Los debates que se dan hoy en nuestra sociedad pasan por cuestiones económicas de corto plazo como el cepo al dólar y la devaluación. Incluso discutimos sobre cuestiones institucionales básicas, como la transparencia de los comicios. Llevamos más de treinta años de democracia, hemos celebrado nuestro bicentenario y nuestros debates continúan en la senda de lo embrionario, de aquello que los países más avanzados han definido y resuelto hace ya varios años.

Que estemos discutiendo sobre cómo hacer que las elecciones sean transparentes es un debate que nos regresa al momento en que se promulga la ley Sáenz Peña, más de cien años atrás. No digo que el debate no sea necesario, lo es, porque lo que pasó en Tucumán revela con contundencia que nuestro país es un gran reino lleno de feudos y eso se tiene que terminar. La Argentina, cien años después de que se declarara el voto secreto y obligatorio para romper con el régimen de fraude sistemático al que estaba sometida, se encuentra hoy nuevamente con barones del conurbano y gobernadores eternos.

Volver a un debate que tuvimos hace cien años nos demuestra que todavía no estamos preparados para mirar más allá. Recuerdo una frase que dice: “Todos vivimos en el fango, pero algunos miran a las estrellas”. Nosotros no logramos levantar la cabeza para mirar las estrellas. Son debates necesarios, porque discutir nuestro sistema electoral y ponerle un fin al fraude que se viene perpetrando en los feudos de la Argentina es una necesidad para la democracia, para la república y para las instituciones. Pero son debates que tendrían que estar superados para posibilitar una discusión sobre los mecanismos necesarios para que nuestra república funcione mejor: nuevas vías de institucionalización para garantizar los derechos de las personas.

Nuestro sistema electoral es obsoleto, injusto y antirrepublicano. Porque si los partidos políticos y las personas de bien que quieren a la república tenemos que estar buscando la trampa cada vez que hay elecciones, entonces este no es el juego de las instituciones, sino el juego del más “vivo”, un juego que lleva tanto tiempo en la Argentina que ya parece que lo tenemos en los genes. Y es justamente esta malformación genética de nuestro pueblo la que a veces nos hace tolerar estas cosas y echarle la culpa al que sufre el fraude, porque no tuvo la astucia de cuidarse. No se trata de ser astuto, sino de que las instituciones funcionen. Si hay fraude, falla la base de la república.

El cepo al dólar es una medida transitoria, aberrante desde el punto de vista económico, pero transitoria. Hoy el debate económico está basado en este único escollo. Absurdamente, el Gobierno nacional sigue marcando la agenda de la oposición, como lo hizo durante estos últimos doce años. Así como el cepo, hay innumerables problemas en esta área, la mayoría de ellos coyunturales.

El debate sobre esos problemas es fundamental: discutir sobre la inflación o los subsidios es algo que hoy necesitamos. Pero es increíble lo corto que es nuestro horizonte, porque estamos pensando solo en cómo salir de este laberinto económico en el que nos encontramos y no estamos pudiendo ni siquiera comenzar a analizar qué tipo de economía necesitamos. Tenemos un Gobierno que habla de industrializar, cuando la industria en la Argentina es más un mito que una realidad, porque por cuestiones geográficas, culturales y de disponibilidad de capital no tenemos hoy ninguna ventaja para convertirnos en un país industrial. Mucho menos si tenemos en cuenta que Brasil está tan cerca y tiene muchas más capacidades que nosotros.

Durante una década el Gobierno se prendió a las ubres del campo para sostener su estructura y su propaganda. Hoy se habla del campo, es un tema de debate, pero necesitamos ir más allá. No basta con un modelo agroexportador, que era casualmente lo que teníamos hace cien años. Otra vez, el debate vuelve al pasado, nos lleva varios escalones para atrás y hoy estamos discutiendo que la Argentina tiene que volver a apoyar al campo.

Catorce años después del 2001 estamos otra vez en una situación en la que sentimos que tenemos que volver a empezar. Es cierto, esto no es el 2001. Entre aquel año trágico y hoy la única diferencia es que hay cierto bienestar en la población: después de catorce años solo eso tenemos, un poco más de bienestar.

Hoy estamos hundidos en el presente, porque todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos discutiendo, no es más que el principio de lo mucho que queda por hacer. Todo se refiere al día de hoy o a lo sumo al día de mañana. Tales son nuestros problemas, tan fundamentales, que no nos queda tiempo para levantar la mirada y pensar en lo que tiene que venir un poco más adelante. Los candidatos presidenciales se encuentran enfocados en todos los problemas de corto plazo que nos va a dejar la administración actual y es muy probable que durante los próximos cuatro años lo único que pueda hacer el nuevo Gobierno sea poner un poco de orden al caos que dejó esta “década ganada”.

El kirchnerismo ha destruido todo lo que ha tocado y por si eso fuera poco, ahora deja todo un país hundido en el presente, imposibilitado de mirar al futuro.

Recientemente un docente que invité a una de mis clases recordó que Benjamin Franklin dijo que “quien está dispuesto a sacrificar libertad a cambio de seguridad no merece ni una ni la otra”. Y creo que esto se aplica especialmente al caso de las policías municipales.

Partamos de la base de que los municipios del conurbano son hoy feudos que están bajo el control y voluntad de sus intendentes. En este contexto, darles a los intendentes el control de la policía es un grosero error que pone en sus manos una fuerza que, como todo lo que tienen en su feudo, utilizan para su propio y exclusivo beneficio. No me parece difícil entonces imaginar que estas fuerzas comunales puedan ser una herramienta de extorsión y un engranaje dentro del aparato clientelista de los municipios. Lejos de proteger a sus comunidades, operarán para someterlas todavía más al poder político.

Personalmente, me aterra que incluso se puedan cometer violaciones de los derechos humanos y no habrá nadie que las controle. El control en las organizaciones de seguridad está dado por la existencia de distintas áreas que no tienen contacto entre sí y que se controlan las unas a las otras. Es lo que se conoce en administración como control cruzado. Ahora, este control cruzado pierde su eficacia si las personas que se controlan entre sí tienen una relación estrecha: y cuanto más pequeña es la organización, más estrecha es la relación entre las personas. Entonces, la camaradería, que suele abundar en todas las fuerzas de seguridad, puede transformarse en complicidad en una policía municipal: aquellos que deben controlar miran entonces para otro lado. Más si es el propio intendente el que pide que se omitan los controles, ya que éste tiene a la vez la potestad de remover a la cúpula de su policía municipal. Y esto no se subsana con el control de un concejo deliberante adicto que se fraguó desde el clientelismo político.

Los argentinos nos estamos obsesionando con la inseguridad. Hay delito, es cierto, pero el riesgo que tenemos al obsesionarnos es que terminamos por aceptar cosas que atentan contra nosotros mismos. Hoy hay muchas personas a favor de las policías comunales, porque se han hastiado tanto del delito que cualquier receta alquímica que pueda prometer una solución inmediata será bien recibida. Y de esto se aprovechan los jefes comunales, que han visto en este temor de la gente la rendija perfecta para hacerse de una policía comunal.

El delito debe ser atacado, pero las fuerzas de seguridad son sólo el último eslabón de toda una cadena que tiene que ponerse al servicio de este objetivo. Existe toda una serie de cuestiones de las que nadie habla, que no están en el centro del debate y que son la verdadera solución al problema del delito.

Es aquí donde entra la frase con la que abrí la columna: los argentinos estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad, nuestra seguridad jurídica, para combatir al delito. Y la verdad es que en otros momentos de la historia se ha privilegiado la seguridad física por sobre la libertad y la seguridad jurídica y las consecuencias han sido desastrosas. ¿Sucederá lo mismo con las policías comunales? Que esta obsesión por el delito no nos haga perder la razón: no se le puede entregar a los jefes comunales la policía, porque la usarán para sus propios intereses y en contra de todos nosotros.

Pidamos seguridad, pero no dejemos que las soluciones que nos ofrezcan atenten contra nuestra propia libertad, ni contra la seguridad de nuestros derechos. Merezcamos nuestra libertad, nunca estemos dispuestos a entregarla para obtener mayor seguridad. Porque, como dice el corolario de la frase inicial, no tendremos ni la una ni la otra.