Los resultados en las ventas minoristas comienzan a reflejar los inconvenientes de bolsillo por parte de los argentinos, que, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tuvieron una caída en el mes de enero del 2,3% y en febrero del 4,5%, lo que marca un descenso en el primer bimestre del año en el comparativo interanual del 3,4% en promedio. En el caso de consumo masivo, la cuestión no fue mejor, con una reducción de las compras en la canasta básica del 8 por ciento.

La relación entre las grandes cadenas como formadores de precios y el Gobierno nacional si bien es buena, no recibió las expectativas esperadas. Los productos que quedaron por fuera del programa Precios Cuidados de enero, como carnes, frutas y verduras, tuvieron incrementos de entre el 40% y hasta el 60% respecto de la anterior versión del programa. Esto llevó al Gobierno, a través de la Subsecretaría de Comercio Interior, mediante la disposición 7/2016, a la creación del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), que obligará a las cadenas de supermercados a publicar en forma diaria, a partir de las 6 de la mañana, un listado de productos que han sido comunicados como obligatorios y no obligatorios para su información pública a través del sitio web en línea. En principio, el programa comenzaría a partir del 15 de abril, pero su publicidad y su promoción se espera que sea para los primeros días de mayo, de acuerdo con lo programado por el Ministerio de Producción de la Nación.

La inflación en el primer trimestre se proyecta a un promedio de entre el 10% y el 12%, según las mediciones privadas, lo que hace muy difícil cumplir con la meta inflacionaria propuesta por Alfonso Prat-Gay de entre 20% y 25% anual. De acuerdo con las proyecciones privadas, a falta de un Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional prometido para el mes de mayo, las más optimistas estarían entre el 32% y el 35% anual, considerando los testimonios del presidente de la nación, Mauricio Macri, de una baja de la inflación en el segundo semestre del año.

Una de las medidas adoptadas para contener a la población más sensible al alza de precios, como los beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH), la jubilación mínima y el plan Progresar, es la elaboración de un proyecto de ley para la reducción del IVA que consiste en el reintegro del 15% en la compra de alimentos de la canasta básica. El proyecto prevé que la devolución del impuesto se haga a través de la tarjeta de débito que estos sectores poseen para cobrar su beneficio. Para los casos de productos que tributen 10,5% o estén exentos, como la leche o el agua, el proyecto contemplará mecanismos de compensación. Recordemos que para el resto de los consumidores argentinos con plástico, en el caso de la tarjeta de crédito, la rebaja del IVA es de 3%, con un tope de hasta mil pesos por operación y en débito de hasta 5 por ciento. Esta medida fue prorrogada hasta el 30 de abril en forma anexa al reintegro del 2,5% del IVA en la compra de combustibles líquidos y gas natural.

A su vez, lo que será controvertido de la propuesta es que muchos comercios no tienen Posnet para realizar la operación de cobro electrónico por la terminal de pago. De acuerdo con la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA), es fundamental la reducción del costo del equipo de la terminal de cobro, pero también una disminución del cobro de la comisión de tarjeta de crédito, que hoy es del 3% y en débito, del 1,5 por ciento.

En la década del sesenta, Rogelio Frigerio expresaba en su libro Las condiciones de la victoria: “Los precios no bajarán ni cesará la inflación por obra de los inspectores sino cuando la producción se incremente respecto del consumo y cuando el Estado elimine las fuentes del déficit presupuestario”. Respecto de la producción, la cuestión no viene mejor. Según la encuesta mensual industrial de la CAME, entre 250 industrias pymes del país, febrero fue un mes entre regular y malo para el 87% de las empresas consultadas afectadas por la menor demanda, los incrementos en los precios de insumos esenciales para completar el ciclo productivo y las dificultades para trasladar esas subas a los precios de venta frente a los bajos niveles de demanda. La industria pyme descendió 4,8% en febrero frente al mismo mes de 2015, con caídas generalizadas en todos los sectores manufactureros. En la comparación mensual (febrero de 2016 contra enero de 2016), la producción también registró un derrumbe de 2,1 por ciento.

El presidente de la nación, Mauricio Macri, aspira a que luego de las malas noticias del primer semestre de subas de tarifas de energía eléctrica, gas, agua y posiblemente transporte público, se pueda, a partir del acuerdo con los holdouts, regresar a los mercados internacionales para obtener financiamiento para inversión pública y privada. Argentina ha podido consumir más de lo que producía en estos últimos cuatro años. Sin inversión productiva, no puede haber aumento de bienes al servicio de la población. Que se busque incrementar la producción de los bienes implica que habrá más empleo y también posible disminución de la inflación por crecimiento de la oferta y no por ajuste de la demanda, como está ocurriendo en la primera etapa del año.

En cuanto al cuadro macroeconómico, el programa del actual titular de la cartera de Economía, Alfonso Prat-Gay, busca reducir el déficit fiscal primario a 4,8% en 2016, 3,3% en 2017, 1,8% en 2018 y 0,3% en 2019. Sin embargo, esto dependerá mucho del resultado de los recortes que está teniendo el Estado a nivel administrativo y los ahorros por recorte de los subsidios a energía, gas, agua, transporte público, entre otros más, los incrementos en la recaudación que se obtengan vía liquidación de exportaciones teniendo en cuenta que también hay una reducción en la caja por eliminación de retenciones y la salida del cepo cambiario, por lo cual ya no se cobra dólar ahorro ni tarjeta. Es decir, entre los ahorros, de un lado y la pérdida de recaudación, por otro, se equilibra la balanza, pero el déficit continuará alto.

Desde el Banco Central se tomaron varias medidas ortodoxas desde el punto de vista monetario para reducir la inflación que actúan con rezago, como el incremento de la tasa de referencia del Banco Central, como las lebacs, en un 38%, y por ende de la tasa de interés a plazo fijo y la disminución de la emisión monetaria del 40 al 26 por ciento. No obstante, estas medidas pueden servir para el corto plazo ante el riesgo de caer en recesión, lo cual impactaría aún más sobre el consumo, la producción y el empleo.

De acuerdo con las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación en el mes de agosto fue 1,2 % y la interanual 14,7 %, mientras que para la medición realizada por el Congreso, las cifras promedio fueron de 2,17 % y 26,6 %, respectivamente. Atrás quedaron los debates sobre las diferencias en las mediciones y ahora el fragor del debate comienza a depositarse en cómo disminuir no sólo la brecha, sino la inflación real que padecen todos los argentinos.

En la agenda de bolsillo de los votantes la inflación es un tema cándido que la semana pasada comenzó a mostrar sus primeras aristas de definición. En este contexto, carece de valor el presupuesto proyectado por la actual cartera de Economía presidida por Axel Kicillof, que prevé un crecimiento del PBI del 3 %, un dólar promedio de $ 10,60 y una inflación del 14,5 %. Es decir, el Gobierno saliente dice con total precisión “nominal” lo que a los pretendientes a ser la gestión entrante les cuesta definir y asegurar.

El equipo naranja, presidido por Daniel Scioli, plantea llevar la inflación a un dígito con una flotación administrada del tipo de cambio. La plantilla está integrada por Miguel Bein, Mario Blejer, Miguel Peirano, con el acompañamiento de Silvina Batakis, Gustavo Marangoni y Rafael Perelmiter. La apuesta está en captar inversiones por 30 mil millones de dólares anuales, incrementar la actividad local de los sectores agrícolas, ganaderos, industriales y servicios “garantizando” su rentabilidad, pero apostando a la distribución equitativa del ingreso y la mejora del poder adquisitivo de la población. Para realizar una lectura teórica, la mira estará puesta en una posición heterodoxa que enfatiza en el campo de la producción y la distribución de la renta. El marco para el crecimiento y el desarrollo de la actividad económica propuesta pasa del ahorro directamente a la inversión, ya que los incentivos estarán dirigidos a una mejora de la utilidad empresaria.

La camiseta amarilla de esta copa por la inflación está a cargo de Carlos Melconian, Miguel Ángel Broda y Federico Sturzenegger, que son algunos de los referentes económicos del macrismo. La búsqueda de bajar la inflación a un dígito es la misma que sus opositores, sin embargo acortan los tiempos a dos años al plantear una ventaja hacia el electorado respecto de sus competidores. La propuesta es diferencial, ya que busca un tipo de cambio flexible fijado por el mercado en relación con las variaciones de las diferentes monedas. Sus jugadores económicos aspiran a la idea de libre mercado, donde el Estado reduzca el intervencionismo en los mercados. A su vez, plantean una agenda fiscal vinculada a reducir el déficit, disminuir subsidios del cuadro tarifario y generar las condiciones para liberar el cepo cambiario. En todas las presentaciones se propone reducir la presión fiscal, pero eludiendo cualquier tipo de alocución referida a la palabra “ajuste”. Términos como “shock” y “gradualismo” ofician de sustitutos para apostar al regreso a los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y así incrementar reservas y mejorar el clima de negocios en el país.

Los colores rojo y amarillo sobre fondo negro del equipo económico de Sergio Massa flamean en las diferentes presentaciones de Roberto Lavagna, Nadín Argañaraz, Aldo Pignanelli, Ricardo Delgado, Martín Redrado, Guillermo Nielsen. La estrategia massista es recuperar lo mejor del equipo técnico de la época dorada del kirchnerismo, apostando a un arreglo de la situación fiscal, lograr un contexto de confianza sobre expectativas devaluatorias a través de una certidumbre cambiaria, reactivar la inversión con incentivos impositivos y financieros como desgravación de ganancias para pymes, amortización acelerada, devolución del IVA, eliminación de retenciones a las economías regionales, implementación de tasas subsidiadas para las pymes, entre otras. La intención es definir pautas de inflación semestrales claras para recuperar la credibilidad sobre las mediciones del Indec y la autonomía del Banco Central.

Las copas en el campo de fútbol se ganan con goles y no con promesas, como argumentan los hinchas tribales de los diferentes equipos locales. En política económica pasa algo similar: Un programa antiinflacionario requiere planes, gestión, monitoreo permanente, información sobre su evolución, explicaciones de contextos, pero lo más importante es que cuando algunos de estos equipos económicos salgan a la cancha, encuentren en sus líderes seguridad en lo que se hace y sobre todo que la promesa realizada en campaña se cumpla al minuto uno de iniciado el partido en el campo de juego el próximo 10 de diciembre.