Ferreyra es uno más de una larga lista de muertos por el derecho a la tierra que en los últimos años no paró de alargarse: tenía 23 años y recibió un disparo de escopeta mientras intentaba resistir un desalojo en el Paraje Campo de Mayo, el 16 de noviembre de 2011. Los fundamentos de la decisión que tomó el tribunal integrado por Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray se van a conocer en el correr de los próximos días.

Los jueces condenaron a diez años de prisión al autor material del crimen, Javier Juárez, pero también absolvieron a los cuatro integrantes de una banda parapolicial que pretendía aterrorizar a los pobladores de los parajes de San Antonio, San Bernardo y Campo de Mayo. Pese a que el objetivo era lograr la condena del empresario sojero de origen santafesino y de la complicidad del Poder Judicial con el poder económico que denuncian las organizaciones que impulsaron el juicio, el balance no es del todo negativo. “Nunca tuvimos un juicio favorable a nosotros. Todos los juicios eran contra nosotros. En más de treinta años de lucha, que un empresario sea juzgado, para nosotros es un hecho histórico”, dijo Angel Strapazzón, el líder del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina.

El Mocase afirma que más que la condena a un individuo lo que se buscaba era a la condena a todo un modelo productivo que expande la frontera agropecuaria y arrincona a los productores que defienden un modo de vida ligado a la agricultura familiar. Según los datos de la organización campesina, en Santiago hay 17 millones de hectáreas y sólo 4 millones están regularizadas: 7 millones empezaron a titularizarse y regularizarse y 6 millones que están en conflicto.

El debate sobre la expansión del monocultivo que arrasa con la agricultura familiar atraviesa al gobierno nacional, que cuenta con defensores acérrimos del agro-negocio como el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. El ex ministro de Agricultura y precandidato presidencial es un dirigente que no oculta sus coincidencias con la filosofía del director del Suplemento Rural de Clarín, Héctor Huergo, ideólogo de la transformación de los últimos 20 años. Domínguez tuvo mucho que ver en la redacción del Plan Agroalimentario Nacional –de 2012- que se propone llegar en 2020 a 160 millones de toneladas de granos, con un 20 por ciento más de soja. En el kirchnerismo también existen sectores que no coinciden con esos criterios y acompañaron al Mocase en el juicio que se realizó en Monte Quemado, como el diputado nacional Leonardo Grosso, del Movimiento Evita.

Muertes como la de Cristian Ferreyra tocan además al hombre fuerte de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, exitoso en su proyecto de conservar el poder en su provincia y al mismo tiempo tener un vínculo privilegiado con la Casa Rosada que lo llevó a ser designado presidente provisional del Senado. Zamora es el último exponente de aquello que se llamó los radicales K: tercero en la línea de sucesión detrás del todavía vicepresidente Amado Boudou, en estas horas festeja el primer año de su esposa como sucesora en la gobernación de Santiago.

Mientras la mayoría de los candidatos de la oposición prometen bajar las retenciones y se deshacen en gestos hacia la Mesa de Enlace, ninguno se refiere a los expulsados por el desmonte y el avance incontenible del agro-negocio, que se profundizó durante los años de mandato de Néstor y Cristina Kirchner. Junto con sectores del oficialismo que respaldan el reclamo de los pobladores originarios, el MOCASE tiene un aliado de peso que hasta hace poco era insospechado: el Papa Francisco, que recibió a principios de 2014 a Angel Strapazzón y que defendió el derecho a la tierra en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares que se realizó a fines de octubre pasado en el Vaticano. “Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo, y no por guerras o desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal”, le dijo el Papa a un grupo de 100 dirigentes de América Latina entre los que estaba Evo Morales.

El próximo juicio por el crimen de un campesino será el de Miguel Galván, que murió degollado once meses después que Ferreyra en el Paraje El Simbol, la zona de frontera entre Santiago y Salta. La causa está en manos del juez de instrucción de Metán, Mario Di Lacio. Por unos pocos metros de distancia, la discusión se trasladará en poco tiempo a la provincia de José Manuel Urtubey, Juan Carlos Romero y el rey de la soja, Alfredo Olmedo.

Fajardo es abogado y representa a 30 mil campesinos e indígenas afectados por la operación que Texaco, antecesora de Chevron, llevó adelante en la Amazonia Ecuatorial. En noviembre pasado, obtuvo la condena de la Corte Nacional de Ecuador, que obliga a la petrolera norteamericana a pagar 9.500 millones de dólares por daño ambiental. Quizás por enfrentar a una maquinaria gigantesca, fue galardonado con el premio Goldman en 2008. “Chevron reconoce que ha gastado más de 60 millones de dólares en lobby en Estados Unidos. Hace 7 u 8 meses, publicó una lista en la que admitió que dos mil personas trabajan en este caso en contra nuestra, casi todos abogados. Es increíble”, afirma.

La multinacional que obtuvo un decreto especial de Cristina Fernández para invertir en Argentina impugnó el juicio en las cortes de Nueva York y de La Haya alegando que los daños en el Amazonas son responsabilidad de la petrolera estatal ecuatoriana.

Yumbo tiene 40 años y acaba de ser elegido como el máximo representante de la Nación Cofán, una de las tres etnias originarias que habitan en la provincia de Sucumbios, al norte de la Amazonia ecuatorial, donde la petrolera operó durante 26 años. Vinieron a la Argentina para recorrer Vaca Muerta junto a la comunidad mapuche Campo Maripe de Neuquén y lanzar una red de solidaridad con los afectados junto a Adolfo Pérez Esquivel.

Aunque en junio, la Corte Suprema que preside Ricardo Lorenzetti revocó el embargo sobre las cuentas de Chevron en Argentina, Fajardo y Yumbo aún confían en ejecutar el embargo contra la compañía en nuestro país. “Chevron vendió todo lo que tenía en Ecuador. Y tenemos que recurrir a otros países donde posee activos. Además, Argentina y Ecuador son firmantes de la Convención Interamericana que permite ejecutar sentencias entre países”.

¿Qué opinan del fallo de la Corte Suprema de Argentina a favor de Chevron?

Es decepcionante. Se montó un argumento que no es real, que los activos de Chevron Argentina no son de Chevron Corporation y que son dos empresas distintas, lo cuál no es verdad. El capital de inversión viene de Estados Unidos. La empresa que destruyó la Amazonia es la misma que está operando en Argentina. Es un gravísimo error. La Corte revoca el embargo un mes antes de que Chevron firme el acuerdo con el gobierno argentino. ¿Y quién vino a firmar el convenio? John Watson, el CEO de Chevron Corporation. ¿Qué hacía acá si la empresa argentina no es de él?

¿Cómo es la vida ahora en las zonas afectadas en Ecuador?

Hemos cambiado nuestra forma de vida porque el impacto social ha sido terrible. En menos de 10 años, vimos cómo los ríos fueron contaminados, la pesca desapareció y los cofanes tuvieron que internarse en la selva y migrar. Vi cómo ellos botaban los desechos tóxicos a los ríos sin ningún tratamiento. No podemos cazar ni pescar. Nos han obligado a ser agricultores, cuando los pueblos indígenas jamás lo habíamos sido. Ahora tenemos que comprar alimentos en el mercado. Nosotros acusamos a Chevron de la desaparición de la población indígena. Todavía hay más de mil piletas con desechos al aire libre, siempre cerca de los ríos. Por eso, durante todo este proceso de lucha, Chevron siguió contaminando.

¿Piensan que se puede repetir lo que pasó en Ecuador?

No lo podemos asegurar. Pero sí decimos que YPF tiene al socio más sucio para sus operaciones. El patrón de conducta de Chevron es el más irresponsable. El derrame en la costa de Río de Janeiro, en 2011, en Campo Frade; el incendio en 2012 en una refinería de Chevron en Richmond, California, el informe de un profesor de la universidad de Denver que dice la empresa que más contamina, la más opaca del mundo. ¿Cómo negocias con alguien que está prófugo de la Justicia?. ¿Qué pasa en Argentina?

En un fallo divido, la Corte condenó al ex gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo a pagarle al juez federal Rodolfo Arístides Canicoba Corral una indemnización de 22 mil pesos más costas por haber ofendido su “buen nombre”.

El fallo se refiere a una frase que Acevedo pronunció en un reportaje que le dio a Página 12 en 2004. “Mire cómo reacciona la corporación judicial frente a cualquier atisbo de reforma. Todos sabemos lo que son los Urso, Oyarbide… seres detestables… Bonadío, Canicoba Corral… ahora fíjese lo que es la corporación judicial en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué sistema de selección tuvieron con esos jueces? (…) Menem habla de una persecución de una Justicia que él mismo designó. Son los jueces de la servilleta”.

El contexto político era bastante distinto. Acevedo formaba parte entonces del kirchnerismo en ascenso y Carlos Menem se plantaba como la oposición más dura. Ahora es diferente. El santacruceño renunció a su cargo en 2006 por diferencias con el gobierno y se mantuvo en el llano; el riojano acaba de salir a ratificar su respaldo a Cristina Fernández y a festejar que la Presidenta “ha tomado nota” de la derrota en las elecciones. Canicoba Corral sigue siendo juez:  cumplió hace muy poco dos décadas al frente del juzgado federal N° 6.

Las diferencias en la Corte quedaron expuestas. Un sector defendió el derecho a la expresión y la crítica de Acevedo. El otro, mayoritario, privilegió el derecho a la honra y la reputación del juez. Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt acompañaron el criterio del presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. Consideraron que Acevedo debía resarcir los daños y perjuicios que Canicoba “sufrió” a raíz de esas declaraciones que fueron “ofensivas para su dignidad personal y honor profesional”. Lorenzetti y compañía opinan que los jueces no deben quedar de ninguna manera “huérfanos de tutela judicial y expuestos al agravio impune”. “No puede exigirse a los magistrados que soporten estoicamente cualquier afrenta al honor sin que se les repare el daño injustamente sufrido”. Para los firmantes, la opinión de Acevedo es un delito. Sin embargo, el caso no recibió mayores comentarios de los que, cada día, afirman que en Argentina está en juego la libertad de expresión. Tampoco del gobierno, que hace rato no tiene diálogo con el ex gobernador pero suele vapulear a la Corte.

Los cuatro supremos consideraron que el término “detestable” supera los “límites de la tolerancia razonable a la crítica”. Para la Corte, la frase afectó la honorabilidad y desprestigió la carrera del juez. Sin embargo, fue Domingo Cavallo el que, en 1996, inmortalizó a Canicoba Corral como uno de los “jueces de la servilleta” en la que Carlos Corach anotó los nombres de los magistrados que respondían al gobierno de Menem.

El fallo contradice incluso la jurisprudencia de la propia Corte y habilita una nueva demanda que los abogados de Acevedo presentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya condenó al Estado argentino por casos similares. El más reciente y emblemático es el del periodista Eduardo Kimel, de 2008. Kimel había investigado la masacre de San Patricio, en la que cuatro sacerdotes palotinos fueron asesinados por la dictadura militar. Pero fue el único condenado en esa historia por haber criticado la actuación del juez Guillermo Rivarola, que ya en democracia llegaría a camarista. La Corte Suprema menemista ratificó su condena en 1998. Después, el CELS patrocinó a Kimel ante la CIDH y logró una sentencia que es el precedente ineludible en el tema. Ahora, aunque en fallo dividido, la Corte que preside Lorenzetti acaba de emular a su antecesora.

Los argumentos son confusos y dejan al desnudo el costado corporativo de un sector de la Corte en el que -si se juzga por el fallo- conviven Lorenzetti y Zaffaroni. “No es determinante la mala intención, antes bien se trata del empleo de voces o alocuciones claramente denigrantes y fuera de lugar, cuya prohibición en nada resiente las condiciones que dan base a la amplia discusión sobre temas de interés público”, dicen. Además, consideran que “detestable” (que quiere decir “aborrecible”, “abominable”, “odioso”, “pésimo”, “reprobable”, “condenable”, “execrable”) es un insulto y difiere de las opiniones, críticas, ideas o juicios de valor. “No hay derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada”, agregan. Los jueces se elevan así, una vez, por encima de los ciudadanos comunes y se atrincheran en privilegios que parecen insostenibles.

“¿Por qué razón resulta ‘claro’, como dice la Corte, que el término ‘detestable’ es un insulto? Francamente sorprende esta afirmación porque la propia decisión de la mayoría explica las distintas acepciones del término, entre ellas ‘pésimo’. Con esta explicación, ¿por qué decir que un juez es un pésimo juez deja de ser una opinión crítica para pasar a ser un insulto? A similar pregunta podemos llegar con varios de los adjetivos que dan significado al concepto ‘detestable’”, se pregunta Eduardo Bertoni, director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Bertoni es de los que piensan que el fallo de la Corte puede exponer a la Argentina a una nueva condena por parte de la CIDH. Entre 2002 y 2005, fue relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sorprende que sea uno de los pocos defensores de la libertad de expresión que se expresó sobre el tema. En su blog. 

En su apelación al fallo de primera instancia, los abogados de Acevedo consideraron que cercena la libertad de expresión porque el único límite que existe para la crítica de los funcionarios públicos es el insulto. El ex gobernador afirmó que se limitó a decir lo que pensaba y que era una obligación moral hacerlo. Ese fue el criterio que validaron la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, y los jueces Carmen Argibay y Enrique Petracchi cuando firmaron el fallo en disidencia. Allí, replicaron al menos dos párrafos de la sentencia de la CIDH de 2008 contra el Estado argentino, “Kimel, Eduardo vs República Argentina”:

“Las opiniones vertidas por el señor Kimel no pueden ser consideradas verdaderas ni falsas. Como tal, la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo”.

“En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población”.

Además, cita fallos de la propia Corte (“Campillay”, “Amarilla”, “Patitó”) entre los que destaca uno reciente, de octubre de 2012, “Quantin Norberto c/ Benedetti Jorge y otros sobre derechos personalísimos” en el que el ex fiscal había sido tildado de “nazi” y el máximo tribunal consideró que no se trataba de un insulto.

Por último, se contradice con un pronunciamiento de la propia Corte del 6 de agosto pasado, en el que revocó un fallo que condenaba al periodista Marcelo Britos por haber publicado una nota en su blog que definía como “siniestro” al subsecretario de Relaciones Institucionales de la UBA, Ariel Sujarchuk. Allí, Lorenzetti,Fayt y Maqueda se sumaron al criterio de Highton, Argibay y Petracchi en forma contundente. “Cuando ‘el sujeto pasivo de la deshonra’, Sujarchuk, es una persona pública por lo que existe un ‘estándar atenuado de responsabilidad’” (…) “las críticas efectuadas por medio de la prensa al desempeño de las funciones públicas (…) aun cuando se encuentren formuladas en tono agresivo, con vehemencia excesiva, con dureza o causticidad, apelando a expresiones irritantes ásperas u hostiles (…) no deben ser sancionadas”.

La lección del fallo de la Corte contra Acevedo es elocuente: por un lado, se trata de un tribunal que –surfeando en las contradicciones políticas del presente- hoy aparece eximido de rendir cuentas todos los días. Por el otro, genera una señal política bastante más preocupante: si opinar puede ser un delito -que obliga a afrontar una compensación económica para resarcirse- se convertirá en un privilegio de los que cuentan con el patrimonio que los respalde ante cualquiera que se presente como damnificado. En palabras de la disidencia, “la decisión apelada constituye una restricción indebida que desalienta el debate público de los temas de interés general”. Estimula, en cambio, la autocensura.

Finalmente, Highton, Argibay y Petracchi expresan una idea que la mayoría de la Corte invierte con su fallo: “En una sociedad democrática, los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del pueblo”. Para Lorenzetti, Zaffaroni, Fayt y Maqueda, los funcionarios públicos -al menos los jueces- están mucho menos expuestos.

Se sabe, por los registros que las empresas de telefonía entregaron a la Justicia, que la conversación duró dos minutos. El jefe de la Unión Ferroviaria figuraba ya hacía tiempo entre los clientes del buffet del entonces Procurador General de la Nación, un funcionario que combinaba todavía una eficaz gestión al servicio del kirchnerismo y su credencial de setentista efímero pero destacado.

No hubiera sido una comunicación inusual si no fuera porque 36 horas antes Pedraza había comandado por teléfono –desde la sede de la Unión Ferroviaria- la emboscada que terminó con el crimen de Mariano Ferreyra en las inmediaciones de la estación Avellaneda.

Y si ese diálogo de dos minutos, del 22 de octubre de 2010 en la noche vip de Puerto Madero, no hubiera desencadenado otro que se produjo cuatro minutos más tarde. A las 23.08, un miembro del estudio Righi y Asociados se comunicó con el teléfono particular de Cristian “Harry” Favale, el principal acusado por el asesinato del militante del Partido Obrero, en su casa de Florencio Varela. El brazo ejecutor de una guerra frontal y sostenida –desde arriba hacia abajo- contra la lucha de los tercerizados por ingresar a la formalidad laboral.

Pedraza rompió esa noche una tradición. No se contactaba con su defensa para interiorizarse sobre las causas que lo involucran personalmente sino para pedir por “Harry” Favale, un ex barra brava del que buscaría desligarse en público.

El contacto con Florencio Varela también fue breve y derivó en un nuevo y último llamado del estudio a Pedraza, a las 23.12. Se supone que fue para ponerlo al tanto de algo. Finalmente, ya cerca de la medianoche, hubo un diálogo más entre Pedraza y el “Gallego” Juan Carlos Fernández, el número dos de la UF que -de acuerdo a las querellas- fue el jefe operativo de la cacería que consumó un grupo armado del sindicato.

Por alguna razón, el estudio Righi finalmente no se hizo cargo de la defensa de Favale. Y el contenido de las comunicaciones no se conoce porque la Justicia ordenó pinchar los teléfonos de los protagonistas bastante más tarde. Sin embargo, la descripción de esa seguidilla de llamados fue detallada por el abogado del CELS, Maximiliano Medina, en su alegato ante el juzgado como uno de los elementos centrales que prueban la relación estrecha entre Pedraza y Favale. O lo que es lo mismo, entre Pedraza y el crimen.

Medina habló de un estudio muy importante y muy prestigioso de la ciudad de Buenos Aires. Y explicó que Pedraza se involucró de esa manera personal en la defensa de Favale, pese a que no era miembro del sindicato que conducía desde hacía tres décadas.

Ese llamado y el pedido de pase a planta permanente para Favale –que el “Gallego” Fernández hizo tres días después del homicidio- son los movimientos más importantes de la conducción de la UF para proteger al autor de los disparos que mataron a Ferreyra.  Los hechos esenciales que actualizan dramáticamente el sentido del término “burocracia sindical”, en su acepción criminal.

El “Bebe” Righi defendió a Pedraza en varias causas resonantes, entre ellas en la que está procesado debido a un desfalco en su gremio que alcanzó los 34 millones de pesos. Se lo acusa de haberse quedado con ese monto que provenía de aportes de los afiliados destinados a la construcción de una funeraria para los ferroviarios, que nunca se hizo. Hace no tanto, el sindicalista que ahora tiene un pedido de cadena perpetua declaró ser “amigo” del ex Procurador. Y el “Bebe” aportó su filosofía a manera de justificación: “Los penalistas defendemos a los imputados sin preguntarle su apellido. Mientras pague los honorarios”.

Righi ya no es el jefe de los fiscales. Pero no renunció por su vínculo sinuoso con Pedraza sino porque Amado Boudou lo acusó de lobbysta de Boldt, la competidora de Ciccone en el negocio de la impresión de billetes. Después de ocho años como funcionario y de haber asumido la defensa de casi todo el gabinete nacional durante el primer y el segundo kirchnerismo, Righi se fue fastidiado y en silencio, por la puerta de atrás del proceso que apeló al setentismo como legitimación permanente.

El ex Procurador es un abogado de larga trayectoria que quedó congelado en el bronce de haber sido, a los 34 años, el fugaz ministro del Interior de Héctor Cámpora en 1973. Pronunció un discurso frente a la plana mayor de la Policía Federal en el que condenó la tortura. Y firmó a disgusto la amnistía para los presos políticos, una vez de que la movilización callejera los hubiera arrancado, literalmente, de la cárcel de Devoto. Por su cátedra de Derecho Penal en la UBA pasaron ex funcionarios como su amigo Alberto Fernández y otros que aún revistan en la secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, de Carlos Zannini.

En el estudio jurídico que fundó cuando regresó de su exilio mexicano trabajan su hijo Federico; su hermano Roberto, su segunda esposa, Ana María García, y sus socios históricos Fabián Musso –ex concejal de San Martín y amigo de Alberto Fernández- y Daniel Carral. Sus clientes habituales siempre fueron las grandes empresas, los sindicatos y los sindicalistas del estilo Pedraza, los bancos –unos cuantos de capitales españoles– y a partir de 2003 los funcionarios públicos, a los que siempre dijo que no les cobraba nada.

En los últimos años, Righi defendió a Néstor y Cristina Kirchner en una demanda contra la SIDE de los noventa y en una causa en la que eran investigados por enriquecimiento ilícito. Y logró que el juez federal Julián Ercolini –ex abogado de su estudio- firmara el sobreseimiento del matrimonio.

Según cuentan Pablo Abiad y Mariano Thieberger en Justicia era Kirchner, en la lista de los sindicalistas que defendía Righi también figuraba el ex secretario general del SMATA, José Rodríguez, un macartista orgulloso e irreductible que murió en 2009 y fue denunciado por haber entregado listas de obreros a las patronal de Ford durante la última dictadura. Righi lo defendió en una causa sobre la desaparición de trabajadores de la empresa Mercedes Benz durante la última dictadura militar. En esa causa, y en otras tres por presunta defraudación a la obra social del sindicato, que suman un perjuicio para los afiliados de 12 millones de dólares.

La trayectoria de Pedraza es más conocida. También anida sobre un pasado combativo en el fondo de los tiempos. Después de las privatizaciones, fue el artífice de un proceso en el que las empresas tercerizadas explotaban a los trabajadores y enriquecían a los dirigentes. El Estado kirchnerista lo tuvo de socio en el esquema tripartito de las concesiones y los subsidios y en el Belgrano Cargas, donde le cedió la conducción de las ruinas de ese ferrocarril estratégico para la Argentina de los commodities.

Que Pedraza se haya comunicado con el estudio de Righi –entonces aún Procurador General de la Nación-, 36 horas después de un asesinato que lo involucraba y que haya pedido asesoramiento para el último eslabón de una cadena criminal confirma que el jefe de la Unión Ferroviaria no era un paria, como parece ahora que llega la sentencia, sino todo lo contrario. Su amistad y su trato jocoso con el ministro de Trabajo Carlos Tomada –en los días posteriores al homicidio- van en el mismo sentido. Las escuchas de sus conversaciones atestiguan: Pedraza y Tomada seguían en guerra contra la izquierda después del crimen de Mariano Ferreyra.

Está a la vista: el gobierno se abrazó con el sindicalismo empresario y forjó una alianza indestructible, quizás la única que en sus diez años de gestión se mantuvo intacta, pese a todo. No sólo nunca alentó las corrientes sindicales de base ni un recambio en la dirigencia: hizo lo imposible para combatir cualquier expresión que no hablara su mismo lenguaje. Gordos oxidados como Pedraza fueron los traductores designados para implementar una política oficial para la nueva clase obrera que combinó paritarias con disciplinamiento. Y que trazó una línea de fuego para separar a los trabajadores en blanco con acceso al consumo del 35 por ciento de empleados en negro, que siguen viviendo en la década del noventa. En esa ecuación inalterable, se sostiene la viabilidad del modelo.

Los llamados del 22 de octubre de 2010 entre Puerto Madero y Barrio Norte muestran el acto reflejo de una clase política que es capaz de conjugar los negocios de siempre con el barniz de una épica saturada de efemérides. Sirven en lo inmediato para probar que Pedraza estuvo detrás del crimen de Ferreyra y arrimarse a la Justicia. Para entender mejor una época y a sus figuras centrales. Para perforar esa alianza de hierro que se mantuvo firme durante los últimos 20 años.

Publicado originalmente en Justicia por Mariano – El diario del juicio.