Hoy su enojo recae eventualmente sobre mí o sobre algunos diputados. Por ello debemos estar a la altura de un debate honesto que intente resolver las preocupaciones de los porteños en vez de apaciguarlas con propuestas efectistas de muy poca aplicación práctica.

Lo cierto es que la escena que narra el periodista por Twitter, hoy no solo está prohibida sino que tiene una sanción estipulada en el Código Contravencional. Sin embargo, la Justicia Contravencional, el Ministerio Público Fiscal y el Cuerpo de Control de Tránsito han desistido hace tiempo de perseguir estas infracciones.

Frente a ello, y a la indignación lógica de ciudadanos que como el periodista se encuentran con una exigencia de una suma fija – algo que es denunciado ampliamente en espectáculos masivos-, la respuesta del PRO es más de lo mismo: extender la prohibición a aquellos cuidacoches que ejercen esta actividad realmente a voluntad, sin explicar cómo la van a hacer cumplir, cuando hoy no pueden hacer efectivas las prohibiciones que ya están contempladas.

El episodio que le tocó vivir a Luis Novaresio desnuda que los vecinos no creen, en muchos casos con fundamento, en la Justicia y esto no tiene porque cambiar ante la sola existencia de una prohibición más amplia.

Lo que daría mayor impulso a los ciudadanos como Novaresio a comprometerse sería ver un Estado presente, en la calle, controlando y haciendo cumplir la ley. Y en el caso de los cuidadoches, un dispositivo que permita atender las situaciones de vulnerabilidad e irregularidad, pero a la vez que persiga y sancione las conductas ilícitas, sobre cuando se trata de organizaciones mafiosas.

Así las cosas, nos asalta la siguiente interrogante ¿por qué el PRO agota su preocupación sobre el tema en un discurso fácil mientras el Cuerpo de Control de Tránsito deja el espacio público librado al azar? ¿Por qué no tiene en cuenta esta problemática a la hora de instalar cámaras de seguridad en estadios o sitios donde se llevan a cabo espectáculos masivos? ¿Por qué se negaron sistemática a incluir en la Ley de Estacionamiento Medido las zonas de los espectáculos deportivos durante la duración de los mismos habilitando el pase libre a las mafias de las barras?

Por último, nos preguntamos, frente a los sucesos de público conocimiento de mafias organizadas alrededor de la Feria del Libro, ¿qué actuaciones se hicieron desde el Ministerio Público Fiscal local?

Entiendo el enojo del periodista porque vivo en esta Ciudad y por ello intenté con la mejor buena voluntad canalizar su denuncia ante su expreso y directo pedido. Esperemos que los porteños podamos reconstruir la confianza necesaria en las instituciones para hacer cumplir la ley.

Buenos Aires adquiere una nueva normativa que permite reducir la cantidad de residuos que la Ciudad dispone finalmente para ser enterrada, disminuyendo así el impacto ambiental que los mismos producen y facilitando además la recuperación y reutilización de la mayor cantidad posible. En este sentido, es necesario que toda política de minimización del volumen de residuos enterrados cuente con el expreso compromiso de los generadores, en especial aquellos que por su actividad y magnitud producen la mayor cantidad de deshechos

Si bien no existen datos certeros, se calcula que aproximadamente un 30% de los residuos sólidos urbanos (RSU) provienen de este tipo de establecimientos. La baja intensidad de la política gubernamental en esta cuestión ofrece serios inconvenientes para una disminución sensible en las disposiciones finales que se trasladan a la CEAMSE. En el marco de la legislación vigente, el Gobierno de la Ciudad establece la obligación de separar los residuos a aquellos denominados generadores “especiales” o “responsables”. En este sentido, en el ámbito de la Subsecretaría de Higiene Urbana se creó el Padrón de Generadores Especiales de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos No Reciclables.

Sin embargo, según la información disponible, existen aproximadamente 11.000 grandes generadores de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos comercios, bancos, supermercados, restaurantes, shoppings, edificios públicos y escuelas privadas, muchos de los cuales hoy no separan los residuos entre secos y húmedos. Más allá de generalizar la práctica de separación en origen de los materiales desechados, debemos discernir claramente los niveles de responsabilidad entre los grandes generadores de residuos y los consumidores; y establecer, así, obligaciones diferentes

Es necesario redefinir e implementar las obligaciones específicas de los llamados “generadores especiales”, e incluir entre los mismos a todo aquel emprendimiento comercial que produzca más de quinientos kilogramos (500 kg) de residuos al mes. Actualmente, la CEAMSE cuenta con un programa diferenciado para la disposición final de los residuos que generan las grandes empresas y entidades públicas, cuyo costo debe ser afrontado por los propios generadores. Sin embargo, hasta la sanción de esta ley, el Estado de la Ciudad no establecía ninguna obligación; y por tanto, quedada a criterio de cada empresa.

Nuestra iniciativa profundiza la ley de Basura Cero y establece taxativamente que el costo del traslado de la basura hacia el relleno sanitario y el enterramiento, en el caso de residuos producidos en grandes generadores, es responsabilidad específica de los productores de estos desechos. Esta legislación es fundamental para promover un cambio cultural en los agentes privados, desalentando la producción indiscriminada de residuos y favoreciendo la separación en origen.

La prioridad del Estado de la Ciudad tiene que ser reducir los volúmenes de enterramiento, no sólo por obvias cuestiones ambientales que están contempladas en la Ley de Basura Cero, sino también por el altísimo costo presupuestario que supone esta práctica para el tesoro de la Ciudad. Asimismo es importante potenciar la labor de las cooperativas de recuperadores urbanos garantizando, desde el Estado de la Ciudad, mecanismos para que los residuos sólidos secos que producen los grandes generadores puedan llegar a los centros verdes. A su vez, es fundamental que la infraestructura de los centros verdes sea también mejorada para permitir que puedan realizar su tarea en las condiciones necesarias.

No es posible que mientras los grandes generadores acumulen riquezas se socialicen los costos, generando no sólo un gasto para el Estado sino también un daño ambiental que sufre la comunidad en su conjunto. En este sentido, claramente los residuos que se producen son parte de los costos que deben asumir las empresas. La responsabilidad de los generadores tiene que implicar el traslado a los centros verdes de aquellos materiales plausibles de ser recuperados y el envío, por cuenta propia, a los rellenos sanitarios de aquellos que no puedan ser valorizados.

Con esta modificación, el Estado de la Ciudad tendrá capacidad de intervención efectiva en la reducción de basura. La aprobación de este proyecto es un avance. Veremos si el Ejecutivo posee la voluntad política para ponerlo en práctica.

El 10 de septiembre es una fecha nefasta para nuestra historia. En este día de 1930, la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Yrigoyen. La historia del derecho de esta Nación recordará por siempre la acordada de aquella Corte donde se echan por tierra los principios constitucionales de nuestro joven Estado y que servirá como sustento jurídico de los sucesivos golpes cívico militares.

En ninguna de estas criminales interrupciones los “grandes estudios jurídicos” y el Poder Judicial estuvieron ajenos. En el caso del golpe de Estado de 1930, el marco pseudojurídico fue prefigurado y patrocinado por los grandes “buffetes” porteños, reunidos en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en cuyo local de la calle Montevideo hasta hace poco tiempo podía apreciarse la constancia del homenaje rendido por esta entidad al general Uriburu.

En perspectiva histórica, entonces, el mes de septiembre es esclarecedor. En primer lugar por lo que significó la “Revolución Fusiladora” del 16 de septiembre, con su correlato de violencia y proscripción. Pero es preciso identificar también que fue un 6 de septiembre, algunos años antes, cuando tuvo lugar el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. Trágico acontecimiento ya que se abrió, desde entonces, la fatal secuencia de interrupciones institucionales promovidas por la oligarquía argentina.

Una vez tomado el poder por la fuerza, Uriburu comunicó por oficio esa asunción espuria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la que, cuatro días después, con inusitada celeridad, resuelve convalidarla. Las firmas de todos los integrantes: José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle, Antonio Sagarna, y la del procurador general Horacio Rodríguez Larreta, ratifican, en una acordada, la ruptura del orden constitucional y habilitan la instalación “legal” de un régimen de facto.

Mediante esta sentencia la Corte Suprema admite no sólo que las autoridades de la Constitución Nacional pueden ser depuestas por la fuerza sino que, además, éstas no pueden invocar en su defensa la vía constitucional, como lo intentara el presidente Yrigoyen en su presentación en 1931. Se inaugura así una deplorable tradición jurídica que se conoce como “doctrina de facto”.

Años más tarde, al asumir la primera presidencia el general Juan Domingo Perón y restituido el Congreso en sus plenas funciones, la Corte Suprema mantenía aún la composición heredada de la “década infame”. Por esa razón se inició ese mismo año un proceso de reordenamiento constitucional que hacia 1947 finalizaría con el juicio político y la remoción de la totalidad de los miembros de aquella Corte. Entre los fundamentos de aquel histórico juicio político se citó la nefasta acordada del 10 de septiembre.

Como revancha inadmisible, una vez derrocado nuevamente un Presidente popular como Juan Perón y entronizados por la fuerza los mismos sectores oligárquicos cívico-militares, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires promovió la reivindicación del Dr. Repetto colocando un busto en Plaza Lavalle, lo que constituye un aval a la doctrina de facto y el repudio al orden constitucional y democrático.

En la actualidad, cuando se explicita a viva voz el rol del “Círculo Rojo” por aquellos que perdieron el favor de los poderosos, es preciso comprender que no nos encontramos frente a un grupo de poder coyuntural que está operando frente a un gobierno en particular, sino que se trata de sectores de poder históricos que hoy pugnan por volver a constituirse como los únicos conductores de los designios económicos y políticos de nuestro país. Quizá por eso, asistimos hoy a un proceso que puede ser una verdadera bisagra en la historia de la Argentina.

Desde 2003, el actual proceso político conducido primero por Néstor Kirchner y luego por Cristina Fernández está logrando que la política se ponga al servicio de los intereses del pueblo y de la Nación contradiciendo las apetencias de los grupos concentrados de poder.

Debido a ello, este proyecto sufre el hostigamiento permanente de los grupos económicos  y mediáticos que no soportan este verdadero “escollo” -impensado años atrás- para operar con la discrecionalidad que le han permitido los anteriores gobiernos.

Han cambiado los personeros, han cambiado sus necesidades pero sigue vivo, aunque herido por años de política popular y democrática, un mismo proyecto oligárquico de país, lejos de los intereses del pueblo y en las antípodas de un proyecto estratégico de emancipación nacional y latinoamericana.

En esta historia de proyectos antagónicos, de poderes en pugna es preciso, al ver el busto de Repetto, recordar que ese monumento, que mira a nuestro Palacio de Justicia (esa Justicia que aún espera su proceso de democratización profunda) representa a quien fuera uno de los jueces de la Corte Suprema que firmó la nefasta acordada del 10 de septiembre  de 1930.

En el día de hoy estamos presentando un proyecto en la Legislatura porteña, para que el busto de Repetto siga permaneciendo en su emplazamiento original, pero recordando en una placa el rol que jugó este jurista en la historia de nuestra patria.