El BCRA puede realizar operaciones de mercado, pero su carta orgánica establece que deben hacerse en condiciones y precios de mercado. Los contratos de dólar futuro se hicieron a precios menores a los que en ese mismo momento se negociaba el dólar bolsa o el contado con liquidación; los contratos en el mercado local se vendían a precios menores a los que contratos parecidos (no idénticos) se vendían en otras plazas, como Nueva York. Las decisiones de política monetaria que toma el BCRA deben hacerse dentro de los límites de su carta orgánica, nunca en violación de este documento.

El mejor ejemplo de que no eran condiciones de mercado es que el BCRA terminó siendo el único oferente de dólar futuro en el Rofex. ¿Qué transparencia y nivel de competencia tiene un mercado donde hay solo un oferente? Para que el BCRA pudiera emitir toda la cantidad de contratos de dólar futuro que quisiera, el Directorio del Rofex tuvo que flexibilizar las normas del mercado dos veces. Primero, aumentó el límite de contratos que podía emitir el BCRA, luego directamente le quitó cualquier límite, para permitir que fuera virtualmente el único oferente.

El Directorio de cualquier bolsa debe garantizar y promover la máxima transparencia y competencia posible en ese mercado. La condición básica que debe buscarse es intentar que ningún oferente o demandante tenga poder de mercado. El Directorio del Rofex hizo exactamente lo contrario, fue a contramano del ABC de un mercado financiero.

¿Y la Comisión Nacional de Valores (CNV)? Bien, gracias. La función de la CNV es la de regular los mercados financieros procurando, entre otras cuestiones, garantizar la máxima transparencia y competencia posibles. En cumplimiento de sus funciones, la CNV debió objetar e impedir que el Rofex permitiera que el BCRA se convirtiera virtualmente en el único oferente.

La cantidad de contratos de dólar futuro y el precio al que se hicieron sólo fue posible ante el incumplimiento sucesivo de muchas normas: la carta orgánica del BCRA, las normas originales del Rofex y las funciones de la CNV.

Ni el Rofex ni la CNV dependen del BCRA. El Rofex es regulado por la CNV y esta depende del Poder Ejecutivo Nacional. Nunca se podría haber llegado a esta situación sólo por voluntad del BCRA. Si el Poder Ejecutivo no hubiera mirado para otro lado, esto nunca hubiera tomado esta magnitud.

El Directorio del BCRA, el Directorio del Rofex, el Directorio de la CNV y las autoridades políticas de las cuales depende la CNV (el ministro de Economía y la Presidente de la nación) deben rendir cuentas por sus actos que beneficiaron a unos pocos y perjudicaron a millones de argentinos. El Poder Ejecutivo puede tomar decisiones políticas, lo que no puede es ignorar las normas en perjuicio de la sociedad.

Precisamente, la Justicia debe intervenir en los casos en los cuales, por no seguirse las normas, la sociedad se ve afectada. Si una ruta se construye con sobreprecios y se violan las normas de contratación, la Justicia interviene.

Vender un contrato de dólar futuro por debajo de su valor de mercado tiene el mismo efecto patrimonial para la sociedad que una obra pública con sobreprecios. Es potestad del Poder Ejecutivo decidir si se hacen tales o cuales trabajos sobre la ruta x o la autopista j, lo que no puede hacer es violar los procedimientos de contratación y pagar sobreprecios.

El caso del dólar futuro es perfectamente asimilable a un sobreprecio de obra pública. Una cadena de violaciones a la normativa vigente llevada adelante por distintas entidades u organismos debe ser revisada en sede judicial. De lo contrario, si las violaciones a distintas normas en perjuicio de la sociedad no fueran judiciables, ¿qué otra instancia de protección les queda a los ciudadanos?

La inflación ya se había acelerado en los últimos meses del Gobierno saliente, el Gobierno entrante (cualquiera fuera su signo) tenía que resolver el atraso del tipo de cambio del peso frente al dólar y solucionar de alguna manera el problema que implicaba el cepo cambiario para la economía. ¿Cómo se iba a lograr todo ello sin impacto sobre los precios nominales?

No es cierto que el Gobierno no tenga un plan antiinflacionario. Lo tiene, pero puede que no guste, no conforme o no sea eficaz. Recibió un déficit fiscal de no menos del 7% del PBI y su intención es bajarlo a cerca del 5% del PBI durante este año. Recibió un ritmo de aumento de la oferta monetaria del orden del 40% anual y su intención es bajarlo al orden del 30% anual.

La unificación del tipo de cambio y la flexibilización del cepo cambiario se hicieron, hasta ahora, sin que la situación se descontrolara; el traslado a precios del ajuste del tipo de cambio fue superior al previsto por el Gobierno, pero menor al generado por la devaluación llevada adelante a fines de 2013, principios de 2014.

El déficit esperado y el nivel de emisión previstos son todavía altos, por eso la inflación para este año también será alta. Aun si se cumpliera la expectativa inflacionaria de la actual administración y la inflación 2016 se situara en la banda del 20%-25%, nos ubicaría entre los países con mayor nivel de inflación del mundo.

El Gobierno espera poder financiar parte del déficit con financiamiento y que ello le sirva de puente para no tener que recurrir en mayor medida al Banco Central, pero también sabe que es muy probable que la cantidad de dinero que consiga en los mercados no sea suficiente para financiar tanto el déficit como el programa de obras públicas. Con ello, no le quedaría más remedio (según su visión) que seguir financiando parte del déficit con emisión.

Si todo esto era previsible, ¿por qué el Gobierno se sintió tan incómodo con la difusión de los índices de inflación de la ciudad de Buenos Aires, de San Luis y del Congreso? Quizás la explicación sólo la pueda dar el Gobierno, pero asumiendo el riesgo de ser temerario podría suponerse que se combinaron varios factores: i) En el mismo momento en que el Gobierno reducía los subsidios a la electricidad, se otorgaban subsidios a las petroleras que exportan crudo y se le quitaban retenciones a las empresas mineras, ii) Las negociaciones paritarias no se estarían encaminando dentro de los parámetros deseados por la administración, debido a las expectativas inflacionarias, y iii) el Gobierno terminó siendo más permeable de lo previsto a la lógica reacción mediática frente a las primeras medidas “antipáticas” anunciadas.

Creo sinceramente que al Gobierno le va mucho mejor con la opinión pública que en los medios, pero, en cualquier caso, más temprano que tarde se está enfrentando con uno de los principales problemas de los programas graduales: al no tomarse medidas “drásticas”, los resultados tampoco son inmediatos y esa falta de resultados “contundentes” puede socavar el apoyo social al Gobierno en cuestión.

No sería lógico esperar que un programa gradual obtenga resultados de shock, pero se sabe que las expectativas sociales no necesariamente se alinean con la lógica. ¿Con base en qué se espera que la inflación baje rápido si las medidas para controlarla se toman gradualmente? Cómo y por qué una sociedad le quita o le da el apoyo a determinado Gobierno o a determinadas medidas no puede medirse con la precisión de una fórmula matemática.

El problema con los programas graduales es que si no tienen el éxito esperado, la administración en cuestión luego debe tomar las medidas que quiso evitar, pero con menos capital político.

No estoy de acuerdo con la visión drástica de quienes suponen que esta gestión se juega todo su capital en los próximos dos meses. No creo ni me gustan los pronósticos apocalípticos, pero quizás algo nos está mostrando nuestra sociedad en estos días: no estaría dispuesta a soportar ni los problemas que enfrenta, ni sus potenciales remedios. Si así fuera, ahí tenemos un problema.

En rigor, no hay tal contradicción y ambas objetivos pueden lograrse simultáneamente.

Cuando alguien se refiere a que el BCRA debe ser independiente, lo afirma en relación con el PEN y no con todos los poderes del Estado. Un BCRA independiente del PEN impide que este último financie parte de los gastos del Estado con el impuesto inflacionario. El PEN sólo puede cobrar los tributos aprobados por el Congreso Nacional, pero si vía el BCRA puede aumentar la oferta monetaria sin respaldo, está cobrando un impuesto sin autorización legislativa.

La inflación es un impuesto a la tenencia de pesos. Si al Gobierno no le alcanzan los recursos genuinos (recaudación más endeudamiento), aumenta la oferta monetaria (imprime pesos) y así cubre sus erogaciones. El problema es que si para esos pesos emitidos no hay demanda, el valor del peso cae, es decir, que para comprar cualquier bien necesitamos más pesos que antes, porque el peso vale menos. Eso es, en términos coloquiales, la inflación.

Ahora bien, por otra parte, el BCRA no debería ser independiente del Poder Legislativo, pues es el Congreso quien tiene la potestad de aprobar los tributos que cobra el PEN y las erogaciones del Estado. De hecho, sería más que saludable que el programa monetario del BCRA formara parte del presupuesto. Así, el Congreso aprobaría tanto el programa fiscal como el monetario. La coordinación macroeconómica de la política fiscal con la política monetaria se daría de hecho, pues el Congreso aprobaría tanto la política fiscal como la monetaria. Lo cual es lógico, porque si el Gobierno espera un cierto porcentaje de inflación para determinado año, ello significa que durante ese período los pesos que tenemos en nuestro poder perderán ese porcentaje como poder de compra.

De la misma manera que el PEN no puede cobrar tributos ni realizar erogaciones no autorizadas por el Congreso, tampoco el BCRA debería aplicar o cambiar un programa monetario sin expresa autorización legislativa.

Ahora que el rol del BCRA está en escena y es parte de la discusión pública, quizás sea buen momento para fijar las bases para un nuevo esquema de funcionamiento para la autoridad monetaria, que garantice tanto que el BCRA sea independiente del PEN como que exista una eficaz coordinación entre la política fiscal y la monetaria.

Si el PEN no puede usar sin autorización legislativa al BCRA para financiar todo o parte del déficit fiscal, logramos su independencia. Si el programa monetario debe ser aprobado por los ciudadanos vía el Congreso junto con los tributos y las erogaciones del Estado, no solamente garantizamos la coordinación macroeconómica tan deseada, sino que serán los ciudadanos y las provincias por medio de sus representantes quienes avalen la totalidad de la política macroeconómica. Lo cual es de pura lógica en una democracia representativa, republicana y federal.

Es tan deseable que el BCRA no pueda ser capturado por el Poder Ejecutivo como que deba rendirle cuentas al Poder Legislativo.

Quizás incluso sería oportuno cambiar la estructura del Directorio del Banco Central y que esté formado por un representante de cada provincia electo por cada legislatura provincial. El presidente del Directorio podría surgir de uno de sus miembros o podría ser propuesto por el PEN y contar con el aval del nuevo Directorio del BCRA o del Senado Nacional. Podrían plantearse distintas variantes, pero en cualquier caso sería una composición más federal.

En este país tan pendular pasamos de prácticamente no tener política monetaria (como en la convertibilidad) a la situación actual en donde el BCRA está en el centro de la escena por la escasez de divisas y el alto nivel de inflación.

Quizás llegó el momento para que con tranquilidad busquemos un justo equilibrio que logre el objetivo tantas veces declamado por todos los Gobiernos, pero que pocas veces logramos: que los argentinos tengamos una moneda en serio, que no sólo sirva como unidad de cuenta o de cambio, sino también para atesorar.

Es difícil pensar el desarrollo de un país sin moneda.

El Gobierno se enamoró de tarifas artificialmente bajas por esos servicios y montó un sistema de subsidios muy ineficiente para mantener esas tarifas lo más bajas que fuera posible en el transcurso del tiempo.

Como los subsidios a la energía eléctrica y el gas natural se aplican sobre el volumen consumido, los sectores de ingresos medios e ingresos altos son los más beneficiados. Como la cuenta del subsidio se paga con fondos públicos, quienes más aportan son los sectores de ingresos medios e ingresos bajos, pues nuestro sistema impositivo es inmoralmente regresivo. Como si fuera poco, la parte que no se cubre con recaudación se financia con emisión, lo que genera un impuesto inflacionario que impacta muchísimo más sobre los sectores de menores recursos que sobre el resto.

Los subsidios en sí mismos son una herramienta válida de política económica siempre y cuando los reciban quienes los necesitan y los financien quienes más recursos tienen. Lamentablemente en energía eléctrica y gas natural el cristinismo aplica subsidios a la Robin Hood pero a la inversa, les saca dinero a los pobres para dárselo a los ricos. Así nos va.

El Gobierno sostiene que esta manera de subsidiar la energía es parte fundamental del modelo. Ahora bien, los mejores años del kirchnerismo fueron los años en los cuales había superávit fiscal y los subsidios eran bajos. El descontrol de los subsidios energéticos del 2007 en adelante nos hizo perder la fortaleza fiscal y comenzó a afectar al resto de la economía (necesidad de emitir para financiar el déficit, aumento de la inflación, pérdida de competitividad de las economías regionales, caída del consumo real y de la inversión, bajas de las exportaciones, etc.).

Si, como sostiene el Gobierno, los subsidios tal como están aplicados fueran virtuosos, cuanto más altos fueran los subsidios, mejor le iría a la economía. Tomemos simplemente las estadísticas laborales. El mayor período de generación de empleos formales se produjo en el período en que teníamos superávit fiscal. En la medida en que aumentaban los subsidios la generación de empleo formal fue bajando. Hoy lamentablemente estamos destruyendo empleo formal, con el impacto social que ello tiene.

En los últimos dos años, más de 150 países crecieron más que la Argentina. El sector industrial enfrenta una de las recesiones más largas de la historia, el consumo real lleva casi dos años de caída. Antes los cortes de luz se daban solo en verano, ahora también se dan en invierno. El Estado, que quedó como el único en inversor en el sector, promete obras que no hace, da subsidios que luego no puede pagar, y todo ello se refleja en la calidad del servicio.

El Gobierno le echa la culpa a las empresas. ¿Quién las regula? El gobierno. ¿Quién fija las tarifas? El gobierno. ¿Quién aprueba y controla los planes de inversión? El gobierno. ¿Quién debe fijar un nuevo marco regulatorio para el sector adaptado a la nueva realidad macroeconómica? El gobierno. Parece que tres períodos presidenciales no le alcanzaron para definir nuevas reglas, y los más importante, cumplirlas. Este gobierno no cumplió siquiera los acuerdos provisorios que alcanzó con las empresas de servicios públicos.

En materia de servicios públicos el Estado puede prestarlos directamente, concesionarlos a un tercero o buscar un esquema mixto. En cualquier caso la responsabilidad por el servicio siempre es del Estado. La existencia de contratos de concesión le puede y debe permitir al Estado sancionar a los prestadores por fallas en la calidad del servicio, pero ello de ninguna manera le quita responsabilidad por su funcionamiento. El cristinismo pretende aplicar un modelo que nunca funcionó en la historia de la humanidad: Estatizar las decisiones y privatizar las responsabilidades y las consecuencias. Nada puede hacerse en el sector energético sin la aprobación del Estado, pero ese mismo Estado nunca se hace cargo de los problemas.

Mientras el cristinismo nos quiere convencer de que le devolvió fortaleza al Estado, resulta que el Estado no puede evitar cortes de luz en condiciones climáticas normales. Desde que tengo uso de razón, en invierno hace frío y en verano hace calor. Los cortes de luz que estamos viviendo estos días no se dan por condiciones extremas de temperatura, se dan simplemente por mala calidad de servicio.

Lo paradójico es que sobre este tema que afecta a todos los argentinos los candidatos a presidente tratan de no explayarse demasiado para no “enojar a los votantes”. Asumen que en campaña es más importante dar buenas noticias que decir la verdad, quizás tengan razón. Pero les tengo una mala noticia: en diciembre hace calor.

Si usted escucha a la Presidenta, ella le va a decir que está fomentando a la industria, pero vamos para casi dos años de caída de la actividad industrial.  Le va a decir que estamos fomentando al consumo que no para de caer desde hace por lo menos 16 meses. Le va a decir también que fomentamos la inversión y la competitividad de la industria, cuando la inversión esta en picada y las exportaciones también. Todo esto lo estamos haciendo supuestamente “gracias” a medidas de tipo “Keynesianas”. 

Pobre Keynes, otra víctima del cristinismo ilustrado.

¿Qué postuló o propuso Keynes en su momento? Que en situaciones particulares, el sector privado -consumidores, inversores, o empresarios- tiende a tomar conductas que agravan las crisis. Los primeros dejan de consumir, los segundos prefieren la liquidez y los últimos dejan de invertir. ¿Qué puede hacer el Estado en esos casos? Tomar medidas que aumenten la Demanda Agregada de modo tal de sacar a la economía del pozo en el cual se metió o se metería dadas las acciones de los “privados”.

¿Consumo y Demanda Agregada son lo mismo? No, la Demanda Agregada está formada por el Consumo, la Inversión y las Exportaciones. Keynes sugirió que en situaciones de crisis el Estado debía tomar medidas de políticas monetaria y/o fiscal cuyo resultado fuera expandir la Demanda Agregada de modo tal que el Estado reemplace al sector privado como motor de la economía. De ahí la idea que en un momento de crisis el Estado erogue más que sus ingresos (incurriendo en déficit) para incrementar la Demanda Agregada y que ante ese “empuje” luego aparezcan el consumo o la inversión de los privados.

El Gobierno dice que quiere hacer eso o que está haciendo eso. Pero logra todo lo contrario. Desde el año 2009/2010 el Estado entró en déficit. El déficit cada vez es mayor y la economía está cada vez peor. Las dos presidencias de Cristina Kirchner están signadas por medidas que bajaron la Demanda Agregada en lugar de aumentarla. Hay algunas medidas aisladas que no alcanzan para compensar la caída.

Producto de la inflación, el poder real de compra de la población está bajando. ¿Algún argentino siente que hoy tiene mayor poder de compra que en el 2008? Producto de la pérdida de competitividad de nuestra economía cada vez se nos hace más difícil exportar. ¿Alguien duda de los problemas de competitividad que enfrentan las economías regionales? Si los empresarios ven que cae el consumo interno y ven que no pueden exportar, ¿para qué van a invertir? Los índices que miden la inversión no paran de bajar.

Keynes sugiere tomar medidas para aumentar la Demanda Agregada, pero en su nombre el gobierno debilitó precisamente a la Demanda Agregada. ¿Estaban asustados los consumidores cuando asumió Cristina en el 2007?, ¿estaba cayendo la inversión?, ¿caían las exportaciones? En ese momento la economía tenía problemas por solucionar, uno de ellos era ver cómo se hacía para que los exportadores no liquiden de golpe los dólares obligando al Central a sostener el tipo de cambio.

¿Keynes alguna vez sugirió que un país que estaba creciendo con solvencia macroeconómica, abandonase esa situación para tener déficit fiscal y dejar de generar empleo? No hubo ningún factor externo que nos condicionara. Los problemas que enfrentó el mundo no justifican nuestra situación actual, prueba de ello es como están el resto de los países latinoamericanos. ¿Tanta mala suerte tenemos que el mundo se cayó sólo encima nuestro? Ni la restricción externa actual, ni la inflación, ni ninguno de los problemas actuales de nuestra economía se deben a factores exógenos.

Nuestros problemas hay que rastrearlos en quienes en nombre de Keynes logran los efectos exactamente opuestos a los que él hubiera buscado.

Si viviera, seguramente se le ocurriría alguna estrofa para representar lo que nos pasa con la Central Térmica de Río Turbio.

La mina de Río Turbio es la única mina de carbón operativa en nuestro país. El ritmo social y económico de la ciudad está lógicamente vinculado a lo que ocurre con la explotación de la mina.

Desde que tengo uso de razón, escucho planes para potenciarla. Siempre alguien promete hacer “algo por la localidad”. La realidad es que la mina produce poco y nada y la localidad no encuentra un sendero de desarrollo sustentable. Hoy la mina está en manos del Estado. Se echó con justa causa al concesionario anterior. Pero la producción no despega. Sólo en gastos operativos los argentinos estamos destinando en el orden de los $1.500 millones de pesos al año en la mina.

Según a quién quiera escucharse, las razones de los problemas de la mina de Río Turbio son variados. Que el carbón es de baja calidad para su uso en usinas térmicas. Que la mina está muy alejada de los potenciales centros de consumo. Que la cuestión laboral es inmanejable porque los sindicatos controlan todo y no dejan hacer nada. Y podría seguir la lista.

El gobierno decidió construir en la boca de la mina una central térmica a carbón para garantizarle la demanda a la mina. Si analizamos la central desde la pura lógica del sector eléctrico no tiene sentido económico. Sólo puede tener sentido como un estímulo de actividad para la localidad. Para fomentar el desarrollo de la región podría ser razonable pagar el “extra costo” energético. Ahora, cualquier análisis tiene sentido en tanto la mina produzca la cantidad de carbón necesaria.

Apenas se lanzó la central, hubo críticas de todo tipo. El gobierno se aferró al criterio de fomentar el desarrollo de la localidad. Hasta ahí el planteo podría ser aceptable. Entonces, ¿cuál es el problema?

La central se diseñó para funcionar exclusivamente con carbón. La central consumiría cerca de 1.200.000 toneladas de carbón al año. Hoy la mina produce poco más de 100.000 toneladas al año. Y la producción no despega. ¿Por qué el gobierno construyó una central para que funcione a carbón si la mina no lo produce?

La mina es operada por el Estado Nacional y la central también la construyó el Estado Nacional. Si el Estado sabe que la mina no produce suficiente carbón, ¿por qué siguió adelante? Todas las variables en juego dependen de la gestión del Estado. Si la mina no produce más es responsabilidad del Estado. Si hoy tenemos una central casi lista para funcionar que nunca tuvo garantizada la provisión del combustible también es responsabilidad del Estado.

¿Qué propone ahora el gobierno? Convertir a la central para que funcione también con gas natural. ¿Por qué no lo hizo desde el principio? Ahora perdemos tiempo y tenemos costos adicionales.

Es cierto que las centrales a carbón habitualmente tienen la posibilidad de quemar, al menos, otro combustible. Pero eso era cierto también al inicio de la construcción. Tal como hoy están planteadas las cosas, la central no tendrá el aporte “complementario” del gas natural. El gas natural sería el 90%, o más, de la provisión de combustible. En el mejor de la casos sería una central a gas natural con el aporte complementario de carbón.

Hicimos una central al pie de la mina para aprovechar el carbón y luego no producimos carbón. Delicias de la planificación. Si la central va a funcionar básicamente con gas natural su locación pierde sentido. ¿Qué desarrollo local generamos si la mina no aporta más carbón?

Teníamos un problema que era la falta de producción de la mina. Ahora tenemos otro problema que es una central casi lista que no genera energía porque no tenemos combustible. Queríamos solucionar un problema y ahora tenemos dos.

Pero ésto no termina ahí. Según el gobierno hay que hacer un gasoducto para traer el gas y que la central pueda funcionar. ¿Alguien garantiza que el área o yacimiento desde el cual traigamos el gas tenga reservas suficientes? No hay cerca de la usina ningún área que garantice tal cosa.

Así vamos derecho a comprarnos un tercer problema. Tenemos una mina de carbón que no produce carbón en cantidades significativas, tenemos una central térmica casi lista que no tiene combustible y ahora estaríamos por hacer un gasoducto hacia áreas que no sabemos como garantizarán la provisión de gas. ¿La misma gente que garantizaba la provisión de carbón ahora hará lo propio con el gas?

Tenemos un déficit de potencia eléctrica. El gobierno no tiene fondos para terminar otras usinas térmicas que están trabajando a ciclo abierto cuando podrían cerrarse sus ciclos para aumentar la oferta al sistema interconectado sin aumentar la demanda de combustibles. El Estado destina fondos que son escasos a proyectos que todavía están lejos de poder generar.

A todo esto, ¿y la gente de Río Turbio? Todo este laberinto sólo se justificaba si se potenciaba el desarrollo de la localidad. ¿Alguien se hará responsable por los fondos públicos mal utilizados?. La usina que todavía no puede generar ya nos costó a los argentinos mas del doble que lo que costó la central que está funcionando del lado chileno.

¿Alguien alguna vez hará algo en serio por la gente de Río Turbio? ¿Hasta cuándo en nombre de ellos seguiremos quemando fondos públicos sin poder garantizar un futuro sustentable a esa localidad? Algunos a esto lo llaman “planificación”. Difícil creer que la planificación se divorcie tanto del sentido común.

(Este artículo fue publicado originalmente en Argentina Shale)

Desde hace ya varios años nuestra moneda se está devaluando aceleradamente respecto a la gran mayoría de los bienes. Uno de los pocos grupos de bienes frente a los cuales “menos” se devaluó nuestra moneda son las divisas. Como la sociedad percibe relativamente mas baratas y seguras a las divisas, quien puede, trata lógicamente de comprar el bien más barato y más seguro. Primero el gobierno intentó no sincerar el tipo de cambio (ajuste por precio), y se vio obligado a implementar el cepo cambiario (ajuste por cantidades), y como es su costumbre trató de buscar la culpa en otro lado. Ahora decidió ajustar de manera más acelerada el tipo de cambio nominal, pero en la medida que no resuelva el excedente de pesos de nuestra economía, el gobierno corre el riesgo de que devaluaciones nominales no se reflejen en mejoras del tipo de cambio real.

En lugar de reconocer que hay un problema con el tipo de cambio, el gobierno buscó culpables en quienes quieren ahorrar en dólares, en las importaciones de energía, en el turismo, en las compras por internet o en los autos importados. La propia presidenta instaló, por ejemplo el “problema” de las importaciones de energía en una apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Muchos sectores opositores también atribuyen a la energía el problema de la caída de las reservas.

Es aritméticamente obvio que si no importáramos energía tendríamos más divisas en stock. ¿Eso solucionaría el problema? Definitivamente no, sólo ganaríamos tiempo, ¿Acaso alguien demandaría menos dólares a estos precios relativos y en este contexto de pérdida de valor de nuestra moneda, si las reservas fueran 8.000 millones de dólares más altas? ¿Serían competitivas nuestras economías regionales? ¿Querríamos viajar menos o comprar menos bienes del exterior?

Que una economía no pueda pagar su “factura energética” valuada a precios internacionales significa lisa y llanamente que tiene un grave problema de competitividad. La energía es un bien primario que se usa para producir otros bienes. Salvo contadas excepciones la energía no representa un costo relevante en los bienes finales que consumimos o producimos. ¿Cuánto representa el costo energético en el valor final de un auto, de un kilo de carne, de un litro de leche o de una tonelada de aceite? El costo no es determinante, pero sin energía nada se podría producir. La energía más cara es la que no se tiene, la más barata es la que no se usa.

Miremos que pasa del otro lado del Río de la Plata, Uruguay importa todos los hidrocarburos que consume. ¿Tiene un problema de divisas? Ciertamente no, tiene una estructura económica que le permite importar lo que necesita, exporta lo que mejor puede producir, y le sobran dólares. ¿Uruguay tiene una “cadena de valor” más sofisticada que la Argentina? No, simplemente tiene una gestión macroeconómica coherente.

Si a nuestro país no le alcanzara la producción de soja, maíz o trigo porque su producción de carnes (vacuna, porcina y aviar) fuera tan alta que tuviera que importar esos bienes de Bolivia, Paraguay o Uruguay, ¿Estaríamos mal? No, estaríamos mucho mejor. Le agregaríamos valor en nuestro país, con trabajo local a bienes primarios que traeríamos de afuera. Importar materias primas para agregarles trabajo local permite a los países potenciar sus cadenas de valor. Sería deseable que nuestro país maximice su producción interna de bienes energéticos, renovables y no renovables, pues ello generaría fuentes de trabajo e inversiones. Podríamos transformar nuestros recursos potenciales energéticos, de todo tipo, en una ventaja competitiva para nuestra economía. No hacerlo implica claramente una ineficiencia que debemos corregir. Ahora, de ahí a decir que nos quedamos sin reservas por importar energía es un despropósito y esconde el verdadero problema.

Los pesos que reciben nuestros exportadores del Banco Central no les alcanzan para cubrir sus costos. La constante pérdida del poder adquisitivo de los pesos que reciben por sus dólares les impide acceder a los mercados internacionales en condiciones competitivas. Si desalentamos las exportaciones y el ingreso de divisas, si bajamos constantemente el poder adquisitivo de nuestra moneda y bajamos su demanda, no habrá stock de divisas que alcance. El origen de nuestro problema cambiario es que sobran pesos que nadie demanda. Buscar responsables en la energía, en quienes quieren ahorra en dólares, en el turismo, en los autos o en las compras por Internet es seguir ocupándonos de las consecuencias y no de las causas del problema. Ya pasó el momento de buscar culpables, llegó el momento de encontrar las soluciones.

Superado por los acontecimientos el Gobierno Nacional amenazó con estatizar a las dos empresas que regula: Edenor y Edesur. ¿Esa sería la solución?

Cualquier empresa de servicios públicos, sin importar su dueño, debe tener fondos disponibles para invertir. Los servicios públicos tienen una característica común: son capital intensivos, es decir, necesitan mucha inversión. ¿De dónde podrían sacar los fondos las unidades de negocio si fueran estatizadas? De las tarifas, de aportes del Tesoro o de nueva deuda.

Un ejemplo es YPF, luego de su estatización aumentó los combustibles líquidos a un ritmo cuatro veces mayor que el IPC oficial, tomó deuda en el mercado local, se asoció con otras empresas como Chevron, tomó deuda en el mercado local y tomó deuda en dólares del exterior. YPF pudo endeudarse sólo después que demostró que podría mover sus precios y tuvo que darle a sus socios condiciones que el mismo gobierno nos niega al resto de los ciudadanos (por caso disponer libremente de divisas). Todavía no vimos grandes cambios en su desempeño empresario, aunque es prematuro sacar conclusiones.

Sería de esperar que si el gobierno estatiza Edenor y Edesur recorra el mismo camino, sin embargo nuestro país no presenta ejemplos que nos permita creer que la gestión estatal sería superior a la privada.

Muchas distribuidoras eléctricas del país son propiedad de los gobiernos provinciales. Córdoba, gobernada por el peronismo; Santa Fe, gobernada por el socialismo, y Entre Ríos, gobernada por el cristinismo, son tres ejemplos. En los tres casos las tarifas son muchísimo más altas que las de Edenor y Edesur (de dos a cinco veces mas altas). ¿Cómo es su desempeño? Tienen peor calidad de servicio que las empresas privadas reguladas por el gobierno nacional. En estas provincias los usuarios pagan tarifas muy altas y no reciben una buena calidad de servicio.

Otro ejemplo son las cooperativas eléctricas, las tarifas también son más altas y no ofrecen mejor calidad de servicio. ¿Las cooperativas prestan un mal servicio a propósito en detrimento de sus asociados?

El Estado, ya sea como propietario de las empresas o regulándolas, tiene una obligación ineludible. Debe ser el garante de la prestación del servicio. Cuando otorga una concesión o licencia para operar debe regularlas, lo que implica que el Estado les fija las tarifas y condiciones del servicio. Es decir, todo lo que les importa a los usuarios: precio, cantidad y calidad.

¿Qué hizo el Estado Nacional en este caso? Luego de 12 años de la salida de la convertibilidad no diseñó un nuevo marco regulatorio adaptado a la nueva realidad macroeconómica. No fijó regla alguna para la fijación de las tarifas. Nadie sabe cómo y cuándo se podrán modificar las tarifas. Hoy Edenor y Edesur no pueden pagar todos sus costos y reciben subsidios del Estado Nacional. Así, los contribuyentes de todo el país no sólo pagan las facturas de sus consumos eléctricos, aportan también para subsidiar las facturas de la Capital y parte del conurbano.

El mismo Estado que se niega darle tarifas a las empresas para que puedan invertir, les exige luego que lo hagan. Aún más, el Estado Nacional creó cargos específicos que las empresas cobran en sus facturas pero van a un Fondo Fiduciario que maneja el Estado. Es el Estado quien decide dónde se invierten los recursos que hoy aportan los usuarios para invertir. ¿Si hoy el Estado no hace lo que debe como regulador, qué suponemos que hará como operador? ¿Si no puede hacer eficientemente lo menos (regular), como se supone que podrá hacer lo más (operar)?

El problema de los servicios públicos en Argentina hoy no pasa por la titularidad de los activos, sino por la gestión de quien los opera o regula. El gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales tienen muchas deudas pendientes en este sentido.

Cambiar para que nada cambie no va a solucionar los problemas. Los va a agravar y el costo lo vamos a pagar nosotros, los ciudadanos.