Cuando se trata de optimizar procesos en una organización, quienes nos dedicamos a diseñarlos sugerimos siempre que no haya controles manuales, sino automáticos, siempre que eso sea posible. Pero por sobre toda las cosas, ningún proceso debe verse interrumpido porque un “guardián” demora en ejecutar controles. Esto significa que las cosas deben fluir y debe haber un proceso paralelo de control que no interrumpa el flujo de trabajo, sino que lo observa desde afuera. En caso de que se detecte una irregularidad, el proceso de control intervendrá, pero sin interrumpir el trabajo, solamente marcando el error. De esta forma nos evitamos, por un lado, que los guardianes acumulen poder y, por el otro, que el trabajo se vea detenido por la falta de proactividad de un guardián.

El caso de los subsidios es un caso típico de un guardián que acumula poder, porque requieren que alguien los apruebe u otorgue. El poder en estos casos suele fomentar la aparición de esquemas de corrupción y arbitrariedad. Los subsidios se otorgan en la medida del antojo del guardián, lo que además tiene un efecto colateral y es que pueden crecer indefinidamente, lo que hace que su desmesura genere un desbalance importante en la economía. Esto es lo que sucedió con la luz y el gas: era tan bajo su costo que nadie se ocupó en estos últimos doce años en hacer más eficiente el uso de estos recursos. Hasta ahora, en enero era más fácil prender el aire acondicionado que abrir la ventana. En el próximo enero, muchos preferirán abrir la ventana.

El impuesto, contrario al subsidio, es algo que se establece desde la generalidad. Eso hace que no requiera de la existencia de ningún guardián para tener efecto. Tal vez la exención requiera de la intervención de un guardián, pero no importa si el guardián no otorga el beneficio o si se demora, todo seguirá marchando sin problemas. Por otro lado, el impuesto es algo transparente, mientras que el subsidio es una excepción que se negoció. El impuesto, además, siempre se aplica sobre algo concreto y es justamente eso lo que limita su valor: a diferencia del subsidio, que puede crecer desmedidamente, el impuesto siempre tiene un límite.

El sistema tributario tiene varias funciones, entre ellas la de gestionar: sí, los esquemas impositivos son una forma de orientar los esfuerzos de las personas para que se ocupen de determinados temas. Si ponemos un impuesto a la contaminación del aire y, por lo tanto, los autos pagarán en función de su consumo de combustible, entonces las personas tendrán una tendencia a comprar autos que sean más eficientes en su consumo. Si creamos impuestos a la concentración económica, las grandes empresas verán dificultades al momento de crear grandes negocios, fomentando así la desconcentración y el crecimiento de la clase media.

Muchas veces los sistemas tributarios son injustos. Un claro ejemplo es el de IVA. Creo que no hay aberración más grande que pagar un impuesto sobre los alimentos. Hoy se está evaluando eliminarlo para algunos sectores, pero en realidad habría que sacarlo para todos los alimentos, para todos los argentinos. Pagar un impuesto a la nutrición, no importa a qué nivel socioeconómico se pertenezca, es conceptualmente una aberración.

También es cierto que el sistema tributario debe ser eficaz, cosa que en Argentina deja mucho que desear. Porque un impuesto justo y que orienta adecuadamente los esfuerzos, pero que no se puede recaudar, termina siendo una herramienta de presión tributaria para quien quiere hacer las cosas bien. Por ejemplo, el IVA a los electrónicos puede ser correcto, pero lo cierto es que los consumidores prefieren comprarlos en el extranjero o por canales alternativos, para generar ese ahorro de costos. El IVA a los autos es, sin embargo ineludible, sobre todo si se paga en la puerta de la terminal automotriz. Con este principio se podrían eliminar varios impuestos, para reducir la carga tributaria y motivar a las personas a hacer sus negocios por canales formales. La presión tributaria es una forma de fomentar la economía en negro.

Por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión, los impuestos tienen que ayudar a construir políticas de Estado y a influir en el comportamiento de las personas, para orientar sus esfuerzos al bien común y al interés de la sociedad. Pero por sobre todas las cosas tienen que ser justos, para que paguen aquellos que pueden y que son en definitiva los que más se benefician de la existencia del Estado: es gracias al marco legal actual que han logrado obtener sus beneficios. Y, por último, deben ser eficaces, es decir, que su recaudación sea viable.

Pero mientras se entienda la política tributaria como una cuestión contable, seguiremos teniendo un sistema tributario prehistórico, que grava por igual a ricos y pobres. Un sistema que además de ser injusto termina beneficiando a quienes concentran riqueza y perjudica a quienes quieren hacerse un lugar con su esfuerzo y sus ideas. Tenemos un sistema tributario que, lejos de generar trabajo, lo destruye, al imponer impuestos al empleo atenta en definitiva contra la dignidad de las personas. Será trabajo de este Gobierno, entre todas las cosas que tiene que corregir, marcar el rumbo de una nueva política tributaria, orientada a que las personas puedan dar lo mejor de sí mismas, acotar la economía negra y fomentar ante todo la creación de trabajo. Porque para que podamos volver a reconstruir la dignidad del pueblo argentino es indispensable que se generen genuinas fuentes de trabajo.

Los debates que se dan hoy en nuestra sociedad pasan por cuestiones económicas de corto plazo como el cepo al dólar y la devaluación. Incluso discutimos sobre cuestiones institucionales básicas, como la transparencia de los comicios. Llevamos más de treinta años de democracia, hemos celebrado nuestro bicentenario y nuestros debates continúan en la senda de lo embrionario, de aquello que los países más avanzados han definido y resuelto hace ya varios años.

Que estemos discutiendo sobre cómo hacer que las elecciones sean transparentes es un debate que nos regresa al momento en que se promulga la ley Sáenz Peña, más de cien años atrás. No digo que el debate no sea necesario, lo es, porque lo que pasó en Tucumán revela con contundencia que nuestro país es un gran reino lleno de feudos y eso se tiene que terminar. La Argentina, cien años después de que se declarara el voto secreto y obligatorio para romper con el régimen de fraude sistemático al que estaba sometida, se encuentra hoy nuevamente con barones del conurbano y gobernadores eternos.

Volver a un debate que tuvimos hace cien años nos demuestra que todavía no estamos preparados para mirar más allá. Recuerdo una frase que dice: “Todos vivimos en el fango, pero algunos miran a las estrellas”. Nosotros no logramos levantar la cabeza para mirar las estrellas. Son debates necesarios, porque discutir nuestro sistema electoral y ponerle un fin al fraude que se viene perpetrando en los feudos de la Argentina es una necesidad para la democracia, para la república y para las instituciones. Pero son debates que tendrían que estar superados para posibilitar una discusión sobre los mecanismos necesarios para que nuestra república funcione mejor: nuevas vías de institucionalización para garantizar los derechos de las personas.

Nuestro sistema electoral es obsoleto, injusto y antirrepublicano. Porque si los partidos políticos y las personas de bien que quieren a la república tenemos que estar buscando la trampa cada vez que hay elecciones, entonces este no es el juego de las instituciones, sino el juego del más “vivo”, un juego que lleva tanto tiempo en la Argentina que ya parece que lo tenemos en los genes. Y es justamente esta malformación genética de nuestro pueblo la que a veces nos hace tolerar estas cosas y echarle la culpa al que sufre el fraude, porque no tuvo la astucia de cuidarse. No se trata de ser astuto, sino de que las instituciones funcionen. Si hay fraude, falla la base de la república.

El cepo al dólar es una medida transitoria, aberrante desde el punto de vista económico, pero transitoria. Hoy el debate económico está basado en este único escollo. Absurdamente, el Gobierno nacional sigue marcando la agenda de la oposición, como lo hizo durante estos últimos doce años. Así como el cepo, hay innumerables problemas en esta área, la mayoría de ellos coyunturales.

El debate sobre esos problemas es fundamental: discutir sobre la inflación o los subsidios es algo que hoy necesitamos. Pero es increíble lo corto que es nuestro horizonte, porque estamos pensando solo en cómo salir de este laberinto económico en el que nos encontramos y no estamos pudiendo ni siquiera comenzar a analizar qué tipo de economía necesitamos. Tenemos un Gobierno que habla de industrializar, cuando la industria en la Argentina es más un mito que una realidad, porque por cuestiones geográficas, culturales y de disponibilidad de capital no tenemos hoy ninguna ventaja para convertirnos en un país industrial. Mucho menos si tenemos en cuenta que Brasil está tan cerca y tiene muchas más capacidades que nosotros.

Durante una década el Gobierno se prendió a las ubres del campo para sostener su estructura y su propaganda. Hoy se habla del campo, es un tema de debate, pero necesitamos ir más allá. No basta con un modelo agroexportador, que era casualmente lo que teníamos hace cien años. Otra vez, el debate vuelve al pasado, nos lleva varios escalones para atrás y hoy estamos discutiendo que la Argentina tiene que volver a apoyar al campo.

Catorce años después del 2001 estamos otra vez en una situación en la que sentimos que tenemos que volver a empezar. Es cierto, esto no es el 2001. Entre aquel año trágico y hoy la única diferencia es que hay cierto bienestar en la población: después de catorce años solo eso tenemos, un poco más de bienestar.

Hoy estamos hundidos en el presente, porque todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos discutiendo, no es más que el principio de lo mucho que queda por hacer. Todo se refiere al día de hoy o a lo sumo al día de mañana. Tales son nuestros problemas, tan fundamentales, que no nos queda tiempo para levantar la mirada y pensar en lo que tiene que venir un poco más adelante. Los candidatos presidenciales se encuentran enfocados en todos los problemas de corto plazo que nos va a dejar la administración actual y es muy probable que durante los próximos cuatro años lo único que pueda hacer el nuevo Gobierno sea poner un poco de orden al caos que dejó esta “década ganada”.

El kirchnerismo ha destruido todo lo que ha tocado y por si eso fuera poco, ahora deja todo un país hundido en el presente, imposibilitado de mirar al futuro.

Es un lobby del que torpemente se hacen eco sindicatos y políticos, incluso los medios y la sociedad en general. Es un lobby que engaña, que a fuerza de falacias consigue lo que casi ninguna empresa logra en el mundo: que el Estado transforme su negocio inviable en uno viable.

Todos entran en pánico cuando una automotriz amenaza con cerrar o con suspender a sus trabajadores. Los sindicatos inmediatamente corren detrás de la fuente de trabajo: absurdo y anacrónico eufemismo para referirse a su ignorancia para proponer soluciones que garanticen un trabajo digno a todos y que se pueda sostener en el tiempo. Porque lo importante no es que la fuente de trabajo no se destruya, sino que haya trabajo para todos.

Tal vez por sostener una fuente de trabajo no se está permitiendo que las mismas se multipliquen. Un ejemplo concreto: ¿qué genera más trabajo, mil pesos gastados en un restaurante o mil pesos gastados en un auto? En el primer caso se trata de una actividad de mano de obra intensiva, en el segundo, la mayor parte del dinero se termina gastando en materia prima y energía. Porque si bien el auto se construye con trabajo, cuestan más la materia prima y la energía utilizadas que los salarios. Pero la pereza intelectual de los sindicatos no les permite hacer este balance y se arrojan sobre la fuente de trabajo que se pierde, en lugar de concentrarse en la fuente de trabajo que se podría generar. Siempre los ojos puestos en el hoy y nunca en el futuro.

Desde el gobierno inmediatamente se les presta ayuda -subsidios, financiación, exenciones y facilidades- para que puedan seguir generando un producto que la gente quiere a toda costa: los argentinos parecieran estar más enamorados de sus autos que de sus mujeres. Se piensa en la pérdida para la economía y entonces se incurre en una pérdida aún mayor, para evitar aquella que era menor. Así absurdo como suena, así sucede. Si la gente no compra autos, porque no puede, entonces gastará su dinero en otra cosa, por lo que aquello que no absorbe la industria automotriz, lo absorberá otra industria.

Pero nadie se da cuenta de esto. Parece que si la gente no gasta su dinero en comprar un auto, entonces prenden fuego los billetes. Si desaparecen las automotrices, entonces otro sector se encargara de dinamizar la economía y de contribuir a su desarrollo. No es necesario que todos los ciudadanos “ayudemos” a estas gigantescas empresas para que sigan desarrollando su lucrativa actividad a costa nuestra.

Con el tiempo algunos negocios que se consideraban genuinos han pasado a ser odiados por todos. Pensemos en el tráfico de esclavos: en algún momento se dejaron de comerciar esclavos. A nadie se le ocurrió continuar con este negocio porque se iban a perder fuentes de trabajo o porque la economía iba a perder dinamismo. Lo mismo sucede con las tabacaleras: nadie en su sano juicio diría que hay que fomentar el consumo de tabaco para que no se pierdan fuentes de trabajo de la industria tabacalera. Y por último, nadie aceptaría reducir las normativas con respecto al cuidado del medioambiente que tienen que respetar las petroleras (las pocas que tienen y que cumplen), sólo para dinamizar la economía.

Ninguna nación cayó porque el tráfico de esclavos se terminó, ninguna economía quebró porque disminuye el consumo de tabaco. Pero parece que el mundo se va a hundir si se fabrican menos autos. Este mito lo han creado las propias automotrices, sobre todo los ejecutivos de las mismas, para salvar sus trabajos y sus salarios.

La industria automotriz es además un problema para la salud de nuestro planeta. Incentivarla implica directamente incrementar la contaminación y por lo tanto atentar contra nuestro nivel de vida. La sociedad ha desacreditado ya a las tabacaleras y a las petroleras. Pronto será el turno de las automotrices. ¿Llegará el día en que también les haremos juicio por los problemas respiratorios y la disminución en la esperanza de vida que nos causan sus productos? Hoy la Ciudad de Buenos Aires, según la Organización Mundial de la Salud, registra niveles de contaminación que son perjudiciales para la salud. Sabiendo esto,  ¿quién quiere ahora que haya más autos circulando? ¿Quién quiere que con nuestro dinero se financie la contaminación de nuestro aire y la consecuente reducción de nuestros años de vida?

Los tiempos de nuestra ignorancia, aquellos en los que veíamos la contaminación y creíamos que era un signo de progreso, ya se terminaron. La industria automotriz no es la única forma de dinamizar la economía y tampoco es la única que genera puestos de trabajo. No sólo eso, los productos de la industria automotriz contaminan nuestro aire y disminuyen nuestra calidad de vida. Pero todo esto lo ignoran los principales actores de nuestra escena nacional, e incluso del mundo entero (recordemos que varios países han rescatado a GM de la quiebra). Es hora de que dejemos de creer en estos mitos de las automotrices.

Un día cualquiera me encuentro caminando y paso por la puerta de un supermercado. Entonces veo que una horda se lanza a saquearlo y que todos salen con interesantes productos. Yo tengo dos opciones: sumarme al saqueo o no hacerlo. Sé que no iré a prisión, porque la verdad es que entre tanta batahola será difícil que me puedan individualizar. Sin embargo, veo las cámaras de los distintos canales de televisión. Entonces pienso qué sucedería si determinadas personas me vieran saqueando el supermercado. Tal vez si frente al televisor en ese momento se encuentra algún responsable de los lugares en los que doy clase, seguramente mi carrera académica llegaría a su fin. Si fueran mis amigos los que me ven en flagrante saqueo, seguramente terminen alejándose de mí, porque consideran reprobable mi actuar. Incluso si alguno los clientes que asesoro me viera cometiendo este ilícito, dejaría de contratarme. Ante este panorama, los “castigos” que devienen de mi acto son mayores que el premio que podría dejarme el botín. Se trata fundamentalmente de una decisión “económica”, donde los costos de mi acción son mayores a los beneficios que obtendré de la misma.

Puesto en palabras más lineales: tengo demasiado que perder y no tiene sentido que me arriesgue por el fruto que puedo obtener del acto ilícito.

La marginalidad es justamente no tener nada, es estar fuera de la sociedad, es no ser parte de ella. Ante una situación similar a la que me encontré yo en el ejemplo, alguien que vive en la marginalidad no tiene costo alguno si interviene para hacerse de un botín: no pierde su trabajo, ni sus posibilidades de conseguir trabajo y además su círculo social no necesariamente lo dejará de lado por hacerse de algo de forma irregular. Para quien no tiene, ni es parte de nada, el beneficio obtenido es siempre mayor al costo, según su apreciación subjetiva.

La realidad del delito no se pude reducir sólo a esta cuestión que pongo en análisis, pero ciertamente que es una de las variables más relevantes. Lo que antes desarrollé como las “cosas” que uno puede perder, puede resumirse en realidad en el concepto de posición social. Esta posición es un lugar que uno tiene, un lugar que le gusta y que no quiere perder: puede ser la propia familia, un trabajo, determinadas relaciones, etcétera. No hablo de una posición relativa a las demás personas (ser más o menos que otros), sino simplemente de tener un lugar en el mundo.

Muchos pensamos que sin importar las circunstancias en que nos encontremos, nunca cometeremos un delito, pero eso es pensar desde nuestra posición social actual. Claro, nadie que tenga su lugar en el mundo cometerá un ilícito arriesgándose a perderlo todo. Pero cuando uno no tiene nada, incluso el delito puede ser la forma de hacerse ese lugar, de conquistar esa posición, de darle un sentido a la vida.

Como leí recientemente en un libro de Albert Camus, los hombres fingen respetar el derecho y sólo se inclinan ante la fuerza. No podemos juzgar a las personas que delinquen desde nuestro lugar, sino desde su propio lugar, y no me refiero con esto a cuestiones legales, claro está.

Si todas las personas que se encontraran frente a la posibilidad de delinquir tuvieran algo que perder y entendieran que pueden perderlo, entonces disminuiría el delito. Si todos en este país tuviéramos una posición social, un lugar en la sociedad que podamos decir que es nuestro lugar, entonces la mera posibilidad de perderlo sería ya una restricción importante a cualquier acto ilícito.

La marginalidad es por definición el lugar en el que se encuentran los que no tienen lugar, los que no son parte de la sociedad, los que no tienen nada que perder: están al margen de todo. Si como sociedad no somos capaces de generar los mecanismos para que todos podamos encontrar nuestro lugar, consiguiendo esa posición social que mencioné, entonces la marginalidad se transformará en una condena definitiva. Mientras sigan existiendo personas que están fuera de todo, entonces el delito seguirá proliferando y la alta sensación de inseguridad se irá acrecentando.

Combatir la marginalidad no es sólo un deber moral, sino que es la única forma de garantizar la supervivencia de nuestra sociedad. Creando una posición social para todos y con ello el anhelo de conservarla, es la única forma que tenemos para terminar con esta situación que deja a tantos fuera de todo camino. Un subsidio ayuda a satisfacer necesidades básicas y esto es muy importante. Pero nunca libera de la marginalidad, porque recibir un subsidio no es tener una posición social, no es tener un lugar, sino todo lo contrario: es la confirmación de que como no tenemos la capacidad de encontrar nuestro lugar y construir nuestras propias vidas, requerimos la urgente ayuda de quienes sí pueden.

La marginalidad sólo se elimina con el reconocimiento social y al eliminar la marginalidad se elimina el delito más brutal, el que nos hunde en esta sensación de inseguridad que aqueja hoy a tantos argentinos.