Ante esto proliferan las voces que promueven leyes con la finalidad de regular el comportamiento de los individuos, como lo refleja la ley contra el bullying- aún no reglamentada- instalando un 0800 para denunciar supuestos casos de maltrato escolar y descargando así la responsabilidad en los miembros de la comunidad educativa (docentes, alumnos y padres). Nada dicen acerca de las políticas educativas, sociales y económicas que rigen la vida de todos los ciudadanos día tras día.

Junín es la Argentina toda

Desde el poder Ejecutivo local y la propia oposición se reconoce la “falta de inclusión social” y el “aumento de bocas de expendio de drogas”. Junín reúne todos los componentes dispersos de nuestra Argentina, porque allí se expresa la impunidad y la connivencia de las instituciones que deben actuar contra el delito que, muchas veces, están más abocadas a organizarlo que a enfrentarlo. Se expresa el aumento de los jóvenes “ni-ni”, como también la descalificación educativa y laboral.

Junín, bien mirado, no deja de evidenciar las características del régimen social y político que emerge pasados más de 10 años de la crisis de 2001. Lo que no se dice, acá tampoco, es que estamos ante la observación impoluta del fracaso de un mercado laboral y de la anulación de perspectivas de futuro que podría brindar la educación. Es decir, que nos encontramos ante un nuevo quiebre de las relaciones sociales. El fin de ciclo es la evidencia de un fracaso rotundo de determinadas políticas pero en una escala superior porque el resultado son jóvenes asesinados y devaluados en su vida cotidiana.

Una educación desvalorizada

Se impulsan planes de reformas educativas, enmarcadas en los acuerdos con la OEI, a lo largo y ancho del país que quitan especificidad y contenidos a los saberes por enseñar promoviendo enseñanzas generalistas y básicas. Es decir una educación acorde a las demandas de los nuevos tiempos del mercado laboral, que nos evidencia una descalificación creciente. De este modo podemos entender la significancia del plan Fines2 y PROGRESAR, que funcionan para alterar el índice de deserción promoviendo la desvalorización del docente y de la educación.

Descalifican la formación orientada y especifica pero pretenden enseñar a “convivir”. Lo que resulta en un sinsentido ya que el desafío es tomar en consideración al otro cuando uno ha asumido una posición divergente, que emerge al conocer, al interrogar y al disentir en base a apreciaciones específicas y orientadas. La posibilidad de abordar un concepto mediante diversas formas solo puede ser producto de una educación libre y de calidad. Sin embargo la escuela pública estaría destinada “a los que más la necesitan” (slogan del gobierno nacional), ya no se trataría de la educación pública como derecho sino como institución reservada para los que “menos tienen”. La escuela pública emerge como institución de contención para “los que no pueden acceder a otra cosa”.

La posibilidad y los límites de la escuela

La escuela puede intervenir ante hechos de violencia pero no puede sortear la crisis política y social. Los docentes en las escuelas y las escuelas, con los docentes, son los espacios donde se habilitan las expresiones y se evidencian las potencialidades de los jóvenes, a pesar del resquebrajamiento que se ha mantenido y se ha regenteado estos años. No es necesario nuevas legislaciones propensas a seguir penalizando el comportamiento porque solo promoverán mayores estallidos y episodios de violencia que seguirán costando la pérdida de ilusiones, deseos, fantasías y esperanzas. 

De lo que se trata es de una alternativa social para los jóvenes, donde ellos puedan organizarse y expresarse de modos fidedignos y expresando sus propias necesidades. El joven necesita capacitación, inserción educacional y laboral, en un marco que brinde las garantías necesarias de que su trabajo será justamente remunerado, que ofrecerá condiciones dignas y propias para el desarrollo del ciudadano.

Sin embargo sigue sin cuestionarse el aumento de situaciones de maltratos entre los jóvenes como también la tendencia creciente en donde terminan en actos de tamaña significancia. Y es aquí que debemos interrogar al mundo que rodea al joven. El mundo del que provienen, en el que se encuentran y al que se dirigen los jóvenes. Porque ya no es el comportamiento de un individuo, sino la reiteración de episodios violentos. El recurso a una solución definitiva y extrema como ser el suicidio habla, a las claras, de los límites y de la falta de posibilidades que se les ofrecen a los jóvenes en su cotidianeidad. Que se ve agravada si se toma en consideración las posibilidades de futuro.

En un informe publicado en la prestigiosa revista de ciencia British Medical Journal equipo de investigadores demostró que en Estados Unidos el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes cuya edad oscila entre los 15 y 25 años. La “depresión, ansiedad, problemas con el alcohol e incluso suicidio” son los indicadores que aumentaron a partir de la crisis de 2008, evidenciando una relación directa con la época de crisis sistémica. Lo que puede observarse, también, en los períodos de crisis de 1929 en Estados Unidos y de 1997-1998 en Asia. El suicidio se torna, así, una forma más de aniquilamiento de las potencialidades humanas.

Mirando el mundo que les espera a los jóvenes encontramos las razones de la depresión, de la angustia y del suicidio. Qué expectativas puede ofrecer a los jóvenes un régimen social que culmina dejando una ciudad como Detroit, cuna del desarrollo industrial del capitalismo, a merced de los perros semisalvajes mostrando sólo una parte de una quiebra más generalizada de estados, expresión del cierre del Estado norteamericano a principios de mes y la amenaza del default del coloso mundial.

En Estados Unidos, cuyo régimen educativo se encuentra descentralizado, donde las escuelas han recurrido a involucrar a los padres en las decisiones institucionales, donde han instalado penas a los padres por acciones de hostigamiento que realicen sus hijos (por ejemplo en Wisconsin), incluso con la instalación de cámaras y detectores de armas al interior de los colegios vemos que, a pesar de todo esto, se reiteran los informes sobre matanzas escolares, hostigamiento y el último caso de suicidio. Semejante situación, el maltrato, la violencia y el suicidio (que no es el primero que acontece por estos motivos), nos interpela como miembros de una sociedad que muestra síntomas de índole fatal. Los jóvenes, nuestros jóvenes, se matan.

En Estados Unidos con una educación generalista (no especifica), con títulos intermedios y posgrados pagos se profundiza la desigualdad social en el conocimiento. Es, en definitiva, un régimen social y político que impulsa a miles de jóvenes a la desocupación y la precarización laboral.

Es la política de ese mismo Estado la que envía a miles de jóvenes a participar en aventuras guerreras al otro lado del mundo, es esa política que salva la vida de los grandes bancos a costa de aumentar el desempleo y el desfinanciamiento de los servicios sociales. Es la que ofrece diversos niveles de educación y sistemas escolares donde los jóvenes son registrados para evitar la portación de armas. Es ese régimen político que penaliza a los menores de edad a quienes juzga como mayores al otorgarles penas de hasta cadena perpetua.

Esa política rápidamente detuvo por instigar al suicidio a las jóvenes que hostigaban a su compañera. Lo que resulta una simplificación de los acontecimientos y la instalación de una práctica de sospecha sobre la juventud. En definitiva, el árbol ha tapado el bosque y logra que se desconsidere al régimen político y económico que produce estás situaciones. Lo que constituye el escenario para la portación de armas y masacres en el interior de las escuelas. Estos jóvenes interpelan al mundo del encierro y la condena mediante el suicidio o las matanzas manifestando un hartazgo y desorientación. No encuentran salida ante la catastrófica realidad. Los jóvenes estallan y los que no son presionados mediante leyes represivas.

Sólo comprendiendo estas características se puede empezar a entender cómo se ha ido construyendo un abismo alrededor de las perspectivas de los jóvenes. Sólo hace falta alguien (o algo) dispuesto a darles un empujón. Sin embargo también, frente a este abismo, están los propios jóvenes que se organizan, que se sienten interpelados por el mundo y lo enfrentan, participan y buscan los modos para cambiarlo porque saben que su futuro y nuestro presente es lo que está en el centro de la escena. Jóvenes que se indignan, se expresan y se organizan. Paradójicamente, esos jóvenes al cuestionar el mundo en el que viven, son cuestionados por algunos “de los adultos” que defienden este modelo de mundo.

El dilema plantea en qué mundo estructuramos el desarrollo de las posibilidades de nuestros jóvenes. Entre un mundo real donde se los precarice, se los criminalice y los oprima, o un mundo posible en donde logren expresar sus capacidades y potencias creativas valorando la vida humana.

La medida, que contó con el voto favorable de los bloques opositores, bien analizada, despierta ciertas preocupaciones. En primer lugar, cabe la pregunta sobre qué paso con la implementación, desde 2005, del “Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas” impulsado desde el Ministerio de Educación Nacional, que contiene producciones teóricas, investigaciones y entre sus objetivos se propone brindar herramientas a los docentes para que intervengan en situaciones de conflicto en el ámbito escolar. La nueva ley no hace mención a los esfuerzos ya realizados y, claro está, mucho menos a que esos esfuerzos y gastos no han evitado la situación actual.

Dos aspectos son fundamentales a la hora de pensar lo que desconsidera esta ley. En primer lugar la degradación del docente como profesional mediante un salario insuficiente si tomamos el costo de vida real, una actividad laboral que se encuentra bajo estrictos controles y evaluaciones en un marco de inestabilidad (miles de docentes no son titulares y otros tantos se encuentran bajo la modalidad de contratados). A esta situación estructural se suma la degradación del saber docente a través de la quita de contenidos curriculares que cuenta con la aprobación del Consejo Federal de Educación. La reforma que se pretende implementar en Capital Federal implica quitar alrededor de 140 orientaciones pedagógicas y formativas, en otras palabras: docentes perderán sus materias y los alumnos ven recortadas sus posibilidades de elección. La nueva escuela secundaria, según los lineamientos del Consejo Federal, pretende que el docente enseñe a “aprender a aprender” y que los jóvenes puedan “vivir juntos”. Se elimina el desarrollo del conocimiento de una disciplina por un “aprendizaje” diluido en el tiempo que instala una educación básica y postítulos, para especializarse, actualmente pagos. También se pretende que se enseñe a vivir juntos, algo que no requiere de un saber específico.

La nueva ley coloca a la escuela como institución de contención social con función de coerción personalista (el rector es la única instancia de decisión) sobre los estudiantes. Se enmarca, así, en una tendencia mundial que orienta a las instituciones educativas a gestionar la crisis del régimen social a la que se le exige fomentar la cohesión social, según la Organización de Estados Iberoamericanos, en un marco de rebeliones populares.

La diputada, que impulsó la ley, Mara Brawer, dijo que “los conflictos no son únicamente de un alumno ni responsabilidad de un solo docente, sino de todos los miembros que integran esa comunidad educativa”. Se responsabiliza entonces a la “comunidad educativa” (alumnos, docentes, padres), lo que saca a luz el segundo aspecto fundamental: que la ley desconsidera al régimen político y económico que provocó que casi un millón de jóvenes entre 15 y 24 años ni trabajen, ni estudien (los famosos “ni-ni”). Promoviendo la degradación del saber, de la profesión docente y de las relaciones entre los jóvenes y los adultos.

La legislación instala la práctica de la delación al ofrecer un 0800 que habilita las llamadas de anónimos para informar de situaciones que no se atreverían a hacer en las instituciones. Siempre sirve, como ejemplo, la realidad educativa. En las últimas semanas más de una docena de colegios secundarios fueron ocupados por sus estudiantes en rechazo a las reformas que se pretenden implementar. Podría pensarse que, el día de mañana, algún llamado anónimo a la línea ofrecida denuncie la existencia de situaciones de bullying nombrando como supuestos responsables del hostigamiento a los jóvenes que participaron activamente en las tomas. En este sentido, la ley es habilitante de una situación persecutoria y de sospecha constante al interior del ámbito educativo. Se instala así lo más miserable de las prácticas humanas al ámbito escolar. Después de una década de gobierno el entramado social se evidencia quebrado y el surgimiento de un “nuevo relato” emerge para justificar la reglamentación y el control del comportamiento. Por esta razón Alberto Sileoni (ministro de Educación nacional) abogó, ante el debate acerca de bajar la edad de imputabilidad, por la creación de un “sistema penal juvenil, con un enfoque específicamente dirigido a esa población”

Sistema penal finalmente, la escuela se convierte en una institución para controlar e informar los comportamientos. Las reglamentaciones de cómo comportarse aparecen como relatos para regimentar la vida cotidiana y sobreexigir de tareas a los docentes.

Si se pretende, realmente, promover autoridad en el docente para intervenir en la formación de los jóvenes y ofrecer una alternativa a las expresiones de violencia, se debe construir una autoridad pedagógica y desarrollar la educación y el saber de los jóvenes brindando un aumento presupuestario, otorgando estabilidad a los profesionales de la educación y desarrollando un plan de becas acordes a las necesidades familiares para evitar que los estudiantes se precaricen en búsqueda de un sustento. Una alteración de la escuela, vinculada siempre al régimen social vigente, implica reorganizar la sociedad sobre nuevas bases sociales.