La inflación ya se había acelerado en los últimos meses del Gobierno saliente, el Gobierno entrante (cualquiera fuera su signo) tenía que resolver el atraso del tipo de cambio del peso frente al dólar y solucionar de alguna manera el problema que implicaba el cepo cambiario para la economía. ¿Cómo se iba a lograr todo ello sin impacto sobre los precios nominales?

No es cierto que el Gobierno no tenga un plan antiinflacionario. Lo tiene, pero puede que no guste, no conforme o no sea eficaz. Recibió un déficit fiscal de no menos del 7% del PBI y su intención es bajarlo a cerca del 5% del PBI durante este año. Recibió un ritmo de aumento de la oferta monetaria del orden del 40% anual y su intención es bajarlo al orden del 30% anual.

La unificación del tipo de cambio y la flexibilización del cepo cambiario se hicieron, hasta ahora, sin que la situación se descontrolara; el traslado a precios del ajuste del tipo de cambio fue superior al previsto por el Gobierno, pero menor al generado por la devaluación llevada adelante a fines de 2013, principios de 2014.

El déficit esperado y el nivel de emisión previstos son todavía altos, por eso la inflación para este año también será alta. Aun si se cumpliera la expectativa inflacionaria de la actual administración y la inflación 2016 se situara en la banda del 20%-25%, nos ubicaría entre los países con mayor nivel de inflación del mundo.

El Gobierno espera poder financiar parte del déficit con financiamiento y que ello le sirva de puente para no tener que recurrir en mayor medida al Banco Central, pero también sabe que es muy probable que la cantidad de dinero que consiga en los mercados no sea suficiente para financiar tanto el déficit como el programa de obras públicas. Con ello, no le quedaría más remedio (según su visión) que seguir financiando parte del déficit con emisión.

Si todo esto era previsible, ¿por qué el Gobierno se sintió tan incómodo con la difusión de los índices de inflación de la ciudad de Buenos Aires, de San Luis y del Congreso? Quizás la explicación sólo la pueda dar el Gobierno, pero asumiendo el riesgo de ser temerario podría suponerse que se combinaron varios factores: i) En el mismo momento en que el Gobierno reducía los subsidios a la electricidad, se otorgaban subsidios a las petroleras que exportan crudo y se le quitaban retenciones a las empresas mineras, ii) Las negociaciones paritarias no se estarían encaminando dentro de los parámetros deseados por la administración, debido a las expectativas inflacionarias, y iii) el Gobierno terminó siendo más permeable de lo previsto a la lógica reacción mediática frente a las primeras medidas “antipáticas” anunciadas.

Creo sinceramente que al Gobierno le va mucho mejor con la opinión pública que en los medios, pero, en cualquier caso, más temprano que tarde se está enfrentando con uno de los principales problemas de los programas graduales: al no tomarse medidas “drásticas”, los resultados tampoco son inmediatos y esa falta de resultados “contundentes” puede socavar el apoyo social al Gobierno en cuestión.

No sería lógico esperar que un programa gradual obtenga resultados de shock, pero se sabe que las expectativas sociales no necesariamente se alinean con la lógica. ¿Con base en qué se espera que la inflación baje rápido si las medidas para controlarla se toman gradualmente? Cómo y por qué una sociedad le quita o le da el apoyo a determinado Gobierno o a determinadas medidas no puede medirse con la precisión de una fórmula matemática.

El problema con los programas graduales es que si no tienen el éxito esperado, la administración en cuestión luego debe tomar las medidas que quiso evitar, pero con menos capital político.

No estoy de acuerdo con la visión drástica de quienes suponen que esta gestión se juega todo su capital en los próximos dos meses. No creo ni me gustan los pronósticos apocalípticos, pero quizás algo nos está mostrando nuestra sociedad en estos días: no estaría dispuesta a soportar ni los problemas que enfrenta, ni sus potenciales remedios. Si así fuera, ahí tenemos un problema.

En rigor, no hay tal contradicción y ambas objetivos pueden lograrse simultáneamente.

Cuando alguien se refiere a que el BCRA debe ser independiente, lo afirma en relación con el PEN y no con todos los poderes del Estado. Un BCRA independiente del PEN impide que este último financie parte de los gastos del Estado con el impuesto inflacionario. El PEN sólo puede cobrar los tributos aprobados por el Congreso Nacional, pero si vía el BCRA puede aumentar la oferta monetaria sin respaldo, está cobrando un impuesto sin autorización legislativa.

La inflación es un impuesto a la tenencia de pesos. Si al Gobierno no le alcanzan los recursos genuinos (recaudación más endeudamiento), aumenta la oferta monetaria (imprime pesos) y así cubre sus erogaciones. El problema es que si para esos pesos emitidos no hay demanda, el valor del peso cae, es decir, que para comprar cualquier bien necesitamos más pesos que antes, porque el peso vale menos. Eso es, en términos coloquiales, la inflación.

Ahora bien, por otra parte, el BCRA no debería ser independiente del Poder Legislativo, pues es el Congreso quien tiene la potestad de aprobar los tributos que cobra el PEN y las erogaciones del Estado. De hecho, sería más que saludable que el programa monetario del BCRA formara parte del presupuesto. Así, el Congreso aprobaría tanto el programa fiscal como el monetario. La coordinación macroeconómica de la política fiscal con la política monetaria se daría de hecho, pues el Congreso aprobaría tanto la política fiscal como la monetaria. Lo cual es lógico, porque si el Gobierno espera un cierto porcentaje de inflación para determinado año, ello significa que durante ese período los pesos que tenemos en nuestro poder perderán ese porcentaje como poder de compra.

De la misma manera que el PEN no puede cobrar tributos ni realizar erogaciones no autorizadas por el Congreso, tampoco el BCRA debería aplicar o cambiar un programa monetario sin expresa autorización legislativa.

Ahora que el rol del BCRA está en escena y es parte de la discusión pública, quizás sea buen momento para fijar las bases para un nuevo esquema de funcionamiento para la autoridad monetaria, que garantice tanto que el BCRA sea independiente del PEN como que exista una eficaz coordinación entre la política fiscal y la monetaria.

Si el PEN no puede usar sin autorización legislativa al BCRA para financiar todo o parte del déficit fiscal, logramos su independencia. Si el programa monetario debe ser aprobado por los ciudadanos vía el Congreso junto con los tributos y las erogaciones del Estado, no solamente garantizamos la coordinación macroeconómica tan deseada, sino que serán los ciudadanos y las provincias por medio de sus representantes quienes avalen la totalidad de la política macroeconómica. Lo cual es de pura lógica en una democracia representativa, republicana y federal.

Es tan deseable que el BCRA no pueda ser capturado por el Poder Ejecutivo como que deba rendirle cuentas al Poder Legislativo.

Quizás incluso sería oportuno cambiar la estructura del Directorio del Banco Central y que esté formado por un representante de cada provincia electo por cada legislatura provincial. El presidente del Directorio podría surgir de uno de sus miembros o podría ser propuesto por el PEN y contar con el aval del nuevo Directorio del BCRA o del Senado Nacional. Podrían plantearse distintas variantes, pero en cualquier caso sería una composición más federal.

En este país tan pendular pasamos de prácticamente no tener política monetaria (como en la convertibilidad) a la situación actual en donde el BCRA está en el centro de la escena por la escasez de divisas y el alto nivel de inflación.

Quizás llegó el momento para que con tranquilidad busquemos un justo equilibrio que logre el objetivo tantas veces declamado por todos los Gobiernos, pero que pocas veces logramos: que los argentinos tengamos una moneda en serio, que no sólo sirva como unidad de cuenta o de cambio, sino también para atesorar.

Es difícil pensar el desarrollo de un país sin moneda.

Si usted escucha a la Presidenta, ella le va a decir que está fomentando a la industria, pero vamos para casi dos años de caída de la actividad industrial.  Le va a decir que estamos fomentando al consumo que no para de caer desde hace por lo menos 16 meses. Le va a decir también que fomentamos la inversión y la competitividad de la industria, cuando la inversión esta en picada y las exportaciones también. Todo esto lo estamos haciendo supuestamente “gracias” a medidas de tipo “Keynesianas”. 

Pobre Keynes, otra víctima del cristinismo ilustrado.

¿Qué postuló o propuso Keynes en su momento? Que en situaciones particulares, el sector privado -consumidores, inversores, o empresarios- tiende a tomar conductas que agravan las crisis. Los primeros dejan de consumir, los segundos prefieren la liquidez y los últimos dejan de invertir. ¿Qué puede hacer el Estado en esos casos? Tomar medidas que aumenten la Demanda Agregada de modo tal de sacar a la economía del pozo en el cual se metió o se metería dadas las acciones de los “privados”.

¿Consumo y Demanda Agregada son lo mismo? No, la Demanda Agregada está formada por el Consumo, la Inversión y las Exportaciones. Keynes sugirió que en situaciones de crisis el Estado debía tomar medidas de políticas monetaria y/o fiscal cuyo resultado fuera expandir la Demanda Agregada de modo tal que el Estado reemplace al sector privado como motor de la economía. De ahí la idea que en un momento de crisis el Estado erogue más que sus ingresos (incurriendo en déficit) para incrementar la Demanda Agregada y que ante ese “empuje” luego aparezcan el consumo o la inversión de los privados.

El Gobierno dice que quiere hacer eso o que está haciendo eso. Pero logra todo lo contrario. Desde el año 2009/2010 el Estado entró en déficit. El déficit cada vez es mayor y la economía está cada vez peor. Las dos presidencias de Cristina Kirchner están signadas por medidas que bajaron la Demanda Agregada en lugar de aumentarla. Hay algunas medidas aisladas que no alcanzan para compensar la caída.

Producto de la inflación, el poder real de compra de la población está bajando. ¿Algún argentino siente que hoy tiene mayor poder de compra que en el 2008? Producto de la pérdida de competitividad de nuestra economía cada vez se nos hace más difícil exportar. ¿Alguien duda de los problemas de competitividad que enfrentan las economías regionales? Si los empresarios ven que cae el consumo interno y ven que no pueden exportar, ¿para qué van a invertir? Los índices que miden la inversión no paran de bajar.

Keynes sugiere tomar medidas para aumentar la Demanda Agregada, pero en su nombre el gobierno debilitó precisamente a la Demanda Agregada. ¿Estaban asustados los consumidores cuando asumió Cristina en el 2007?, ¿estaba cayendo la inversión?, ¿caían las exportaciones? En ese momento la economía tenía problemas por solucionar, uno de ellos era ver cómo se hacía para que los exportadores no liquiden de golpe los dólares obligando al Central a sostener el tipo de cambio.

¿Keynes alguna vez sugirió que un país que estaba creciendo con solvencia macroeconómica, abandonase esa situación para tener déficit fiscal y dejar de generar empleo? No hubo ningún factor externo que nos condicionara. Los problemas que enfrentó el mundo no justifican nuestra situación actual, prueba de ello es como están el resto de los países latinoamericanos. ¿Tanta mala suerte tenemos que el mundo se cayó sólo encima nuestro? Ni la restricción externa actual, ni la inflación, ni ninguno de los problemas actuales de nuestra economía se deben a factores exógenos.

Nuestros problemas hay que rastrearlos en quienes en nombre de Keynes logran los efectos exactamente opuestos a los que él hubiera buscado.