La AUH contiene serias limitaciones. En primer lugar, no es universal ya que impone una serie de restricciones para su acceso (demostración de ingresos inferiores al salario mínimo, no tributar en régimen de autónomos o monotributo, el carácter excluyente de la contrapartida de salud y educación, la incompatibilidad de su percepción con la mayor parte de los programas del sector público pese a que atienda otra necesidad, etc.), que genera la exclusión de nada menos que del 22,4% de la población menor de 18 años, es decir 2,7 millones de chicos no la perciben. En segundo lugar, no resuelve la heterogeneidad del nivel de la prestación, convalidando distintos montos por pibe en función del tipo de inserción laboral y el lugar de residencia de los padres. Así, los $460 por pibe vigentes a nivel nacional, se transforman en $210 en Chaco, $258 en Santiago del Estero, $270 en CABA y $112 en Santa Fe, para los hijos de trabajadores de los respectivos Estados Provinciales. Un verdadero aquelarre. En tercer lugar, no da respuesta a la constante pérdida del poder adquisitivo de la prestación producto de la persistente inflación como consecuencia de no haber contemplado un mecanismo de ajuste automático más eficiente que los aumentos discrecionales del Poder Ejecutivo -esto implicó que los $180 por hijo iniciales, que luego del último aumento otorgado se convirtieron en $460, en términos reales, eran hasta el aumento anunciado esta semana $160 (un 12% menos).

Por otra parte, el efecto redistributivo que tendría una medida de este tipo se ve limitado ya que la base de recursos que la sostiene proviene de la Anses, organismo que desde hace tiempo mantiene un esquema de haberes previsionales pobres (el 75% de los jubilados perciben apenas $2.165). Esto significa, en otros términos, que la AUH lejos de construir su base de recursos en la captación de ingresos de los sectores acomodados de la sociedad, se sostiene a expensas de los haberes de los jubilados. Y esta lógica que permite contener la situación que transitan los sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica vía una redistribución de ingresos que no “afecta” a las capas altas, parece ser una constante en la que también se inscribió la última reforma del sistema de asignaciones familiares que procuró un aumento de la prestación por hijo a los grupos familiares de menores recursos a partir de la caída en el monto recibido por parte de un conjunto de grupos familiares del estrato medio del sistema. Así, la redistribución para el gobierno nacional consiste en transferir ingresos de las capas medias a los más postergados dejando intactos a los sectores de mayor capacidad económica. En este sentido, si la estrategia oficial intentó ubicar a la AUH como instrumento viable para incidir en la transformación de las condiciones de vidas de los sectores más empobrecidos, sus efectos concretos demuestran que sólo es una estrategia de contención con impacto decreciente como producto del alcance no universal, la diversidad de valores que se pagan y el continuo deterioro de la prestación.

Sin embargo, con tan sólo considerar una pauta inflacionaria más acorde con el contexto inflacionario vigente -entre el 20/25% anual-, la realidad social de la población cambia sustancialmente y se distancia del relato oficial: la tasa de pobreza asciende a un 31,5% y aquella que más crudamente indica la porción de población que no tiene asegurado el aprovisionamiento diario de la cantidad de alimentos de subsistencia físicamente indispensables, es decir la tasa de indigencia asciende a un 10,8%.

Nuestro país no configuró la situación social vigente de un día  para el otro sino que coadyuvaron sucesivas crisis que disparaban los indicadores de desempleo, pobreza y desigualdad respecto a la etapa anterior con posteriores períodos de estabilización que implicaban una mejora de tales indicadores sociales, no logrando retornar nunca a los niveles previos. En efecto, el período de los últimos diez años que comienzan con la recuperación de la actividad económica luego de la crisis del año 2001 permitió la recomposición del cuadro social que hizo descender la tasa de pobreza del 57,5% al 26,9% al 2006, nivel éste levemente superior a la del año ’97, de la mano de un fenomenal crecimiento del empleo y los salarios.

Sin embargo, a partir del año 2007 -que no casualmente coincide con la intervención del Indec-, agotadas las condiciones iniciales que dieron lugar al crecimiento de la etapa anterior, se abrió paso a un proceso inflacionario creciente y persistente, que junto al debilitamiento en la generación del empleo, detuvo los rendimientos sociales imponiendo límites a la recuperación de los sectores populares en términos distributivos. De esta manera, nuestro presente configura un cuadro social sumamente deteriorado dado que 7 de cada 10 hogares no llega a fin de mes -en relación con una canasta de consumo de $7.000 para una familia tipo-, de ellos la mitad son pobres y un tercio pasa hambre.

De fondo de esta realidad social se halla la presencia estructural de una matriz distributiva desigual que pone límites a los momentos de mejora social. Por esta razón, no es posible cambio alguno sin asumir el desafío de encarar una reforma estructural de la matriz distributiva actual que involucre el replanteo del perfil productivo junto con la fijación de un verdadero piso de ingresos, derechos y garantías para el conjunto de los hogares a partir de programas efectivamente universales.

Resolver la pobreza hoy y de manera definitiva, por lo tanto, implica replantear el conjunto de relaciones sociales establecidas, el rol de la intervención pública en la actividad económica, en la inversión, y en la conformación de una arquitectura social que motorice al consumo popular como eje dinámico de la economía. Por eso decimos que en nuestro país la razón fundante de la pobreza es la desigualdad, ya que tan sólo con distribuir el 6,1% del PBI sería posible evitar que haya pobres y con el 1,5% terminar con el hambre.