos un Estado creíble y personas que crean en él.

Lo que tenemos de momento es una sociedad que se piensa y se vive en términos binarios: el drama de los ciudadanos contra los delincuentes es solo uno de tantos. Están los ricos contra los pobres, los opositores contra los oficialistas y tantos otros. El país se está desintegrando porque cada vez nos cuesta más identificarnos con el otro. Para que ello no ocurra debemos unificar nuestro modo de vivir, bajo las mismas reglas y con los mismos derechos. Todavía podemos curar esta enfermedad.