Seguridad, educación, salud y justicia conforman las cuatro obligaciones indelegables de todo Estado que se precie de estar al servicio de su pueblo. En esto hay una absoluta coincidencia entre los distintos cuerpos de doctrina, incluido el liberalismo moderno. Pero cuando uno observa a cada uno de estos rubros descubre que en los últimos doce años han retrocedido respecto de la calidad del servicio ofrecido anteriormente (educación, salud y justicia) y la inseguridad ha escalado a niveles jamás vistos.

No hay dudas que en educación estamos peor, hemos caído en todas las pruebas que nuestros alumnos abordan. El desgranamiento escolar es gigantesco. Recorrer los hospitales de la provincia de Buenos Aires y el interior del país es ingresar en un paisaje lunar, yermo y desolado. ¿La Justicia? Se amontonan los expedientes y hay que esperar años un pronunciamiento. Lo cierto es que no hay solamente ausencia de Estado hay algo peor que dejo para otra nota: la educación y la justicia han sido destruidas en su matriz magmática por el progresismo que todo lo permite, que no es meritorio, que todo lo disculpa y que des-responsabiliza a sus actores. Haciendo hincapié en los derechos se olvida de los deberes.

La inseguridad

Es el asunto central de la campaña electoral. Todos, absolutamente todos los políticos hablan de combatir la inseguridad. ¿Hay que creerles? ¿Tendrán el coraje suficiente para abordar este flagelo y el de la droga, asociada al delito? Me permito dudar. Esta batalla no es para maestras jardineras, psicólogos o docentes de plástica y menos para pichones. ¡Esto es una guerra, señores! Que se da contra individuos que desvalorizan su vida y la ajena y cometen todo tipo de tropelías, especialmente contra los más débiles. Y como guerra hay que encararla. Todos conocen en sus barrios los aguantaderos y las cocinas. Pues hacia allá deben marchar las fuerzas de seguridad y destruirlos. Seguramente va haber muertos de uno y otro lado. Penosamente los políticos solubles que supimos conseguir no están para asumirlos. Están para la foto, los emolumentos y los canapés. La ley de derribo para voltear aviones que niegan su identificación duerme el sueño de los injustos en el Parlamento, pues aprobarla significaría más muertos. De todos modos los muertos los tenemos. Claro, silenciosos y secretos. Caen como moscas en las callejuelas de los barrios desamparados. Esos muertos no se cuentan. Por Dios, ¡a qué decadencia hemos llegado!

La educación y la escolarización obligatoria que no se cumplen pues el Estado está ausente, pese al discurso progre, es la herramienta central para alejar del delito a los jóvenes que lo merodean. Según estadísticas del Ministerio de Educación hay ochocientos mil jóvenes ni-ni. ¿Y dónde está el Estado?

El combate para curar a los adictos es un chiste de mal gusto. La provincia orienta 180 millones de pesos por año, la Nación 700 millones. Fútbol para todos 1.400 millones. Y los nuevos contratos de la Cámpora al parecer suman 3.000 millones. ¡Son unos sinvergüenzas! La única institución que lucha contra el delito, la marginalidad y la droga es la Iglesia. ¡Loas a su trabajo!

No veo, entonces, solución. Sin tener ningún vínculo con el Frente Renovador sospecho que su desgranamiento es consecuencia, además de las vanidades, a la postura de este sector frente al intento del nuevo Código Penal, a la centralidad que le dan al tema del delito y la educación y a la ley de derribo. El progresismo que anida en este Frente se aparta lentamente.

¿Qué hay de cierto?

Zaffaroni se enoja con Massa porque este afirma que se bajarán las penas, y eso lo considera una falta de respeto; sin embargo tres días después en la Biblioteca Nacional y ante unos cartelones que maldecían el “punitismo neoliberal” navegó por las aguas del garantismo, coronando su exposición con una frase elocuente: “¿queremos una sociedad excluyente o incluyente?”.

Donde la idea de exclusión o inclusión que siempre creí orientada a la marginalidad no delictiva, es decir a los sectores sociales que quieren progresar sin violar la ley, en la nueva ideología progre se orienta hacia los delincuentes. Zaffaroni afirma que lo que han recibido es un ataque ideológico y que responderán en el terreno ideológico. ¡Ya lo han hecho! Desde el gobierno y sus intelectuales garantistas, la respuesta que se escucha es que los estragos de la pobreza, la desigualdad, la injusticia social, los trabajos mal pagos, la desaparición de la cultura del trabajo, son los responsables de las conductas delictivas. No el individuo, sino la sociedad.

Zaffaroni ha dicho: “Frente a la inseguridad creada en el mundo por el retroceso del Estado de bienestar ,¿cómo se compensa esta sensación? Mostrando que la principal amenaza que hay es el delito común”. De esta forma justifica el crimen y el robo, pues la principal amenaza social no es el delito sino el retroceso del Estado de Bienestar. Como si los seres humanos respondiéramos, ante la injusticia del capitalismo, delinquiendo. En consecuencia es la sociedad la responsable. El criminal un poquito. ¿Habrá que esperar la construcción del paraíso en la tierra, para arrancar recién ahí la lucha contra los facinerosos. Finalmente Zaffaroni afirmó: “Uno no va a excarcelar a un violador múltiple, a un homicida. Se excarcela a un chorrito. ¿Qué ganás con tenerlo adentro?” (La Nación, 18/2/09). Esta es la respuesta progre: justificar al criminal por la culpa de todos. De manera que es imposible hallar un responsable. Alguien que se haga cargo de sus actos. La sociedad y la historia son los culpables. En definitiva: nadie.

Técnicos o multitudes

Como Massa los madrugó y propuso una consulta popular, la progresía advierte que el debate del Código debe darse entre técnicos, en el Parlamento, y no con las multitudes. Lo cual hace sospechar que entre los “representantes” y el pueblo hay una brecha insalvable, al menos en estos temas que son los que más afligen a la ciudadanía. Si esto es así, y todo indica que lo es, esta democracia está renga.

Finalmente, otro de los participantes de la reforma, el doctor Arslanián, afirmó que la función evitadora del Código Penal es casi nula, esto es, que no evita que quien delinque lo haga. Por lo tanto si las leyes, las normas, las reglas y los códigos de convivencia no evitan las faltas, eliminémoslo y tengamos reglamentos a la carta. Lo cual chocaría de frente con el pensamiento del creador del peronismo que afirmaba que “el hombre es bueno pero si se lo vigila es mejor” y para esto se hace indispensable la ley y la justicia categórica.