Ledezma es en las próximas elecciones municipales del domingo 8 de diciembre el holgado favorito para alcanzar su reelección. El pasado martes 3 de diciembre, un juez procesó al alcalde por “desacato” (por un supuesto incumplimiento de un fallo laboral) por el cual podría ser condenado con pena de 6 a 15 meses de prisión. Detrás de la falacia en la acusación, se plantea la intención de inhabilitarlo, antes o después del comicio, como parte de la campaña para acallar a una oposición que representa a la mitad de la sociedad venezolana. Las amenazas y agresiones físicas, las mordazas a la libertad de prensa y la última ley habilitante para gobernar por decreto, son el panorama corriente que se difunde por el mundo como si esto fuera parte de un comportamiento normal en democracia.

Es inadmisible que los partidos políticos sudamericanos –estén en el gobierno o la oposición– sigan permaneciendo en silencio frente a las cotidianas violaciones a la “cláusula democrática” que Venezuela suscribió para integrarse tanto al Mercosur como al Unasur. Esta actitud se asemeja cada día más a una verdadera complicidad por supuestas solidaridades políticas e ideológicas. Lo que ocurre hoy en Venezuela no es comparable con ningún régimen regional y a todos nos hace mal este silencio condescendiente y legitimador. Ha llegado la hora de decir basta y poner un límite diplomático e institucional a un estado de cosas que, por ridículo que sea, no deja de ser peligroso y vergonzoso para toda la región