Una política pública típica del populismo fiscal es el empleo público creciente. Así encontramos que en Tierra del Fuego la planta de empleados estatales se amplió un 106% desde el año 2003 hasta el 2013. En esta década, las plantas de agentes se incrementaron un 80% en Catamarca, 66% en Santa Cruz, 59% en Salta y 51%  en Jujuy, el promedio para todas las jurisdicciones es del 43%.  Un indicador de este crecimiento para comparar entre jurisdicciones es la cantidad de empleados públicos cada mil habitantes. Así encontramos que en Tierra del Fuego y Santa Cruz hay mayor presencia de empleados públicos con 119 y 117 agentes cada mil habitantes respectivamente. Sigue Catamarca con 101, Neuquén con 89, y La Rioja con 85/1000.

En la misma línea, a comienzos de este mes, el ministro Tomada anunció que la administración pública nacional incorporará antes del 31 de diciembre próximo 7500 nuevos empleados públicos a la planta permanente, provenientes de la planta transitoria y de contratos temporarios. Los 7500 nuevos empleados se suman a la planta permanente de 376.145 empleados públicos nacionales, ello representa una masa salarial de $ 85.000 millones.

La creación desmedida de empleo con fines clientelares no es una novedad en nuestro país, pero ¿cómo se hace para frenarlo? Crear empleo es para todos los gobiernos una prioridad, pero existen alternativas al empleo estatal. ¿Qué pasaría si invirtiéramos más en las pymes, que son a nivel mundial el sector que mayor empleo genera? Una forma de romper con el círculo vicioso que genera el clientelismo es invertir en el sector privado adoptando un enfoque de “retorno social de la inversión”: en muchos países lo que se incentiva es la contratación de personal en situaciones de vulnerabilidad por parte de privados. Eso supone que el gobierno se hace cargo de una parte del sueldo o de las cargas sociales, pero genera empleo real. Ese incentivo va a quien contrata al trabajador (por ejemplo, por lapsos no inferiores a un año) y o directamente a la persona que se encontraba en situación precaria para insertarse laboralmente. De este modo el Estado no expande sus redes clientelares sino que genera oportunidades e incentivos para crear empleos reales.

El empleo estatal lo pagamos todos. Argentina es un país con fuerte ausencia de conciencia fiscal, esto es que, quien paga impuestos es el que paga el sueldo del empleado. El empleo público en nuestro país no es accountable, es decir, no rinde cuentas por su desempeño, sea bueno o malo, por lo tanto tampoco tiene incentivos para hacer las cosas mejor.

Todo lo dicho resulta en un anacronismo flagrante: la pérdida o mal uso de recursos pagados por el contribuyente. Los ciudadanos son electores, votantes, pero también, contribuyentes. A 30 años del retorno de la democracia, es una tarea pendiente la construcción de ciudadanía fiscal.

Durante gran parte de los años noventa, el estado retrocedió, dejando importantes espacios vacíos y tareas básicas sin cumplir, aquellas que le dan la razón de su existencia. En la última década fuimos testigos de un estado que regresó, fuerte, a ocupar un lugar prominente. Ese estado amplió sus funciones mucho más allá y sus oficinas se expandieron así como su personal. El estado, sin embargo, aquel que resuelve problemas, que resuelve la convivencia social, sigue ausente. Así como el retroceso noventista dio voz a un reclamo de más estado, el mega estado kirchnerista está generando su propia bestia: un súper estado incapaz de resolver los problemas más urgentes de la población está provocando un clamor social en su contra. El estado no fue capaz de controlar la situación de los trenes a los cuales subsidiaba millonariamente, pero tampoco fue capaz de actuar en la tragedia. Ni en la de Once, ni en las inundaciones de La Plata ni en tantas otras ocasiones: lo que quedó en evidencia fue una cáscara vacía, repleta de funcionarios cuya retórica no basta. Es cierto que esta elefantiasis estatal está plagada de problemas: funcionarios que no están preparados para la tarea que asumen, burocracias políticas, impericia e inoperancia. Esto es cuestión del gobierno, no del estado. O, volviendo a nuestra comparación inicial, así como demandamos del administrador una gestión eficiente de los recursos e intentamos tomar medidas precautorias, el mismo reclamo o demanda debiéramos hacer a cada gobierno.

Estado y gobierno no son lo mismo. Por eso es que, como sociedad, deberíamos darnos un debate profundo sobre qué estado queremos, de qué queremos que se ocupe y de qué no. Independientemente del gobierno de turno de cada circunstancia. A 30 años de democracia este es el debate que aún nos debemos. Cada gobierno le dio forma a su gusto al estado y se apoderó de él como un coto de caza. Después de cada ciclo político, la sociedad quedó vacía y, el estado, desmantelado. Ello generó una contramarcha en todo lo que se había hecho. Así, a marchas y contramarchas no hemos sabido avanzar, atrapados en un círculo vicioso. No nos hemos puesto de acuerdo. Este el gran acuerdo que la sociedad y la clase política deben hacer. Es el gran acuerdo que aún no hemos logrado.

Las aulas de las universidades se han transformado en los últimos años. Desde ya los avances tecnológicos han hecho estragos en la forma en que se enseña y aprende, pero la composición de los estudiantes ha cambiado de la mano del crecimiento de los estudiantes que deciden estudiar en otro país distinto al de su origen. Desde el año 2000 la cantidad de estudiantes extranjeros en el exterior creció un 77%.

El documento de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) señala tres grupos de países según la relación entre el valor de la matrícula para nacionales y para extranjeros. Es así que en el primer grupo la matrícula es más alta para internacionales que para alumnos nacionales. Aquí encontramos a Gran Bretaña, Estados Unidos, Dinamarca, Australia, Austria, Canadá y la Federación Rusa entre otros. En segundo lugar, cuando es igual en ambos casos, es así en Alemania, Francia, Italia, Japón, Corea y España. Por último, cuando ni los nacionales ni los extranjeros tienen que pagar matrícula. Este es el caso de Finlandia, Suecia, Noruega e Islandia. Australia, Canadá, Francia, Alemania y Gran Bretaña junto a Estados Unidos, reciben cada uno más del 5% de todos los estudiantes extranjeros del mundo.

En nuestro país, tanto en las universidades públicas como privadas puede observarse el fenómeno de la gran cantidad de jóvenes que han decidido estudiar en la Argentina. Este particular hecho se observa especialmente por el “aluvión” de estudiantes latinoamericanos que eligen realizar sus estudios universitarios en el país. Un dato significativo es que el 73,5% de aquellos que eligen la Argentina como destino provienen de países en los que se habla la misma lengua, según datos de OCDE. Sin embargo, en la Argentina la cantidad de estudiantes extranjeros en el país por cantidad de estudiantes argentinos en el exterior es aún comparativamente baja, representa el 0,2. Lamentablemente el informe no cuenta con datos acerca del porcentaje de estudiantes provenientes de países vecinos que en el caso de Brasil representan el 25.9% y de Chile el 31.9%.

Algunos factores explican este hecho: empezando por la globalización, siguiendo por el tipo de cambio que beneficia a quien trae dólares y los cambia en el mercado no oficial, y el prestigio de nuestras universidades. El total que debe invertir (gastar) un alumno universitario en la Argentina es mucho menor que si decide estudiar en otro país, sea Colombia, México o Chile. Estudiar Derecho en una universidad privada argentina ronda para el estudiante unos 255 dólares mensuales y economía alrededor de 259 (considerando el tipo de cambio no oficial). Las mismas carreras en Chile rondarían los 762 y 868 dólares mensuales respectivamente. En Colombia el costo se acerca a los 1308 dólares mensuales para las mismas carreras. Diferente es el caso del país hermano Brasil, allí, tanto las universidades públicas como privadas aplican el sistema educativo regido por los exámenes Vestibular y ENEM. En este sentido, los valores de matrículas y cursos se desarrollan de acuerdo a los resultados obtenidos por el ingresante en el mencionado sistema. Señalemos por último que, comparativamente, Argentina gasta menos que los otros estados por estudiante universitario.

Siguiendo el citado informe de OCDE el gasto anual por estudiante por instituciones educativas (educación terciaria) en servicios básicos, auxiliares y R&D (investigación y desarrollo) en la Argentina es de 4680 dólares, en Brasil de 13137, en Chile de 7101 y en México de 7872 dólares. En Australia la cifra se eleva a 15142 dólares y en Canadá a 22475, cifras que de todos modos son inferiores a los 25576 de los Estados Unidos.

Mucho se ha avanzado en estos años, pero aún queda mucho por hacer: estimular la realización de estudios en el extranjero para nuestros jóvenes redundará en un valor agregado para ellos y para la sociedad, como lo demuestra la experiencia de otros países.

Mucho se puede decir sobre lo que ha pasado en esta década. Los analistas hoy se desgarran las vestiduras sobre la situación económica a la que nos ha empujado el kirchnerismo. Sin embargo, el mayor déficit de estos años, la mayor pérdida no es económica y tampoco política: es la ausencia de respeto a la ley.

Es allí donde encontramos el hilo conductor entre todas estas expresiones sociales que son producto de la falta de imperio de la ley. Este será el desafío más grande que tenga el próximo gobierno, sea del mismo signo político o de otro. ¿Cómo recuperar el respeto a la autoridad de la ley cuando se ha perdido el respeto a toda autoridad? Este gobierno se ha destacado por machacar contra el autoritarismo, pero en ese proceso destruyó todo símbolo, toda representación que suponga el ejercicio de cualquier tipo de autoridad, la del maestro, la del director de una escuela, la de un policía o la de un padre. En su carga contra el autoritarismo terminó cargando contra toda autoridad, y en la confusión produjo una sociedad que no sabe la importancia del respeto a la ley para la convivencia cotidiana. Todo derecho supone una obligación. En estos años, la clase política gobernante hizo gala del respeto a los derechos humanos, pero jamás de las obligaciones implícitas que los mismos presuponen.

Vivir en un estado democrático presupone vivir en un estado de derecho. Y el estado de derecho implica la supremacía de la ley y su cumplimiento; tanto por parte de los gobernantes como de los gobernados. Son las reglas y no los hombres los que deberían gobernar nuestro día a día. Estas reglas son tanto formales como informales, tanto escritas, normativizadas, como usos y costumbres. El resultado de la década ganada es que hemos perdido tanto unas como otras: no sólo el respeto a la ley formal sino a las formas que permiten la convivencia en paz. Esas costumbres señalan que el respeto por el otro y por lo que es de otro es un valor que debe ser respetado. Recuperar las pautas mínimas que permitan nuestra convivencia democrática será nuestro mayor desafío.