La Feria del Libro que acaba de comenzar es una de esas oportunidades para generar, mediante el hábito de la lectura, el pensamiento y la curiosidad, enlaces más estrechos entre nosotros y espacios para dialogar y encontrarnos, en el marco de ideas disímiles con un amplio soporte de reflexiones y discernimientos. Este tipo de acontecimientos promueven círculos virtuosos que alimentan nuestra forma de entender la realidad y nuestro civismo. Son instancias que debemos aprovechar para estimular la tolerancia y la armonía social, para reafirmar que es a través de la palabra que se resuelven nuestras diferencias y se sustancian nuestras coincidencias.

La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación cumple un rol muy activo en la feria. En nuestro espacio -1707, pabellón amarillo- se puede participar de la campaña Derechos en Primera Persona, un lugar de expresión sobre lo que representan los derechos humanos en la vida de cada uno de nosotros, la perspectiva y el conocimiento que tenemos sobre nuevos derechos y la importancia de reconocerlos para ampliar nuestro campo de acción comunitaria. Han participado, y lo siguen haciendo, periodistas, escritores, filósofos, intelectuales y otras personalidades.

Después de cuatro meses de gestión, nadie desconoce que los postulados de Memoria, Verdad y Justicia son parte de nuestra agenda política en materia de Derechos Humanos. En ese sentido, los visitantes de la feria podrán apreciar la reedición del Nunca Más en su versión original, que se expone en nuestro stand. No es casual esta decisión. Se enmarca en la conmemoración de los 40 años del último golpe de Estado, que trajo consigo avasallamientos, desapariciones, torturas y muertes que esta obra cumbre de la democracia atestigua y revela con toda claridad.

Tenemos una tarea muy fuerte por delante durante estas semanas en las que recibimos al público. La construcción de valores y la unión de los argentinos son objetivos concretos que debemos divulgar en éste y en otros acontecimientos populares, para proveer a nuestro sueño de configurar una sociedad pacífica que nos integre a todos.

En las últimas semanas, las noticias sobre el drama de quienes son obligados a emigrar ocupan un espacio considerable en todos los medios, pero sin lograr conmover suficientemente a las sociedades y a los gobiernos.

Desde el año 1949, Argentina tiene un día consagrado a homenajear a los inmigrantes: el 4 de septiembre. La motivación es celebrar la inmigración, con los aportes y beneficios que le dio al país y reafirmar la convicción Argentina de ser una Nación de puertas abiertas y de respeto a los inmigrantes, como se señala en el preámbulo de nuestra Constitución con su invitación “a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

Nuestro país, según el último censo, está integrado por un 4,6 % de inmigrantes (el 73% concentrado territorialmente en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires). En nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires vive un 15% de migrantes provenientes de unos 50 países. Estos datos reafirman nuestra histórica política de inserción, pero demandan más que nunca políticas claras que posibiliten, favorezcan y ayuden a la integración y desarrollo de los inmigrantes.

No basta con abrir las puertas si no se ejecutan programas que permitan cumplir el sueño tan simple y tan fundamental de todo migrante de tener una vida digna. Es oportuno detenernos un instante e imaginar los múltiples motivos por los cuales alguien decide dejar su tierra natal y lanzarse a la aventura de la emigración; en muchos casos es la guerra, la política, el hambre, las necesidades, pero en otros es el amor, las ansias de superación, la curiosidad o simplemente la oportunidad. Sea cual sea la causa, hay una corresponsabilidad de políticas de Estado que involucran a la sociedad; de abrigar, proteger y no ser indiferente.

En la Ciudad llevamos a cabo desde hace 8 años una política constante y activa para ello, fundada en una articulación y asociación con las instituciones de las colectividades que tienen un rol protagónico en esta temática. No ha sido por azar que esa tarea se realiza por primera vez desde la órbita de los Derechos Humanos, pues el trabajo con las colectividades a favor del pluralismo es precisamente una política de Estado.

Recientemente, la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación. Es el desafío de construir en red y poner en común un plan de acción regional para prevenir toda forma de discriminación. En particular, según un reciente informe de Naciones Unidas, entre la Argentina, Venezuela, México y Brasil suman 4 millones de migrantes, concentrados mayoritariamente en sus ciudades principales.

El inmigrante le ha dado en el tiempo y le da en el presente muchísimo a nuestra sociedad, tanto a nivel individual como a través de las instituciones que han sabido proyectar y desarrollar, que dieron y dan respuestas a múltiples demandas tanto de sus connacionales como de la sociedad en general.

En este 4 de septiembre debemos sentirnos honrados y agradecidos de vivir en una Argentina donde el pluralismo y la convivencia en la diversidad son valores emblemáticos y resultan un paradigma en el mundo. Cada uno de nosotros es heredero de la inmigración, lo que nos obliga a tener una mirada clara y una mente abierta y libre de prejuicios, teniendo en claro que no hay jerarquías en la inmigración. Se trata de seres humanos en igualdad.

El desafío en esta fecha no es mirar ni evocar melancólicamente sólo el pasado y sus gestas, sino pensar y conquistar un futuro en el cual los problemas que a la migración se le plantean sean traducidos en desafíos confrontados con proyectos y programas consistentes a largo plazo que elevarán la moral y la calidad de vida nuestra sociedad.

Cuando hablamos de colectividades no sólo hacemos referencia a un tiempo pasado para recordar el enorme esfuerzo que hicieron nuestros mayores entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Nos referimos también al enorme y constante aporte que las colectividades y las corrientes inmigratorias realizan hoy en el país, de manera individual y a través de sus numerosas instituciones.

Es necesario como Estado y como sociedad reconocer el trabajo de las más de 50 colectividades que conviven y se desarrollan en nuestra ciudad. Recorrer y acompañar sus entramados institucionales es lo que nos permite descubrir lo que sucede en ellas como conjunto. Dentro de las organizaciones educativas, confesionales y laicas, clubes deportivos, instituciones de solidaridad y beneficencia, centros de salud, hogares para adultos mayores, entidades para discapacitados, centros culturales, bolsas de trabajo, asociaciones profesionales, centros recreacionales y demás.

Si somos capaces de entender esta descripción, será fácil comprender entonces que en esos lugares por sobre todas las cosas brilla la vida. Y también que quizás lo más interesante es que ese poderoso tejido institucional se sostiene por sobre todas las cosas en los valores más nobles: la solidaridad, la fe, la dignidad, el respeto, el esfuerzo compartido, el deseo de superación, la vocación de servicio, el voluntariado, el diálogo, el respeto y el encuentro.

Estos valores, que tienen enorme vigencia en la actualidad, fueron y son posibles gracias a la vocación de encuentro que nos caracteriza inmigrantes que formamos parte de una comunidad. Es ella la que nos permite recibir e integrar sin prejuicios al prójimo y nos hace entender que la diferencia y la diversidad nos enriquece. Es este el camino que tenemos que seguir como política de estado en Derechos Humanos, procurando siempre la convivencia y la integración, desterrando el prejuicio y la discriminación.

Este es el cuarto año consecutivo en el que organizamos para el 25 de mayo en el Parque Patricios el evento Las Colectividades Celebran la Patria. Las miles de personas que se acercan a compartir, mirar los espectáculos en vivo o visitar los stands gastronómicos y  culturales, e incluso la fecha patria, son sólo una excusa para volver a celebrar la diversidad cultural dentro del programa Buenos Aires Celebra.

Lejos del caduco concepto de crisol de razas, Buenos Aires se abre al mundo como un verdadero mosaico de identidades. Mientras en el crisol todo se destruye para producir algo nuevo, el mosaico brilla porque permite que cada componente esté presente y brille por sí mismo.

Por eso, este 25 de mayo celebremos la patria junto a los alemanes, armenios, austriacos, bolivianos, brasileros, chilenos, colombianos,  croatas, daneses, dominicanos, ecuatorianos, escoceses, eslovenos, sirios,  franceses, gitanos, griegos, haitianos, holandeses, indios, irlandeses, italianos,  japoneses,  judíos, libaneses, mexicanos, nigerianos, peruanos, polacos,  portugueses, rusos, senegaleses, taiwaneses, ucranianos y todos los que formamos parte de ella.

Celebremos, ante todo, nuestro encuentro permanente y la enorme dicha de ser una sociedad pluricultural

Este encuentro fue la antesala de la misa que Francisco celebró el domingo, la cual se convirtió en un hito en la lucha del pueblo armenio y en su sostenida búsqueda de reconocimiento mundial a la historia de dolor que representa el genocidio.

La misa nos permitió abrazar a la comunidad armenia, que sale al espacio público a conmemorar el centenario del Genocidio de 1915, a partir del mensaje papal de búsqueda permanente de encuentro, diálogo y paz.

Estoy aquí por mi compromiso personal y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como también del pueblo argentino de no ser indiferentes frente a este dramático hecho histórico. La obligación viene de las leyes de reconocimiento al Genocidio Armenio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la República Argentina establecidas con fuerza de ley en el año 2006.

La comunidad armenia, de fuerte arraigo y desarrollo en nuestra sociedad, ha organizado una serie de eventos de conmemoración y homenaje y de reconocimiento a sus héroes y mártires, a lo largo del año, que comenzó con la misa en la Catedral Metropolitana el pasado día 19 de marzo y que continuará a lo largo de todo el año.

El Genocidio Armenio, cuya fecha formal de recuerdo es el 24 de abril, y que nuestra Ley 26.199 declara como “Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto hacia los Pueblos”, arrojó un saldo fatal de 1.500.000 armenios entre los años 1915 y 1923 como consecuencia de la política del Estado Turco de entonces.

Este genocidio inició la larga serie de masacres modernas que se sucedieron desde entonces, algunas ignoradas, otras olvidadas o negadas.

Para la Comunidad Armenia no hablar y enseñar sobre el Genocidio Armenio es imposible; para nosotros, como Gobierno, es un deber y un honor acompañarlos en ese camino.

De todos modos, podemos reconocer la existencia de diferentes discursos racistas y xenófobos, de formas de racismo que simbólicas y en ocasiones violentas físicamente y que en muchos casos por omisiones u acciones del Estado y de otros actores vulnera y niega derechos. Según el último informe del Mapa de Discriminación del INADI del 2013, en la Ciudad Autónoma de Buenos aparece como primer tipo de discriminación el “Ser Migrante”. También hay algunas manifestaciones preocupantes de estigmatización y xenofobia antisemitas e islamofobicas. Y hay dos poblaciones invisibilizadas y que especialmente son víctimas de racismo y discriminación: los afrodescendientes y los gitanos.

Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, venimos trabajando hace ya ocho años con el objetivo de erradicar estas prácticas minoritarias pero que en definitiva nos alejan de una cultura de Derechos Humanos. Tomamos como lineamientos de nuestra gestión a la ”Declaración y el Programa de Acción de Durban aprobadas en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. La idea de pluralismo cultural es la que nos mueve en el sentido de incluir e integrar desde las diferencias, lo que implica la promoción del respeto entre culturas pero también el intercambio. Celebrar las particularidades, generar una política de reconocimiento del otro en el espacio público, promover la cultura de los migrantes, generar espacios de intercambio y entendimiento entre las colectividades son algunos de los ejes de nuestras políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Reconociendo que somos un mosaico de identidades, en el que cada parte brilla por su peso especifico, es que construimos una sociedad con más y mejor convivencia e integración.

Nuestro país ha tenido avances significativos con la creación del Instituto para la lucha contra la Discriminación Racial, la Xenofobia y el Racismo (INADI) –promovido de manera mancomunada en 1995 por la DAIA, FEARA y APDH entre otros organismos de derechos humanos-, la implementación del Plan Nacional contra la Discriminación, y el reconocimiento de la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD) para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de la jurisdicción de la Argentina que aleguen ser víctimas por parte del Estado Nacional de violaciones a los derechos estipulados en la Convención Internacional.

Sin embargo, compartimos la preocupación del Comité (CERD) respecto a la falta de actualización y ampliación de la legislación en materia de actos discriminatorios que incorpore la discriminación racial como delito tipificado penalmente; la falta de nombramiento desde 2009 del Defensor del Pueblo de la Nación; la persistencia en el Estado y en algunos ámbitos públicos y sociales de prejuicios y estereotipos negativos que afectan, entre otros, a los pueblos indígenas, a judíos, musulmanes y afrodescendientes; la necesidad de reforzar las actividades de capacitación de la policía y de los funcionarios de la justicia penal sobre los mecanismos y procedimientos de la legislación nacional en el campo de la discriminación racial; la jerarquización del INADI mediante la designación de un Presidente que concluya el largo período de intervención del organismo.

Todos desafíos que redoblan nuestro compromiso por trabajar de manera conjunta por la eliminación de la discriminación racial en nuestro país y en nuestra región latinoamericana.

El estado de la naturaleza, el hábitat y el medio ambiente condicionan la vida humana en una escala individual, comunitaria y social; y a su vez es el hombre con su actividad económica, social, cultural y recreativa quien condiciona el medio ambiente y su hábitat. Al pensar en el derecho a un medio ambiente como un derecho humano básico tenemos que hacerlo mirando tres dimensiones: la degradación ambiental que es una vulneración de los derechos humanos; la falta de conciencia y responsabilidad ambiental que genera la obligación de reparar; y los problemas ambientales que tienen la peculiaridad de permanecer en el tiempo y ser transgeneracionales. Estos tres factores ponen en tensión y conflicto a la sociedad y a los ciudadanos unos con otros. Son en especial los sectores más vulnerables quienes soportan las consecuencias de la degradación ambiental. El desconocimiento en torno a las consecuencias de las problemáticas ambientales, la escasa o nula información disponible sobre situaciones potenciales o actualmente peligrosas, la no percepción de los riesgos ambientales en el presente y a futuro, la dificultad de acceder a la justicia son algunos de los déficit que tenemos como sociedades y como gobiernos.

Hay una marcada interdependencia de los derechos, como es el caso del derecho al medio ambiente y del derecho al desarrollo humano: el cambio climático, la ordenación y el uso no sostenibles de los recursos naturales y la gestión irracional de los desechos y las sustancias químicas representan hoy las principales amenazas para el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, pero también para el disfrute efectivo del derecho a la vida, del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, del derecho a un nivel de vida económico adecuado del derecho a la alimentación y el derecho al agua potable y al saneamiento, y el derecho a una vivienda adecuada.

El número y el alcance de leyes internacionales y nacionales, decisiones judiciales y estudios académicos sobre la relación entre derechos humanos y medio ambiente han crecido rápidamente. A partir de la incorporación a la Constitución Nacional del derecho a un medio ambiente saludable, la Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han avanzado en un marco normativa amplio de los temas ambientales que va desde la regulación, la protección, la preservación, el acceso a la información, etc. A pesar de que esto demuestra que en los últimos años el reconocimiento de los vínculos entre los derechos humanos y el medio ambiente ha aumentado considerablemente, hay numerosas cuestiones sobre la relación de los derechos humanos y el medio ambiente que siguen sin resolverse, que requieren un examen más detenido y una acción mas concreta.

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución (XXVII) del 15 de diciembre de 1972 con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el Ambiente.

Como las principales ciudades del mundo, Buenos Aires se suma a esta fecha en la gestión diaria incorporando proyectos y acciones para adaptar su infraestructura al cuidado del medio ambiente, en línea con las tendencias ecológicas mundiales: el Master Plan de Higiene Urbana –que incluye las columnas verdes en plazas para desechos reciclables, las acciones de reciclado y reducción de basura, la prohibición de bolsas plásticas-,  el Plan de Movilidad Sustentable, la incorporación de luminarias de menor consumo, la feria de consumo responsable, las mejoras en parques y plazas, las Escuelas Verdes. Así, la política de Buenos Aires Ciudad Verde tiene como visión una ciudad con conciencia verde, sustentable y que garantiza para sus habitantes el derecho humano a un hábitat adecuado para el desarrollo de su vida.

En este día tenemos que comenzar a pensar, como funcionarios, políticos y ciudadanos, en una política ambiental con enfoque de derechos humanos que incluya como lineamientos tres palabras: PROTEGER –la naturaleza y al prójimo de las acciones que dañan su desarrollo humano-, PRESERVAR –el medio ambiente y los recursos para las generaciones futuras-, CUSTODIAR –aquello que nos fue dado y legado, de aquellos que quieren dañarlo y degradarlo-.

Es cierto que la Ley nacional 26.892 para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas aún no fue reglamentada. De todos modos esto no impide que cada jurisdicción tome este asunto como prioritario en su agenda de gobierno. Desde la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural venimos desde el mes de mayo de 2013 trabajando en la implementación de mecanismos y dispositivos para concientizar, prevenir e intervenir sobre estas conductas en oportunidades invisibles o invisibilizadas de acoso o violencia entre pares, niñas, niños y adolescentes. Hemos impulsado en conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad acciones de fortalecimiento de las prácticas institucionales que alienten la convivencia en la diversidad. Llevamos a las escuelas los talleres “Educando en la Diversidad”, que tienen por objetivo trabajar en el reconocimiento de estas situaciones por parte de alumnos y docentes, prevenir estas conductas desde la reflexión activa y participativa. Ya han pasado 2500 alumnos y más de 600 docentes por esta experiencia inicial de 7 meses. Hemos constituido un Centro de Orientación como dispositivo de consulta para directivos, docentes y alumnos de escuelas donde se reciben situaciones de acoso y/o violencia a partir de las cuales se realizan intervenciones en aulas.

Todos los actores estatales con capacidad de decisión e intervención debemos reforzar nuestro trabajo integral e inter-jurisdiccional en la prevención porque es el único camino para erradicar la violencia entre los jóvenes.

Pero lo importante del ejercicio de la memoria es la posibilidad de involucrarnos con un acontecimiento que nos interpela, nos cuestiona, a la vez que nos invita a ir mejorando nuestra capacidad de acción. Aquello que ha sucedido ahora puede ser resignificado. Cada suceso deja su marca y también una base sólida sobre la que se puede construir un devenir.

La memoria no es simplemente el ejercicio de recordar o evocar. Es la valentía de formularnos nuevas preguntas que habiliten “volver a pensar”. Repetir no es hacer siempre lo mismo sino ejecutar una misma acción con la intención de mejorarla y en cada pasaje descubrir todas aquellas cosas que todavía hay por hacer. Construir es hacer memoria, seguir adelante reconociendo el pasado para transformar el presente. ¿Qué es una ley, un reglamento, una norma o la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos sino una forma de hacer memoria y que lo que en una época sucedió no vuelva a pasar nunca más?

El golpe militar del 24 de marzo de 1976 instauró el terrorismo de Estado e inhabilitó todos los derechos y garantías que hacen a la esencia de la vida democrática. Se puso en práctica un plan sistemático de detenciones ilegales, torturas, asesinatos y robo de bebés nacidos en cautiverio que cambiaron el curso de nuestra historia para siempre. Aquella nefasta experiencia por la que atravesamos todos los argentinos es la que nos reclama comprometernos día a día con una sociedad basada en sólidas convicciones democráticas, con apego a la ley, que destierre la impunidad, que permita e incentive el debate de ideas y el respeto a lo diferente.

Debemos para ello honrar el ejercicio de la memoria y también recordar el dolor vivido. Un dolor que lejos de replegarnos pasivamente nos hace un llamado a la acción, a ejercer activamente la democracia; plataforma en la que los ciudadanos pueden disponer de las más valiosas garantías: la vida, el respeto la igualdad de oportunidades y la libertad de ser.

Porque la memoria es acción y la acción, la posibilidad de transformar la realidad en la que vivimos. Como en el año 2002, cuando se instituyó a través de la ley 26.633 el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Para reafirmar el camino hacia una Argentina más justa y democrática, que no olvida, que construye el futuro pensando y repensando su pasado, que lucha por la libertad, por la identidad, por la dignidad, por la memoria, la verdad y la justicia. Para continuar con una Argentina que sabe lo que no quiere nunca más.

Shmuel Haddas (1931-2010) fue el primer embajador israelí ante la Santa Sede, algo que enorgulleció al judaísmo argentino, pues se trataba de un hijo suyo, nacido en la comunidad judía de la provincia del Chaco que desarrolló su vida en Israel logrando esta enorme distinción.

El embajador Haddas resaltaba las afirmaciones del papa Juan Pablo II  durante la ceremonia de presentación de sus cartas credenciales en junio de 1994, cuando en su discurso afirmó que este acuerdo y el tiempo que se abría tenía un “significado histórico” y que una “nueva era” se iniciaba en las relaciones entre ambos estados, expresando su confianza que éstas contribuirían a la intensificación del diálogo entre la Iglesia Católica y el pueblo judío, permitiendo a ambos “servir mejor a las grandes causas de la humanidad”.

Se debe recordar que el acuerdo culminó un largo proceso que se inició en 1904, cuando el Papa Pío X concedió una audiencia al fundador del movimiento sionista, Theodor Herzl, quien esperaba obtener una respuesta política con el apoyo del Vaticano al proyecto sionista. Por su parte, Pío X, luego de escucharlo, respondió desde la teología rechazando la idea fundamentando que la Iglesia no podía reconocer al pueblo judío ni sus aspiraciones en Palestina, ya que los judíos “no habían reconocido a Nuestro Señor”.

Se debe decir también que el acuerdo no sólo era largamente buscado por Israel sino que fue por décadas un tema de “alta prioridad” de la agenda del liderazgo político judío de todo el mundo, por cuanto la inexistencia del vínculo diplomático y el diálogo que él conlleva dificultaba la vida en las comunidades de la diáspora y su relación con la Iglesia en cada país.

¿Qué ha cambiado con el establecimiento de relaciones diplomáticas? 

En primer lugar, la atmósfera general en el diálogo, logró firmarse el acuerdo que otorga un estatuto jurídico definitivo a la Iglesia Católica por vez primera en su historia en Tierra Santa y se ha establecido una mayor confianza entre las partes y se ha hecho posible una participación más constructiva de la Santa Sede en el proceso de paz, desde una posición más equilibrada.

Tuvieron que transcurrir cuarenta y cinco años desde la creación del Estado judío hasta que pudieran establecerse las relaciones diplomáticas y transcurrir 17 años hasta que, en 1965, el Concilio Vaticano II decidiera dar un viraje histórico, iniciando un período de toma de conciencia, asumiendo nuevas actitudes frente al pueblo judío a fin de intentar superar un pasado pleno de prejuicios, persecuciones, odios y menosprecio alimentados por las enseñanzas de la Iglesia.

Y ese proceso llegó a un momento culminante precisamente en 1998 (año del 50º aniversario de la creación del Estado de Israel) con la publicación, por parte de la Santa Sede, del importante documento. Recordamos una reflexión sobre la Shoá, en el que la Iglesia Católica expresa arrepentimiento por la conducta de sus miembros frente al pueblo judío y condena enfáticamente el antisemitismo, considerándolo un pecado contra la humanidad. Este documento es un avance en el diálogo católico-judío, por cuanto la Santa Sede admite que en sus acciones muchos católicos no se comportaron a la altura de las circunstancias y condena sin ambigüedades el antisemitismo y llama a una cooperación entre judíos y católicos para que jamás pueda repetirse una tragedia como la Shoá.

Hoy somos testigos de una profundización de estas relaciones con el anuncio del Papa Francisco de su próxima visita a Israel y su enfática y sostenida tarea de diálogo permanente con el judaísmo.

A 20 años de este hito el diálogo, aunque no carente de dificultades y por momentos de tensiones, es fluido. La buena disposición de ambas partes permite superar gradualmente un largo período de incomprensiones y alejamientos y puede, tal como afirmó días atrás la embajadora de Israel en nuestro país, Dorit Shavit, servir como ejemplo y modelo. Este espíritu puede y debe servir como la luz que ilumine y guíe nuestros actos, en la perspectiva constante en la que el diálogo y la comprensión entre los pueblos es la única garantía para la construcción de un futuro de convivencia en la diversidad, en definitiva: un futuro de paz.

No es un dato menor que al menos dos generaciones ya nacieron con la dicha de no saber qué significa tener los derechos conculcados, ni haber sufrido imposiciones sobre qué ver, qué leer, cómo pensar y en qué creer.

No hay duda de que es mucho lo que nos queda por andar y resolver en materia de derechos humanos para consolidar esta democracia en temas como seguridad, alimentación, educación, trabajo, medio ambiente, discriminación y muchos más. Pero no por eso debemos olvidarnos de valorar lo mucho que logramos en estas tres décadas, como la educación obligatoria hasta la secundaria, el matrimonio igualitario, el reconocimiento del genocidio armenio, el servicio militar voluntario, la asistencia integral a las victimas de trata, la recordación en las escuelas del atentado a la AMIA, la salud reproductiva y procreación responsable, la prohibición del trabajo infantil, la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la identidad de género, la consolidación o ampliación de los derechos de los pueblos originarios, de las personas con discapacidad y de los niños, niñas y adolescentes, entre muchos otros.

Por suerte el camino a recorrer es largo. Al tener motivaciones y objetivos claros seguiremos generando una sociedad dinámica que se piense a sí misma en su tiempo histórico, pero fundamentalmente que pueda pensar en las generaciones venideras para asegurarles otros 30 y más años de democracia.