Cuando se trata de optimizar procesos en una organización, quienes nos dedicamos a diseñarlos sugerimos siempre que no haya controles manuales, sino automáticos, siempre que eso sea posible. Pero por sobre toda las cosas, ningún proceso debe verse interrumpido porque un “guardián” demora en ejecutar controles. Esto significa que las cosas deben fluir y debe haber un proceso paralelo de control que no interrumpa el flujo de trabajo, sino que lo observa desde afuera. En caso de que se detecte una irregularidad, el proceso de control intervendrá, pero sin interrumpir el trabajo, solamente marcando el error. De esta forma nos evitamos, por un lado, que los guardianes acumulen poder y, por el otro, que el trabajo se vea detenido por la falta de proactividad de un guardián.

El caso de los subsidios es un caso típico de un guardián que acumula poder, porque requieren que alguien los apruebe u otorgue. El poder en estos casos suele fomentar la aparición de esquemas de corrupción y arbitrariedad. Los subsidios se otorgan en la medida del antojo del guardián, lo que además tiene un efecto colateral y es que pueden crecer indefinidamente, lo que hace que su desmesura genere un desbalance importante en la economía. Esto es lo que sucedió con la luz y el gas: era tan bajo su costo que nadie se ocupó en estos últimos doce años en hacer más eficiente el uso de estos recursos. Hasta ahora, en enero era más fácil prender el aire acondicionado que abrir la ventana. En el próximo enero, muchos preferirán abrir la ventana.

El impuesto, contrario al subsidio, es algo que se establece desde la generalidad. Eso hace que no requiera de la existencia de ningún guardián para tener efecto. Tal vez la exención requiera de la intervención de un guardián, pero no importa si el guardián no otorga el beneficio o si se demora, todo seguirá marchando sin problemas. Por otro lado, el impuesto es algo transparente, mientras que el subsidio es una excepción que se negoció. El impuesto, además, siempre se aplica sobre algo concreto y es justamente eso lo que limita su valor: a diferencia del subsidio, que puede crecer desmedidamente, el impuesto siempre tiene un límite.

El sistema tributario tiene varias funciones, entre ellas la de gestionar: sí, los esquemas impositivos son una forma de orientar los esfuerzos de las personas para que se ocupen de determinados temas. Si ponemos un impuesto a la contaminación del aire y, por lo tanto, los autos pagarán en función de su consumo de combustible, entonces las personas tendrán una tendencia a comprar autos que sean más eficientes en su consumo. Si creamos impuestos a la concentración económica, las grandes empresas verán dificultades al momento de crear grandes negocios, fomentando así la desconcentración y el crecimiento de la clase media.

Muchas veces los sistemas tributarios son injustos. Un claro ejemplo es el de IVA. Creo que no hay aberración más grande que pagar un impuesto sobre los alimentos. Hoy se está evaluando eliminarlo para algunos sectores, pero en realidad habría que sacarlo para todos los alimentos, para todos los argentinos. Pagar un impuesto a la nutrición, no importa a qué nivel socioeconómico se pertenezca, es conceptualmente una aberración.

También es cierto que el sistema tributario debe ser eficaz, cosa que en Argentina deja mucho que desear. Porque un impuesto justo y que orienta adecuadamente los esfuerzos, pero que no se puede recaudar, termina siendo una herramienta de presión tributaria para quien quiere hacer las cosas bien. Por ejemplo, el IVA a los electrónicos puede ser correcto, pero lo cierto es que los consumidores prefieren comprarlos en el extranjero o por canales alternativos, para generar ese ahorro de costos. El IVA a los autos es, sin embargo ineludible, sobre todo si se paga en la puerta de la terminal automotriz. Con este principio se podrían eliminar varios impuestos, para reducir la carga tributaria y motivar a las personas a hacer sus negocios por canales formales. La presión tributaria es una forma de fomentar la economía en negro.

Por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión, los impuestos tienen que ayudar a construir políticas de Estado y a influir en el comportamiento de las personas, para orientar sus esfuerzos al bien común y al interés de la sociedad. Pero por sobre todas las cosas tienen que ser justos, para que paguen aquellos que pueden y que son en definitiva los que más se benefician de la existencia del Estado: es gracias al marco legal actual que han logrado obtener sus beneficios. Y, por último, deben ser eficaces, es decir, que su recaudación sea viable.

Pero mientras se entienda la política tributaria como una cuestión contable, seguiremos teniendo un sistema tributario prehistórico, que grava por igual a ricos y pobres. Un sistema que además de ser injusto termina beneficiando a quienes concentran riqueza y perjudica a quienes quieren hacerse un lugar con su esfuerzo y sus ideas. Tenemos un sistema tributario que, lejos de generar trabajo, lo destruye, al imponer impuestos al empleo atenta en definitiva contra la dignidad de las personas. Será trabajo de este Gobierno, entre todas las cosas que tiene que corregir, marcar el rumbo de una nueva política tributaria, orientada a que las personas puedan dar lo mejor de sí mismas, acotar la economía negra y fomentar ante todo la creación de trabajo. Porque para que podamos volver a reconstruir la dignidad del pueblo argentino es indispensable que se generen genuinas fuentes de trabajo.

Empiezo por decir que todo derecho genera una obligación, en principio, la obligación del Estado. Pero detrás de esa obligación está otra, que es la de los ciudadanos a contribuir a ese Estado, lo cual se hace a través del pago de impuestos. Pero el Estado, que en el fondo es un espacio de poder, ha sabido con el tiempo disimular ese pago de impuestos y a veces nos cuesta dimensionar con claridad todos los impuestos que estamos pagando.

A muchos les asalta un ataque de rabia cuando ven que les descuentan el impuesto a las ganancias del sueldo, pero pocos se indignan cuando al gastar mil pesos, cerca de ciento setenta y cinco pesos, van directo al arca del Estado (el IVA). Y estos son sólo los impuestos que terminamos pagando todos los ciudadanos. También están los impuestos que pagan las empresas, sobre todo las grandes empresas. Esos que cuando el Estado los crea salimos todos a festejarlos, porque creemos que por fin están pagando los grandes en lugar de los chicos. Otra ilusión: como especialista en gestión sé muy bien que las empresas cuando tienen que pagar un nuevo impuesto suben los precios. Esto quiere decir que, por más que los aplausos quieran ocultarlo, cada vez que se le agrega un impuesto a una empresa, somos todos los ciudadanos los que sin darnos cuenta nos solidarizamos y lo pagamos en el precio de lo que nos venden.

¿Cuántos días trabajamos por año para pagar impuestos? Hay muchos valores, pero he visto alguno que roza los 215 días al año: es decir que en el año, una persona puede aprovechar el fruto de su trabajo, recién después del día 215, porque hasta ese día ha trabajado sólo para pagar impuestos. Sin detenerme en el valor, quiero llegar finalmente al punto: nuestro trabajo es la forma que tenemos de contribuir al Estado, para que éste haga lo suyo y garantice los derechos de las personas.

Entonces, volviendo a la frase con la que abrí mi artículo, si ante cada necesidad se crea un derecho, significa que ante cada necesidad los argentinos deberemos trabajar más y más para garantizar los derechos de todos, porque serán necesarios más impuestos para poder financiar ese derecho. Esto muchas veces no lo entrevemos con claridad y entonces reclamamos más derechos para todos, sin darnos cuenta que terminaremos pagándolos entre todos, siendo los que llevan la peor parte los trabajadores. Porque en definitiva, los más débiles, los que no pueden o no quieren trabajar, se ven beneficiados por este sistema. Así, la tentación de convertirse en un “débil” es cada vez más grande. Y en este punto hay que dejar algo en claro: el trabajo estatal no cuenta realmente como “trabajo”, porque son justamente los mismos trabajadores los que pagan esos sueldos, no surgen de una actividad económica.

Yo soy un partidario de que necesitamos un Estado fuerte que genere condiciones para que se cumplan los derechos de las personas. Y estoy convencido de que la necesidad realmente crea derechos. Pero tampoco podemos tener una masa de trabajadores que día a día se despiertan y van a su trabajo para garantizar los derechos de otros muchos que no tienen el mismo nivel de esfuerzo.

Hay quienes dicen que sólo es cuestión de que el Estado administre mejor los recursos que tiene, pero no olvidemos que el Estado es también un espacio de poder y como tal tiene que ser sostenido: lamentablemente a fuerza de beneficiarios y gente que muchas veces se aprovecha de su posición, lo que nunca va a cambiar. Hay un adaggio que reza: “Es fácil administrar la abundancia, lo difícil es administrar la escasez”. Los operadores del Estado primero se pagarán a sí mismos lo que les corresponda, con salarios o dádivas, y luego se ocuparán de los derechos de los ciudadanos. Y cuando haya escasez, entonces deberán recortar derechos… y si no recortan derechos, entonces tendremos que trabajar cada vez más días al año para sostenerlo: muchas más alternativas no hay. Hoy el Gobierno ante la escasez favorece el impuesto inflacionario, variable de ajuste que la Argentina ha fomentado siempre para cubrir las ineficiencias de un Estado que cada vez exige más a sus ciudadanos.

No nos engañemos, los derechos son algo maravilloso, pero recordemos que alguien tiene que pagar por ellos. Cada vez que se crea un nuevo derecho, cada vez que se anuncia un aumento jubilatorio, que se crea un subsidio o que se fomenta alguna actividad desde el Estado, somos todos nosotros los que pagamos, por más que nos quieran hacer creer que le van a cobrar más impuestos a los grandes. Los grandes y el Estado nunca son los primeros en sufrir, antes que ellos sufran, se va a desangrar primero el pueblo entero.

Hoy son cada vez más y adicionalmente crecen en fortaleza. Quedaron lejos aquellos tiempos en los que se entendía que esta concentración económica implicaba un beneficio para los consumidores. Hoy todos lo sabemos, sobre todo quienes que nos dedicamos a los negocios: la finalidad de una empresa es ganar dinero y cuanto más dinero pueda ganar, entonces mejor. Por otro lado, es cierto que la concentración implica menores costos para quien es dueño de una gran cantidad de negocios, pero eso no significa que como consecuencia de ello les cobre menos a sus clientes. Cuando las grandes empresas bajan sus costos, no bajan sus precios, sólo aumentan sus márgenes. Para ponerlo blanco sobre negro: los dueños de las cadenas no se preocupan porque los consumidores paguen menos, sino por ganar más dinero.

Que las empresas estén para obtener un beneficio económico es algo lógico y esperado, para eso existen. Es incluso sano, porque de esa forma se dinamiza la economía. Aunque no guste admitirlo, la ambición personal sigue siendo, junto con el temor, una de las motivaciones más grandes de la humanidad. En la Argentina se suele ver con malos ojos al que hace dinero, pero la verdad es que es sano que haya gente ambiciosa que empuje para adelante, que esté motivada y que genere innovación, porque sin esa ambición la innovación no existiría. Por más que nos cueste aceptarlo, el altruismo no ha sido el motor de la mayoría de los adelantos que tuvo la humanidad.

No se espera de los empresarios otra cosa que el afán por hacer dinero. Pero en los modernos estados de derecho el Estado debe asegurarse que lo hagan dentro de límites que no perjudiquen a nadie. Incluso si el Estado está gobernado sabiamente esta ambición empresaria se encauza y entonces favorece al bien común.

En este sentido, es válido preguntarse si las cadenas entonces son buenas para todos. La respuesta es que no. Se suele argumentar que venden más barato, pero ya vimos que no es así: sólo ganan más dinero.

Las consecuencias negativas de que existan grandes cadenas es que se va percudiendo el tejido social: porque hay unos pocos que tienen un negocio suculento y el resto son empleados. Esto implica que cuanta más concentración haya, menos negocios pequeños habrá y son justamente estos pequeños negocios los que dinamizan la economía: el dinero no se concentra y entonces hay más gente que vive mejor. Además generan más empleo y por lo tanto tienen un mayor impacto en la tasa de desempleo. Las cadenas hacen todo lo contrario.

Otro aspecto importante de esta gran concentración es que, al destruir a los pequeños locales, generan espacios vacíos en las calles y esto afea la ciudad. Los pequeños negocios tienen vida, tienen personalidad, mientras que las cadenas son estandarizadas. La ciudad, al llenarse de cadenas, pierde identidad y una esquina es siempre igual a la otra, porque están los mismos negocios. Este fenómeno es típico en las ciudades sajonas (Inglaterra, Estados Unidos y Australia): todas las ciudades son iguales, no hay diferencia, porque los locales del centro pertenecen a los mismos grandes negocios.

Otro gran problema que tienen las cadenas es que forman un oligopolio. Esto significa que tienen una posición dominante y que por lo tanto son las que determinan qué se ofrece en el mercado y a qué precio. Mientras que los pequeños comercios amplían la variedad y por lo tanto generan una competencia genuina, que redunda en un esfuerzo por atraer a los clientes. Las cadenas no tienen que hacer ningún esfuerzo, porque se convierten, con el tiempo, en la única opción, imponiendo así su voluntad.

Yo no creo que haya que prohibirlas, porque a menos que se trate de algo realmente intolerable, no hay que prohibir nada. Pero también es cierto que estas cadenas no son necesarias, no benefician a la población en general, y creo que podemos tolerarlas si de alguna forma remedian el daño que causan. Y esta remediación la pueden hacer pagando algún impuesto adicional, por eso es que yo quisiera que todas las cadenas contribuyan de manera especial. Cuanto más grandes son, más perjuicio causan. Por eso es que la mejor forma de estructurar un impuesto a las cadenas es que paguen un canon mensual proporcional a los metros cuadrados y la cantidad de bocas.

Este impuesto tiene una gran ventaja: no se puede evadir. Contrario a lo que sucede en los casos de ganancias o ingresos brutos, es imposible tergiversar la declaración de aquello que está vinculado a cuestiones físicamente observables y de acceso público (todos sabemos que en determinado lugar hay un local de una cadena). Este impuesto a las cadenas es una excelente forma para que los gobiernos locales puedan recaudar fácilmente y que con ese dinero puedan, por ejemplo, eximir del pago de ingresos brutos a los pequeños negocios.

No es necesario que las cadenas dejen de existir, pero tiene que contribuir adicionalmente para remediar el daño que causan. Un impuesto a las cadenas nos puede ayudar a que se redistribuya la rentabilidad adicional que tienen para transferírsela a los pequeños comercios, que dan vida y personalidad a una ciudad.