Por supuesto que esta vez será distinto y el último, y además se justifica por el supuesto requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de otorgar un perdón fiscal antes de la entrada en vigencia de los tratados de información automática entre países, que aún no se han firmado y que regirían desde fin de 2018.

Sin embargo, por lo que está comunicando el Gobierno y lo que se conoce de los proyectos, surge que lo que se intenta es el retorno de dólares al país. O sea, que los argentinos vendan sus tenencias de la especie que fuere y traigan esos fondos a la Argentina para colocarlos, sea en nuevos certificados de depósito para la inversión (Cedin), sea en nuevos bonos, que pagarán una tasa que se supone algo menor a la reciente colocación, pero no demasiado.

Ello también se evidencia en la idea de cobrar menos alícuota en los casos de repatriación que en los casos de simple exteriorización con permanencia de los dólares donde estén actualmente.

Pongámoslo más claro: el Gobierno intenta que vengan dólares que se transformen en préstamos para la actividad inmobiliaria, o en bonos de nueva deuda que tomará el Estado para usar con fines diversos.

En cualquiera de los dos casos, y suponiendo que no fuera el Banco Central (BCRA) quien comprase esos dólares, sino el mercado, habrá que rogar que no se cumpla la estimación que ha circulado, que lleva la cifra a blanquearse a los 50 mil millones de dólares. Si tal cosa ocurriese, el efecto sería igual al de cualquier invasión de hot money o capital golondrina.

Esto implica una baja potencial muy dura del tipo de cambio nominal, en un contexto de inflación en auge que ha neutralizado una parte importante de la devaluación del peso tras la liberación del cepo. No parecería que fuera muy inteligente apurar un atraso cambiario, ni mucho menos empujar a una apreciación del peso mayor a la esperable.

Tal vez se puedan responder estas observaciones apelando a la esperanza de que los fondos que retornen se apliquen a inversiones productivas, que, sin embargo, no parecen tener aún el escenario mínimo que se requiere para esa etapa. Todavía parece no haberse digerido el concepto de que la inversión no depende de la afluencia de dólares, sino de las expectativas, los proyectos, el clima y el sistema legal imperante. La lluvia de dólares, cualquiera fuera su origen, no llevará apareada ninguna inversión por su sola presencia. La simetría opuesta es mucho más probable: un clima y un ambiente legal y laboral pro inversión provocaría una lluvia de dólares.

Descarto que se le ocurra al BCRA emitir para comprar estos dólares con cualquier formato, por cuanto ello sería una locura que el presente equipo técnico no cometería.

Sin embargo, la financiación de gasto u obras públicas implica algún mecanismo de conversión de esos dólares a pesos, con los efectos que conocemos en el aspecto cambiario o en el inflacionario.

Queda por analizar si efectivamente el blanqueo será tan exitoso como se espera, en momentos en que las tapas de los diarios y los portales no parecen ser un catálogo de oportunidades, sino un listado de reclamos e imposiciones populistas, algunas concedidas.

Creemos que no hay urgencia alguna en lanzar este blanqueo, perdón, exteriorización o como se le quiera llamar a este procedimiento. Desde el punto de vista de los tratados de la OCDE, hacerlo en 2017 estaría perfectamente dentro de los tiempos lógicos de decisión, a la vez que probablemente para ese momento Estados Unidos también estará anunciando algún grado de facilidad de información fiscal, lo que puede empujar más adhesiones.

En lo que hace a la confianza en el país y a la inversión posible, tal vez el año próximo tenga más incógnitas despejadas que las que hay en este momento, de previsible incertidumbre.

¿Cuál es el apuro, entonces? ¿Para qué exponerse a una superabundancia de dólares si se es exitoso, o a un papelón si no se logra atraer suficientes adherentes?

Si el tema es meramente cumplir con el mandato supuesto de la OCDE, no habría que crear incentivos para inundar de dólares al país en un momento en que no hay importaciones relevantes, suponiendo que alguna vez las haya. Si tal fuera el caso, el blanqueo debería limitarse a una simple exteriorización, pagando las alícuotas correspondientes, sin diferenciación alguna.

El tema de la cercanía entre esta regularización fiscal y las escandalosas compras de cedines sin denuncia de lavado, que el Banco Nación no ha explicado aún, es un asunto aparte, pero no sería insensato poner algún espacio de tiempo entre una y otro, máxime cuando las noticias de operaciones similares a las que ahora se quieren promover aparecen todos los días y los sospechosos de ilícitos están desesperados buscando regularizar sus activos.

¿Cuál es la urgencia estratégica en hacerlo ahora? Aun aceptando todos los argumentos a favor, es mucho mejor que este perdón ocurra después de alcanzados ciertos objetivos centrales que constituyan un marco de referencia, no antes de que todo ello esté plasmado. Se trataría así del colofón de un proceso, no del preámbulo.

Tantos blanqueos acumulados configuran ya una sistemática “doctrina del perdón que puede anular el pasado”, como decía Jorge Luis Borges. Habría que tratar de que en esta oportunidad también cambiemos.

Ante el Cecyp, una suerte de club social de los más importantes empresarios, Macri aseguró que en su Gobierno no intervendría para fijar el tipo de cambio y que ese valor sería determinado por el mercado.

Es importante prestar atención a las dos partes de su afirmación. Está planteando un mercado libre de cambios, por un sistema de oferta y demanda, y también está anunciando que no existirá intervención del Estado para determinar los tipos de cambio.

A la vez, con esa sola frase, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deja de ser la contraparte obligada de las transacciones cambiarias.

Prácticamente un mercado cambiario de esas características no existe desde el Gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, recordado porque fue durante su mandato cuando el país alcanzó el proverbial sexto lugar entre las economías mundiales.

La decisión es seguramente la forma más rápida de salir del cepo, ya que no requiere de la acumulación de reservas para hacer frente a una posible corrida, por dos razones. Por un lado, porque desaparecería el fuerte estímulo de un dólar subsidiado desde el sector de la demanda y, por el otro, porque el BCRA no tendría la obligación de vender dólares ante una demanda alta, ya que el mercado se compondría solamente de privados o particulares.

Es posible aventurar que se llegaría en poco tiempo a una posición de equilibrio en algún punto intermedio entre los 9 y los 15 pesos, tan pronto como los operadores adquiriesen la gimnasia que se ha perdido para operar en mercados libres.

Es esperable la crítica de quienes dicen que la medida generaría una devaluación, como si tal cosa no estuviese altamente descontada en nuestra economía, y como si existiese alguna alternativa viable al ajuste del valor del peso, cuyo deterioro ya se mide por cantidad de camiones de transporte de caudales, no en cifras.

La única alternativa a aceptar la realidad cambiaria es la parálisis total a la que se está llegando, o la parálisis parcial del gradualismo, que tiene más contraindicaciones que ventajas, suponiendo que tuviera alguna ventaja. Y siempre es mejor que el tipo de cambio esté determinado por el mercado antes que la variante de que un grupo de funcionarios establezca cada día cuál es el valor de la moneda.

Pero la frase del candidato tiene implícitas muchas políticas. Entre ellas la de no obligar a liquidar las divisas recibidas por cualquier concepto, ni pagar a 180 días, no cobrar las exportaciones al contado, que tanto daño han causado al comercio exterior.

También contiene la eliminación a las trabas para importar y exportar extraarancelarias, que resultan en general peor que los recargos, en especial poco predecibles. Y ciertamente, elimina por definición las prohibiciones a la devolución de préstamos y giros de dividendos, que fueron tan nocivas para la obtención de inversiones.

Como es cierto que una parte, solo una parte, de la adopción de un tipo de cambio realista reciclará alguna inflación, esta idea también está indicando que se está previendo contener el gasto y la emisión, y también absorber los excedentes monetarios para neutralizar ese efecto.

Y para completar las inferencias, seguramente, para eliminar las distorsiones por expectativas, un mercado libre de cambios supone un rápido arreglo con los holdouts, ya que sería imposible pensar en un mercado libre de cambios con una distorsión tan importante como el default pendiente sobre nuestro sistema.

Esto en cuanto a lo que es técnicamente fácil suponer, que son las medidas coherentes con un mercado libre de cambios. En cuanto a los efectos de estas medidas en la actividad económica del país, cada sector, cada factor, comprende mejor que nadie los cambios que pueden producirse, lo que se ha perdido y lo mucho que se puede recuperar. Lo mismo ocurre con las oportunidades que se abren.

Hace bien Daniel Scioli, el gradualista, en tratar de sepultar con críticas y chicanas dialécticas la propuesta de Macri. En dos líneas, el jefe del PRO ha planteado un plan económico que lo puede llevar a la Presidencia.

Tal garantía se inspira en los principios de limitación de la monarquía y el despotismo que se comenzaron a imponer a fuerza de espada en los albores del siglo XVII: ningún hombre estará subordinado a otro, sino a la ley.

Ninguno de los dos preceptos se está cumpliendo en la antigua República Argentina. Toda la nociva construcción del cepo y atraso cambiario se basa en una combinación de aprietes, amenazas, algunas resoluciones secundarias que habilitan una jurisdicción inexistente (como la de la AFIP) para disfrazar los controles.

El cepo no es meramente una medida económica. Está inhibiendo la capacidad de generación de riqueza y bienestar de la nación por muchos años, está afectando vidas y patrimonios, destruyendo empresas, ahorro, inversiones y futuro.

Sin embargo, todo su sistema está construido sobre un mecanismo ilegal y en las sombras. Funcionarios ignorantes que telefonean o convocan a operadores, legales y clandestinos, para amenazarlos, intimidarlos, multarlos, fundirlos, amedrentarlos, con el fin de aplicar una ley que no existe.

Desesperado porque la realidad no es de su agrado, el poder decide cambiar la realidad a pura prepotencia y disfraza ese atropello de derecho, imponiendo con la Gendarmería, por ejemplo, un tipo de cambio que solamente existe en su imaginación enfermiza.

Se usa el poder del Banco Central, de la AFIP, de la Comisión Nacional de Valores, fruto de leyes que en muchos casos son autocráticas y vagas, para lograr objetivos que no están en sus funciones, disfrazando con frases rimbombantes el atropello. A veces los miembros de La Cámpora, cual nuevos Camisas Pardas, asuelan las empresas legales o no, jugando a ser policías en un corso despreciable de psicopatía al estilo Che Guevara.

Como en la mejor Unión Soviética de los setenta, donde nada estaba prohibido pero nada se podía hacer, Argentina es hoy un país con un sistema de contralor encapuchado y en las sombras. Incapaz de hacer. Solo sabe prohibir y castigar.

La prohibición de importar y exportar que rige para muchos bienes no es fruto de una ley, sino de una maraña de artilugios, conversaciones, ataques, aprietes, amenazas, utilización arbitraria de leyes que fueron aprobadas con otros propósitos. Pero siempre se termina en una prohibición o una autorización arbitraria y sorpresiva. O con silobolsas tajeados.

No se trata del efecto económico de estos procederes. Se trata del ataque sistemático a los derechos del ciudadano.

Las leyes que se aprueban son deliberadamente confusas y amenazantes. La del terrorismo económico, que deja librado al arbitrio de un juez (designado a dedo, tal vez) la interpretación de cualquier acción privada como delito. O el aborto del concepto del golpe de mercado, digno de Kafka, si no fuera que Kafka era instruido.

Leyes que tarde o temprano, con criterios deformados y aviesos, son usadas para justificar convenientemente cualquier ignominia o cualquier relato que se quiera imponer a la gente.

La no ley o la utilización tramposa de la ley. El Ejecutivo designando jueces de un modo ilegal e inconstitucional, especulando con sus negociaciones con la Corte, o con que la Corte no se atreverá a declarar inconstitucional tantas barrabasadas. O removiendo a cualquier juez que maneje causas en contra de la familia reinante si no es de su agrado, sin causa alguna y con argumentos vergonzosos por lo vacíos.

El escamoteo alevoso de atribuciones de la Justicia para transferirlas a otros poderes en manos amigas que garanticen impunidad o venganza es otra característica del mundo de sombras en que se nos ha sumergido.

Y como corolario, un corro de militantes y funcionarios de cuarta que se espían entre sí, espían a otros poderes, espían a los ciudadanos, se entrometen en sus vidas, amedrentan con carpetas o legajos. Ratas que espían desde los tirantes para ver de dónde robar algún mendrugo, cerdos como los de la Rebelión en la Granja orwelliana, jugando a ser poderosos, sin aceptar su condición de cuadrúpedos hozantes.

El país atemorizado, acobardado, perseguido, humillado, que además recibe burlas y agravios de la Presidente en sus cadenas diarias, también ilegales. Todos atrapados en la dialéctica del relato democrático, de los derechos humanos, de las reivindicaciones, de la lucha contra la pobreza. Presos de la mentira ideológica. Víctimas hasta del cambio de la historia, que es el cambio de la memoria.

Para el lavado de dinero sí hay una ley, aunque sea inconstitucional (nadie se dio cuenta), que se prorroga eternamente para comodidad de los ladrones que compran propiedades para dejar blancas sus negruras de acción y de alma.

Y como toque final, la sociedad entera ofrendada a la droga, con el sistema de seguridad convenientemente apuntado para que mire hacia otro lado, y el sistema judicial que pareciera que en este punto sí está de acuerdo: hacer del país una gran narcovilla. La no ley.

Mientras tanto, con el apoyo del más grande emporio mediático del país, supuesto enemigo del Gobierno y del establishment prebendario, aquel propone un candidato continuista, un Maduro propio, del que, en nuestra inocencia o en nuestra desesperación, esperamos que traicione a su Chávez vivo (viva) y se transforme en un Alvear, o un Roca.

Tengo claro que nada de lo que digo servirá para mucho. Pero es bueno que “ellos” sepan que ‘nosotros” sabemos lo que son, quiénes son y lo que hacen. No habrá historia para los que nos agravian, nos entregan y nos humillan hasta la descerebración y la vergüenza. Habrá justicia.

Enfrentamos el peor y más grave momento de la historia argentina. Un gobierno democrático, encapuchado.