Tal situación, más allá de toda discusión sobre los efectos, nos lleva a reflexionar, en primer término, que nuestros legisladores muchas veces creen que por una ley se solucionan nuestros males. El pensamiento mágico ha sido, y es, un estilo de gobierno alentado por distintos líderes populistas a lo largo de nuestra historia y, lamentablemente, se ha convertido en una de las características de la idiosincrasia de amplios sectores del pueblo argentino.

En tal sentido, se hace fundamental un análisis de proporcionalidad de la medida adoptada por el arco opositor; así, se debe configurar si el medio elegido por el legislador es el adecuado para alcanzar el fin pretendido, es decir, si la ley es adecuada y por medio de esta se alcanzará el fin deseado, que es la suspensión de despidos, o si sólo se convierte en una medida demagógica que entraña consecuencias contrarias al fin supuestamente perseguido.

Pero lo que no ponderan los legisladores es que en un ataque de irresponsabilidad sancionan una norma cuya finalidad será opuesta al deseado. Así, en el año 2002, al momento de sancionarse la emergencia económica y, dentro de ella, la doble indemnización, en aquel entonces, el diputado justicialista Jorge Matzkin nos ilustraba sobre la grave situación del mercado laboral: “La crisis social y económica del país avanza a la velocidad del sonido, tirando al correr cifras de ubicuidad. La desocupación supera el 18%; si incluimos a los subocupados, hay más de cinco millones de argentinos con dificultades de trabajo”.

En el año 2004, el senador Jorge Capitanich hablaba de una tasa de desocupación alta y establecía la condición de finalización de la doble indemnización: cuando la tasa de desocupación “resulta inferior al 10%, automáticamente cesará la indemnización agravada”.

Por lo tanto, si uno se concentra en los antecedentes de la norma, se puede dar cuenta de que la realidad del año 2002-2004 no es la misma que la actual (salvo que la administración anterior nos mintiera con los datos del mercado laboral) y, hasta el año 2007, cuando el presidente Néstor Kirchner, mediante el decreto 1224/07 y con una tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que era inferior al 10%, dio por finalizada la indemnización agravada.

En tal sentido, el diagnóstico de la situación de partida no se condice con la realidad existente con la acentuada crisis económica que vivió Argentina, y lo más grave es cuál es el efecto o el fin a alcanzar. Simplificando, esta norma no genera mayor empleo, ni produce una revolución en el mercado laboral, tan sólo es una ley más que hace a la irresponsabilidad legislativa, que genera incertidumbre en los inversores, que confunde, que promueve el autoengaño, porque detrás de su título rimbombante y efectista puede generar más frustraciones que hechos concretos.

El trabajo es un derecho humano fundamental, tiene protección constitucional y convencional en todas sus formas dentro de nuestro sistema jurídico. Por eso, la solución real se encuentra en reactivar la economía en forma sostenible, en buscar mecanismos que produzcan un desarrollo genuino y crecimiento concreto de la actividad económica. José Ortega y Gasset decía: “Sólo se puede progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos”, y ese es el desafío de este momento histórico: evitar los atajos demagógicos y generar las condiciones de progreso y crecimiento sustentables a corto, mediano y, fundamentalmente, a largo plazo.

En la reciente apertura de sesiones ordinarias, el presidente Mauricio Macri, cumpliendo el mandato constitucional, le dio al Congreso y al pueblo de la nación la información suficiente y amplia sobre el estado en que se encuentra la república y hacia dónde quiere ir su administración de Gobierno. Nos dijo cómo estamos y hacia dónde piensa dirigir sus pasos futuros. Así: “Llevamos años, años donde la brecha entre la Argentina que tenemos y la que debería ser, es enorme […] Lo único que nos trajo fue una inaceptable cantidad de compatriotas en la pobreza; instituciones sin credibilidad y un Estado enorme que no ha parado de crecer y no brinda mejores prestaciones. Tenemos leyes que reconocen muchísimos derechos y quedan solamente en el papel”.

Esa afirmación por parte del Presidente nos invita a pensar que lo mágico se terminó y nos obliga a recorrer las páginas de la Real Academia Española, que, en una de sus definiciones, nos dice que “magia” es ‘el arte o la ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales’.

Aplicando esta definición, podemos deducir que durante estos últimos años, mediante el torpe ocultamiento de información, la falta de calidad institucional, el desprecio hacia el periodismo independiente, el atropello al que fueron sujetas las instituciones, la regresión en cuanto a la calidad educativa y la salud pública, el crecimiento de los índices de pobreza, la corrupción, el aumento de la violencia e inseguridad, no permitieron bajo ningún aspecto cumplir con el programa establecido en la Constitución Nacional. En definitiva, la magia consistió solamente en enmascarar y hacer marketing con resultados contrarios a cualquier buen Gobierno.

Un buen Gobierno no se hace con magia; un buen Gobierno se hace con el respeto a la ley y a la plena vigencia del Estado constitucional y convencional de derecho. Un buen Gobierno —como nos explica el politólogo francés Pierre Rosanvallon— se sustenta en una democracia de calidad donde cada poder cumpla su función establecida; un buen Gobierno tiene una gran responsabilidad y compromiso frente al futuro, por cuanto esto va de la mano de la voluntad y la capacidad de transformar positivamente las realidad. Un buen Gobierno escucha y gobierna; un buen Gobierno debe restablecer la relación entre gobernantes y gobernados para recrear ese vínculo de confianza. La permanente rendición de cuentas ante la ciudadanía, el hablar veraz en contraposición a la mentira o al reino del monólogo, y la integridad están entre las condiciones y las virtudes del buen Gobierno que también enumera Rosanvallon.

Tiene por delante este nuevo Gobierno un gran desafío y el 1º de marzo pasado fue el primer gran paso. Seguramente resultará difícil romper con la magia y los hechizos de la administración anterior. Tanta fue la magia que el Presidente llegó a decir: “Cuesta encontrar un papel”, y seguramente esto también fue parte de la alquimia pasada. Queda entonces afrontar el futuro con decisión y convicción, porque estamos frente a la gran oportunidad de recuperar una genuina y leal relación entre gobernante y gobernados, y así regenerar un vínculo de confianza que permita alguna vez que dejemos de hablar y pensar que la realidad se construye con poderes y acciones sobrenaturales, y podamos empezar a construir el futuro tangible con información y hechos concretos.

Días pasados, el kirchnerismo realizó una movilización al Congreso para exigirle al presidente Mauricio Macri que convoque al Congreso a sesiones extraordinarias. El diputado Marcos Cleri expresó: “Gabriela Michetti y Emilio Monzó no quieren trabajar, quieren cerrar el Congreso Nacional, que es el órgano de la democracia donde se expresa la diversidad y la pluralidad en virtud del voto popular”.

Tales expresiones y fervor republicano resultan llamativos, por cuanto durante doce años el Congreso fue tratado como una escribanía del Poder Ejecutivo nacional. Durante la administración kirchnerista fue una constante que el impulso legislativo en las Cámaras no lo dieron las minorías, sino que la agenda de temas a tratar fue fijada exclusivamente por el oficialismo, lo cual se evidenció notoriamente en la actividad congresional de los últimos períodos ordinarios (que se extienden desde el 1.º de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año).

Haciendo foco en las sesiones de la Cámara de Diputados, durante el período 131 (2013) hubo un total de 12 reuniones: 6 especiales, 4 ordinarias y 2 manifestaciones en minoría; en el 132 (2014) hubo 27 reuniones: 14 especiales, 3 informativas, 3 ordinaria y 5 manifestaciones en minoría. En el período 133 (2015) hubo 10 reuniones: 7 especiales y 2 ordinarias. En suma, de las 50 reuniones totales de los últimos tres años podemos contabilizar 27 sesiones especiales, 9 ordinarias, 3 informativas y 7 en minoría.

Para ser precisos, las sesiones ordinarias o sobre “tablas” son aquellas que se celebran en las horas y días establecidos por el cuerpo; las informativas son aquellas donde el jefe de Gabinete se presenta ante alguna de las Cámaras con el fin de brindar el informe respectivo; las sesiones en minoría tienen lugar cuando fracasa una sesión especial —en ellas, el presidente autoriza las expresiones en minoría de aquellos diputados que hayan suscrito la nota de convocatoria—; y, finalmente, las sesiones especiales son aquellas que se celebren fuera del horario y día establecidos, por resolución de cada Cámara, a petición del Poder Ejecutivo, o por un número no inferior a diez diputados, dirigida por escrito al presidente y debiendo expresarse en todos los casos el objeto de la convocatoria.

Durante muchos años la mayoría reinante en la Cámara de Diputados hizo uso de las sesiones especiales como método, y así imponer la agenda del Poder Ejecutivo. Por eso  resulta llamativo que los que hoy reclaman la convocatoria a extraordinarias son los mismos que imponían la prepotencia de los números y los debates se cancelaban con frases tales como “Acá se hace lo que pide la Presidente” o “No se aceptan modificaciones”, contrariando cualquier búsqueda de diálogo en el ámbito donde todas las voces deban ser escuchadas.

Raúl Zaffaroni dijo en la Asamblea Constituyente de 1994: “En una democracia no basta con que la mayoría decida o con que se decida por mayoría. Por supuesto que eso es necesario, pero no es suficiente. Es necesario que decida la mayoría pero con cuidadoso respeto por los derechos de las minorías”, es por ello que los nuevos republicanos deberían tomar nota de lo expresado por su referente jurídico.

El sistema democrático se define también por el equilibrio de fuerzas, evitando así caer en las tentaciones hegemónicas. Los últimos años bastaron para saber lo que no se debe hacer, por ello es importante que los nuevos republicanos hagan de estos principios una constante y no sea un discurso hipócrita y de ocasión, cuando ya no sean capaces de sostener mayorías circunstanciales..

Tal situación implica que las provincias, a partir de estas decisiones, deberían recuperar esas deducciones que llevaba a cabo el Estado nacional sin cumplir con las cláusulas constitucionales establecidas en 1994.

En un acto de rebeldía federal, los gobernadores del Partido Justicialista (PJ) se preparan —en sintonía con el fallo nombrado— para dar la pelea en el ámbito judicial y político con una meta estratégica: recuperar fondos millonarios de recursos de coparticipación cedidos a la administración central hace más de veinte años.

Es llamativo que desde el año 1988 existe la ley-convenio 23548 que estableció un régimen de distribución de recursos fiscales entre la nación y las provincias con un criterio de porcentajes fijos que fue desvirtuado año tras año y cuyo cumplimiento nunca ningún gobernador exigió, que, en definitiva, hubiera significado cumplir con el federalismo establecido en la carta fundamental.

La reforma constitucional de 1994 estableció en el artículo 75, inciso 2, modificaciones sustanciales en lo referente a esta cuestión. Dispuso que los impuestos indirectos internos y los directos creados serían coparticipables, y marcó la necesidad del dictado de una ley convenio donde debían existir acuerdos entre la nación y las provincias a los fines de establecer un régimen de coparticipación.

Lo sorprendente es que pasaron 21 años desde la sanción de la reforma constitucional de 1994 y, según reza la cláusula transitoria sexta, debió existir una ley-convenio de coparticipación federal antes de finalizar el año 1996, pero en la actualidad los gobernadores de provincia se alistan para recuperar fondos para las provincias, al entender que los reclamos llevados a cabo por Santa Fe, Córdoba y San Luis son similares a los del resto de las provincias.

Objetivamente es para celebrar este “resurgimiento del federalismo” y la recuperación de aquellas banderas que hacen a luchas que vienen de lo profundo de nuestra historia, pero resulta llamativo que ahora, luego de 12 años de vivir en la “década ganada”, los gobernadores vayan a la búsqueda de los derechos que resignaron silenciosamente al ser cómplices de la discrecionalidad que caracterizó a estos últimos años de Gobierno, donde aquellos que se arrodillaban frente al poder central y sus caprichos pasaban automáticamente a ser parte de la “fiesta” y se beneficiaban del derroche sin control de los fondos públicos.

Desde los inicios de la democracia moderna en nuestro país, nunca existió un esquema de Gobierno tan centralista, porque se diseñó un estricto modelo unitario con premios y castigos, con chequera o látigo según la ocasión, para construir una pirámide de poder con vértice en la Casa Rosada. Parafraseando al propio Néstor Kirchner, tanto él como ella dejaron los principios y los valores del federalismo en la puerta de la Casa de Gobierno.

En lugar de preparar el camino del enfrentamiento judicial, los gobernadores deberían entender que el nuevo Gobierno surgido de las urnas hace poco días da constantemente señales del diálogo, búsqueda de espacios comunes y de regreso al consenso como herramientas fundamentales de construcción política. No desaprovechemos por mezquindades coyunturales esta nueva oportunidad, porque la verdadera audacia será la de construir un nuevo esquema de coparticipación federal más justo y realista, para cumplir así con el espíritu y el mandato de la Constitución Nacional y las leyes.

Nadie puede negar la grave crisis que sufrió la Argentina en diciembre de 2001. Aquella situación excepcional obligó al Congreso a sancionar, conforme el artículo 76 de la Constitución Nacional, la ley de emergencia económica, por la cual el Poder Legislativo declaró la emergencia pública en las materias social, económica, administrativa, financiera y cambiaria y delegó hasta el 10 de diciembre de 2003 sus facultades al Poder Ejecutivo.

La realidad nos indica que, desde 2002 a la fecha, la emergencia fue prorrogada cuantas veces el Poder Ejecutivo ha necesitado mantener en su poder las facultades propias del Congreso. El Gobierno ha convertido una excepción en una regla con discutibles argumentos para defender la nueva prórroga.

Las emergencias son situaciones que derivan de acontecimientos extraordinarios, inevitables, que tienen una fuerte repercusión en la vida social, por lo tanto resulta necesario contar con remedios también extraordinarios. Es decir, dado que en un contexto atípico se encuentran en juego el interés público y el bien común, el Congreso puede crear este tipo de excepcionalidades para que la administración de Gobierno, en quien se delegan las mencionadas facultades legislativas, tome medidas para paliar la situación.

Lo llamativo es que en el proyecto remitido por el Ejecutivo nacional (0011-PE-15) el Gobierno necesita una vez más de estas herramientas para responder a: “La incertidumbre con la que se desenvuelve la economía global producto de la crisis financiera y económica internacional”. Tal situación obliga al Poder Ejecutivo nacional a contar con suficientes instrumentos para reaccionar ante los avatares de la economía mundial.

Más adelante, en el análisis de los fundamentos, el poder en cuestión afirma: “Si bien se prevé que nuestra economía continúe transitando un sendero de crecimiento, habiendo solidificado su sistema financiero y sostenido una correcta administración de sus finanzas públicas y de su balanza de pagos con el exterior; la complejidad del escenario internacional recomienda solicitar a Vuestra Honorabilidad prorrogar por dos (2) años la presente normativa”.

Claramente, el discurso del oficialismo continúa por el sendero de la negación, ya que ahora resulta esencial contar con estos instrumentos atípicos para seguir enfrentando la crisis global iniciada en el año 2008, en pos de garantizar el nivel de empleo y de actividad económica local. Pero el relato choca con la realidad, por cuanto ahora el argumento es “la crisis internacional”, pero esta extensión del plazo denota el fracaso para resolver la situación económica, social, política y cultural de la república.

En definitiva, la regla es la excepción. Año tras año, los argentinos nos hemos acostumbrado a vivir al margen de la ley, a transformar la salvedad en la regla. Por ello, el próximo Gobierno deberá convalidar los argumentos del actual oficialismo para sostener la vigencia de la emergencia o sincerar la economía, establecer pautas transparentes y decidir transitar el camino de la excepción o el del imperio de la ley.

Pero Sarmiento fue mucho más que el hombre que llevó a cabo la transformación educativa en la Argentina. Integró esa gloriosa Generación del 37, donde Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría, Bartolomé Mitre, Juan María Gutiérrez, entre otros, proyectaron un país sobre la base de la ilustración, la ciencia, el respeto a la ley y el progreso como fundamento de la construcción republicana.

El gran maestro sanjuanino fue uno de nuestros padres fundadores. A partir de sus ideas, nos invitó a pensar un nuevo orden político y social. Esto quedó demostrado, claramente, en la polémica epistolar con Alberdi. Cartas quillotanas y Las ciento y una implicaron una lucha discursiva entre dos maneras de pensar este nuevo orden. Nadie puede negar la profundidad del debate ni la pasión existente en cada uno de esos escritos, que, en definitiva, significaron el paso fundante para la construcción de nuestro país.

Desde su perspectiva, el progreso era fundamental para el desarrollo de las repúblicas sudamericanas, así como también la profundización de los lazos de asociación, que debían construirse, indefectiblemente, a partir de la libertad de pensamiento y de la igualdad de los Estados. Para ver cristalizado dicho proyecto, sostenía que era necesaria la convocatoria a un congreso constituyente y la promulgación de una constitución.

Como todos los hombres de su época, concebía la ciencia como primordial para el desarrollo de la sociedad, como un poder que dotaría a esta última de verdaderos instrumentos de desarrollo para el perfeccionamiento de la civilización. Asimismo, sostenía la necesidad de educar, de construir ciudadanía, para que, de esta manera, los principios republicanos de Gobierno se cumplieran acabadamente.

Sarmiento reivindicaba nuestra forma de Gobierno, ya que, según él, el sistema representativo contribuía al buen funcionamiento de las instituciones y del orden político. En esta línea, su participación en la Convención Constituyente de 1860, donde se enmarcaron la institucionalidad y el respeto a los principios republicanos, es otra muestra de su aporte a la nación.

En definitiva, Domingo Faustino Sarmiento integró ese selecto grupo de hombres que comprendía que era posible vivir en una república. Seguramente existen partidarios y detractores de su obra, pero nadie puede negar su aporte, porque negarlo sería omitir una parte tanto vital como fundacional de nuestra historia. Por ello, resulta necesario recordarlo no solo como el gran maestro, sino como uno de nuestros padres fundadores.

Con palabras ensalzadoras, Carlos Pellegrini dijo, el 11 de septiembre de 1888: “Su nombre pertenece ya a la historia, y cuando la República Argentina sea una de las grandes naciones de la tierra y sus hijos vuelvan la mirada hacia la cuna de su grandeza, verán destacarse la sombra de Sarmiento, consagrado desde hoy y para siempre como uno de los padres de la patria”.

El escenario para el próximo Gobierno va a resultar profundamente comprometido en estos aspectos, ya que deberá afrontar la pesada herencia que dejan estos 12 años continuados de vivir en una caprichosa interpretación de institucionalidad.

Consecuentemente, debemos preguntarnos por el escenario que el próximo Gobierno tendrá llegado el 10 de diciembre y, principalmente, analizar, pensar y buscar respuestas a las realidades de Argentina. Aquí es donde nace la verdadera discusión por la gobernabilidad y la necesidad de reflotar el concepto de la audacia para gobernar.

Ahora bien, ¿qué implica hablar de gobernabilidad? Implica analizar los grados y los niveles de acuerdos sólidos y justos entre las principales fuerzas políticas que necesariamente deben ser cumplidos por todas las partes si efectivamente queremos lograr la recuperación de nuestra república.

En tal sentido, por un lado, la Cámara de Diputados de la Nación -integrada por 257 congresistas, donde se alcanza el cuórum con 129 de ellos- estará conformada a partir de diciembre con distintos bloques y ninguno alcanzará cuórum propio. Por otro lado, el Senado de la Nación, de un total de 72 bancas -donde se renuevan 24- y conforme los resultados de las primarias, deberá enfrentar una importante batalla para conformar los mayores consensos para recuperar las cuestiones esenciales que hacen a la república.

Por lo tanto, si uno observa el escenario a diciembre, deberá entender que será absolutamente imprescindible contar con grandes consensos para salir adelante. No se deberá caer en el triunfalismo del “Ya ganamos”, y sí entender que comienza un complejo camino en donde el futuro presidente deberá contar con un grado importante de audacia para conquistar los sueños de la sociedad, mediante la construcción colectiva, no desde un relato, sino a partir de comprender la realidad y encontrar las mejores soluciones a sus problemáticas.

La gobernabilidad va a depender fundamentalmente de la búsqueda de denominadores comunes y de entender que la república se salva entre todos, que no se tratará como hasta ahora del “Ellos o nosotros”. La realidad indica que será necesario reconstruir todas las instituciones que hacen al funcionamiento de nuestra nación, por lo tanto, el próximo gobierno, sea Daniel Scioli, sea Mauricio Macri o Sergio Massa, deberá recrear un auténtico mercado de ideas.

Como dijo Barak Obama: “Uno en que las discordias de los partidos contribuyan a ‘fomentar la deliberación y la circunspección’; un mercado en el que, a través del debate y la competición podamos expandir nuestras miras, cambiar de opinión y al finalizar alcanzar no meros acuerdos, sino acuerdos sólidos y justos”. En definitiva, estos grandes acuerdos deben entender que lo que está en juego es la república y el futuro de la Argentina.