En los últimos meses el número de despidos ha crecido. Algunos fueron por decisiones presupuestarias, en el Estado, por ejemplo, y por búsqueda de racionalidad en la expulsión de gran cantidad de empleados “ñoquis”, que abundaban en las dependencias oficiales, designados especialmente en la primera o la segunda mitad del 2015. Otros cayeron víctimas injustamente. El propósito fue concluir con el oportunismo. Pero debe haber existido un cierto número de inocentes.

En el sector privado, las circunstancias son distintas. Desde hace tres años, desde la segunda Presidencia de Cristina Fernández, el empleo privado ha ido disminuyendo y desde mediados de 2014, se cerraron las puertas de los establecimientos. El único recurso al cual se aferraban los necesitados era el Estado.

Si eso ocurría en las provincias ricas o en la capital del país, el panorama era mucho más patético y sin alternativas en las provincias del noreste y del noroeste, las más perjudicadas: hay escasas fábricas o no las hay. O no hay ni siquiera producción primaria. Los municipios y los gobernadores suelen manejar el puesto como un favor y como una promesa de voto. Un proceso antidemocrático y feudal desde el comienzo.

En los últimos días, en el Congreso, la oposición política viene trabajando ofensivamente en una ley para frenar los despidos. Respaldan la decisión parlamentarios del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque justicialista, el Frente Amplio Progresista y partidos provinciales. Los observadores políticos consideran que esta presión para conseguir la ley surgió a partir de la unidad sindical. Las centrales obreras impulsaron un proyecto compartido para contener de algún modo la cerrazón del empleo.

La pregunta fundamental es: ¿qué están haciendo y diciendo los asesores económicos de esas agrupaciones ante la voluntad de ponerle un freno a la problemática a través de una ley? ¿Acaso una ley solucionaría el desempleo? ¿La oposición no se hace cargo de que la falta de empleo se arrastra desde hace años, de que el Estado estaba sobrecargado de trabajadores por decidido criterio populista?

Desde hace prácticamente una década, tiempo de conducción del matrimonio Kirchner, se vino imponiendo el contratado, el que trabaja para el Estado sin protección alguna. Más: el Estado fue el mayor empleador “en negro” del país. Todos estos problemas no se solucionan en el corto plazo. Ni con magos geniales.

Todo sugiere que la oposición busca mostrar preocupación, ganar mayores adeptos y posicionarse en medio de meses decisivos, cuando el Gobierno de Mauricio Macri se juega su futura permanencia en el poder después de esta etapa. Aun sabiendo que el desempleo sólo tiene salida con soluciones económicas, no legales.

En 2016, la actividad industrial no tiene horizonte positivo y sus indicadores son pesimistas. En los últimos cinco años las exportaciones a Brasil han disminuido cinco mil millones de dólares. Pasaron de 15 mil millones por año a 10 mil. Tan sólo en el 2015 el bajón de colocaciones en ese país llegó a casi el treinta por ciento. Para peor, la demanda interna viene descendiendo. Los mercados se achican. La pérdida de competitividad interna es evidente. En toda la década el kirchnerismo, y luego el cristinismo, no se han ocupado de conseguir nuevos mercados, nuevas relaciones comerciales. El retroceso de este tiempo se parece al de fines de los años noventa, que se sumó a otros factores para explotar al culminar el 2001 y comenzar el 2002, cuando se sacó la bandera del default.

¿Se puede obligar a un empresario con una ley o con un revólver en la cabeza a seguir operando cuando financiera y comercialmente está quebrado? ¿Y si está en el límite de sobrevivencia, se lo puede conminar a contratar personal en un país donde los costos laborales, impositivos y bancarios son agobiantes para las pequeñas y medianas empresas y para las grandes también?

La respuesta se resume: “Es la economía”. No es un tema de leyes. Si no hay un empujón hacia adelante, si no hay una decisión de bajar las tasas bancarias, que llegan al 38% (en los mejores casos), si no aparecen alicientes, si no resurge el consumo, si no hay una modificación impositiva en serio, ninguna ley antidespidos podrá tener resultados. Todo pasa por esa realidad. Y no hay otra color de rosa.

Los empresarios habían ganado mucho con las privatizaciones. El campo se estaba tecnificando. No se podía explicar que aquello era una ficción, que todo dependía de la entrada de dólares y, si llegaban a faltar, la convertibilidad se caía, se rompía a pedazos.

Un grupo pequeño de economistas y algún que otro periodista señalaban el peligro que se avecinaba. Esas sombras atemorizantes aparecieron con el tequilazo mexicano en 1995 y el retiro de inversiones en toda América Latina, incluyendo a la Argentina. Los dólares se esfumaron y la convertibilidad comenzó a pisar terreno resbaladizo, con aceleración.

La sociedad no escuchó ni leyó, ni se interesó. Siguió abrazada al ensueño del 1 por 1. Todo derivó en atraso del tipo de cambio, despidos, alto desempleo, dificultades económicas de muy distinto tenor. La Alianza arribó a la Casa Rosada en 1999 prometiendo continuar con la convertibilidad. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En qué condiciones? No fue explicado. Pero hubo intensos debates internos. Rodolfo Terragno, jefe del gabinete, era un crítico del sistema económico vigente. La mayoría de sus colegas, en cambio, lo defendían, muchos por conveniencia política, para conservar los votos ganados. Eduardo Duhalde había perdido la elección porque jugó con la verdad: La convertibilidad, decía, ya no podía continuar ante el cuadro de crisis. A eso se sumó que Menem, por celos o envidia, o intereses, bombardeó la propuesta de Duhalde.

En el 2003 Menem volvió a postularse a la Presidencia. Obtuvo cuatro millones y medio de votos. Una montaña. Pero, como regía el ballotage, tiró la toalla y dejó que Néstor Kirchner, que representaba a la minoría, asumiera. Sin ballotage hubiera sido presidente por tercera vez.

Quedó demostrado en todos esos años que las ideologías y los principios elementales ya no pesaban en la decisión del electorado. Para muchos fueron las crisis reiteradas, más los residuos psicológicos de la dictadura militar, más la acumulación de frustraciones, un solo proceso que llevó a la sociedad a votar por conveniencias de bolsillo, o para evitar cambios demasiado bruscos. Otros analistas consideran que ese proceso de evaporación de las ideologías o de las lealtades partidarias no es solo local. Está presente en el mundo.

Mucho antes de la reciente elección de las PASO se sabía que un 35 % de la sociedad consideraba que la gestión de Cristina Fernández era buena y concretaba cosas de gran interés popular: los subsidios sociales sin miramientos, por ejemplo, o el Fútbol para Todos. Todas las denuncias sobre autoritarismo, falta de respeto institucional, ataque a los medios de comunicación, enfrentamiento a otros poderes y en especial el Judicial, arrogancia, prepotencias de todo tipo, no convencían a los que se abrazaban a la sonrisa presidencial y sus acciones, y hasta a su forma de ser. Y consagraron al que ella había nombrado su sucesor, Daniel Scioli, pese a los desplantes y los malos tratos a que lo sometió por larguísimo tiempo.

Scioli también sumó acciones que tuvieron eco social, aunque no pudo superar la inseguridad, la complicidad de varias fuerzas policiales con la delincuencia, la presencia apabullante del narcotráfico que continuará en vertiginoso crecimiento, siguiendo -hay datos que lo confirman- el ejemplo mexicano.

Otro tema posterior demuestra ciertas torpezas intempestivas de Scioli. Viajó a Italia en medio de inundaciones pavorosas en la provincia. Las primeras versiones señalaban que se tomaría un tiempo de descanso tras la fatiga que dejan las elecciones. Después se dijo que en realidad el traslado fue para visitar a los especialistas para perfeccionar la prótesis que lo acompaña y que reemplaza al brazo perdido en el accidente náutico. Vaya a saber.

Tampoco importaron los señalamientos periodísticos sobre Aníbal Fernández, que tuvieron repercusión internacional. Fernández era marcado como titular de una organización dedicada al narcotráfico. A sus votantes las acusaciones no los hicieron cambiar de opinión. Creen en él. O bien lo vivieron como un freno a los partidos de la oposición.

Esta apatía ideológica tiene que ver, también, con la fragmentación en la sociedad, con la falta de coherencia de muchos dirigentes políticos, con los dirigentes, en general, porque todos tenían el mismo discurso ante el futuro que se aproxima aceleradamente. Si todos dicen lo mismo, cunde aún más la falta de fe en los partidos como tal. El peronismo, el radicalismo, la centro-izquierda y las izquierdas no están ofreciendo esperanza ni regalan nada. No se vota con la cabeza. Se vota con las identificaciones, con los afectos o la simpatía que establecen con los que les dan, sin importar las consecuencias. Por lo menos a mí este proceso me provoca desazón. A otros, que son numerosos, no tanto. Dale que va.