La actividad de la venta ilegal en Argentina es todo un mundo aparte en los estudios de economía subterránea a nivel mundial relevada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) con la existencia de 76 mil vendedores ilegales a lo largo y ancho de todo el país, con una facturación anual en 2015 de 50 mil millones de pesos. En la ciudad de Buenos Aires el problema no es menor, ya que la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) relevó en el mes de marzo 20.943 puestos ilegales distribuidos en 4.426 manteros, 8.539 puestos en locales tipo saladitas y 7.978 en parques y paseos. Para tomar dimensión de la problemática, en la zona de avenida Avellaneda hay unos 1.021 manteros. Es decir, que representan sólo el 5 % del problema de esta economía informal en la ciudad de Buenos Aires.

¿Cuál es el mayor temor que genera la venta ilegal en el actual contexto económico? El fenómeno surgió como actividad de supervivencia para un segmento delicado de la población en tiempos de la crisis económica del 2001. En el ciclo de crecimiento de la economía ya no sólo fue un refugio laboral informal de modo pasajero, sino que se convirtió en el marco idóneo para el desarrollo de una actividad ilegal sin riesgos ni costos económicos. El escenario en la actualidad es muy delicado, ya que, según la CAME, las ventas minoristas tuvieron una caída en el mes de enero del 2,3%, en febrero, del 4,5% y en marzo, de un 5,8%, lo que marca un descenso en el primer trimestre del año en el comparativo interanual del 4,2% en promedio.

A su vez, en un contexto donde la actividad económica formalmente establecida encuentra una presión tributaria del 38% respecto del PBI ante la caída de las ventas minoristas, por ejemplo, Fecoba relevó en la ciudad de Buenos Aires, en febrero, 3,3 locales cerrados por cuadra. El estudio de los procesos económicos básicamente revisa los incentivos que tienen los diferentes agentes económicos para tomar las elecciones que les ofrezcan mayor utilidad. Claramente la venta ilegal, ante la caída de rentabilidad e incremento de los costos en el sector formal, en caso de cierre, es una buena puerta de entrada para una actividad sin riesgos ni controles que puede espiralizar aún más la informalidad.

¿Se puede incrementar el desarrollo las marcas minoristas locales o arribar marcas del exterior bajo las condiciones de la competencia desleal? La venta ilegal es un freno hacia la recuperación de las inversiones locales y extranjeras en el sector. De acuerdo con la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), el sistema cuenta con 700 empresas y 28 mil locales en el territorio nacional con potencial exportador que actualmente encuentra inconvenientes para su desarrollo cuando sus marcas, sus patentes y sus desarrollos de productos son copiados y falsificados con su venta en la vía pública. En diciembre del año pasado, cuando asumió Mauricio Macri como presidente de la nación, circuló la posibilidad del arribo de marcas como Forever 21, H&M, TopShop, Gap, Zara, Burberry, Dolce & Gabbana, Gucci, Brooks Brothers, Ralph Lauren, Carolina Herrera o Escada, entre otros. Es muy difícil que la inversión se recupere si su retorno encuentra una competencia desleal tan grande y con crecimiento sostenible. El mejor mecanismo para la evolución virtuosa de la economía es lograr una competencia equilibrada y bajo las mismas condiciones a todos sus actores, lo que genera que las ideas creativas, las innovaciones y los desarrollos empresarios creen empleos con buenas rentas medias a partir de la comercialización de sus productos y sus servicios en el mercado interno y externo de nuestro país.

En un inteligente pensamiento, Roberto Serra, un especialista vernáculo en estrategia y retailing en Latinoamérica, sostiene: “En el nuevo juego de los negocios, los ganadores no son los mejores sino los que dominan el juego”. Claramente, la venta ilegal en los últimos años venció y puso de rodillas a las autoridades públicas y los empresarios privados en el país, ya que el dominio del juego vino de parte del incumplimiento de los artículos 82 y 83 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que impide la ocupación del espacio público. El control ejercido por las fuerzas policiales de la Federal y la Metropolitana esta semana en avenida Avellaneda no cambia las reglas de juego, sino que hacen cumplir la regla y la ley cuando anteriormente por decisión política no se las respetaba. A su vez, con el restablecimiento de las normas jurídicas e impositivas, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires ofrece a los manteros realizar su actividad en un galpón de la operadora ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), en la calle Perón al 3000, entre Ecuador y Jean Jaurès, en el barrio de Once. Parecería comenzar un nuevo camino en el abordaje de la venta ilegal, pero ante sus avances y sus retrocesos periódicos sólo resta esperar que la decisión de controlar y supervisar no sea una mera decisión política, sino también económica para generar un marco idóneo en la búsqueda de la recuperación de la confianza de los inversores, vía la mejora de la calidad institucional y jurídica y la reformulación de las condiciones de la moral privada para realizar un emprendimiento comercial en Argentina.

Los resultados en las ventas minoristas comienzan a reflejar los inconvenientes de bolsillo por parte de los argentinos, que, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tuvieron una caída en el mes de enero del 2,3% y en febrero del 4,5%, lo que marca un descenso en el primer bimestre del año en el comparativo interanual del 3,4% en promedio. En el caso de consumo masivo, la cuestión no fue mejor, con una reducción de las compras en la canasta básica del 8 por ciento.

La relación entre las grandes cadenas como formadores de precios y el Gobierno nacional si bien es buena, no recibió las expectativas esperadas. Los productos que quedaron por fuera del programa Precios Cuidados de enero, como carnes, frutas y verduras, tuvieron incrementos de entre el 40% y hasta el 60% respecto de la anterior versión del programa. Esto llevó al Gobierno, a través de la Subsecretaría de Comercio Interior, mediante la disposición 7/2016, a la creación del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), que obligará a las cadenas de supermercados a publicar en forma diaria, a partir de las 6 de la mañana, un listado de productos que han sido comunicados como obligatorios y no obligatorios para su información pública a través del sitio web en línea. En principio, el programa comenzaría a partir del 15 de abril, pero su publicidad y su promoción se espera que sea para los primeros días de mayo, de acuerdo con lo programado por el Ministerio de Producción de la Nación.

La inflación en el primer trimestre se proyecta a un promedio de entre el 10% y el 12%, según las mediciones privadas, lo que hace muy difícil cumplir con la meta inflacionaria propuesta por Alfonso Prat-Gay de entre 20% y 25% anual. De acuerdo con las proyecciones privadas, a falta de un Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional prometido para el mes de mayo, las más optimistas estarían entre el 32% y el 35% anual, considerando los testimonios del presidente de la nación, Mauricio Macri, de una baja de la inflación en el segundo semestre del año.

Una de las medidas adoptadas para contener a la población más sensible al alza de precios, como los beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH), la jubilación mínima y el plan Progresar, es la elaboración de un proyecto de ley para la reducción del IVA que consiste en el reintegro del 15% en la compra de alimentos de la canasta básica. El proyecto prevé que la devolución del impuesto se haga a través de la tarjeta de débito que estos sectores poseen para cobrar su beneficio. Para los casos de productos que tributen 10,5% o estén exentos, como la leche o el agua, el proyecto contemplará mecanismos de compensación. Recordemos que para el resto de los consumidores argentinos con plástico, en el caso de la tarjeta de crédito, la rebaja del IVA es de 3%, con un tope de hasta mil pesos por operación y en débito de hasta 5 por ciento. Esta medida fue prorrogada hasta el 30 de abril en forma anexa al reintegro del 2,5% del IVA en la compra de combustibles líquidos y gas natural.

A su vez, lo que será controvertido de la propuesta es que muchos comercios no tienen Posnet para realizar la operación de cobro electrónico por la terminal de pago. De acuerdo con la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA), es fundamental la reducción del costo del equipo de la terminal de cobro, pero también una disminución del cobro de la comisión de tarjeta de crédito, que hoy es del 3% y en débito, del 1,5 por ciento.

En la década del sesenta, Rogelio Frigerio expresaba en su libro Las condiciones de la victoria: “Los precios no bajarán ni cesará la inflación por obra de los inspectores sino cuando la producción se incremente respecto del consumo y cuando el Estado elimine las fuentes del déficit presupuestario”. Respecto de la producción, la cuestión no viene mejor. Según la encuesta mensual industrial de la CAME, entre 250 industrias pymes del país, febrero fue un mes entre regular y malo para el 87% de las empresas consultadas afectadas por la menor demanda, los incrementos en los precios de insumos esenciales para completar el ciclo productivo y las dificultades para trasladar esas subas a los precios de venta frente a los bajos niveles de demanda. La industria pyme descendió 4,8% en febrero frente al mismo mes de 2015, con caídas generalizadas en todos los sectores manufactureros. En la comparación mensual (febrero de 2016 contra enero de 2016), la producción también registró un derrumbe de 2,1 por ciento.

El presidente de la nación, Mauricio Macri, aspira a que luego de las malas noticias del primer semestre de subas de tarifas de energía eléctrica, gas, agua y posiblemente transporte público, se pueda, a partir del acuerdo con los holdouts, regresar a los mercados internacionales para obtener financiamiento para inversión pública y privada. Argentina ha podido consumir más de lo que producía en estos últimos cuatro años. Sin inversión productiva, no puede haber aumento de bienes al servicio de la población. Que se busque incrementar la producción de los bienes implica que habrá más empleo y también posible disminución de la inflación por crecimiento de la oferta y no por ajuste de la demanda, como está ocurriendo en la primera etapa del año.

En cuanto al cuadro macroeconómico, el programa del actual titular de la cartera de Economía, Alfonso Prat-Gay, busca reducir el déficit fiscal primario a 4,8% en 2016, 3,3% en 2017, 1,8% en 2018 y 0,3% en 2019. Sin embargo, esto dependerá mucho del resultado de los recortes que está teniendo el Estado a nivel administrativo y los ahorros por recorte de los subsidios a energía, gas, agua, transporte público, entre otros más, los incrementos en la recaudación que se obtengan vía liquidación de exportaciones teniendo en cuenta que también hay una reducción en la caja por eliminación de retenciones y la salida del cepo cambiario, por lo cual ya no se cobra dólar ahorro ni tarjeta. Es decir, entre los ahorros, de un lado y la pérdida de recaudación, por otro, se equilibra la balanza, pero el déficit continuará alto.

Desde el Banco Central se tomaron varias medidas ortodoxas desde el punto de vista monetario para reducir la inflación que actúan con rezago, como el incremento de la tasa de referencia del Banco Central, como las lebacs, en un 38%, y por ende de la tasa de interés a plazo fijo y la disminución de la emisión monetaria del 40 al 26 por ciento. No obstante, estas medidas pueden servir para el corto plazo ante el riesgo de caer en recesión, lo cual impactaría aún más sobre el consumo, la producción y el empleo.

Además de la cuestión de igualdad en el trato hacia la diversidad de género, ¿qué nos estamos perdiendo los argentinos en este actual escenario respecto de las oportunidades del desarrollo económico y social? De acuerdo con un relevamiento elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), seis de cada diez estudiantes son mujeres. Según el Banco Mundial, la tasa de población activa en las mujeres es del 48%, mientras que en los hombres es del 75% en Argentina. No hay que ser magos para darse cuenta de que tenemos muchas universitarias que no acceden en las mismas condiciones al campo laboral y muchas otras que están quedando fuera de oportunidades de crecimiento no sólo para ellas, sino para nuestro país. Básicamente porque todas las mujeres aptas para aportar trabajo para la producción de bienes y servicios en Argentina no lo están haciendo según niveles de eficiencia en la asignación de un recurso tan escaso como la capacidad femenina disponible en nuestro país, pero con poco uso de su potencial.

Algunas economías se preguntan cómo podría incrementarse el PBI de sus países con la incorporación de la mujer en áreas de liderazgo. El resultado fue Japón en un 15%; Egipto, 34%; Emiratos Árabes Unidos, un 12% y Estados Unidos de América, un 5%, entre otras. A su vez, el apalancamiento hacia el desarrollo emprendedor en los diferentes países del mundo vía incorporación de la mujer no es nada desdeñable. Según el Global Entrepreneurship Monitor, mientras la tasa emprendedora masculina es del 22%, para el caso femenino es del 15 por ciento.

De acuerdo con un informe de International Business Report (IBR) de Grant Thornton, la ocupación de puestos directivos en América Latina asciende a un promedio del 18 por ciento. En forma más detallada, en Perú es del 27%; en México, 23%; en Chile, 22%; en Argentina, 16% y en Brasil, 15 por ciento. Estos datos incluso se dan en una región que en los últimos años contó con tres jefas de Estados como Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Al comparar la situación con el promedio en la Unión Europea es del 26 por ciento. Algunos casos son Rusia, 40%; Polonia, 37%; Francia, 33%; Suecia, 28% y Grecia, 27%.

Sin embargo, la incorporación de la mujer en áreas de liderazgo no ha sido sencilla. Christine Lagarde es la primera mujer en la historia en dirigir el Fondo Monetario Internacional y recientemente renovada en el cargo. No obstante, el womenomics (término incorporado por Goldman Sachs en 1999 sobre la inclusión de la mujer) no logra ser espejo de liderazgo en el sector financiero, ya que de los 177 presidentes de bancos centrales a nivel mundial sólo 17 son mujeres.

Al evaluar las iniciativas pendientes de tratamiento en Argentina respecto de la diversidad de género, en orden de prioridad, de acuerdo con lo encuestado, surgieron los siguientes resultados: 35% de apoyo durante la maternidad, 21% en política salarial igualitaria, 15% de participación de la mujer en cargos públicos o privados, 11% en incentivos a la capacitación técnica o profesional, 8% de flexibilidad horaria, 5% en políticas de ascenso, entre otras. Respecto del reclamo top entre las mujeres referente a la maternidad, para el Grupo Rhuo, acceder a un puesto o lograr un ascenso laboral se reduce para el 68% de las mujeres argentinas si tienen un hijo menor de cinco años. Mientras en los países nórdicos no sólo está bien visto tener hijos, sino que hay apoyo del Estado para que se geste. En Suecia hay 16 meses de baja maternal y paternal en la que reciben el 80% de su sueldo, dos meses son para la madre, dos para el padre y los doce meses restantes, a dividir entre ambos, según consideren oportuno. Si después del casi año y medio de cuidado del hijo el padre o la madre deciden que no quiere volver al trabajo, el Estado sueco paga a la familia 300 euros al mes. Suecia destaca por ser uno de los países de la Unión Europea con una mayor tasa de fertilidad, cercana a los dos hijos por mujer (1,7).

El segundo reclamo más citado en Argentina es de una política salarial igualitaria, donde hay una brecha promedio entre el hombre y la mujer del 27 por ciento. Para el caso de Estados Unidos, se espera que la brecha comience a cerrarse hacia el 2050. Sin embargo, en América Latina aún faltan muchos metros por recorrer para alcanzar la meta de igualdad salarial. Sin la labor de las madres solas pobres jefas de hogar, la pobreza sería por los menos un 10% mayor en el ámbito urbano y del orden del 7% en el rural en la región, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Son cifras alarmantes sabiendo que vivimos en una región donde una de cada tres personas es pobre.

Al pensar en políticas para revertir estos datos, las actividades de concientización son claves. Así como “Ni una menos” sirvió para insertar la problemática de la violencia de género, varias organizaciones no gubernamentales se encuentran involucradas en generar cambios a futuro respecto del actual presente, como la Fundación para el estudio e investigación de la mujer (FEIM), ocupada en defender sus derechos, la Unión de Mujeres Argentinas (UMA) en el campo popular de los derechos femeninos, Mujeres en Igualdad (MEI), que trabaja sobre la violencia de género y la discriminación o el sector de mujeres de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el ámbito empresario pyme.

Es decir, la mujer se la tiene que creer más, las organizaciones públicas y privadas deben promover esa creencia social, los Estados, generar nuevas políticas y legislación inclusiva y los resultados demostrarán la importancia económica y social en nuestro país de un trato igualitario.

Al estudiar las perspectivas de canales y usos de dispositivos tecnológicos para realizar las compras por parte de los argentinos en 2016, la situación de bolsillo a nivel económico continuará cruzándose con ciertos cambios y adaptaciones a un nuevo entorno comercial por parte del consumidor local. De acuerdo con una encuesta que elaboramos durante este mes, con base en 651 personas en capital federal, Gran Buenos Aires e interior del país, ambos sexos y universo de grupos etarios de los 19 a los 65 años, durante este año se incrementarán aún más las compras electrónicas, que en un 50% continúan realizándose desde PC de escritorio, 28% desde una notebook, 8% desde un smartphone, 5% desde una tablet. Claramente, a su vez, el crecimiento del parque de equipos de smartphones en el mercado local incrementará las compras por este dispositivo en 2016.

Las plataformas comerciales preferidas para realizar las compras son: 31% marketplace (sitios como Mercado Libre), 27% sitios de venta de comercio, 13% redes sociales, 11% sitio de cuponeras de descuentos, 11% sitios de venta de empresa mayorista, 7% otros. El 57% de los encuestados compra al menos una vez por semana por internet, aunque el 37% no lo hace nunca, repartiendo las cargas, pero avalando una tendencia incremental de las compras en línea.

A su vez, el incremento de la cantidad de smartphones en el mercado argentino plantea un desafío a las empresas de vincular las prácticas de consumo de sus clientes con el uso de aplicaciones que faciliten y mejoren las experiencias de compras. De los argentinos que tienen teléfonos inteligentes, el 51% tiene descargadas entre una y cinco aplicaciones, el 18% más de cinco, 10% más de diez y el 8% más de quince. Es decir, facilitarle el acceso a los bienes y los servicios a los clientes poniendo a disposición sus precios desde la pantalla de sus teléfonos comenzará a ser una prestación tan commoditizada como extraer los mismos productos de una góndola de supermercado, de un mostrador de un almacén o desde la oficina de una empresa de servicios.

De este segmento de consumidores “inteligentes”, el 41% dedica entre una y dos horas al uso de aplicaciones, 29% entre dos y cuatro horas, el 13% más de seis horas, 11% entre cuatro y seis horas, y solamente el 6% nunca utiliza este tipo de prestaciones digitales, incluso contando con un teléfono desde el que se puede acceder a Facebook, Twitter, Whatsapp, etcétera. Es decir, entre las 150 veces que los argentinos ven la pantalla de celular por día en promedio las empresas deberán proponerse el desafío de captar su atención al pasar o incluso ingresar en su vida mediante el uso de aplicaciones que simplifiquen el proceso de compra y lo hagan más eficiente y económico.

Por su parte, al preguntar si consideran que a futuro el comercio electrónico va a reemplazar al comercio físico, el 50% opina que sí lo hará. Sin embargo, el futuro es analizado y proyectado por los consumidores en relación con los elementos a tomar en consideración en tiempo presente, ya que los cambios sociales, culturales y tecnológicos dinamizarán también procesos de adaptación en las propias tiendas físicas que las harán ingresar a un nuevo entorno de comercialización, por lo cual, posiblemente, no haya sustitución de plataformas, sino, como estamos viendo en la actualidad, aunque con tibios gestos, un intenso nivel de complementariedad entre las tiendas físicas y en línea.

En este contexto, las pymes en Argentina tienen una oportunidad enorme para desarrollarse y crecer en los próximos años en un entorno donde ciertos sectores de la economía minorista están altamente concentrados en las tiendas físicas como consumo masivo, electrodomésticos, artículos para el hogar, entre otros. Con la nueva persiana digital a las pequeñas y medianas empresas y al comercio minorista tradicional se le abre la posibilidad de abordar a los consumidores locales y también globales. En forma proporcional, los consumidores acceden a un mayor abanico de opciones y posibilidades para evaluar la compra de bienes y servicios bajo un nuevo entorno comercial.

El futuro está llegando y en el presente la puja sobre el poder adquisitivo del consumidor argentino en 2016 se dirimirá en el acuerdo paritario, pero mientras tanto la nueva estrategia que plantea el gasto diario de bolsillo es dirimir sus decisiones entre el físico y el digital. Lita de Lázzari diría: “Hay que caminar, hay que caminar” y seguramente ahora le agregaría: “Hay que navegar, hay que navegar”. De acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico las ventas en línea crecieron un 48,5% en 2014, más del 60% en 2015 y con una tendencia de perspectiva de crecimiento sostenido en 2016.

“Cuando calienta el sol allá en la playa…” es la letra romántica de una canción de Luis Miguel. Sin embargo, en el inicio de enero de 2016, lo que calienta son los precios de los servicios en la ciudad, en forma complementaria con la suba que ya tuvimos de los bienes. El año arranca con aumentos del 16,2% en el servicio de internet, 15% en cable, hasta 16% en el servicio de telefonía celular, 25% en la cuota de colegios privados, 20% en el alquiler de cocheras, 31% en el seguro del auto, 10% en el seguro del hogar, 26% en el impuesto de ABL. Más suba de patentes de hasta el 36% ARBA (Provincia de Buenos Aires) y hasta 27% AGIP (ciudad de Buenos Aires).También habrá subas en el consumo de energía. A partir de febrero la factura de electricidad ya no será bimestral sino mensual. En principio, el aumento abarcará al 40% de la población en forma gradual. Por otra parte, un 20% de los usuarios recibirá 150 MW sin cargo y a otro 20% se le irá retirando el subsidio gradualmente. Ese gradualismo en la suba de las boletas equivaldría a que una persona que hoy paga una factura bimestral de luz de $50, a partir de febrero se le incrementará entre $10 y $15 esa factura, pero con un monto mensual y hacia fin de año debería consolidarse en una factura de $150 mensuales. Es decir, $300 bimestrales frente a los $50 actuales por el mismo período.

Para el caso de las facturas de gas, los consumidores se encontrarán con una situación controvertida cuando comience a llegar el otoño y el uso del servicio se incremente. Durante el Gobierno kirchnerista se aprobaron subas de las tarifas de hasta 700% a partir de agosto de 2014. Sin embargo, quienes ahorraban entre 5% y 20% en el uso del gas tendrían una suba inferior. Es decir los que ahorraron lo pudieron hacer en 2015, pero superarse en 2016 será muy difícil, por lo cual unos tres millones de hogares deberán pagar entre 207% y 676% más que lo que abonaron en el año que se fue.

Las nuevas pólizas del seguro de auto vienen con un incremento proporcional a la actualización de los rodados de acuerdo con el modelo, que van de un promedio del 30% tomando compañías de primera y segunda línea, con diferencias en los vehículos de alta gama, donde los valores de las pólizas tienen un incremento del 40%, ya que el valor de reposición se disparó considerablemente.

Para el caso del seguro para el hogar, se modificó el valor de reconstrucción, que es lo que se toma en cuenta para el seguro de incendio, en un 25%, pero las tasas sobre robo, contenido, equipos electrónicos, cristales y responsabilidad civil no se incrementaron en la misma proporción, básicamente porque los clientes no actualizaron la suma asegurada; el peso promedio del incremento del precio de estas cobertura en forma total es de un 10 por ciento.

Respecto del aumento de las naftas, José Aranguren intentará acordar con las petroleras para sostener los precios del mercado interno al menos por los próximos tres meses. Hay que tener en cuenta que, de incrementarse, impactarían de lleno sobre el precio del transporte de los mismos productos que se intentarán acordar a través de Precios Cuidados y haría insostenible la negociación. Por su parte, el barril de crudo en el mercado interno tiene un precio de entre 61 y 75 dólares, muy por encima de los 37 dólares que cotiza en el mercado internacional. Antes de la devaluación pagábamos 1,32 dólares por el litro de nafta y el tema es que en el mercado interno ahora reciben 1 dólar. La carta de cambio de Aranguren para sostener los precios de las naftas es presentar una ley en el Congreso a partir de marzo que plantee una baja en los impuestos nacionales, ingresos brutos, impuestos provinciales y tasas municipales que generan una presión tributaria sobre el sector del 48 por ciento.

En el caso del transporte público, aún no hay anuncios de aumento, aunque Guillermo Dietrich ya definió cuestiones de abordaje técnico para el otorgamiento de subsidios. Su idea es que los subsidios vayan directamente al usuario del transporte y no a las empresas, como intermediarios. La forma de ejecutar esta asignación de recursos sería a través de la identificación del usuario mediante la tarjeta SUBE, para lo cual los que no están registrados como persona física no podrían acceder al subsidio. En la actualidad, para el caso de los subtes de la ciudad, el Estado costea el 60% del valor del viaje y, para el caso de los trenes, el 80% de su valor, aunque la nueva gestión estima que los pasajeros deberán pagar a futuro al menos el 30% del valor del boleto.

Para que el impacto del aumento sobre el bolsillo no sea tan fuerte, la idea del actual ministro de Transporte es la implementación a partir de 2017 de una tarifa multimodal plana a partir de la cual un pasajero puede utilizar diferentes medios de transporte durante una cantidad de tiempo a determinar en el plan.

La semana no termina de la mejor manera para la gestión que comienza, con subas de precios del 10 por ciento en promedio pero con máximos de hasta el 25 por ciento, como en el caso del pan, del pollo y de las carnes y verduras. Estos aumentos responden a comportamientos por parte de productores y empresarios que algunos denominan “especulativos” y otros “racionalidad de los agentes económicos”. Como el segundo término es más técnico, sencillamente lo que está expresando es que, ante las expectativas generadas por la nueva administración a nivel nacional de levantar el cepo ni bien asuma y eliminar retenciones, claramente el mercado responde hoy a un precio proyectado sobre la cotización de la divisa en las próximas semanas, una vez que exista un tipo de cambio libre. Como no hay precisión sino hipótesis sobre el nivel al que flotará el tipo de cambio futuro, también la remarcación de precios es en relación a una combinación de certezas e hipótesis: saben que se va a levantar el cepo (certeza) y fijan sus precios en base a su proyección de tipo de cambio (hipótesis). Los que no actúan de esta manera se comportan más racionalmente aun, como en el caso del sector químico, que entrega producto con un plazo de 40 días, pero si el tipo de cambio es mayor al proyectado internamente ajustarán factura al momento de pago. O los siderúrgicos, que entregan hoy pero facturan después del 10 de diciembre.

De acuerdo a la CAME, las ventas minoristas el año pasado tuvieron una caída del 6,5 % y a lo largo de los primeros 10 meses de 2015 un ascenso del 2,1 por ciento. Es decir, el bolsillo recuperado por paritarias en un promedio del 30 % le ganó a la inflación promedio del 25 % aunque no generó un enorme impacto sobre el arqueo de caja del comerciante minorista. En definitiva, este año se recuperó un tercio del volumen de ventas perdido el año anterior. A su vez, para movilizar stock el sector minorista debió aceptar una batería de acciones a las que el mercado los fue llevando. Entre ellas, podemos citar un incremento del 50 % en el financiamiento con tarjeta de crédito respecto del año anterior, más un 70 % de los consumidores argentinos que adquieren bienes cuando los mismos se encuentran bajo acciones de ofertas y descuentos. De continuar la aceleración de precios en diciembre y enero, se perderá el terreno ganado en el poder adquisitivo y el financiamiento, ofertas, promociones y descuentos serán aun más clave que hasta ahora para mover stock. Serán tan importantes que Francisco Cabrera, confirmado Ministro de la Producción de la Nación, ratificó la continuidad del Plan Ahora 12 y Precios Cuidados.

Este comportamiento por parte del consumidor argentino en los últimos años no será fácil de desarticular por parte de los oferentes minoristas en los mercados. Hoy observamos un alto nivel de expectativas para realizar compras cuando hay una oportunidad, una percepción de precios altos cuando no hay ofertas, compras diarias por reposición pero en volumen solo cuando están en promoción, búsqueda de financiamiento para oxigenar el bolsillo y alta exposición hacia la compra impulsiva en las grandes cadenas de supermercados, que intentan generar ventas cruzadas en las acciones promocionales al estilo Black Friday. Recordemos que los productos que son ofrecidos en promoción y descuento suelen ir generando sobre el consumidor en forma acumulativa una sensación más intensa de ahorro y un alto valor recibido respecto de los días de venta normales. De esta manera, el sector minorista ha ido oscilando entre estrategias de demandas de precios elásticas (ahorro hasta el 50 %) y demandas de precio objetivas (ahorro de 30 % descuento) en días específicos para mantener atento al consumidor e incrementar la visita al punto de venta por atracción, destinando una porción de sus ofertas al consumo con tarjeta de crédito que, con financiamiento, es menos sensible al precio incluso sin promoción.

A su vez, la distorsión de los precios de referencia en los mercados minoristas con una inflación acumulada en órdenes superiores a los 2 dígitos ha corrido al consumidor hacia un escenario donde no puede administrar sus tickets promedios de compra sobre precios estables en góndola. De hecho, esta semana que termina regresó el temerario aumento de precios que venía dándose en forma sostenida pero hacia la baja en términos interanuales. El consumidor actual es en parte el que comentamos, con sus dudas, incertidumbres y comportamientos oscilatorios, pero el consumidor que se viene también priorizará el bolsillo frente a un hábito residual de una economía que expandió mucho más la demanda que la oferta en los últimos 4 años. El gobierno de Mauricio Macri encuentra un cuadro macroeconómico de 7 % de déficit fiscal, U$S 25833 millones de reservas, 25 % inflación, un crecimiento tibio del PBI del 0,5 %, un cepo importador diario de U$S 50000, tarifas retrasadas y una presión impositiva del 38 % del PBI por lo cual las medidas que adopte deberán ser de corrección cuidando afectar a la demanda lo menos posible para no caer en una recesión.

Algunas medidas a tomar por la nueva gestión angustiarán a la caja de gastos hogareños, como la eliminación de los subsidios al transporte público, la energía, el gas, entre otros. Tomemos como ejemplo el caso del gasto en transporte público de un trabajador que cobrará unos $ 6060 de sueldo mínimo a partir de enero de 2016 y que hoy, con el uso de dos medios de transporte -colectivo y tren- sobre 20 días hábiles, tiene una erogación de $ 260. Si se eliminen en forma íntegra estos subsidios, su gasto mensual sería de $ 1520. Es decir que mientras hoy el peso del transporte es el 4,33 % del salario mínimo vital y móvil, en este escenario sería del 25 por ciento de los ingresos aunque será difícil desactivar los precios contenidos en forma total porque además se deberá revisar tarifas a la energía y gas. En definitiva, la decisión gradual o de shock impactará sobre el consumo hacia las vísperas del debate sobre la recomposición paritaria 2016. Guillermo Dietrich, futuro Ministro de Transporte de la Nación, intentará que el impacto sobre el precio del transporte sea menor, bajo la lógica del sistema intermodal e interjurisdiccional por el cual uno podría viajar del conurbano bonaerense con la misma carga de SUBE en el término de 2 horas pasándose del Tren al Colectivo o del Colectivo al Subte

A su vez, el debate sobre el futuro del bolsillo del consumidor que se viene estará a expensas de la cotización del tipo de cambio. Una suba gradual del tipo de cambio al ritmo devaluatorio del hoy en el orden del 19 por ciento no se puede sostener frente al “efecto caipirinha”, con un real que se devaluó en más del 60 %, un rublo al 40 % entre otros socios y competidores comerciales de nuestro país ya que dejaría fuera de juego a las economías regionales y al sector industrial exportador local, sumado a un argentino medio que sigue aprovechando esta cotización del dólar para adquirir dólar ahorro, viajar al exterior, adquirir bonos públicos nominados en dólares frente a una expectativa devaluatoria. Un corrimiento de shock del tipo de cambio del 50 % ó 60 % independientemente de cuantas reservas ingresen a partir del 10 de diciembre haría que el salario en dólares de los argentinos pasen de U$S 600 al tipo de cambio oficial a los U$S 400 de un plumazo, lo cual con salarios fijos en pesos resentiría mucho el consumo interno. A su vez, ya quedó claro en enero de 2014 con la devaluación del 30 % en mercados oligopólicos como el nuestro, estas medidas van a precios frente a una expectativa racional de los agentes económicos de que ante una suba de la inflación se resguardan sobre los precios presentes anticipándola para preservar sus márgenes futuros. Sin devaluar, es lo que sucedió esta semana por lo cual con devaluación el efecto será mayor.

El riesgo percibido por el consumidor ya entró en juego y está basado sobre todo en la incertidumbre que afronta para prever las consecuencias en las opciones de compra que les deparará el futuro próximo hacia un nuevo escenario en el marco de las decisiones que se tomen en materia de política económica a partir del 10 de diciembre. El clima de cambio supera a la opción de Cambiemos y fue una postura claramente anti-kichnerista. Se quiere un cambio, pero no total, y en eso radica la división del voto. La sociedad requiere una amplia presencia del Estado en la toma de decisiones políticas. Está de acuerdo con el lineamiento político pero no con el modo ni la forma de gestionar hasta el momento. Cambiemos inicia su camino y deberá trabajar para que productores y empresarios recuperen los incentivos hacia la inversión pero sin descuidar el abastecimiento hacia el mercado interno porque si no el bolsillo del consumidor tendrá más penas que alegrías en los próximos meses…

De acuerdo con las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación en el mes de agosto fue 1,2 % y la interanual 14,7 %, mientras que para la medición realizada por el Congreso, las cifras promedio fueron de 2,17 % y 26,6 %, respectivamente. Atrás quedaron los debates sobre las diferencias en las mediciones y ahora el fragor del debate comienza a depositarse en cómo disminuir no sólo la brecha, sino la inflación real que padecen todos los argentinos.

En la agenda de bolsillo de los votantes la inflación es un tema cándido que la semana pasada comenzó a mostrar sus primeras aristas de definición. En este contexto, carece de valor el presupuesto proyectado por la actual cartera de Economía presidida por Axel Kicillof, que prevé un crecimiento del PBI del 3 %, un dólar promedio de $ 10,60 y una inflación del 14,5 %. Es decir, el Gobierno saliente dice con total precisión “nominal” lo que a los pretendientes a ser la gestión entrante les cuesta definir y asegurar.

El equipo naranja, presidido por Daniel Scioli, plantea llevar la inflación a un dígito con una flotación administrada del tipo de cambio. La plantilla está integrada por Miguel Bein, Mario Blejer, Miguel Peirano, con el acompañamiento de Silvina Batakis, Gustavo Marangoni y Rafael Perelmiter. La apuesta está en captar inversiones por 30 mil millones de dólares anuales, incrementar la actividad local de los sectores agrícolas, ganaderos, industriales y servicios “garantizando” su rentabilidad, pero apostando a la distribución equitativa del ingreso y la mejora del poder adquisitivo de la población. Para realizar una lectura teórica, la mira estará puesta en una posición heterodoxa que enfatiza en el campo de la producción y la distribución de la renta. El marco para el crecimiento y el desarrollo de la actividad económica propuesta pasa del ahorro directamente a la inversión, ya que los incentivos estarán dirigidos a una mejora de la utilidad empresaria.

La camiseta amarilla de esta copa por la inflación está a cargo de Carlos Melconian, Miguel Ángel Broda y Federico Sturzenegger, que son algunos de los referentes económicos del macrismo. La búsqueda de bajar la inflación a un dígito es la misma que sus opositores, sin embargo acortan los tiempos a dos años al plantear una ventaja hacia el electorado respecto de sus competidores. La propuesta es diferencial, ya que busca un tipo de cambio flexible fijado por el mercado en relación con las variaciones de las diferentes monedas. Sus jugadores económicos aspiran a la idea de libre mercado, donde el Estado reduzca el intervencionismo en los mercados. A su vez, plantean una agenda fiscal vinculada a reducir el déficit, disminuir subsidios del cuadro tarifario y generar las condiciones para liberar el cepo cambiario. En todas las presentaciones se propone reducir la presión fiscal, pero eludiendo cualquier tipo de alocución referida a la palabra “ajuste”. Términos como “shock” y “gradualismo” ofician de sustitutos para apostar al regreso a los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y así incrementar reservas y mejorar el clima de negocios en el país.

Los colores rojo y amarillo sobre fondo negro del equipo económico de Sergio Massa flamean en las diferentes presentaciones de Roberto Lavagna, Nadín Argañaraz, Aldo Pignanelli, Ricardo Delgado, Martín Redrado, Guillermo Nielsen. La estrategia massista es recuperar lo mejor del equipo técnico de la época dorada del kirchnerismo, apostando a un arreglo de la situación fiscal, lograr un contexto de confianza sobre expectativas devaluatorias a través de una certidumbre cambiaria, reactivar la inversión con incentivos impositivos y financieros como desgravación de ganancias para pymes, amortización acelerada, devolución del IVA, eliminación de retenciones a las economías regionales, implementación de tasas subsidiadas para las pymes, entre otras. La intención es definir pautas de inflación semestrales claras para recuperar la credibilidad sobre las mediciones del Indec y la autonomía del Banco Central.

Las copas en el campo de fútbol se ganan con goles y no con promesas, como argumentan los hinchas tribales de los diferentes equipos locales. En política económica pasa algo similar: Un programa antiinflacionario requiere planes, gestión, monitoreo permanente, información sobre su evolución, explicaciones de contextos, pero lo más importante es que cuando algunos de estos equipos económicos salgan a la cancha, encuentren en sus líderes seguridad en lo que se hace y sobre todo que la promesa realizada en campaña se cumpla al minuto uno de iniciado el partido en el campo de juego el próximo 10 de diciembre.

Las cartas están jugadas. Un peso que se va devaluando a un ritmo muy lento en relación con el dólar, respecto de la devaluación de monedas con países donde hay un vínculo comercial y competencia en los mercados a su vez, como Brasil y Rusia. En el bolsillo argentino se realizaron los ajustes del impuesto a las ganancias para los trabajadores, lo que mejoró su situación y los acuerdos salariales promedio del 30 %, muy por encima de la expectativa oficial inicial del 25 %. A su vez, se espera que el aumento de la asignación universal por hijo y el incremento de las jubilaciones lleguen antes de las elecciones nacionales. El Gobierno, a su vez, equilibra el gasto del consumidor con el financiamiento al consumo con el plan Ahora 12, que tuvo un incremento interanual en el uso del dinero plástico del 45 % en el primer semestre del año.

Estas medidas llevarían a un segundo semestre con unos $ 175.000 millones agregados al consumo. Es decir, un 9 % adicional respecto de la primera etapa del año. Otro síntoma positivo de la economía minorista para el segundo semestre del año es que la inflación tendió a desacelerarse, lo que, sumado a los acuerdos de paritarias logrados por los diferentes gremios, parecería proyectar al trabajador argentino hacia un incremento de sus ingresos respecto de la inflación, a diferencia de lo que le sucedió en 2014.

El tercer trimestre del año se espera que venga con un dinamismo en la actividad de consumo y demanda agregada. De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas tuvieron en junio un incremento del 1,8 %; sin embargo solo el 26 % de los comercios opera con rentabilidad positiva. El consumo siempre es más cortoplacista que la inversión, que requiere un escenario macro a largo plazo para pasar de una posición de freno hacia una de empuje a la producción. La caída de la inversión en los últimos tres años oscila en el 4,5 %. Si bien de acuerdo con un Informe de la Consultora Nielsen el índice de confianza del consumidor se recuperó en la primer parte del 2015 en 8 puntos, esto no alcanza para fomentar la inversión. Desde la consultora afirman que las mejoras del índice se ven en relación con las expectativas de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, el empresario no invertirá en los próximos meses según las probabilidades de ganar por parte de los actuales candidatos. El empresario invierte de acuerdo con quién gana, con las medidas que adopta a nivel de política económica una vez que asume y con el tablero de comando de la economía en mano.

En los meses que restan hasta llegar a las urnas, el Gobierno tiene claro que el argentino vota con el bolsillo y que intentará fomentar el consumo porque en el corto plazo que le queda es lo que le dará más resultados. A su vez, intentará por todos los medios posibles desviar los fantasmas de la devaluación o ajustes violentos del tipo de cambio, delegando en la próxima gestión estas tareas de mala reputación para la clase media y con pérdidas de ingresos funestos para las clases bajas.

Si bien hoy el país tiene un problema de oferta agregada debido a la caída de la inversión, las políticas del Gobierno tendientes a incentivarlo no han logrado los efectos deseados del otro lado del mostrador en los últimos años. El cepo cambiario, los ajustes de tarifas, los controles hacia las importaciones de insumos, el atraso cambiario, la presión impositiva, el problema energético y los temas de agenda pendientes para el empresario argentino ya no tienen mucho margen de maniobra en vísperas eleccionarias.