No son aceptables esos actos, ni son recomendables, ni resultan plausibles de ningún modo, espontáneos o no. Pero no deberíamos apresurarnos a calificar a la sociedad de totalitaria o cobarde por esos sucesos.

Luego de doce años de autocracia creciente, rematados por ocho bajo el pie de una señora que hablaba con Dios y desde un púlpito en cadena lanzaba bravuconadas y admoniciones sobre las cabezas de los ciudadanos, la sociedad está corroborando que fue gobernada por una banda de ladrones despreciables y desaforados.

Si bien esa situación no es novedosa, la fuerza de las imágenes, de las declaraciones de algunos cómplices, la exhibición de mansiones, los montos, los mecanismos de robo y ocultamiento, el cinismo de los personajes, la impunidad, la grosería de los modus operandi, las cifras que se manejan, los nombres que van apareciendo y la evidencia de que todo está podrido, han indignado a la sociedad hasta la bronca.

Esto se agrava porque crece el convencimiento popular de que los juicios y las investigaciones no seguirán hacia arriba, ni hacia los costados, es decir, hacia los grandes cómplices privados, ahora en franca simbiosis con el nuevo Gobierno.

Y no fue menos irritante la presencia de la señora de Kirchner haciendo su acting bailantero ante la Justicia, una burla inaceptable para quienes ya han empezado a pagar las consecuencias, no del desgobierno, sino del expolio del kirchnerismo. A lo que debe agregarse el escrache al juez con una turba insultante de 15 mil personas.

Observar a muchos representantes de la Justicia fingiendo diligencia y compromiso, pero en realidad embrollando las causas, ha convencido a los más atentos de que hay un acuerdo o, por lo menos, un clima de impunidad en el aire.

Muchos de quienes sintieron que con su voto cambiarían el sistema corrupto nacional tal vez están empezando a recalcular. El caso del dólar futuro, cuya lista de compradores sigue siendo un secreto de Estado, y la filtración de algunos nombres de actuales funcionarios en ella no es un paño frío ético adecuado para esta situación.

La sociedad está enojada. Sabe que está dirigida por un Congreso y una Justicia que no son distintos a los que perpetraron o consintieron la depredación. Y tampoco siente que el Ejecutivo esté seriamente de su lado en esta lucha, en especial por su asociación con los mismos chupasangres del gasto y la corrupción de siempre.

En tales condiciones, no es sorprendente que, cuando encuentra a algún representante conspicuo de la violación sufrida, le haga sentir el peso del escarnio y el repudio. Eso cobra más fuerza cuando el repudiado ha estado atado a los sectores más prepotentes y patoteros de la asociación gobernante hasta el 10 de diciembre.

Ante la impotencia, la sociedad reacciona obligando a los ladrones a vivir encerrados en sus mansiones o a huir en clase ejecutiva adonde está su dinero, o el nuestro, mejor dicho.

Además de repudiar la actitud espontánea, deberíamos preguntarlos si no es preferible que la bronca se canalice de ese modo, por criticable que fuese, en vez de que estalle de maneras más duras, más dolorosas y más peligrosas.

Hay un paralelo con 2001, cuando la consigna de la población indignada fue el “Que se vayan todos” y los políticos se asustaron seriamente. Peligraba la esencia de su monopolio.

Rápidamente desactivaron el apotegma, con una combinación de acciones violentas en las calles y un giro en la discusión promoviendo el cambio de la Corte (inspiradas por el experto Eduardo Duhalde). Todo apoyado por la providencial corrección política periodística que rápidamente salió a explicar que el concepto era antidemocrático y disociante.

Aunque todavía no se haya explicitado, la ciudadanía está mirando de reojo a todo el sistema político. Se está preguntando si estos son sus representantes y si quiere este monopolio corporativo de la democracia. El simple ejercicio del voto cada dos años, como advirtiera Tocqueville, no parece haberle dado resultado.

Los políticos de hoy, como el señor feudal de antaño, deberían recordar la frase del encabezado. No descalificar el enojo del pueblo. No desvirtuarlo con subtítulos ni con acusaciones de fascismo. La plebe está enojada, pero los fascistas no están del lado de acá del enojo, precisamente.

La sociedad ya votó, democráticamente. Ahora quiere que ese voto se refleje en el accionar de la Justicia. Escrache sería manipular o diluir esa decisión.

No irriten al siervo. Es mejor que no haya ninguna impunidad para nadie en nombre de la gobernabilidad. O la ingobernabilidad vendrá por otro lado.

Quien quiera oír que oiga.

En ese malabarismo, debe oscilar entre desilusionar a quienes esperan decisiones fundacionales y desairar a quienes no quieren resignar ni un centavo en el robo futuro, no conformes con el robo pasado, estatal y privado.

La clave es llegar a esas elecciones con un razonable nivel de popularidad, sin que en el camino se hayan producido desastres en materia social, política, económica, de salud o de seguridad.

Esto parece un objetivo muy pequeño, pero, sin embargo, es esencial para poder enfocar cambios en serio, que implícitamente se sobreentendieron con el nombre de su alianza.

Más allá de las políticas que Cambiemos pretenda aplicar, necesita que la masa residual kirchnerista que resiste en las dos cámaras desaparezca por la simple matemática democrática. Cualquier resultado de los comicios parlamentarios le asegurará por lo menos la posibilidad de negociar la legislación de fondo. Y de evitar las leyes y las acciones obstruccionistas que se preparan.

Esta necesidad de llegar a 2017 en condiciones razonables no es ignorada por los factores de poder político y económico. Por eso, se advierte el triste espectáculo de amigos y enemigos reclamando cada uno su libra de carne para apoyar o para no obstruir, en dramática parodia al mercader de Venecia. Y así aparecen todos los personajes.

Los gobernadores no aliados, que son peronistas o kirchneristas según les convenga, pero que quieren que sus barbaridades presupuestarias sigan siendo pagadas por el Estado nacional.

Los gobernadores aliados, que descubren ahora el federalismo y la coparticipación, una contradicción grosera y hacen juicio a la nación para cobrar deudas que ya cobraron vía chupamedismo a Cristina Kirchner.

Gobernadores de todo signo, que piden subsidios entongados con sindicalistas y empresas privadas para evitar que “se incendie el país”. Tal los casos de la industria del petróleo, una vergüenza, y de los bodegueros, una transferencia de pérdida por imprevisión. Y seguirán las firmas.

Los sindicalistas que, desde el apoyo o la oposición, desde el sector estatal o el privado, reclaman ahora por aumentos por sobre la inflación que ayudaron a crear, y el mantenimiento de un poder adquisitivo que jamás se mereció. Preparan la reedición de las huelgas de Saúl Ubaldini a Raúl Alfonsín.

El peronismo “peronista”, que pide en la sombra ventajas y prebendas para mantener contentos a sus amigos gobernadores, intendentes, punteros, empresarios y sectores de actividad afines, jurando que garantiza la gobernabilidad.

El peronismo kirchnerista, que pese a oponerse a todo también está dispuesto a negociar, en su mayoría, con las correspondientes contrapartidas. Esto será más cierto en el caso de los legisladores en la medida en que se acerque el límite de su mandato, momento en el que el conjuro de su hada madrina se esfumará y donde venderá [sic] caro su final.

Los empresarios, empezando por el círculo rojo, que inventan todos los días alguna necesidad social, algún subsidio para evitar el desempleo, algún acuerdo secreto con gobernadores para seguir ordeñando los presupuestos. Esto, sin haber empezado todavía el tironeo por obras públicas, licitaciones y anexos. El proteccionismo prebendario en su momento más rentable, aferrado al Mercosur indefendible.

Los banqueros y los financistas, que, por un lado, apoyan con crédito limitado, pero, por el otro, consiguieron un negocio monumental con los futuros del dólar, que inventaron con la gestión canallesca de Alejandro Vanoli, pero que exigieron cumplir, en nombre de la seguridad jurídica, a un país exangüe.

Los holdouts, que estaban dispuestos a hacerle quitas al Gobierno anterior, pero endurecen su posición cuando el país quiere pagar, a sabiendas de que pueden aprovecharse de la necesidad imperiosa de crédito e inversión.

La Justicia, desde algunos fallos inoportunos de la Corte hasta casos obstruccionistas que se preparan, y que serán negociables, al igual que decenas de casos pendientes. Los reclamos por la eliminación de subsidios serán una muestra representativa.

Ni siquiera tiene sentido hablar del sistema de medios, desesperado por la amenaza de la eliminación de la pauta, que los transforma en quebrados de un día para otro, ávido de cobrar favores.

En una estructura presupuestaria donde las provincias tienen el triple de empleados públicos que la nación, con un sistema democrático y partidista que se autoanula, las libras de carne se multiplicarán. Descarnadamente.

Cada cual quiere su libra de carne. Para apoyar, para no obstruir, para votar, para suavizar la crítica, para no oponerse. Pero una libra de carne por vez. Por cada favor, por cada concesión, por cada apoyo, por cada voto.

No hay apoyos ni acuerdos definitivos. Será caso por caso. Una libra de carne por vez. Como Shylock. Cobrando al contado rabioso. Macri sabe que tiene que pagar. Pero el cuerpo del que saldrán las libras de carne es el cuerpo martirizado y dolorido de la república.

La más evidente es la convicción de que el sistema democrático que nos rige es una estafa a la voluntad popular. Y ni siquiera hablaré de fraude. La lista sábana anula toda posibilidad de que los diputados tengan voluntad propia. El cambio del infame Pacto de Olivos que entronizó a los partidos en la Constitución lo convalida y graba a fuego. Con los senadores ocurre algo similar, aunque más constitucional. Son herramientas de los gobernadores en su búsqueda incesante de fondos.

En esas condiciones, las herramientas de negociación son la caja, los cargos, la obra pública y la deuda. El mismo sistema que se usó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires para gobernar en minoría. Imposible creer que de ese sistema surgirá alguna reforma profunda en ningún orden.

La segunda convicción sobre el sistema democrático es más profunda. Tengo serias dudas de que tanto en Argentina como en cualquier otro lado la mayoría quiera minimizar el Estado, ceder lo que considera sus derechos adquiridos o simplemente sus derechos divinos. No es cierto que la gente se venda por un pancho: se vende por un plan, un subsidio, una dádiva, un permiso para delinquir, un puesto, un sistema educativo que otorgue títulos sin esfuerzo ni talento.

Es difícil creer que el amplio sector que piensa de ese modo acepte ceder sus supuestas conquistas. Sobre todo si las paga el sector que sí trabaja, se esfuerza, ahorra, se sacrifica y produce.

Entra ahora en escena el mazacote de la asociación ilícita implícita entre el sindicalismo, el proteccionismo, el prebendarismo y los empresarios ladrones del gasto estatal. No los agrupo de casualidad. Deliberadamente o no, obran siempre en sincronía y funcionalmente al dispendio, la corrupción, el cierre de la economía y la ineficiencia en términos locales e internacionales. Su contrapartida es el saqueo del Estado a los patrimonios y al legítimo lucro de los que trabajan en serio, se arriesgan y producen.

Sus consecuencias naturales y sistemáticas son el déficit, el atraso, la falta de crecimiento, el endeudamiento, la falta de inversión. De paso, el ahuyentamiento deliberado de la inversión externa seria, reemplazada por deuda para que sea el Estado quien administre las obras y los retornos y las ventajas. Y pierda los juicios. Algunos le llaman el círculo rojo.

Es también evidente, y siempre lo fue, que este Gobierno no comienza desde cero. Eso sería demasiado fácil. Comienza en menos un millón, con los efectos acumulados durante 75 años, que se fueron agravando en la época Kirchner, como una sinusoide enloquecida, hasta llegar a la pesadilla actual, que en una monstruosa tautología requiere para su solución la ayuda de los mismos Freddy Krueger que la crearon y protagonizaron.

Y para concluir, por ahora, la enumeración de pesimismos, como a usted le gusta decir, basta analizar el número de gente que depende del Estado. Dieciocho millones de modo directo. No menos de veinticinco millones de personas calculando duplicaciones y un mínimo de familiares. Sin contar los grandes ladrones empresarios del gasto, que pesan mucho más. Ninguna oportunidad viable de contar con su apoyo, ni de reconvertirlos a trabajos útiles que ellos mismos ayudaron a no crear.

Ese fue un rápido repaso de los factores exógenos. Ahora miremos para adentro.

¿Quién nos hizo creer que este Gobierno sería antiestatista, bajaría drásticamente el gasto, eliminaría el proteccionismo, pondría al país a competir como si fuera Singapur, analizaría uno por uno los contratos de asesoramiento, las licitaciones, las concesiones, las tercerizaciones por servicios falsos, alevosas y generalizadas, que suman mil veces más que los ñoquis?

Nunca hubo por parte de Cambiemos promesa alguna en tal sentido. Nos complugo creer que esa omisión era para no espantar votantes, o en respuesta a las críticas de sus contendientes. Pero fue nuestra percepción. Tampoco su equipo de gobierno refleja esas ideas.

Para personalizar más: ¿de dónde sacamos que Mauricio Macri era un fanático de la libertad de mercados, la libre competencia y la apertura? Nunca lo dijo. Nunca lo hizo en su trayectoria empresaria.

¿Qué es lo que sí se puede esperar?

-          Que nos reinsertemos internacionalmente y nos alejemos de la estupidez de la ideología perdedora de la Patria Grande.

-          Que mejore el crédito del país, para bien o para mal.

-          Que aumente la producción del campo y su rentabilidad.

-          Que se eliminen las exageraciones de corrupción y acomodo, o al menos una parte de ellas.

-          Que se mejoren algunas reglas democráticas, aunque no tanto ni tantas como quisiéramos.

-          Que ganemos tiempo para que se licue el kirchnerismo y se renueve el peronismo.

-          Que se recompongan algunos términos relativos cuyo desfase impide todo crecimiento.

-          Que se restablezcan algunos criterios de eficiencia y trasparencia en el presupuesto y la administración.

-          Que se mejore la infraestructura y el soporte de producción y logística, más allá de la pureza de los métodos.

-          Que la Justicia se anime a tomar algunas decisiones que comprometan a políticos corruptos.

-          Que haya ciertas mejoras en el sistema de coparticipación y tributación, pero no un cambio integral en ningún aspecto.

-          Que se logre alguna mejora sustancial en la lucha contra el narco y la seguridad en general.

No me animo a esperar mucho más. Pero sí espero algo de una parte de la sociedad. El sector que trabaja, se esfuerza, produce, se arriesga, paga sus impuestos como puede.

-          Que se plante a defender el derecho a no ser esquilmado por nadie en nombre del derecho de los demás, y no se compre la culpabilidad por la pobreza ni la solidaridad generosa con su dinero.

-          Que exija que sus impuestos y sus aportes no se regalen a nadie, ni se roben, ni se repartan como un botín.

-          Que exija que no haya jubilaciones otorgadas por gracia y potestad del Estado.

-          Que reclame la baja del gasto y de los impuestos, la causa misma de la inflación y el atraso.

-          Que no compre la mentira del proteccionismo como generador de trabajo, ni en el orden local, ni en el regional.

-          Que comprenda que está defendiendo sus derechos y los de su familia cuando reclama todo esto, no discutiendo en un centro de estudiantes sobre ideología alguna.

-          Que oponga una fuerza igual o mayor, en todos los aspectos, a todos los movimientos, las presiones y las trabas que tiendan a impedir cualquiera de los cambios que se traten de aplicar.

Y hasta ahí llego. Sé que el lector ama el optimismo. Pero las notas de autoayuda están en otra sección.

A esto se agregan los nuevos avances sobre el Estado, como el escandaloso caso de Cresta Roja, que debería resolverse con todos los implicados presos: dueños, abogados, jueces, síndicos, ex gobernantes y comisión interna, en vez de resolverse con cortes de la autopista a Ezeiza protegidos adecuadamente por la Policía. Un caso emblemático, porque concentra en un ejemplo singular todas las circunstancias que nos pueden llevar no sólo a un error conceptual grave, sino a perder la única oportunidad de acabar con nuestro perverso sistema fiscal. Se pueden cambiar nombres, detalles, rubros, pero los argumentos de todos los factores son los mismos.

Hay en el Gobierno y en sus partidarios un temor, que puede ser justificado, a que cualquier episodio de calle pueda culminar no sólo en saqueos y tomas, sino en algún muerto oportuno que coloque en situación de martirio, lucha y protesta a los violentos a sueldo del kirchnerismo.

Comento en mi TimeLine de Twitter que ello aun con el Estado haciendo de bolsero y vendiendo publicidad. Fútbol para Todos perderá 1.7oo millones por año. Y me responde un seguidor: “Eso generaría mucho mal humor en un país muy volátil, para eso tiene que afirmarse bien y luego pensar en algo tan drástico”.

Habla como si se tratase de eliminar la vacunación infantil. ¡Le tiene miedo a cortar un mecanismo corrupto y doloso, innecesario y prebendario! No le importa el agua potable, ni las escuelas, ni que el hospital Posadas tenga la tercera parte del presupuesto que este engendro. Miedo a la amenaza de que Mauricio Macri sufra el tratamiento de Fernando de la Rúa.

Eso torna muy difícil hacer lo que se debería: no negociar con cualquiera que aplique medidas de coerción, tomas, piquetes o similares. En su lugar, el Gobierno cae en el error de hablar con ellos y esgrimir una frase fatal: “Mientras dure el corte, no vamos a negociar”, que es la trampa que obliga a satisfacer cualquier demanda. Ese tipo de situación lleva no solamente a que el Estado esté aumentando aunque sea transitoriamente el gasto, sino a que se creen precedentes muy difíciles de revertir.

Cuando se les puntualizan estos hechos, el Gobierno y sus partidarios-hinchas reaccionan con enojo: “Recién acabamos de asumir, no nos pidan milagros”. Deberían tomar esas reflexiones como un sano y amistoso consejo, no como una crítica.

También el Gobierno debe salir lo más rápidamente posible de la trampa de tratar de subsanar los casos individuales para dedicarse a crear un marco que aumente la actividad y la generación global de empleos, que es lo que propuso. Perder tiempo y más dinero en casos individuales que son casi todos como Cresta Roja sólo mellará su prestigio y lo sacará del camino correcto.

Otro punto en común es la necesidad de no afectar los “derechos adquiridos” de quienes recibieron ventajas inaceptables que paga toda la sociedad y quieren seguir recibiéndolas. Así, Hernán Lombardi, con su mejor tono bondadoso, explica que no seguirá 678 y que la TV pública será pluralista y cultural. El hecho de que la TV pública tenga un presupuesto anual del triple de las fuerzas de seguridad parece no merecer ningún análisis. ¿No será hora de preguntarse si hace falta una TV pública? ¿No hay ya cientos de mecanismos para llevar cultura a toda la sociedad y para atender las necesidades de las zonas de frontera? ¿En serio se cree que es posible hacer eficiente a la burocracia del Estado mezclada con los corruptos sistemas de producción artística?

El famoso presupuesto en base cero, imprescindible si en serio se quiere ir a una reforma federal del sistema rentístico, la coparticipación y el gasto, se opone a estos mal llamados derechos adquiridos. Si eso no se entiende, la federalización del sistema es una frase más para que pomposamente la repitan los opinadores.

Y mientras se dilapidan mil millones por año en esta entelequia de la TV cultural, 43 gendarmes mueren en una ruta desastrosa, a golpes, como vacas. Preferimos creer que fueron víctimas de un atentado. El atentado es tener fuerzas de seguridad sin armas, sin logística, sin equipamiento, sin siquiera un ómnibus en condiciones dignas. El asesino de los gendarmes fue el gasto descontrolado y mal distribuido.

Lo mismo que pasa con Cresta Roja. Miles de millones de regalo, tirados a un pozo sin fondo inútil, para beneficio de una asociación ilícita. Una masa de trabajadores que siempre fueron innecesarios y ahora son carne de cañón. Y la solución, para los sensibles, es darle más dinero a ese monstruo.

Aquí entra otro factor común. La sociedad en su carátula sensible. “¡Pobre gente!”, dicen todos. “¡Cuántas familias en la calle si el Estado se desprendiese de tantas organizaciones y entes inútiles!”. Creen que con esa sensibilidad políticamente correcta ayudan a la gente y al Gobierno. No se dan cuenta de que es todo lo contrario. Eternizan la mendicidad. Ayudan a los ladrones del gasto escondidos detrás de la burocracia. Y debilitan al Gobierno al exigirle sensibilidad que no están dispuestos a pagar.

Y algo más. Escondidos detrás de los empleados públicos, ñoquis o no, están los verdaderos grandes ladrones del gasto, que no hace falta descubrir, sino expulsar.

El gasto en las condiciones actuales es insostenible. Tanto en sus valores como en sus asignaciones y sus términos relativos. No aguanta el más elemental análisis. No se puede dejar eso para “cuando las cosas estén más tranquilas”, ni se puede postergar para esperar a que el crecimiento tape las rocas que la burocracia ha acumulado.

Será mucho más difícil el crecimiento con esta estructura y este nivel de gasto. Y nos llevará a un endeudamiento adicional improductivo y peligroso. No se puede dejar todo el robo y la ineficiencia en pie y además hacer los gastos y las inversiones que se necesitan impostergablemente.

Debe empezarse hoy a bajar el gasto. Orgánicamente, con un plan de abordaje y con una estructura especializada paralela a la tarea de Gobierno. He dado varias ideas de fondo que no repetiré aquí. El gradualismo es cobardía intelectual. Como en el cepo.

Una buena parte de los expertos no tiene la menor idea de gestionar. En esas condiciones, siempre es mejor encontrar excusas y prudencias. Total, después se puede acusar al Gobierno de haber desperdiciado el tiempo.

También la sociedad deberá en este rubro demostrar que se merece el Gobierno que cree merecer. La manera de apoyarlo no es meterle miedo, ni silenciar la opinión, ni darle tiempo para cuando haya gobernabilidad. Ahí será tarde. Para la gran masa del pueblo, gobernabilidad es demagogia y populismo.

Cuando se enfrente con el próximo piquete o el próximo corte de ruta, recuérdelo. Casi seguro ese piquete ocurre porque su Gobierno está haciendo lo que debe hacer.

Ha convocado para ello a sus partidarios, a sus sembrados recientes y anteriores en el sistema de Justicia y otras áreas vitales del Gobierno, a sus gremios amigos, a los trabajadores, a los estudiantes, a La Cámpora y a todo el aparato de prepotencia y temor del que se ha rodeado siempre el peronismo, desde su mismísimo fundador.

Es decir, la Presidente de la nación ha llamado a la rebelión, si no a la sedición, y ha prometido una feroz resistencia activa a cualquier cambio que se intente hacer a lo que ella considera las conquistas logradas en su gestión.

No tiene sentido perder tiempo en analizar los déficits de personalidad y psicológicos de la mandataria, que la han llevado a tantas agresiones y a tantos dislates.

Rápidamente, la masa de sus incondicionales acusó recibo del mandato. Los docentes y los directivos-verdugos de varias universidades ya han manifestado que se opondrán drásticamente a cualquier cambio, al igual que los empleados estatales de todo tipo de repartición.

Además usaron sus ámbitos de acción no sólo para promocionar en su tiempo de trabajo y en lugares que pertenecen a toda la sociedad la elección del candidato de Cristina, sino para anticipar su rebelión ante cualquier cambio que se intente hacer que no coincida con lo que el peronismo-kirchnerismo considera adecuado.

Lo mismo han hecho sus gremialistas subordinados y también sus aplaudidores industrialistas prebendarios, por supuesto.

También ha prometido que sus funcionarios no se irán, sino que se quedarán (“Nadie nos dirá ‘Que se vayan todos’”, una extraña y peligrosa afirmación).

Para que entendamos rápidamente, se supone que la democracia es un sistema por el cual se eligen personas que llevarán adelante una propuesta, que no siempre coincidirán con las de las minorías. El resto es un mecanismo de negociación, tolerancia y comprensión.

Cristina Fernández está diciendo que la democracia no le interesa. Tampoco el resultado de las elecciones, que tan desfavorable le está pareciendo. Muchos analistas sostienen que está buscando impunidad ante la inminente debacle del relato que ha construido.

Lo grave, aun si se aceptara esa excusa, es que está llamando a la desobediencia sistemática contra gobernantes legítimamente elegidos por el pueblo.

Sus palabras fueron recogidas y ampliadas por su jefe de Gabinete y por todos sus funcionarios, no sólo en el sentido de atacar al candidato Mauricio Macri, sino al prometer una sistemática resistencia pasiva (y activa) contra cualquier medida que intenten tomar los nuevos gobernantes.

Justamente el domingo, en una videoconferencia grabada y editada, Daniel Scioli, refiriéndose a una reforma en la educación que él atribuía a Macri, indicó que no se podría llevar a cabo, porque: “Los estudiantes no lo permitirán”.

Los gobernadores, los intendentes y los funcionarios subordinados del Frente para la Victoria (FPV) han comenzado esa acción de resistencia con la táctica de tierra arrasada, que va desde la destrucción de documentos hasta el vandalismo sobre las obras públicas, que evidentemente el kirchnerismo cree que fueron costeadas de su propio patrimonio, no por el esfuerzo de la comunidad.

No sólo muchos de esos funcionarios están arrasando el terreno, sino que están diciendo abierta o solapadamente que le complicarán la vida a cualquiera que no sea de su partido que intente gobernar, como es el caso de María Eugenia Vidal.

Una de las estrategias, por ejemplo, es la que ha seguido Jesús Cariglino, el intendente derrotado de Malvinas Argentinas, atacado evidentemente por una ola de despecho y odio digna de una botinera (con todo respeto por ese subconjunto). Con notable saña, está vaciando (sic) el municipio y el lunes mismo propuso un aumento de la planta y un incremento salarial del 150%, de imposible pago y de imposible justificación.

Por supuesto que este accionar está en línea con las designaciones de apuro que ha logrado filtrar la Presidente en la Auditoría General, los más de cien jueces que intenta hacer nombrar en pocos días el derrotado gobernador de Buenos Aires, o lo que vaya a saber que ocurrirá en los 15 días de prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso recientemente decretada.

Además de estar jugando con la gente, tales acciones implican un atentado contra la gobernabilidad, que raya el sabotaje a la democracia.

Algo parecido a lo que sucedió tantos años con la ciudad de Buenos Aires, castigada y torpedeada por la Presidente durante toda su gestión, por el sólo hecho de no ser de su riñón.

El kirchnerismo deja en todas las jurisdicciones y todos los ámbitos una serie de desastres y desmanejos cuyo arreglo, solución o reversión requerirá mucho trabajo, paciencia, esfuerzo y a veces sacrificios de los gobernantes y sobre todo de la población.

Frente a lo que ya parece una acción integral coordinada, sistemática y proyectable en el tiempo, hay una pregunta que se le debería formular en el debate a Daniel Scioli, candidato a la presidencia de la nación por el FPV y de Cristina Kirchner: “¿Usted está de acuerdo con el llamado de la Presidente a la resistencia a ultranza a un nuevo Gobierno y el sabotaje a la democracia?”.

Seguramente será interesante conocer la respuesta a esa pregunta, si el gobernador saliente decide que tiene que ver con el futuro y no la guarda en la bohardilla con el rótulo de “pasado”, donde pone todas las preguntas que le incomodan.

Tal figura permite que el heredero, antes de adir, pueda revisar y eventualmente rechazar la herencia que recibe, que, al componerse de activos y pasivos, puede esconder alguna desagradable sorpresa. Lo protege así de las locuras, los desaguisados, los errores, los delitos y los abusos en los que pueda haber incurrido el dueño de los bienes.

Desgraciadamente, la Constitución no prevé lo mismo para el país y en especial para sus ciudadanos. La herencia que deja un Gobierno no puede recibirse con beneficio de inventario y rechazarse. Cuando los Gobiernos son populistas e irresponsables, valga la redundancia, esa herencia suele convertirse en una hipoteca.

Eso es lo que está por pasarnos. La herencia de Cristina Fernández de Kirchner será un colosal pasivo que no podemos rechazar ni individualmente ni como país. Los desmanejos, los despropósitos y los dispendios incurridos por el kirchnerismo habrían justificado, sin lugar a dudas, otra de las figuras del Código Civil: la que posibilita a los herederos a pedir judicialmente la declaración de insania o de conducta temeraria de su pariente para inhibirlo en el manejo de los bienes que pasarán a su descendencia.

Siguiendo con el símil del anciano y sus herederos, esos actos irresponsables y dispendiosos en contra del legado familiar suelen agravarse y acelerarse en los momentos finales de su existencia. Tal es lo que está pasando: al final de la vida institucional de la Presidente se ha acelerado y potenciado el daño al patrimonio común.

En una columna para este medio, Claudia Peiró escribía, en agosto de 2014 que este Gobierno argüía sistemáticamente que no era culpable de las herencias recibidas para justificar sus decisiones. Nosotros, los ciudadanos, no tenemos ese derecho, lamentablemente. Nos ha llegado el momento de prepararnos para pagar las deudas contraídas en contra de nuestra voluntad, a veces sin nuestro conocimiento y siempre irresponsablemente.

Surge rápidamente el tema de las ventas de dólar futuro como un ejemplo cercano de desarreglo que trae reminiscencias de los finales del proceso, donde se gestaron tantos millonarios amigos por arbitrariedades como esta.

Pero se puede agregar en un rápido repaso el pésimo manejo de los holdouts, desde 2005 a la fecha, en cada una de las instancias de ese culebrón de despropósitos, cuyos efectos pagaremos todos.

También el cepo cambiario tuvo consecuencias que condicionarán varios años el accionar de los Gobiernos y los factores económicos, al igual que el distanciamiento con el Fondo Monetario Internacional, el incumplimiento con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (salvo los casos de juicios adquiridos por fondos cercanos al vicepresidente, que se pagaron al contado, hace pocos meses).

La evaporación del patrimonio del Banco Central, la destrucción criminal del peso, la virtual ruptura de relaciones con Estados Unidos forman parte de la hipoteca cuyas cuotas nos perseguirán por una generación. No hace falta dar más ejemplos, que el lector conoce muy bien, de lo que se hereda en esta monstruosa hipoteca.

Un nuevo Gobierno tendrá una dolorosa y cuidadosa tarea para salir de tamaño atolladero y al mismo tiempo mantener en funcionamiento a la sociedad y al país. Pero como el kirchnerismo quiere legarnos su propio albacea, que, además, sea el continuador de las tropelías y las sandeces que han dilapidado esta herencia, se produce una pirueta dialéctica digna de estudio (Suponiendo que haya quedado alguna usina de conocimiento).

Por esa pirueta, el kirchnerismo sale a acusar a Cambiemos por los supuestos modos en que resolverá cada una de las hipotecas que le deja y que él mismo ha originado. Así, lo acusa por la forma en que cree que resolverá el despropósito de los holdouts. O por los mecanismos que adivina que usará para resolver la inflación deliberada que le tocará.

El Gobierno ataca pasando facturas por los dramas que él mismo ha provocado, criticando las hipotéticas soluciones al desempleo que ha generado con la destrucción de la competitividad, las importaciones y las exportaciones, por ejemplo.

O lo acusa por el ajuste del gasto que ha gestado alevosamente al incorporar cientos de miles de inútiles partidarios como parásitos del sistema o como beneficiarios de las tercerizaciones con retorno, que ahora forman parte de la herencia con patrimonio negativo que recibiremos los argentinos.

Y, por el mismo precio, mete miedo a los votantes, que pagarán la hipoteca que deja, esgrimiendo como virtud de su gestión los que son tremendos errores, para llamarlos de un modo benévolo. Es como decirles a los chicos que no se vacunen contra la polio, porque la vacuna da fiebre. Con ese mismo nivel de ignorancia deliberada e irresponsabilidad.

Además de dejarnos los costos de su gestión insensata e ignorante, el kirchnerismo pretende imponer, ahora con el despreciable uso del miedo, su albacea continuador para seguir aumentando con despilfarro el pasivo de la herencia.

Lo único que nos debe aterrorizar es el precio que deberemos pagar por la corrupción y el populismo que nos lega Cristina Fernández.

¿Cuál es el objetivo de Sergio Massa? Ser una alternativa futura del peronismo cuando pase el tiempo del kirchnerismo, ahora o en una próxima crisis, y colocar la mayor cantidad posible de intendentes y diputados en el conurbano, o donde se pueda.

Con esos objetivos, Macri y Massa fueron al debate y Scioli eligió ser un clon de Cristina y no ir para no exponerse a ninguna pregunta. Escuchando los diálogos de anoche está claro que hubiera sido muy embarazoso para el gobernador tener que defender la gestión de su jefa espiritual en vez de explicar su plataforma.

Entre ir y pasar un papelón y no ir y quedar como poco respetuoso y poco democrático, eligió el segundo camino como un mal menor. En términos de pura especulación política, probablemente hizo bien en no ir. En cuanto los aspectos democráticos y de respeto por la ciudadanía, no forman parte de la preocupación kirchnerista.

Esto significa que los K buscarán los votos que pueden llegar a faltarle para ganar en primera vuelta por otros caminos.

En cuanto al debate en sí, estuvo organizado con una estructura muy rígida, con los candidatos muy resguardados y autoprotegidos bajo un juego de reglas conversado y discutido como si hubiera sido el tratado de Letrán.

Antes de hablar de los temas que se tocaron, hablaremos de los que no se tocaron. No se habló de economía. Ni una palabra. Esa ausencia resulta tan notoria que transforma el debate en una acción testimonial, más que una real confrontación de proyectos e ideas.

Por eso los candidatos tampoco explicaron los cómo. Con que recursos mejorarían la enseñanza, la seguridad, la democracia, la lucha contra el narco, los beneficios jubilatorios (Massa prometió un impactante 82% móvil desde el 1 de enero para todos los jubilados) y otras propuestas.

La economía se tocó tangencialmente con la unanimidad obvia en estar en contra de la pobreza, la adulteración de cifras del INDEC y la falta de crecimiento que mencionó Macri, y la necesidad de generar empleo que mencionaron todos.

Macri avanzó con sus ideas de un plan de infraestructura, bajar la inflación a un dígito y modificar las escalas del impuesto a las Ganancias. Massa empezó con una frase muy sintomática: “Argentina no es un desastre como dicen algunos, ni tampoco es una fiesta”. ¿A quién quería salvar?

Fue interesante notar que Margarita Stolbizer en especial y los demás candidatos, atacaron mucho al gobierno de Cristina y poco al de Scioli, justificando algunas suspicacias previas. Sólo Macri se preguntó quién gobernaría si fuera elegido Scioli: ¿Cristina, Scioli, Zannini o Aníbal Fernández?

También el jefe de Gobierno se lució cuando repreguntó a Stolbizer si en el marco de su preocupación por el crecimiento del narco se sentiría cómoda si la lucha contra la droga en la provincia de Buenos Aires fuera a estar encabezada por Aníbal Fernández. La candidata eludió la respuesta. Otra vez haciendo recordar las sospechas previas.

Nicolás Del Caño y Adolfo Rodríguez Saá no merecen demasiados comentarios en estas pocas líneas. Fueron invitados formalmente y así actuaron.

Massa dio la sensación de tener ideas y programas bastante articulados y estudiados, e hizo una buena entrega discursiva de ellos, más sólida que la de Macri. Con un buen golpe de efecto al usar sus segundos para hacer silencio en un acto de repudio por el faltazo de Scioli.

Macri estuvo agudo en algunas respuestas y muy bien en su entrega del minuto final. No estuvo tan feliz en algunas repreguntas. Las propuestas de educación y corrupción de Massa fueron concretas e impactantes. Nunca criticó a Scioli.

Macri también estuvo fuerte al enunciar su proyecto de una agencia especial contra la droga y delitos federales. Y Massa planteó buenas ideas sobre imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y apoderamiento de activos de corruptos y narcos.

El debate resultó interesante en sus dos primeros bloques y se diluyó con un formato de preguntas sobre la seguridad, aborto y cambios en el código penal que los candidatos eludieron olímpicamente.

Fue un buen primer intento, pero debe recordarse para el futuro que estos debates son útiles cuando un candidato es puesto en apuros por su contrincante, lo que aquí se evitó con empeño.

La pregunta que usted quiere hacer es “¿quién ganó?” Muy parejo. Ni Macri ni Massa defraudaron. Estuvieron bien preparados y mostraron ideas claras en lo que propusieron. No seria serio imaginar que por este debate vaya a cambiar el caudal electoral de cada uno.

En cuanto a Scioli, dijimos que debería buscar los votos que le faltan, si le faltan, por otro camino. Y ya sabemos por experiencia que los caminos del kirchnerismo son inescrutables.

El kirchnerismo no debate. Opera.

Daniel Scioli y Sergio Massa están jugados al endeudamiento, tanto para financiar el gasto como para eliminar el cepo y también para la imprescindible renovación y hasta revolución de la infraestructura, que lleva 20 años de atraso como mínimo. Mauricio Macri ha hablado a veces de inversión, pero con bastante timidez y sin precisar las áreas. Ahora lo oculta.

Los estatistas conciben la deuda como el único mecanismo de financiamiento y lo mismo ocurre con nuestra sociedad, que tiende a acostumbrarse a la mediocridad de pensamiento y espíritu con sorprendente facilidad. Nuestros políticos son dignos de esa sociedad. Se ha llegado al error de llamar inversores a los que compran un bono.

A esos políticos, casi todos estatistas, no les cabe la idea de inversión privada. Necesitan que sea el Estado el que funcione como gran hacedor y que se endeude para ello. Lo mismo ocurre con nuestros empresarios prebendarios. Necesitan un Estado estúpido con quien contratar y que les pague más de lo que corresponde y tome deuda para pagarles. Eso les permite prescindir de la competencia y de la necesidad de ser eficientes y obtener rápidas ganancias en juicios manejados por abogados vendidos.

Para los estatistas, políticos o empresarios vividores, hablar de inversión es un problema, porque significa que las obras o los emprendimientos serán privados y extranjeros, ya que los argentinos no tenemos fondos blancos, se sabe.

Por eso cuando la magnitud de un emprendimiento requiere necesariamente empresas e inversión externa, el Estado y los prebendarios se las ingenian para inventar complicadas figuras donde siempre debe ser protagonista una empresa nacional, asociada con “inversores” o “fondos” extranjeros, o con empresas extranjeras que terminan comportándose como argentinos. Basta mirar lo que está haciendo YPF, los contratos que firma y anula, y con quién lo hace.

A lo máximo que parece llegar nuestra inventiva es a arreglar con los holdouts y salir a tomar crédito para todos los propósitos y despropósitos. Y para financiar planes faraónicos de obras, que estarán en manos de contratistas nacionales. O sea, el futuro parece ser igual que siempre. En el mejor de los casos, echaremos a La Cámpora del presupuesto, pero la reemplazaremos multiplicada por mil por la patria contratista.

Sin embargo, la inversión externa permitiría resolver una gran cantidad de situaciones que hoy parecen imposibles de solucionar. Desde el gravísimo desabastecimiento energético, incluido tarifas y subsidios, hasta obras como los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, que nunca serán ampliados y modernizados con los métodos actuales. A lo máximo a que podemos aspirar es a más bicisendas y carriles exclusivos con nombres rimbombantes, que son, sin embargo, meros carriles exclusivos. Caros.

Autopistas, diques, cárceles, hospitales, ferrocarriles, colectivos, deberían recibir esa inversión y ser sacados de las manos del Estado subsidiador y del concesionario socio cómplice y retornador. Una manera efectiva de bajar el gasto sin costo social.

Un problema gravísimo como el de Aerolíneas, a la que Macri promete volver eficiente (sueño de una noche de verano) y Scioli y Massa prometen perpetuar en su ineficiencia, también tiene solución con inversión y operación extranjera.
Cuando se habla de inversión privada, o sea, inversión externa, surge inmediatamente el ejemplo de las privatizaciones de Carlos Menem. Por supuesto, la gran mayoría de los críticos jamás ha leído una página de los contratos, ni sabe cómo fueron concebidos y redactados.

Sin las privatizaciones de Menem, sin embargo, el kirchnerismo no habría podido mantener en funcionamiento el sistema productivo y jamás habría podido realizar avances en infraestructura por su cuenta. Basta ver el estado en que la deja, al borde del colapso (Prometo una nota específica sobre las privatizaciones y su historia).

Los contratistas, que no aportan ni consiguen financiación, obligan al Estado a endeudarse y fabrican juicios millonarios que les hacen ganar fortunas sin hacer las obras, nos condenan a quedarnos sin infraestructura en pocos años, tal vez en cuestión de pocos meses. Nunca ese sistema va a construir nada.

Está claro que nuestro Estado odia la inversión privada. Aun cuando no tiene más remedio que recurrir a ella, elige a las empresas o los países famosos por estar dispuestos a dar coimas o retornos. Los casos de IBM, Siemens, Skanska, Chevron, Repsol y varias empresas españolas son suficientemente conocidos. Ahora hemos agregado a China, Rusia y lo peor de África.

A pesar de todas las críticas y los defectos, la inversión externa es muchísimo más conveniente que la toma de deuda. La primera opción tiene un porcentaje bastante alto de probabilidades de éxito. La segunda, que implica al Estado gestionando, ninguno.

La inversión obliga a un compromiso mutuo del Estado y el inversor, aunque resulte más complejo al comienzo. El endeudamiento es un pozo negro (sic) en el que se pierden todas las responsabilidades, menos la de las generaciones futuras, que deben pagarlo.

Todas esas mentes brillantes económicas que se arrojan sobre la sociedad como espejitos de colores para mostrar la seriedad de la futura gestión de cada candidato deberían desempolvarse y dejar de pensar en la deuda como una herramienta de crecimiento, postergación o salida fácil y temporaria de la crisis.

La inversión es la verdadera solución. Claro que para eso hay que ser serio. En cambio, para tomar deuda basta con arreglar de cualquier modo con los holdouts, ¿verdad? O eso dicen ahora.

Avancemos hoy con el tema subsidios. Es parte de la política sobre el gasto (es hora de que haya alguna), pero tiene sentido considerarlo como un rubro aparte por sus implicancias.

La tentación de bajarlos de un golpe alcanza a los principistas liberales y a los gradualistas. Unos porque comprenden el daño de un método que promueve el consumo de bienes escasos, otros porque un sablazo a este rubro les permitiría no tener que hacer cirugía mayor en el gasto, lo que no saben cómo hacer. Ni quieren.

Aquí Daniel Scioli y su grupo están pensando en un sinceramiento muy rápido en las tarifas y más gradual (¿cien años?) en los transportes, aunque el nuevo presupuesto del actual Gobierno no prevé una eliminación drástica en ningún rubro.

Mauricio Macri declama la necesidad de reducirlos, pero salva a los más carenciados. Su posición es aún algo vaga. Tampoco está agitando un cambio instantáneo. El esquema que usó en la ciudad de Buenos Aires no es buen presagio.

Sergio Massa también es gradualista. No ha sido contundente en este punto. Pero hace la concesión casi religiosa de mantenerlos para los más pobres. Defina “pobres”. En este aspecto, como en todos, sus programas son estéticos, no para llevarlos a la práctica.

Los tres agitan el trapo de no regalarle subsidios a los que más tienen. Frase hecha. Tarde o temprano, “los que más tienen” seremos todos.

Cualquiera fuere el camino, algunos puntos parecen claros y deberían ser adoptados como metodología por cualquiera de los tres candidatos. El primero, previo a la discusión de subsidios, es que se debe establecer un esquema tarifario integral, con pautas económicas ortodoxas y con un procedimiento de ajuste automático.

Las empresas deben tener un claro panorama de sus ingresos para poder operar en un marco serio y planificar sus inversiones en un encuadre económico capitalista, no como si estuviéramos en el Comecon. Esto vale para energía, transportes, autopistas y cualquier otro servicio o sistema operado por privados.

A partir de ese cuadro tarifario se podrá empezar la discusión sobre quiénes necesitan un subsidio o no, nivel de gradualismo con que se aplicará y correlativas. Pero en ningún caso se debe poner sobre las empresas la carga de cualquier subsidio. Esto, además, es la correcta forma de presupuestar y analizar este tipo de costos.

Dentro de ese mismo criterio, ningún subsidio debe abonarse a las empresas, sino que todos los subsidios deben ser otorgados directamente a los usuarios. Se dirá que esto es muy difícil. Mentira. No hay dificultad alguna en determinar quiénes ameritan recibir un subsidio y por qué montos. El país de los Stiuso y los Parrilli no puede tener problemas en determinar cuántos kilovatios necesita una familia determinada para poder planchar y calefaccionarse. ¿Se requiere un registro y un control permanente? Sí. Y mucho mejor que sea así.

Esta mecánica condena a los tres partidos a conseguir buenos profesionales y técnicos en varias áreas. Mejor. Y ojalá que sean apartidarios. Pero el esquema permite un inmediato ahorro, que estimo en dos puntos del PBI, por la fuga que se produce hoy entre lo que se embolsan sin contraprestación algunas empresas (por ejemplo, colectivos), más lo que se devuelve a los funcionarios.

Seguramente obligará a todos los prestadores a un replanteo más racional, o simplemente racional, en prestaciones, recorridos, tecnologías y otros elementos centrales en cualquier servicio público, que hoy se han dejado de lado por falta de estímulos para trabajar seriamente.

Una vez determinada cuál es la tarifa o el precio correcto de un boleto o de cualquier otro servicio, y de haber ahorrado bastante con ese simple proceso, como vimos, se deben otorgar los subsidios en el modo propuesto y analizar la velocidad con que se retirarán a quienes no justifican la ayuda del Estado, seguramente los más.

Cualquier sistema que se aplique también debe ser manejado en términos individuales. Es decir, que el señor con la casa en Nordelta, si se acoge a un sistema gradual, también se deberá anotar en el registro de subsidiados. Será molesto, pero es justo, ¿no?

El kirchnerismo creó este problema. Porque al perpetuar y exagerar el esquema de emergencia de 2001, bajó los costos de estos rubros para la sociedad, pero usó ese ahorro para llenarlo con inflación, con lo que saturó la capacidad de consumo. Ahora, cualquier aumento en tarifas o cualquier baja de subsidios repercute en la gente y también en la macro, al bajar el consumo.

El tema no puede ser postergado eternamente, por impopular que resultare. No se puede recrear una economía sana con sistemas de subsidios de países petroleros árabes. Ni siquiera los árabes pueden ya. La idea de financiarlos con deuda tiene patas cortas.

Esta enorme diferencia entre lo poco que dicen los candidatos y lo mucho que hay por hacer y pensar es parte del problema. Sin olvidar el colosal escándalo que armará la población de medianos y altos recursos cuando le pasen la factura. Hasta son capaces de cacerolear y marchar. Liberalismo de un solo ojo se llamaría.

Los subsidios y el atraso tarifario, dos problemas y no uno, han dañado profundamente la infraestructura productiva, cuando no la auténtica soberanía del país, su independencia y su viabilidad energética. Por eso este tema debe resolverse con urgencia, no solo por su aporte al déficit, sino para salir de este otro cepo, tan grave como el cambiario.

Sergio Massa parece en sus planes querer resolverlo con la inversión -endeudamiento adicional del Estado. Roberto Lavagna está abogando por una solución que consista en endeudar a varias generaciones.

Scioli no lo dice, pero podría sostener algo similar. Un error basado parte en el desconocimiento y parte en el lobby.

La idea que se escucha en el peronismo de propiciar un nuevo blanqueo para conseguir que los evasores compren Bonar en vez de Cedin no solo bordea en el delirio, sino que es inmoral. Por fortuna, no tendría éxito.

Macri es la esperanza de que se recurra a la inversión privada, la mejor solución financiera y operativa. Mauricio, quiero decir.

También una oportunidad para bajar el nivel de corrupción.

Las privatizaciones de Carlos Menem conspiran para aplicar la solución inteligente, aunque no fueron tan malas. Al contrario. Pero hay un solo modo en que se puede evitar el ajuste tarifario y de subsidios tan temido: un acuerdo tarifario con inversores privados con un plan de adecuación.

Pretender al mismo tiempo un cómodo gradualismo y un sistema estatal de explotación es default energético primero y financiero después.

No soy original. Está ocurriendo lo que predijera Tocqueville sobre la democracia hace 180 años. No tema, no lo mandaré a leerlo.

Las quejas populares por las escandalosas elecciones en Tucumán parecen habernos despertado a los ciudadanos y a la oposición, que ahora amaga con proponer reformar el sistema antes de que el kirchnerismo haga valer la ley del almacenero: “El que suma la libreta gana”.

Pese a lo que opina Sergio Massa, la idea de saltar de la precariedad colonial de hoy a un voto nacional electrónico en 40 días es técnica y prácticamente inviable. Cualquiera que haya intentado implantar un sistema modesto de facturación en su empresita lo sabe.

Ni que hablar de las abuelas antidigitales, que temen, aún desde un conocimiento algo supersticioso, el hackeo, la pérdida de anonimato (se ve que no usan Internet) y otros terribles males que acarrearía tal modernización. Esa discusión llevaría a un debate de muchos meses.

Veamos lo que se puede hacer hoy, sobre bases realistas y entendiendo que la mayoría de los manoseos o los fraudes se producen en el escrutinio provisorio, como ya se ha dicho. El escrutinio definitivo, realizado sobre las actas de cada mesa, ofrece menos posibilidades de trampa, salvo las que se dan en los dos extremos: el momento de confeccionar el acta, el momento de volcarla y contarla.

Boleta única: Este parece ser un paso posible y más o menos aceptado. Habría que acordar un formato que no fuera demasiado engorroso. Eliminaría el problema del robo de boletas, aunque no el de urnas “embarazadas”.

Si bien obliga al votante con instrucción precaria a saber leer y a un esfuerzo intelectual algo mayor, representa una enorme ventaja para la inmensa mayoría de los votantes y facilita el recuento de votos en cada mesa. La idea de la boleta única complementaria parece un consomé grosero.

Se debería ir directamente a un sistema integral de boleta única. No requiere demasiados cambios técnicos y solo precisa algún ajuste legal menor. La norma que determina formato, color, orden y otras ridículas minucias no es exactamente la Constitución Nacional y puede reemplazarse en minutos, si hay voluntad política.

Las actas deberían replicar el formato de la boleta única, ayudando a la velocidad, la precisión y la limpieza en el conteo. Todas las etapas del escrutinio deberían realizarse sobre ese formato. Eso es fácil y rápido de aplicar.

Telegramas: Se puede reemplazar por un sistema de envío de información sistematizada vía Internet. Eso puede normalizarse con una planilla con igual orden y formato que la boleta de voto, lo que organiza y facilita el escrutinio provisorio y el definitivo.

En un país donde los pulgares sobre el teclado virtual del celular se han convertido en el órgano pensante, no cabrían excusas para no usar este sistema. Bastarían una pocas computadoras con acceso a Internet en cada centro de votación, donde se accediera a una página, también con el formato de la boleta única.

En su defecto, se podría acceder desde cualquier locutorio o con una versión para celulares. Los fiscales y el presidente podrían firmar en ese mismo acto con un código provisto previamente a cada uno, otro avance. El escaneo que se ha propuesto es más propenso a errores y fraude, a la vez que tiene el problema del volcado que no tiene una página receptora.

Centro de recepción, volcado y conteo: El tradicional Correo Argentino no tiene ya razón de ser. Su utilización como centro de recepción tuvo que ver simplemente con la utilización del telégrafo, que era el mecanismo de comunicación universal. No hace falta explicar cuál es el mecanismo de comunicación universal hoy.

El nuevo centro de recepción de cada jurisdicción, con prescindencia de su ubicación física, tendría un coordinador y operadores técnicos, estaría conformado y verificado paso a paso por todos los legítimamente involucrados: la justicia electoral y los fiscales generales de todos los partidos. Tal como hoy, pero adaptados al nuevo método. Ni siquiera haría falta cambiar los responsables.

Este nuevo formato no requiere de una alta complejidad técnica, solo de algunos instrumentos estándar de computación. El resto es la utilización de una metodología y procedimientos administrativos fácilmente diseñables y aplicables. La propia empresa hoy encargada del conteo precario de telegramas estaría gustosa de hacer este armado, con tal de defender su jugoso negocio.

Este modo evitaría muchas maniobras que se han detectado en la recepción y el volcado de los datos. No habría forma de alterar los archivos digitales, que se enviarían en formato inmodificable. Como hoy, la suma de los votos sería verificable por métodos mecánicos o manuales.

Para resumir, cada mesa sumaría todas las boletas únicas en una sola boleta-acta. Esa boleta-acta serviría para llenar una página de Internet con igual formato, que confluiría en una especie de gran boleta única con los resultados distritales.

Todo esto para el escrutinio provisorio. El definitivo se haría sobre la boleta-acta de cada mesa, tal como ahora, pero más rápido, por la unificación de formatos.

Control paralelo de fiscales de mesa: Como se ha venido haciendo espontáneamente, los fiscales de cada mesa pueden enviar a sus fiscales generales en el Centro de Recepción una foto o un escaneo del acta final de la mesa, que será fácilmente comparable con los datos recibidos digitalmente.

Reglas y normas de procedimiento: Podrían cambiarse algunas reglas para limitar la participación o la importancia de los funcionarios de cada Poder Ejecutivo y reforzar el poder de decisión de la Justicia y los fiscales generales en casos de interpretación y dudas.

También se podría agilizar la intervención y la acción de la Justicia y las fuerzas del orden en caso de flagrantes delitos que afectaran la libertad de elección y el resultado de los comicios. Esto sería de aplicación tanto en cada mesa como en todos los ámbitos en que se vote o se escrute.

Todavía habrá que vencer la resistencia obsesiva casi asnal a cualquier cambio del Frente para la Victoria, pero eso podría revertirse con algunas manifestaciones o marchas populares contundentes. Tucumán patentó un sistema que habrá que usar para organizar las marchas al instante, no como un casamiento en que se reparten las invitaciones con un mes de antelación. El 24 S será tarde.

 Para obtener logros ciertos, la oposición tiene que presentar urgentemente un programa como este o similar. No limitarse a pedir un cambio y trasparencia, como ha comenzado a hacer, lo que la lleva a la nada. Ese programa debe ser trasmitido conjuntamente a la ciudadanía, sin discrepancias, y con convocatoria a la movilización.

Quedan pocos días y la táctica del Gobierno de diluir los reclamos de cambios para hacerlos imposibles por tiempo está dando frutos.

Hay otros pasos posibles, pero debemos concentrarnos en los mecanismos que nos permitan a todos los ciudadanos aceptar como justo y cierto el resultado de las próximas elecciones generales. El país está en una real emergencia y no necesitamos dudas sobre la legitimidad de quien gestione los ya complicados asuntos de la nación.