Sobre todo desde la izquierda se suele oponer, sin razón alguna, la idea de que un Estado eficiente es un Estado ausente. El Estado, como cualquier otra organización, tiene un fin, tiene un objetivo y existe para cumplirlo. Dejando de lado la discusión de cuál es el objetivo del Estado, todos entendemos que para cumplir con su misión necesita disponer de una serie de recursos. Dichos recursos, por practicidad, se miden en unidades monetarias, es decir, dinero. Sin embargo, el dinero es en realidad una herramienta de gestión, porque detrás hay siempre bienes y servicios y, por lo tanto, el trabajo de las personas. Esto quiere decir que en última instancia el Estado se sostiene con el trabajo de todos nosotros. Independientemente del bolsillo del que sale el dinero para pagar los impuestos, todo lo generamos los argentinos con nuestro trabajo.

Esto significa que cuanto más grande sea el Estado, más tenemos que trabajar para sostenerlo. No trabajamos más horas, simplemente accedemos a menos cosas, porque gran parte de nuestro salario se utiliza para sostener al conjunto estatal.

Todos entendemos la necesidad de contribuir para sustentar al Estado, nadie en su sano juicio pone eso en duda. Sin embargo, no podemos evitar sentirnos irritados cuando existen personas que se benefician de esta situación: empleados públicos que no trabajan, funcionarios corruptos, empresarios que cobran sobreprecios. La lista es casi interminable. Nos irrita la injusticia, pero más nos irrita que esa injusticia se financie con nuestro trabajo, nos molesta que cada día vayamos a trabajar para que estas personas se abusen de nosotros y utilicen nuestro trabajo para enriquecerse sin darnos nada a cambio.

Que el Estado sea eficiente se convierte así en una cuestión de respeto a sus ciudadanos. La ineficiencia es la dilapidación de los recursos, mientras que la eficiencia es el mejor uso que se le puede dar. Ser eficiente no es hacer plata, no es exprimir a las personas, ser eficiente es hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Y eso es lo menos que le debe el Estado a todos aquellos que con su trabajo contribuyen a sostenerlo: darnos la garantía de que el fruto de nuestro trabajo está siendo utilizado de la mejor manera posible.

Mientras la izquierda aboga por una expansión del Estado y por lo tanto por un aumento de la carga tributaria para poder sostenerlo, un enfoque racional se basa en determinar qué cosas tiene que hacer el Estado y qué cosas no. No es una cuestión ideológica, es una cuestión práctica. Cuanto más esperamos del Estado, más impuestos vamos a tener que pagar. Y no es cuestión de que los paguen las empresas, porque los empresarios transfieren todos sus costos al precio que paga el consumidor: más impuestos a las empresas significa productos más caros para todos nosotros.

Como siempre, somos los más débiles los que sufrimos. A veces por el abuso que hacen los empresarios cuando el mercado queda funcionando solo y otras porque el Estado recorta cada vez más nuestras posibilidades de consumir para poder sostenerse. No importa quién lo ejecute, el abuso es abuso, es atropello y es siempre un ataque a la dignidad.

La ineficiencia del Estado se transforma en definitiva en un atropello al pueblo que lo sostiene. Al pueblo que ve recortada su posibilidad de acceder a bienes y servicios para que se dilapide el fruto de su trabajo. Nadie dice que el Estado tiene que desaparecer, ni siquiera que tiene que ser ínfimo: tiene que tener el tamaño justo para que los argentinos tengamos nuestros derechos garantizados, pero que, a la vez, no nos cueste demasiado sostenerlo. Un Estado más eficiente implica menos impuestos e incluso mejores prestaciones para los ciudadanos. La búsqueda de la eficiencia debería ser una prioridad para quienes nos gobiernan, para que todos podamos vivir mejor. La lucha por la dignidad pasa también por buscar un Estado más eficiente, bien administrado y que use los recursos de manera racional.

Sin empleados, el Estado no puede cumplir su función, todos entendemos esto. La discusión tampoco está en si debe haber o no Estado: debe existir y debe ser fuerte. Dicho de otra forma, necesitamos un Estado fuerte y presente que a través de sus funcionarios garantice los derechos de los ciudadanos. El problema está en dimensionar los recursos y entender cuántas personas necesitamos trabajando en el Estado para que pueda cumplir todas sus funciones principales.

El Estado es una organización y por lo tanto suceden las mismas cosas que en el resto de las organizaciones, incluidas las privadas: hay acomodos, hay gente que ocupa un lugar sin tener las capacidades o el talento necesario para ello, hay quien cobra más de lo que debería y también quien no hace nada. Cuando eso pasa, en una empresa o en otra organización privada, no nos preocupamos, porque no son nuestros bolsillos los que mantienen esa situación. Será una injusticia, pero no nos quita el sueño. Sin embargo, sí nos molesta que nos saquen el 21% cada vez que vamos al supermercado para sostener esas situaciones. No debemos olvidar que es a través de todos los impuestos que pagamos que se sostienen los salarios del Estado y que si se reduce el gasto, entonces podremos pagar menos impuestos y lo que ganamos nos alcanzará para más.

Lo cierto es que también en la actividad privada los sinsentidos duran mucho menos, porque tarde o temprano hay que ajustar el cinturón y aquellos que no están alineados con las necesidades de la empresa son los primeros en enterarse. En el Estado, por el contrario, siempre hay dinero para sostener los absurdos más inviables: el pueblo siempre termina pagando sus impuestos.

En general, en el sector privado, todos saben qué hace cada persona dentro de la organización. Incluso suele ser bastante claro cómo contribuye con lo que hace al resultado de la organización en su conjunto. En el Estado no sucede lo mismo. En primer lugar, más allá de las personas y de la voluntad que ponen en su trabajo, existen áreas enteras cuya función y propósito son al menos dudosas: no es responsabilidad de quienes trabajan allí, sino de quienes las han creado. Tampoco nos queda claro qué hacen algunas personas, sólo están allí, sin que logremos saber muy bien cuál es su función. Y por último, lo que nunca se sabe es qué tan productivas son las personas en la órbita pública. Cuando siembro las dudas, no quiero decir que haya certezas, todo lo contrario: verdaderamente no sabemos nada del trabajo que hace cada una de las personas en el Estado, puede ser algo útil y productivo, pero también puede ser todo lo contrario.

En el sector privado se suele medir la productividad de los colaboradores, es decir, cuánto hacen en el tiempo que están en su puesto de trabajo. Es algo común a lo que todos están acostumbrados, pero en el Estado esto es casi imposible. Los primeros en oponerse son los sindicatos, para quienes la transparencia es casi una afrenta. Y es justamente esta falta de transparencia la que termina desprestigiando a todos los empleados públicos por igual: a aquellos que dan lo mejor de sí y a aquellos que sólo cobran un sueldo.

Si no hay nada que temer, ¿por qué no publicar las tareas de cada empleado? ¿Por qué no publicar su salario? Sería lógico que todos sepamos cuánto gana exactamente cada trabajador estatal y que sepamos qué hace, es decir, que exista una descripción de puesto. De esta forma, todos podremos ver que quien está en un lugar está para algo y que está cobrando acorde a lo que hace, para derribar de una vez todos los mitos que hoy abundan en la sociedad. En lugar de estar discutiendo si las personas son o no “ñoquis”, lo mejor es que la información esté disponible para ser consultada por cualquiera en cualquier momento: las dudas se despejan en cuestión de segundos. Junto a esto, se pueden presentar indicadores de productividad, para que todos sepamos dónde se hacen mejor las cosas, para poder comparar y ayudar a los que peor andan a que mejoren. Pero esto jamás lo soportarían los sindicatos estatales, porque pondría de manifiesto quiénes son los que trabajan y quiénes no.

El empleo público hoy está desprestigiado porque es una caja negra que nadie puede entender. No sabemos qué hacen, no sabemos cuánto cobran, no sabemos si son productivos, no sabemos si van o si faltan. No sabemos nada. Y cuando la información no está disponible, huele mal: donde falta transparencia, hay lugar para el abuso de confianza. Y son justamente los sindicatos los que deberían impulsar medidas que tiendan a mostrarle a la comunidad lo que hacen los empleados públicos, para así poner de manifiesto el valor de su trabajo y por lo tanto incrementar el prestigio del empleo público. Pero en lugar de defender a los trabajadores, defienden sus intereses, encaran estrategias absurdas, como querer instalar la idea de que los empleados públicos efectivamente trabajan… con un paro nacional.

En un par de años solamente, el fanatismo de quienes han sabido lucrar con la “epopeya” kirchnerista desaparecerá y no habrá seguramente demasiado que confiesen haber sido adeptos de este gobierno. Las remeras del Nestornauta serán una suerte de reliquia y la pregunta de “¿vos no eras de La Campora?”, la negaran tres veces y cantará el gallo. No sería extraño que con el mismo fervor con el que vitorearon a Cristina, termine siendo denostada en un futuro no muy lejano.

Ni hablar de quienes han estado dirigiendo esta relato, al igual que hicieron otros en el pasado, darán la espalda a su anterior benefactor al grito de “muerto el rey, viva el rey”. Ni las fotos con los jerarcas del viejo régimen los harán confesar su pecado de antaño. ¿O acaso queda algún menemista? Tampoco quedarán kirchneristas.

¿Y qué diremos los demás? Los que nos mantuvimos al margen de la locura, pero vimos con nuestros propios ojos como se desperdiciaba una oportunidad única de ser un gran país. Seguiremos hablando de aquel “Argentina potencia”, rememorando los tiempos en los que éramos el mejor alumno de América Latina… ¿seremos junto con Venezuela el peor en diez años? Nuestros ojos mirarán a nuestros hermanos latinoamericanos, que alguna vez supieron vernos como un ejemplo y envidiarán su pasado y su porvenir.

La mayoría veremos con horror la locura en la que estuvimos envueltos. No podremos creer que durante doce años nos gobernaron un grupo de prepotentes que socavaron hasta los cimientos de la república. Y diremos con consternación: “Pero la gente los votó”. Esta etapa será la prueba más contundente de que una democracia sin república es como manejar por la cornisa: un descuido y nos fuimos para abajo.

Pero yo creo que sobre todo nos lamentaremos por el cambio cultural que este Gobierno ha impreso en la Argentina. Nos hemos convertido en un país donde el trabajo no es un valor, donde la gente se ha acostumbrado, todavía más que antes, a esperar del Estado lo que tiene que venir de su propio esfuerzo. Pero también fue la década de los derechos, de aquellos que reclamaban para sí, sin darse cuenta que lo que unos reciben alguien lo tiene que dar. Con el latiguillo de que se le sacaba a los grupos concentrados para darle a la gente, todo era válido. Se fomentó más que nunca la falsa idea de que los recursos públicos son infinitos. Todo es para todos. Todo fue para todos. Pero al final no fue para nadie, porque no había recursos ni para empezar a distribuir.

También se ha generado una división en nuestro país. Se ha empujado todas las situaciones a resolverse con un conflicto: patria o buitres, Clarín o Cristina… son innumerables las contraposiciones que nos han acostumbrado a los argentinos a pensar que en todo hay una batalla: uno gana y otro pierde. La realidad no es un juego de suma cero, no se trata de que uno gane y otro pierda, sino de pensar cómo hacemos para ganar todos. Se habló mucho de redistribución, pero poco de generación. Porque si no se piensa cómo hacer para generar la riqueza, lo que se redistribuye es la pobreza, práctica que han llevado adelante tanto Venezuela como Cuba. El foco siempre estuvo en sacarle a otros en lugar de buscar la forma de que haya más para todos.

A fuerza de mentiras, el kirchnerismo logró convencer a muchos de cosas que son absurdas fantasías. La inflación no viene de la excesiva emisión, sino de malvados grupos concentrados que quieren ver sufrir a la gente. Y tal vez, muchas de estas mentiras perduren varias décadas en el imaginario popular. Es que es más fácil pensar que los problemas los produce una entidad maligna, a esforzarse por entender las verdaderas causas.

En diez años, mientras esté tomando un café con un amigo, evocaré con asombro esta “década ganada”. Recordaré lo cerca que estuvimos de perder nuestra república. Y espero también, que dentro de diez años también pueda decir con alivio “por suerte, los que vinieron después se encargaron de que la república siga existiendo”. Pero no tengo la misma esperanza con el cambio cultural que sufrió nuestro país. Tal vez dentro de diez años, ese mismo café de por medio, me esté quejando de que nuestros valores han cambiado y que todavía, a pesar de los esfuerzos hechos, no los hemos recuperado.

Hemos caído, sin darnos cuenta tal vez, en una política enfocada en las personas y no en las ideas: por eso han surgido con tanta fuerza los personalismos y se han disuelto los movimiento. Los referentes hoy son personas solitarias, ya no hay ideas, ya no hay un partido. A estos últimos les ha tocado la suerte de convertirse en meros vehículos electorales. Por supuesto que los “movimientos” basados en el clientelismo no cuentan: son sólo mercenarios que trabajan para quien pague por sus servicios.

La política es buena, es necesaria, porque es justamente en ese terreno en donde se define cómo vamos a vivir los argentinos. Nuestro país tiene problemas y el debate de esas soluciones se da justamente en la política. Pero entre otras cosas, se define también en este terreno, quién tendrá el poder.

El debate de ideas, en este contexto, se torna imprescindible. Hemos perdido por completo este hábito y con él la capacidad de encontrar solución a muchos de los problemas que hoy agobian a nuestro país. El debate de ideas encierra en sí mismo una premisa: la solución más creativa no necesariamente está en una sola persona o grupo de personas. Esto último es casi una herejía en el paradigma político actual, donde todo emana de la absoluta certeza del fanatismo. Hoy hay un combate entre enemigos. Los unos de un lado, los otros del otro y un ataque permanente. Nuestros diarios se han convertido en una tribuna local desde donde se abuchea a los de enfrente. Y esto, lo digo y estoy seguro que casi todos lo comparten, no contribuye en nada a construir el país en el que queremos vivir.

Pero es natural, porque estamos viviendo una época en el que hay enemigos y no adversarios. Porque los enemigos combaten entre ellos, mientras que los adversarios luchan por una idea. Y es justamente de esta lucha entre adversarios que la sociedad se nutre para decidir cuál es la mejor solución a los problemas que hay, para optar por el país en el que quiere vivir.

Estas reflexiones son necesarias: que todos los que pensamos distinto nos juntemos en una mesa a escucharnos y discutir es la forma más segura de llegar a entender un problema y por lo tanto a plantear las soluciones más inteligentes. La demostración empírica de que este sano intercambio no existe es el hecho de que la Argentina tenga problemas casi endémicos, fáciles de solucionar, pero que siguen golpeándonos como si fueran nuevos. La marginalidad y el desempleo son dos de esas cuestiones: no se ha esbozado siquiera un principio de solución porque no hay nadie que se ocupe de pensar en esos temas y ambos se siguen atacando desde una perspectiva eminentemente económica, como una cuestión colateral de la marcha general de la economía. Claro, es lo más fácil y lo que requiere menos esfuerzo.

Pero hay una razón para esto: la política ha perdido su vocación de hacerse desde las ideas. Hoy quienes llegan a ocupar cargos electivos o incluso políticos dentro de la administración, carecen de ideas y ni siquiera se fijan en ellas. La política parece haberse convertido en un camino más para hacer negocios: la corrupción siempre existió, pero hoy hay personas que se acercan a la política  con el único objetivo de amasar una fortuna. Hoy la corrupción no es el pecado de  un idealista o la tentación del que piensa el futuro de nuestro país, es la razón por la que muchos se han volcado al servicio de la cosa pública.

Entre todas las cosas que habrá que reconstruir cuando este gobierno se extinga, es justamente la concepción de la política la más importante, porque si no empezamos por ahí, la historia se seguirá repitiendo. El kirchnerismo se ha alzado con el monopolio de todo, porque se ha creído un movimiento profético, cuando se comportó en realidad como una asociación con fines muy concretos. Nos han querido convencer que gracias a ellos volvió a surgir la política en la argentina, cuando en realidad han profundizado un paradigma donde llega más alto quien mejor sabe operar: por eso se ha basado tanto en construir poderosos mecanismos de inteligencia.

La política es una tierra arrasada, otra más que ha dejado atrás este gobierno, otro aspecto más que necesitamos reconstruir los argentinos. Para eso tenemos que empezar a entender que la política es la discusión de las ideas, el debate y sobre todo, el saber que el otro puede tener la solución que yo no encuentro, la inteligencia que me falta. Pero es también una cuestión cultural, el argentino por su naturaleza desprecia lo que piensa el otro, se cree un genio: claro que en soledad nuestra voz es la del hombre brillante, pero entre muchas otras se torna sólo una idea más y eso nos aterra. Tenemos que perderle el miedo al pensamiento del otro, porque no es muestra de debilidad el apreciar la capacidad de los demás, sino más bien el gesto de la más grande fortaleza.

Todos los argentinos tenemos el deber de volver a construir la política, de volver a armar este espacio de ideas donde se define el país en el que vamos a vivir. Si no lo hacemos, seguiremos improvisando al ritmo de las tragedias y terminaremos viviendo en el país que nunca quisimos tener.

Empiezo por decir que todo derecho genera una obligación, en principio, la obligación del Estado. Pero detrás de esa obligación está otra, que es la de los ciudadanos a contribuir a ese Estado, lo cual se hace a través del pago de impuestos. Pero el Estado, que en el fondo es un espacio de poder, ha sabido con el tiempo disimular ese pago de impuestos y a veces nos cuesta dimensionar con claridad todos los impuestos que estamos pagando.

A muchos les asalta un ataque de rabia cuando ven que les descuentan el impuesto a las ganancias del sueldo, pero pocos se indignan cuando al gastar mil pesos, cerca de ciento setenta y cinco pesos, van directo al arca del Estado (el IVA). Y estos son sólo los impuestos que terminamos pagando todos los ciudadanos. También están los impuestos que pagan las empresas, sobre todo las grandes empresas. Esos que cuando el Estado los crea salimos todos a festejarlos, porque creemos que por fin están pagando los grandes en lugar de los chicos. Otra ilusión: como especialista en gestión sé muy bien que las empresas cuando tienen que pagar un nuevo impuesto suben los precios. Esto quiere decir que, por más que los aplausos quieran ocultarlo, cada vez que se le agrega un impuesto a una empresa, somos todos los ciudadanos los que sin darnos cuenta nos solidarizamos y lo pagamos en el precio de lo que nos venden.

¿Cuántos días trabajamos por año para pagar impuestos? Hay muchos valores, pero he visto alguno que roza los 215 días al año: es decir que en el año, una persona puede aprovechar el fruto de su trabajo, recién después del día 215, porque hasta ese día ha trabajado sólo para pagar impuestos. Sin detenerme en el valor, quiero llegar finalmente al punto: nuestro trabajo es la forma que tenemos de contribuir al Estado, para que éste haga lo suyo y garantice los derechos de las personas.

Entonces, volviendo a la frase con la que abrí mi artículo, si ante cada necesidad se crea un derecho, significa que ante cada necesidad los argentinos deberemos trabajar más y más para garantizar los derechos de todos, porque serán necesarios más impuestos para poder financiar ese derecho. Esto muchas veces no lo entrevemos con claridad y entonces reclamamos más derechos para todos, sin darnos cuenta que terminaremos pagándolos entre todos, siendo los que llevan la peor parte los trabajadores. Porque en definitiva, los más débiles, los que no pueden o no quieren trabajar, se ven beneficiados por este sistema. Así, la tentación de convertirse en un “débil” es cada vez más grande. Y en este punto hay que dejar algo en claro: el trabajo estatal no cuenta realmente como “trabajo”, porque son justamente los mismos trabajadores los que pagan esos sueldos, no surgen de una actividad económica.

Yo soy un partidario de que necesitamos un Estado fuerte que genere condiciones para que se cumplan los derechos de las personas. Y estoy convencido de que la necesidad realmente crea derechos. Pero tampoco podemos tener una masa de trabajadores que día a día se despiertan y van a su trabajo para garantizar los derechos de otros muchos que no tienen el mismo nivel de esfuerzo.

Hay quienes dicen que sólo es cuestión de que el Estado administre mejor los recursos que tiene, pero no olvidemos que el Estado es también un espacio de poder y como tal tiene que ser sostenido: lamentablemente a fuerza de beneficiarios y gente que muchas veces se aprovecha de su posición, lo que nunca va a cambiar. Hay un adaggio que reza: “Es fácil administrar la abundancia, lo difícil es administrar la escasez”. Los operadores del Estado primero se pagarán a sí mismos lo que les corresponda, con salarios o dádivas, y luego se ocuparán de los derechos de los ciudadanos. Y cuando haya escasez, entonces deberán recortar derechos… y si no recortan derechos, entonces tendremos que trabajar cada vez más días al año para sostenerlo: muchas más alternativas no hay. Hoy el Gobierno ante la escasez favorece el impuesto inflacionario, variable de ajuste que la Argentina ha fomentado siempre para cubrir las ineficiencias de un Estado que cada vez exige más a sus ciudadanos.

No nos engañemos, los derechos son algo maravilloso, pero recordemos que alguien tiene que pagar por ellos. Cada vez que se crea un nuevo derecho, cada vez que se anuncia un aumento jubilatorio, que se crea un subsidio o que se fomenta alguna actividad desde el Estado, somos todos nosotros los que pagamos, por más que nos quieran hacer creer que le van a cobrar más impuestos a los grandes. Los grandes y el Estado nunca son los primeros en sufrir, antes que ellos sufran, se va a desangrar primero el pueblo entero.

En el mundo entero esas ideas han desaparecido, porque quedó demostrado que las cosas estaban cambiando y la gran mayoría de los países desarrollados entendieron por fin que nada podía pasar por el marxismo. Y así fue como el rojo, excepto en algunos reductos, se vio extinto en pocos años.

Pero en Argentina, tal vez sea por esa sistemática negación que tenemos al futuro, hoy hay todavía personas que sueñan con ideas de izquierda. Tal vez la culpa de esto la tenga el hecho de que en muchas universidades públicas todavía existen docentes aferrados a esas entelequias del pasado: nunca tuvieron que salir del claustro a conocer la realidad y por eso seguramente el marxismo les resulta seductor.

Hoy la izquierda representa el mayor de los atrasos, es la mirada al pasado y el resentimiento del paraíso perdido. Y con todo eso sobre sus hombros sale a buscar la revancha. Hoy tenemos un ministro de Economía que aplica recetas de izquierda: porque la izquierda, por su propia naturaleza, niega la libertad a las personas. Tanto afán por mejorar la vida de las personas los convierte en jueces y mesías. En su obsesión transforman sus buenas intenciones de un mundo mejor en una epopeya totalitaria: los demás tenemos que recibir ese mundo mejor por las buenas o por las malas. De ahí surgió el terrorismo que implementó la izquierda en el pasado.

Y el actual gobierno, que parece nutrirse de la izquierda, todo lo quiere controlar, en todo quiere inmiscuirse. La Unión Soviética cayó por una sola razón: la pérdida de eficiencia. Todo costaba mucho más, porque un control tras otro sólo hacen que crezcan las burocracias. Así, uno termina haciendo y diez controlando. Por eso las personas en los sistemas comunistas vivían en la pobreza: hay muy poca gente trabajando y por lo tanto escasean los bienes y servicios.

Cuando estaba haciendo mi maestría, en el curso de macroeconomía nuestro profesor dijo una vez que “las economías pueden ser más o menos planificadas, pero siguen siendo lo mismo”. Porque no hay una economía de izquierda y otra economía de derecha, sólo que la izquierda quiere digitar todo. Y así es como empiezan a surgir los problemas. Pero la poca creatividad de los que se conciben a sí mismos como “progresistas” sólo sabe solucionar los problemas con controles. Y si algo no funciona, entonces se necesitan más controles. Así bajó el dólar, con controles. Pero el problema persiste, sólo que explotará por otro lado o bien se difiere su explosión en el tiempo.

En la Unión Soviética, cuando las cosas estaban mal, se intentaba suplantar la realidad con el relato, de ahí la persecución que realizaba el régimen para con todos aquellos que intentaban mostrar lo que sucedía. El comunismo totalitario también creía que a fuerza propaganda se podía transformar la realidad.

Es que la izquierda, más que una ideología, más que una doctrina, ha demostrado ser una colección de métodos para transformar las cosas, métodos regidos por los principios del control y la propaganda. Lo sé, todos los totalitarismos tienen esos métodos, lo que sólo quiere decir que la izquierda no es más que otro totalitarismo: las ideas se convirtieron sólo en la forma en que se justifican las aberraciones.

En nuestro país también se aproxima la caída del muro. Pronto este experimento que fue el Kirchnerismo verá su fin. Pero mientras en la Argentina haya personas que sigan teniendo fe en que la izquierda es un camino viable para nuestro país, entonces corremos el riesgo de volver a caer en este error.

Yo no creo que el Kirchnerimos tenga ideología, simplemente ha sabido leer en la sociedad un anhelo que los 90 ayudaron a construir: más Estado y más izquierda, para contrarrestar el saqueo que se hizo bajo la falsa bandera del neoliberalismo. El Kirchnerismo, que nació bajo el rótulo del peronismo, encontró en la izquierda la justificación para todo lo que vendría después de la 125, punto de inflexión en el discurso del gobierno. Pero eso fue lo que hizo que personajes que han estado siempre en espacios de izquierda se hayan puesto al servicio del poder: les vino bien el viraje ideológico.

Pero ciertamente todo esto fue posible porque en la Argentina no tenemos esa aversión por la izquierda que tienen otros países. Todavía creemos que más Estado y más control todo lo pueden: es ese totalitarismo que parece inspirarnos como país. Este proceso concluirá y nuestro actual ministro de Economía, con todas sus metodologías soviéticas también se irá. Pero más importante que su conclusión es que no se vuelva a repetir en la historia de nuestro país un nuevo experimento como este, que a fuerza de fanatismo nos hizo perder una década que podría haber sido verdaderamente ganada.

Es un lobby del que torpemente se hacen eco sindicatos y políticos, incluso los medios y la sociedad en general. Es un lobby que engaña, que a fuerza de falacias consigue lo que casi ninguna empresa logra en el mundo: que el Estado transforme su negocio inviable en uno viable.

Todos entran en pánico cuando una automotriz amenaza con cerrar o con suspender a sus trabajadores. Los sindicatos inmediatamente corren detrás de la fuente de trabajo: absurdo y anacrónico eufemismo para referirse a su ignorancia para proponer soluciones que garanticen un trabajo digno a todos y que se pueda sostener en el tiempo. Porque lo importante no es que la fuente de trabajo no se destruya, sino que haya trabajo para todos.

Tal vez por sostener una fuente de trabajo no se está permitiendo que las mismas se multipliquen. Un ejemplo concreto: ¿qué genera más trabajo, mil pesos gastados en un restaurante o mil pesos gastados en un auto? En el primer caso se trata de una actividad de mano de obra intensiva, en el segundo, la mayor parte del dinero se termina gastando en materia prima y energía. Porque si bien el auto se construye con trabajo, cuestan más la materia prima y la energía utilizadas que los salarios. Pero la pereza intelectual de los sindicatos no les permite hacer este balance y se arrojan sobre la fuente de trabajo que se pierde, en lugar de concentrarse en la fuente de trabajo que se podría generar. Siempre los ojos puestos en el hoy y nunca en el futuro.

Desde el gobierno inmediatamente se les presta ayuda -subsidios, financiación, exenciones y facilidades- para que puedan seguir generando un producto que la gente quiere a toda costa: los argentinos parecieran estar más enamorados de sus autos que de sus mujeres. Se piensa en la pérdida para la economía y entonces se incurre en una pérdida aún mayor, para evitar aquella que era menor. Así absurdo como suena, así sucede. Si la gente no compra autos, porque no puede, entonces gastará su dinero en otra cosa, por lo que aquello que no absorbe la industria automotriz, lo absorberá otra industria.

Pero nadie se da cuenta de esto. Parece que si la gente no gasta su dinero en comprar un auto, entonces prenden fuego los billetes. Si desaparecen las automotrices, entonces otro sector se encargara de dinamizar la economía y de contribuir a su desarrollo. No es necesario que todos los ciudadanos “ayudemos” a estas gigantescas empresas para que sigan desarrollando su lucrativa actividad a costa nuestra.

Con el tiempo algunos negocios que se consideraban genuinos han pasado a ser odiados por todos. Pensemos en el tráfico de esclavos: en algún momento se dejaron de comerciar esclavos. A nadie se le ocurrió continuar con este negocio porque se iban a perder fuentes de trabajo o porque la economía iba a perder dinamismo. Lo mismo sucede con las tabacaleras: nadie en su sano juicio diría que hay que fomentar el consumo de tabaco para que no se pierdan fuentes de trabajo de la industria tabacalera. Y por último, nadie aceptaría reducir las normativas con respecto al cuidado del medioambiente que tienen que respetar las petroleras (las pocas que tienen y que cumplen), sólo para dinamizar la economía.

Ninguna nación cayó porque el tráfico de esclavos se terminó, ninguna economía quebró porque disminuye el consumo de tabaco. Pero parece que el mundo se va a hundir si se fabrican menos autos. Este mito lo han creado las propias automotrices, sobre todo los ejecutivos de las mismas, para salvar sus trabajos y sus salarios.

La industria automotriz es además un problema para la salud de nuestro planeta. Incentivarla implica directamente incrementar la contaminación y por lo tanto atentar contra nuestro nivel de vida. La sociedad ha desacreditado ya a las tabacaleras y a las petroleras. Pronto será el turno de las automotrices. ¿Llegará el día en que también les haremos juicio por los problemas respiratorios y la disminución en la esperanza de vida que nos causan sus productos? Hoy la Ciudad de Buenos Aires, según la Organización Mundial de la Salud, registra niveles de contaminación que son perjudiciales para la salud. Sabiendo esto,  ¿quién quiere ahora que haya más autos circulando? ¿Quién quiere que con nuestro dinero se financie la contaminación de nuestro aire y la consecuente reducción de nuestros años de vida?

Los tiempos de nuestra ignorancia, aquellos en los que veíamos la contaminación y creíamos que era un signo de progreso, ya se terminaron. La industria automotriz no es la única forma de dinamizar la economía y tampoco es la única que genera puestos de trabajo. No sólo eso, los productos de la industria automotriz contaminan nuestro aire y disminuyen nuestra calidad de vida. Pero todo esto lo ignoran los principales actores de nuestra escena nacional, e incluso del mundo entero (recordemos que varios países han rescatado a GM de la quiebra). Es hora de que dejemos de creer en estos mitos de las automotrices.

La enfermedad, el hambre, la contaminación. Todos estos son problemas. Porque necesitan una solución, porque no son parte de nuestro mundo ideal, sino que queremos que dejen de existir. Las villas no son un problema, son una realidad. Como toda realidad tiene sus problemáticas, sus desafíos y sus dificultades. No es sólo una cuestión meramente verbal, sino que calificarlas de “problema” pone de manifiesto un reduccionismo que olvida que, quienes habitan estas áreas de la ciudad, tienen también el derecho a participar de la solución y ser meros espectadores de intentos “civilizadores”.

Estos asentamientos precarios tienen una gran carencia, que es la ausencia del Estado. Ausencia que van ocupando otras organizaciones, como el narcotráfico en el peor de los casos. Es justamente esta ausencia la que las hace un lugar vulnerable y un ecosistema en donde la inseguridad es un victimario de sus habitantes y no su construcción, como muchos creen. Esta ausencia del Estado también se refleja en la precariedad de otros tantos aspectos de las villas, como el acceso a la vivienda, al agua, al sistema de cloacas, a los servicios básicos, etcétera.

Las villas se perciben como algo que exige una urgente solución cuando se las mira desde la perspectiva de quien no puede tolerar lo distinto: entonces se convierten en un problema, porque es una realidad que no podemos tolerar. Tal vez fue esta última década, que educó a los argentinos en esta intolerancia sistemática, en la que el otro, desde el momento en que es distinto, pasa a ser un problema y no una parte de la realidad que tenemos que integrar a nuestros paradigmas. Es un ideario que se ha difundido y que nos ha afectado a todos por igual, porque no importa de qué lado estemos, nos hemos acostumbrado tanto a no soportar lo que no es igual a nosotros, que no sabemos apreciar que es justamente la gran diversidad la que formó el país que hoy tenemos, cuando las masas de inmigrantes coparon la Argentina durante todo el siglo pasado.

Es innegable, las villas son algo distinto, porque lamentablemente han crecido al margen de la ciudad, se han desarrollado a pesar de la ausencia del Estado y se han erigido con todo su contraste en medio del tejido urbano. Sin embargo, la ciudad no supo integrarlas y por eso siguen distinguiéndose claramente en el paisaje ciudadano. Es a raíz de esta clara distinción, de este “desentonar” con el resto de la ciudad, que terminan percibiéndose como un inconveniente. Son lo distinto, son lo que hay que “urbanizar”, para pasarle por encima y armonizarla con el resto de la ciudad, para que de una vez por todas desaparezca lo que no se nos parece. Desde esta perspectiva, las villas son definitivamente un problema.

Los que suelen tratar estos temas, los que analizan este “problema de las villas”, no se detienen a entender las miles de historias que hay en esos lugares, que viven y sobreviven, muchas veces en medio de la hostilidad. En las villas habitan los que no tienen voz, por eso pocas veces escuchamos a quienes defiendan su existencia, a quienes propugnen un debate desde adentro de la villa y no desde la abstracta intelectualidad o los despachos gubernamentales. Las villas son una realidad concreta y no un problema. No hay nada que solucionar, sólo hay que trabajar en la integración y en garantizarles a todos los argentinos sus derechos. Pero por sobre todas las cosas hay que esforzarse para que el Estado llegue a todos por igual y sin distinción.

Querer transformar la vida de aquellos que no tienen voz no es una tarea para sordos. Porque si no tienen voz, es porque nadie se ha ocupado en dárselas. Todos quieren resolver el “problema de las villas”, pero nadie quiere darles la voz a quienes viven allí para que puedan autodeterminar cuáles son las soluciones a sus dificultades. Porque como toda intolerancia, no se basa en escuchar al otro, sino en avasallarlo y excluirlo del debate. “El problema de las villas” se solucionará cuando los sin voz puedan expresarse y, finalmente, se comience a percibir que las villas no son un problema, sino parte de nuestra propia realidad.

El concepto de cliente, que tanto suele disgustar a quienes están vinculados a organizaciones sin fines de lucro y mucho más aún al sector público, es un concepto básico que pone el foco en el hecho de que estamos haciendo las cosas para alguien y que es justamente ese alguien quien juzga si lo que hacemos es bueno o no para él. Desde esta perspectiva podemos decir sin problema que el Estado tiene clientes: es decir, todos nosotros. Y los clientes somos siempre lo más importante.

Los clientes del Estado argentino somos un grupo bastante heterogéneo. Hay ricos, hay pobres. Hay gente que vive en grandes urbes y gente que no. En marketing, frente a un grupo de clientes tan diverso, se apela al concepto de segmentación: se los agrupa en distintas categorías y se diseña un producto distinto para cada una de ellas, tal como vimos en el ejemplo del auto. Pero parece que el Estado argentino ignora este concepto de segmentación y entonces las leyes se diseñan pensando que los argentinos somos un grupo homogéneo. El resultado de tamaña discrepancia entre concepción y realidad es que las leyes que se elaboran terminan teniendo utilidad sólo para una fracción de la sociedad: aquella que está en el imaginario de quienes diseñan las leyes.

Es predecible que la primera reacción de quienes lean este artículo sea decir que el Estado no es una empresa y que las leyes deben ser iguales para todos. Y es verdad. Pero que el Estado no sea una empresa no quiere decir que no podamos utilizar herramientas que se han desarrollado en el sector privado para mejorar la gestión pública. ¿O hay alguien que se oponga a que los trámites puedan hacerse por Internet? Aquí sucede lo mismo. Por otro lado, diseñar las leyes apuntando a un determinado sector de la sociedad no es distinguir entre ciudadanos, sino asegurarse de que nuestro marco legal cubra las necesidades de toda la población.

Podría decirse que en la Argentina, las leyes han sido diseñadas por la clase media y para la clase media: la marginalidad queda entonces fuera de la ley, no se la contempla. Hay una razón: quienes se ocupan de la cosa pública pertenecen mayoritariamente a las clases media y alta. Quienes ejercen cargos públicos también pertenecen a la clase media. Esto hace que la realidad de dichas personas sea de clase media y por lo tanto los problemas con los que están en contacto son los de la clase media. Por otro lado, cuando se trata de atacar situaciones de marginalidad, hay o parece haber un grupo de expertos, de clase media, que opinan sobre realidades y problemáticas que no conocen porque ellos nunca vieron de cerca la marginalidad. ¿Cuántos políticos se ocuparon de comprender las problemáticas de la villa? En general su único contacto con la pobreza está dado por las recorridas turísticas esporádicas que hacen rodeados de sus aparatos y estructura.

Para ejemplo de todo lo que se viene discutiendo hasta aquí tomemos el caso del trabajo infantil. Cualquier persona de clase media se horrorizaría de sólo pensar en que sus hijos o nietos de catorce años tengan que salir a trabajar. ¿Pero qué sucede con las clases más humildes de nuestro país? ¿Es acaso una aberración que los chicos de catorce años trabajen? Un chico de clase media de catorce años pasa el día en el colegio, jugando y haciendo deporte. A los catorce años, un chico de áreas marginales ya vio tiroteos, narcotráfico, violencia, tal vez robó y hasta podría ser adicto al paco. Claramente, son dos chicos distintos. Y, en mi opinión, a ese chico de catorce años que vive en zonas marginales le vendría muy bien trabajar, bajo un régimen especial, por supuesto, porque el trabajo le daría una estructura a su vida y no estaría rondando por los pasillos de la villa, mientras que al otro trabajar lo perjudicaría porque está en el momento de aprender. Sin embargo, nuestra legislación dice que una persona de catorce años no puede trabajar. Esta ley fue pensada por la clase media y para los adolescentes de clase media. Idealmente todos los chicos de catorce años deberían ir al colegio y llevar una vida sana. Pero la realidad es más dura que la utopía y las leyes deberían construirse desde esta realidad y no desde un estado ideal que cada vez nos resulta más difícil alcanzar. Porque las soluciones ideales nunca les llegan a las personas reales.

Las leyes son iguales para todos, pero deben ser diseñadas de tal forma que no beneficien sólo a un sector, sino que incluyan en su diseño alternativas para el grupo de argentinos heterogéneos que somos.

Antes de diseñar un producto, las empresas estudian muy bien las necesidades de sus clientes. No asumen lo que ellas quieren darle sino que analizan qué es lo que el cliente prefiere o espera recibir. Si aplicáramos este concepto al diseño de las leyes, entonces no deberíamos diseñarlas según lo que creemos que es bueno para las personas, sino mirando qué necesitan y preguntándoles a ellas mismas cómo sería la mejor forma de satisfacerlas, para que la marginalidad ya no quede fuera de la ley.