En las últimas semanas, las noticias sobre el drama de quienes son obligados a emigrar ocupan un espacio considerable en todos los medios, pero sin lograr conmover suficientemente a las sociedades y a los gobiernos.

Desde el año 1949, Argentina tiene un día consagrado a homenajear a los inmigrantes: el 4 de septiembre. La motivación es celebrar la inmigración, con los aportes y beneficios que le dio al país y reafirmar la convicción Argentina de ser una Nación de puertas abiertas y de respeto a los inmigrantes, como se señala en el preámbulo de nuestra Constitución con su invitación “a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

Nuestro país, según el último censo, está integrado por un 4,6 % de inmigrantes (el 73% concentrado territorialmente en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires). En nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires vive un 15% de migrantes provenientes de unos 50 países. Estos datos reafirman nuestra histórica política de inserción, pero demandan más que nunca políticas claras que posibiliten, favorezcan y ayuden a la integración y desarrollo de los inmigrantes.

No basta con abrir las puertas si no se ejecutan programas que permitan cumplir el sueño tan simple y tan fundamental de todo migrante de tener una vida digna. Es oportuno detenernos un instante e imaginar los múltiples motivos por los cuales alguien decide dejar su tierra natal y lanzarse a la aventura de la emigración; en muchos casos es la guerra, la política, el hambre, las necesidades, pero en otros es el amor, las ansias de superación, la curiosidad o simplemente la oportunidad. Sea cual sea la causa, hay una corresponsabilidad de políticas de Estado que involucran a la sociedad; de abrigar, proteger y no ser indiferente.

En la Ciudad llevamos a cabo desde hace 8 años una política constante y activa para ello, fundada en una articulación y asociación con las instituciones de las colectividades que tienen un rol protagónico en esta temática. No ha sido por azar que esa tarea se realiza por primera vez desde la órbita de los Derechos Humanos, pues el trabajo con las colectividades a favor del pluralismo es precisamente una política de Estado.

Recientemente, la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación. Es el desafío de construir en red y poner en común un plan de acción regional para prevenir toda forma de discriminación. En particular, según un reciente informe de Naciones Unidas, entre la Argentina, Venezuela, México y Brasil suman 4 millones de migrantes, concentrados mayoritariamente en sus ciudades principales.

El inmigrante le ha dado en el tiempo y le da en el presente muchísimo a nuestra sociedad, tanto a nivel individual como a través de las instituciones que han sabido proyectar y desarrollar, que dieron y dan respuestas a múltiples demandas tanto de sus connacionales como de la sociedad en general.

En este 4 de septiembre debemos sentirnos honrados y agradecidos de vivir en una Argentina donde el pluralismo y la convivencia en la diversidad son valores emblemáticos y resultan un paradigma en el mundo. Cada uno de nosotros es heredero de la inmigración, lo que nos obliga a tener una mirada clara y una mente abierta y libre de prejuicios, teniendo en claro que no hay jerarquías en la inmigración. Se trata de seres humanos en igualdad.

El desafío en esta fecha no es mirar ni evocar melancólicamente sólo el pasado y sus gestas, sino pensar y conquistar un futuro en el cual los problemas que a la migración se le plantean sean traducidos en desafíos confrontados con proyectos y programas consistentes a largo plazo que elevarán la moral y la calidad de vida nuestra sociedad.

El estado de la naturaleza, el hábitat y el medio ambiente condicionan la vida humana en una escala individual, comunitaria y social; y a su vez es el hombre con su actividad económica, social, cultural y recreativa quien condiciona el medio ambiente y su hábitat. Al pensar en el derecho a un medio ambiente como un derecho humano básico tenemos que hacerlo mirando tres dimensiones: la degradación ambiental que es una vulneración de los derechos humanos; la falta de conciencia y responsabilidad ambiental que genera la obligación de reparar; y los problemas ambientales que tienen la peculiaridad de permanecer en el tiempo y ser transgeneracionales. Estos tres factores ponen en tensión y conflicto a la sociedad y a los ciudadanos unos con otros. Son en especial los sectores más vulnerables quienes soportan las consecuencias de la degradación ambiental. El desconocimiento en torno a las consecuencias de las problemáticas ambientales, la escasa o nula información disponible sobre situaciones potenciales o actualmente peligrosas, la no percepción de los riesgos ambientales en el presente y a futuro, la dificultad de acceder a la justicia son algunos de los déficit que tenemos como sociedades y como gobiernos.

Hay una marcada interdependencia de los derechos, como es el caso del derecho al medio ambiente y del derecho al desarrollo humano: el cambio climático, la ordenación y el uso no sostenibles de los recursos naturales y la gestión irracional de los desechos y las sustancias químicas representan hoy las principales amenazas para el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, pero también para el disfrute efectivo del derecho a la vida, del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, del derecho a un nivel de vida económico adecuado del derecho a la alimentación y el derecho al agua potable y al saneamiento, y el derecho a una vivienda adecuada.

El número y el alcance de leyes internacionales y nacionales, decisiones judiciales y estudios académicos sobre la relación entre derechos humanos y medio ambiente han crecido rápidamente. A partir de la incorporación a la Constitución Nacional del derecho a un medio ambiente saludable, la Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han avanzado en un marco normativa amplio de los temas ambientales que va desde la regulación, la protección, la preservación, el acceso a la información, etc. A pesar de que esto demuestra que en los últimos años el reconocimiento de los vínculos entre los derechos humanos y el medio ambiente ha aumentado considerablemente, hay numerosas cuestiones sobre la relación de los derechos humanos y el medio ambiente que siguen sin resolverse, que requieren un examen más detenido y una acción mas concreta.

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución (XXVII) del 15 de diciembre de 1972 con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el Ambiente.

Como las principales ciudades del mundo, Buenos Aires se suma a esta fecha en la gestión diaria incorporando proyectos y acciones para adaptar su infraestructura al cuidado del medio ambiente, en línea con las tendencias ecológicas mundiales: el Master Plan de Higiene Urbana –que incluye las columnas verdes en plazas para desechos reciclables, las acciones de reciclado y reducción de basura, la prohibición de bolsas plásticas-,  el Plan de Movilidad Sustentable, la incorporación de luminarias de menor consumo, la feria de consumo responsable, las mejoras en parques y plazas, las Escuelas Verdes. Así, la política de Buenos Aires Ciudad Verde tiene como visión una ciudad con conciencia verde, sustentable y que garantiza para sus habitantes el derecho humano a un hábitat adecuado para el desarrollo de su vida.

En este día tenemos que comenzar a pensar, como funcionarios, políticos y ciudadanos, en una política ambiental con enfoque de derechos humanos que incluya como lineamientos tres palabras: PROTEGER –la naturaleza y al prójimo de las acciones que dañan su desarrollo humano-, PRESERVAR –el medio ambiente y los recursos para las generaciones futuras-, CUSTODIAR –aquello que nos fue dado y legado, de aquellos que quieren dañarlo y degradarlo-.

Es cierto que la Ley nacional 26.892 para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas aún no fue reglamentada. De todos modos esto no impide que cada jurisdicción tome este asunto como prioritario en su agenda de gobierno. Desde la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural venimos desde el mes de mayo de 2013 trabajando en la implementación de mecanismos y dispositivos para concientizar, prevenir e intervenir sobre estas conductas en oportunidades invisibles o invisibilizadas de acoso o violencia entre pares, niñas, niños y adolescentes. Hemos impulsado en conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad acciones de fortalecimiento de las prácticas institucionales que alienten la convivencia en la diversidad. Llevamos a las escuelas los talleres “Educando en la Diversidad”, que tienen por objetivo trabajar en el reconocimiento de estas situaciones por parte de alumnos y docentes, prevenir estas conductas desde la reflexión activa y participativa. Ya han pasado 2500 alumnos y más de 600 docentes por esta experiencia inicial de 7 meses. Hemos constituido un Centro de Orientación como dispositivo de consulta para directivos, docentes y alumnos de escuelas donde se reciben situaciones de acoso y/o violencia a partir de las cuales se realizan intervenciones en aulas.

Todos los actores estatales con capacidad de decisión e intervención debemos reforzar nuestro trabajo integral e inter-jurisdiccional en la prevención porque es el único camino para erradicar la violencia entre los jóvenes.