¿Qué tan dura es la lucha que se está librando contra el narcotráfico? No es cierto que es invencible: el crimen organizado no puede superar nunca con sus fuerzas al Estado. Tal vez la delincuencia sea más ágil, a lo que se le agrega la ventaja operativa de no tener límites morales, pero definitivamente nunca podrá ser más fuerte que el Estado. Ninguna persona que pertenezca a una fuerza de seguridad y esté en su sano juicio dirá jamás que el narcotráfico es invencible.

Pero volvamos a la pregunta anterior. ¿Se está librando una verdadera lucha contra el narcotráfico? El Gobierno anterior desplegó varios operativos con nombres rimbombantes, pero los resultados tal vez no difieran de lo que se venía haciendo hasta ahora. Parecería que se trató más de una acción de marketing orientada a llevar tranquilidad a la población antes que de un despliegue genuino. Seguramente, y estoy haciendo una hipótesis, se les asignó a las operaciones en curso un nuevo nombre y se lo comunicaron a la sociedad bajo la apariencia de un redoblado esfuerzo por combatir al crimen organizado. ¿Los resultados? La calle nos dice que la droga sigue entrando al país.

El problema del ingreso de drogas a la Argentina no es un problema técnico. Todos conocemos cómo lo hacen y las fuerzas de seguridad ciertamente cuentan hasta con detalles de esta operatoria. Incluso se sabe perfectamente cuál es la solución. Hace ya un tiempo Jorge Lanata, en una entrega de Periodismo para Todos, habló de la falta de radares en la frontera. El crimen organizado prefiere utilizar el método de entrega aéreo, porque los cielos argentinos son más vulnerables que los pasos terrestres. La droga entra por el aire. Todos sabemos que la radarización de la frontera es parte de la solución. Luego tenemos que asegurarnos de que las fuerzas de seguridad cuenten con los procesos y los elementos para alcanzar estas naves áreas e interceptar las cargas entregadas. Pero si se conoce la solución, ¿por qué no se implementa?

A esta altura no creo que nadie se atreva a hablar de falta de fondos. Todos sabemos que el dinero existe. La cuestión es que se está gastando en otras cuestiones. Tal vez se le compra a las fuerzas equipamiento de otra índole, tal vez se termina gastando en puestos administrativos, en remodelación de oficinas, en estudios y operaciones que tienen poco impacto o incluso en cuestiones que benefician a un reducido grupo de personas, en detrimento de la fuerza en su conjunto. Todas estas son posibilidades y con la falta de datos duros que caracteriza a nuestra Argentina de hoy es imposible saber qué está sucediendo realmente. La única certeza es que los radares no aparecen y los que están desplegados no queda claro si funcionan como deberían, si son realmente útiles o si en definitiva son piezas de utilería.

Si el problema no es el dinero, si no es una cuestión técnica, entonces sólo queda pensar que se trata de falta de voluntad política. Como en tantos otros temas, muchos son los que hablan de seguridad: son los mismos que no trabajan ni mueven a la gestión para concretar soluciones sustentables. Sólo palabras. Cuando vamos a la realidad, la seguridad no es una prioridad.

Personalmente, no creo que sea connivencia, creo que es desidia, falta de ganas de solucionar las cosas y sobre todo, de un foco puesto en cuestiones menores, en rencillas internas, en privilegios adquiridos que no se quieren perder. En mis muchas charlas con uniformados nunca tuve la percepción de que fueran ellos a los que les faltan ganas de trabajar; de hecho, veo gran vocación en todas nuestras fuerzas. ¿Estará el problema en los altos mandos? ¿Estará el problema en los funcionarios? Tal vez todos ellos no están haciendo su trabajo. Tal vez mientras se dedican a buscar un lugar donde el sol sea más cálido se terminan olvidando de todo un país que queda a merced del crimen organizado.

Como sociedad tenemos que saber reclamar soluciones duraderas y no conformarnos con operativos fugaces que no tienen otra intención más que serenar los ánimos. Los responsables de la seguridad suelen apostar a nuestro olvido, sabiendo que nuestro reclamo se apagará con el tiempo. Solucionar los problemas de seguridad de la Argentina no requiere ni grandes soluciones técnicas ni grandes inversiones, sólo dedicación. Pero mientras los responsables de implementar las soluciones sean personas con escasos conocimientos u oportunistas devenidos en especialistas, seguiremos sufriendo las consecuencias.

Pienso que la seguridad no es un área para que haya puestos políticos, es un área técnica en la que tienen que involucrarse especialistas en seguridad y gestión en todos los niveles de responsabilidad, desde los ministros hasta los efectivos. De otra forma, la desidia y la falta de conocimiento seguirán siendo los verdugos de una sociedad que pide a gritos que se detenga al narcotráfico.

El primer gran error es el de desvincular la delincuencia de la pobreza. Lo quiero dejar claro desde un principio, en la Argentina son dos realidades íntimamente relacionadas. El argumento principal es que mientras en otros países del mundo existe tanta pobreza como acá, la delincuencia no tiene los mismos niveles. Incluso se suele hablar del fenómeno de Estados Unidos, en donde en los momentos en que atravesaba su pico de delincuencia no era precisamente el de una crisis económica.

Paralelos de este tipo dejan de ser válidos desde el momento en que los fenómenos sociales complejos están inevitablemente enmarcados en una cultura y en un momento histórico. Así como sería absurdo analizar el comportamiento delictivo en la Edad Media y a partir de ello querer extrapolar soluciones para la Buenos Aires de hoy, también es absurdo analizar el delito en otros países y querer extrapolar soluciones para la Argentina: son paisajes sociales completamente distintos.

La definición de pobreza, ya sea implícita o explícita, varía entre países. En naciones como Alemania, la gente puede considerarte pobre si no podés comer embutidos todos los días. De hecho, hubo en su momento en una ciudad de Alemania una campaña para que todos los chicos al mediodía puedan tener su sándwich no vegetariano. A nosotros nos parece absurdo, pero en una sociedad donde existe un alto nivel de bienestar, los pobres son aquellos que no disfrutan de todos los beneficios del sistema. Porque la definición de pobreza implícita, aquella que está en la mente de las personas, es una definición relativa y por lo tanto toma como parámetro aquello que vemos a nuestro alrededor. Hace unos días una adolescente de la villa 21-24 fue a misionar al interior y al volver le dijo a su madre: “Ahora entendí lo que es la pobreza”. Ella se encontró en esa misión con personas que vivían peor que ella y entonces los consideró pobres. Esta definición implícita de pobreza que nos formamos está entonces vinculada a nuestras propias posibilidades económicas. La definición explícita suele estar fuertemente relacionada con la implícita, siendo justamente una objetivación de aquello que pasa por nuestras mentes. Por eso es que a quien se considera pobre en Alemania aquí sería una persona con un pasar bastante digno.

Teniendo en cuenta lo anterior, en países más desarrollados, pobreza y delincuencia no tienen ningún tipo de relación, porque aquellos que menos tienen todavía algo tienen y llevan una vida digna. Pero en América Latina de la pobreza surge la marginalidad, que es algo mucho más lacerante que la pobreza: se trata de personas que no están dentro de la sociedad, que no pueden insertarse en ella, no pueden contribuir y por eso no se sienten parte. De la marginalidad nace una brecha entre los que sí y los que no, y de esa brecha surgen dos sociedades. Siempre es fácil justificar la agresión contra el que no se concibe como un semejante, la agresión contra el que está en mi contra: los que viven en la marginalidad saben que los otros los quieren presos, los quieren ver desaparecer. Y los que no están en la marginalidad saben que los otros les quieren quitar lo que tienen. El sufrimiento del contrario no nos conmueve, es una regla de la humanidad.

Y de la marginalidad surge la delincuencia. De esa brecha casi insalvable entre las dos sociedades surge el delito, que se vive como el ataque de una facción contra la otra. ¿No es el narcotráfico la causa del delito? No, simplemente aprovecha ese sustrato delictivo para nutrirse y crecer: en las villas está la mano de obra, pero los compradores viven fuera. Es obvio, los pobres nunca son buenos clientes, ni siquiera para el narcotráfico.

Existe el pensamiento, trivial por cierto, de que aumentando las penas se termina con el delito. Encarcelar al delincuente no tiene otro fin más que sacar de la sociedad a aquel que la agrede. El problema en la Argentina es que hay tantas personas en situación de marginalidad que, cuando un delincuente es abatido o encarcelado, hay muchos más esperando para tomar su lugar. Endurecer las penas es una medida que asume que el potencial delincuente entiende las consecuencias de sus actos: no es cierto, los jóvenes que salen a delinquir tienen la idea de que ellos son brillantes, mejores que los demás y por ello nunca los van a atrapar. No importa cuántas veces la realidad les demuestra lo contrario, esa idea perdura, lo he visto con mis propios ojos.

No creo que el garantismo sea una doctrina judicial válida, todo lo contrario, las penas deben aplicarse y con la intensidad que corresponde: quien delinque debe ir a la cárcel. Pero resulta ciertamente injusto que solo terminen en la cárcel aquellos que no tuvieron los medios para poder escapar del brazo de la ley.

En la Argentina, cualquier programa contra el delito que no ponga el foco en la inclusión y la prevención es un programa condenado al fracaso. La urgencia de la situación a veces nos obliga a buscar soluciones de corto plazo, pero lo cierto es que no existen estas soluciones. Endurecer las penas, poner el foco en el aparato policial y judicial no es más que combatir el síntoma. Y lo peor del caso es que el síntoma es tan intenso que tanto el Poder Judicial como las fuerzas de seguridad se enfrentan a un reto más grande que su propia capacidad. Nuestro país se encuentra en una situación complicada y necesitamos de toda nuestra creatividad para poder revertir esta situación donde parece que el delito está llevando las de ganar.

El hecho de que haya más policía no muestra que se transita una vía de solución, sino que el problema es más grande. Es muy sencillo: si no hubiera delito en la Argentina,  no necesitaríamos fuerzas de seguridad internas. El despliegue policial no es una solución, es en realidad un síntoma del delito,  una reacción tardía, necesaria pero tardía. Cuando tomamos la determinación de incorporar más policías es porque ya nos hemos quedado sin ninguna otra solución, porque ya no queda más remedio. A veces se debe también a la ausencia de creatividad: siempre es más fácil incorporar recursos antes que ocuparse de desarrollar planes que tengan un impacto real contra el delito.

Quienes asesoran al gobernador Scioli creen que el hecho de que haya 10.000 nuevos policías es algo de lo que ufanarse, cuando en realidad es la evidencia más burda de que se ha fracasado. Nuestra sociedad no lo ve así, es que todavía no hemos evolucionado lo suficiente. Hay una famosa frase que dice que “la guerra es la continuación de la diplomacia por otros medios”. Mientras que nuestra sociedad se ha sensibilizado frente a la guerra y exige siempre la solución diplomática, no ocurre lo mismo con el delito. Acá se pide que se ataque a los delincuentes, que se saque más policía a la calle: es el equivalente a pedir que para solucionar un problema con un país vecino es necesarios enviar más ejército a combatir.

Pero no se trata sólo de un fracaso rotundo para combatir el delito. A mi mente vienen todavía más preguntas: ¿Con qué recursos cuentan estos nuevos 10.000 policías? ¿Fueron debidamente capacitados? ¿Se insertan en una estructura que está preparada para ponerlos a trabajar contra el delito? ¿O sólo los van a desplegar para que la opinión pública se asombre con el desfile? Esto es casi como los desfiles militares de Corea del Norte: mucha pompa, pero todos sabemos que es un país pobre y débil. Los fuertes no necesitan ostentar su fortaleza.

Tampoco quiero excederme en criticar por demás a la administración de Scioli, porque es cierto que todos los distritos hacen lo mismo. Sacar más policía a la calle es la forma que tienen de poner de manifiesto que se están ocupando de la seguridad, cuando todos sabemos que la solución al problema del delito no pasa por la policía. Lejos de mí está decir que hay que suprimir las fuerzas de seguridad: lo tengo claro, son más que necesarias, sobre todo en un contexto como el actual. Pero tenemos que entender que las fuerzas de seguridad nunca van a solucionar el problema del delito.

También es cierto que en este último tiempo el gobierno de la Provincia de Buenos Aires se ha empeñado en crear un gran espectáculo de fuegos artificiales para mostrarle a la gente que está ocupándose seriamente del tema de la seguridad: la aberración de las policías municipales, la excesiva publicidad del operativo sol con foco en las fuerzas de seguridad, las escuelas descentralizadas de policías y ahora diez mil agentes más. Una mención especial requieren estas escuelas de policía descentralizadas, que sería el equivalente a decir que mi casa es más grande porque la dividí en más ambientes.

Yo entiendo que el gobernador tiene una restricción presupuestaria, tiene al Gobierno nacional en contra y que el camino de la ilusión es más fácil que el del esfuerzo intelectual de buscar soluciones creativas. Pero así como entiendo eso, también veo que ya lleva varios años en el poder y no ha logrado mejorar la situación de la provincia en este sentido particular. No puedo dejar de preguntarme si esta administración podrá hacerse cargo del problema del delito a nivel nacional. Una pregunta que, ante el panorama que vive nuestra sociedad, es necesario hacerse al momento de votar.

El primer eslabón y el más importante es el de la prevención, pero es a su vez el más descuidado y el menos visible. Una escuela de fútbol en un barrio marginal no le sirve a nadie para salir en los diarios y en general todos lo percibimos como una nimiedad, pero ese tipo de acciones “triviales” son las que hacen que nuestros jóvenes crezcan sanos y lejos de la delincuencia. En este sentido los curas villeros hacen un trabajo maravilloso, porque son de los pocos que en nuestro país han comprendido que antes que buscar a los delincuentes y encarcelarlos, tenemos que asegurarnos que las personas lleven una vida digna.

Una vez que la etapa preventiva falla entra en juego la policía que, como suelo decirles a mis alumnos de seguridad, existe porque hay un problema y ciertamente no es parte de la solución. La policía incluso tiene dos niveles de actuación, uno evidente, que son los patrulleros en la calle y otro menos evidente, que son todas las operaciones e investigaciones que se realizan. Nuevamente los gobiernos suelen poner el énfasis en la parte más visible, dejando de lado la menos visible. Un dato claro que tengo muy presente es que a la mayoría de los delincuentes se los captura dentro de las horas siguientes de cometido el delito, lo que quiere decir que hay más trabajo de la policía en la calle, que de la investigación policial. Pero la policía de la calle sólo atrapa a los delincuentes menos importantes, los de verdad, los que llevan los negocios, sólo se atrapan con investigaciones.

Las fuerzas de seguridad son sólo otro eslabón, porque luego viene el sistema judicial. Incluso hoy estamos viendo que muchos de los problemas de seguridad no vienen por la falta de acción de la policía, sino por la obsolescencia de dicho sistema. Vemos delincuentes prácticamente consagrados que son liberados por los jueces y procesos judiciales que demoran años y años para resolver alguna cuestión.

Pero los jueces actúan sobre la base de la legislación vigente, lo que nos lleva al siguiente eslabón, que son las leyes. Porque si nos quejamos de las salidas transitorias, entonces hay que eliminarlas, impedir que los jueces las otorguen, en lugar de pedirles que las apliquen con mayor criterio. Hoy tenemos un nuevo código procesal, lo que no me queda del todo claro es si es el código procesal que necesitamos. El proceso judicial debe ser lo suficientemente rápido y expeditivo como para que el culpable quede preso y el inocente sea liberado, ¿logrará esto el nuevo código procesal?

Por último, al final de toda esta cadena está el sistema carcelario, que hoy sólo se ha transformado en un muro que protege a unos ciudadanos de otros ciudadanos, porque aunque solemos olvidarlo, los delincuentes siguen siendo ciudadanos. Es cierto que el sistema carcelario tiene como función reinsertar a la persona en la sociedad, función que hoy no sólo no logra cumplir, sino que ni siquiera  tiene el diseño apropiado para cumplirla. Pero si sólo es una barrera entre los que han delinquido y los que no, construida sobre todo para proteger a los que no han delinquido, al menos debe salvaguardar la dignidad de quienes han perdido la libertad. Esto no quiere decir que haya que pagarles aguinaldo y vacaciones, ni que haya que darles salidas transitorias, sino simplemente que hay que garantizar condiciones mínimas en las cárceles. La calidad de persona no se pierde por haber delinquido.

Al escribir este artículo no tuve la intención de hacer un análisis exhaustivo sobre nuestro sistema para combatir la delincuencia, simplemente quise desterrar un mito: más policía no soluciona el problema del delito porque, como se puede ver, las fuerzas de seguridad son sólo un eslabón y no necesariamente el más fuerte, dentro de todo este sistema contra el delito. El problema de la Argentina es que este sistema en su conjunto está desarticulado, necesita ser repensado por completo. Pero siempre es más fácil mostrar más policía en la calle en lugar de concentrarse en trabajar sobre lo realmente importante: porque como siempre, lo esencial es invisible a los ojos.

Es llamativo que después de tanto tiempo de ausencia de estadísticas sobre delito en la Argentina, la primera conclusión que se obtiene de estos novedosos índices es que los extranjeros son una pieza fundamental de las redes del delito en la Argentina. Es también llamativo que gente vinculada a la seguridad y que se supone son profesionales de la seguridad, hagan hincapié en estas herramientas para expulsar extranjeros cuando hay tantas otras cosas, más urgentes y necesarias, que resolver.

Si fuéramos un país lo suficientemente avanzado en materia de combate al delito, me parece que el pedido de la cartera de seguridad es algo plausible. Porque no se puede permitir que los delincuentes vengan de todas partes del mundo para cometer ilícitos en nuestro país. Sin embargo, dada la situación de emergencia en la que se encuentra la Argentina, estas herramientas que reclaman con tanta vehemencia se tornan absurdas.

Lamentablemente no me queda más que pensar que quienes ocupan puestos relevantes en el Ministerio de Seguridad, ante su propia ineptitud, prefieren elegir un chivo expiatorio y es por eso que deciden al unísono reclamar por estas medidas. A nadie que entienda las raíces del delito y que conozca la forma en que deben combatirse sus síntomas, se le ocurriría sugerir que el problema de la delincuencia se combate deportando a los extranjeros que delinquen.

Incluso si hablamos de combatir los síntomas del delito, vienen a mi mente varias docenas de medidas que serían, no sólo más efectivas, sino además de más fácil aplicación, que estas normas de deportación. En este sentido, asegurarse que los sistemas preventivos funcionen adecuadamente es la principal prioridad. Para eso hay que asignar los recursos que corresponden a las fuerzas de seguridad: recursos humanos y económicos. En segundo lugar hay que hacer que el sistema punitivo funcione apropiadamente: una vez que las fuerzas de seguridad actúan, tanto fiscales como jueces deben velar por que se cumpla la ley. En tercer lugar hay que asegurar el efectivo encarcelamiento de aquellas personas que han demostrado ser un peligro para la sociedad. Y todas estas medidas que enuncié aquí no tienen nada que ver con la nacionalidad del delincuente.

Ahora bien, todas estas acciones sólo sirven en el muy corto plazo. Hacer foco en ellas durante un lapso de tiempo que supere los dos o tres años tiene consecuencias muy graves para la sociedad: aumenta la marginalidad, el resentimiento y se termina constituyendo un sistema de opresión más que de justicia, por el cual se busca siempre castigar y nunca promover oportunidades. Por eso es que junto con un plan de corto plazo para controlar los síntomas, es necesario desarrollar un plan de largo plazo para que todos los que vivimos en la Argentina sepamos convivir en paz. 

En este plan de largo plazo debe asegurarse que todos los argentinos tengan trabajo, para así dignificar su vida y alejarlos del camino del delito. Además se debe fomentar la inclusión y la educación. La primera para que todos seamos parte de esta sociedad y la segunda, para que todos aprendamos desde la escuela las normas básicas de convivencia. Y aquí tampoco hice mención a ninguna diferencia entre extranjeros y no extranjeros.

Lo digo de nuevo: combatir el delito no pasa por estigmatizar a los extranjeros. Este brote de xenofobia que se promueve desde el propio gobierno me resulta sumamente llamativo en un país que nace de la inmigración. También me sorprende que este reclamo venga justamente de quienes se llaman “progresistas”.

La delincuencia no es una cuestión del lugar en que alguien nace, sino de un sinfín de factores, entre ellos, las posibilidades que brinda un país, sus leyes y la forma en que funciona su justicia. Y en esto nada tienen que ver los extranjeros, sino nosotros, que no hemos sabido construir las instituciones que puedan garantizar los derechos de todos. Es más, somos los nacidos aquí, los que vivimos aquí, los que hemos sido incapaces de mantener unida a esta sociedad y ahora está divida en dos: los que tienen y los que no. Y esa división, a mi parecer, es la primera causa de la delincuencia.

Hablar hoy de expulsar extranjeros es una barbaridad, sobre todo sabiendo que esta sugerencia viene de los que se supone que son expertos en seguridad. Hay no sólo algo de innoble en esta xenofobia, sino también cierta cobardía en querer ocultar el fracaso de su gestión en estos pedidos que estigmatizan a todos aquellos que han nacido en otro lado y que hoy viven en nuestro país, contribuyendo con su trabajo y su vida a engrandecerlo.

Hay varias herramientas para analizar situaciones de seguridad y ninguna de ellas hubiese nunca indicado que un evento de esta índole podía suceder. El primer punto es que se trata de una zona altamente transitada. La aglomeración de personas suele hacer que un ataque se torne inviable, porque son muchos ojos los que ven, los que pueden alertar y luego identificar. Entonces nadie en su sano juicio cometería un ataque en un lugar así. No estoy pensando en una operación planificada ni en la ejecución de un sicario. Un asaltante convencional que quiere llevarse una bicicleta nunca llevaría adelante un ataque así desde la lógica.

Como suelo decirles a mis alumnos: en seguridad, la realidad supera a la ficción. Aquello que jamás podríamos haber imaginado, aquello que nunca hubiéramos previsto con un análisis lógico y metodológico, puede suceder. Porque cualquier estructura de seguridad, cualquier preparativo, cualquier cosa que se pueda planificar se encuentra, en última instancia, con estas situaciones límite que demuestran que no todo se puede prevenir. Lamentablemente estas cosas pasan y seguirán pasando: no es fatalismo, es sólo esa pequeña parte de la realidad que escapa a todos los cálculos.

Un sistema punitivo más duro es irrelevante también en este caso: quien cometió el asesinato jamás sintió ni la más mínima inquietud por arriesgarse a ser capturado. Aunque a veces un sistema punitivo puede desincentivar a los delincuentes, no olvidemos que este sistema también está pensado desde la lógica y por eso jamás desincentivaría a alguien que escapa a ella. Esto no quiere decir que no haya que juzgar y condenar a quien haya cometido el delito, pero encarcelar no le devuelve la vida a las víctimas.

Esta violencia, la que no se puede predecir, es la que nos marca el límite de las capacidades de las fuerzas de seguridad y del sistema penal. Esta es la violencia que sólo se puede cambiar con inclusión y justicia social. Porque parecería que solo la enajenación puede hacer que una persona se comporte de esta forma. Es la violencia que está enquistada en nuestra sociedad. Hay muchos casos como el del ciclista, pero no todos llegan a los medios. Este es sólo un ejemplo y el punto de partida para una reflexión.

Aunque parezca trivial decirlo, se trata más de un clima de violencia que de un hecho aislado. Por un lado tenemos a quienes viven en la marginalidad y a través de la violencia quieren alcanzar lo que no pueden por otros medios. También están aquellos que presa de adicciones ejecutan cualquier acto para seguir abasteciéndose. Pero también está la violencia que ejerce la sociedad contra todas estas personas, porque es claro que nadie quiere vivir en la marginalidad, pero hay todo un sistema que crea esta marginalidad, la mantiene y hasta me atrevo a decir que se beneficia de ella.

No quiero con esto justificar ninguna atrocidad, pero tenemos que entender que la dinámica de la sociedad se basa más en un esquema de “acción-reacción”, que en el de “acción aislada”. Todo lo que sucede es fruto de acciones previas, es decir que es una reacción. No podemos esperar que quienes viven en la marginalidad o sometidos a alguna adicción reaccionen de otra forma. Es esperable que este tipo de cosas sucedan.

La violencia estructural que se está desatando lentamente en nuestro país no se soluciona con más policía ni con penas más duras. No se trata de ignorar el dolor de las víctimas, porque no sólo es un dolor genuino, sino que además hay una enorme pérdida. Yo soy también soy un ciclista urbano y me podría haber tocado a mí. Sin embargo, es claro que esta violencia desmedida sólo se puede solucionar con inclusión y con una sociedad más equitativa.

Recientemente un docente que invité a una de mis clases recordó que Benjamin Franklin dijo que “quien está dispuesto a sacrificar libertad a cambio de seguridad no merece ni una ni la otra”. Y creo que esto se aplica especialmente al caso de las policías municipales.

Partamos de la base de que los municipios del conurbano son hoy feudos que están bajo el control y voluntad de sus intendentes. En este contexto, darles a los intendentes el control de la policía es un grosero error que pone en sus manos una fuerza que, como todo lo que tienen en su feudo, utilizan para su propio y exclusivo beneficio. No me parece difícil entonces imaginar que estas fuerzas comunales puedan ser una herramienta de extorsión y un engranaje dentro del aparato clientelista de los municipios. Lejos de proteger a sus comunidades, operarán para someterlas todavía más al poder político.

Personalmente, me aterra que incluso se puedan cometer violaciones de los derechos humanos y no habrá nadie que las controle. El control en las organizaciones de seguridad está dado por la existencia de distintas áreas que no tienen contacto entre sí y que se controlan las unas a las otras. Es lo que se conoce en administración como control cruzado. Ahora, este control cruzado pierde su eficacia si las personas que se controlan entre sí tienen una relación estrecha: y cuanto más pequeña es la organización, más estrecha es la relación entre las personas. Entonces, la camaradería, que suele abundar en todas las fuerzas de seguridad, puede transformarse en complicidad en una policía municipal: aquellos que deben controlar miran entonces para otro lado. Más si es el propio intendente el que pide que se omitan los controles, ya que éste tiene a la vez la potestad de remover a la cúpula de su policía municipal. Y esto no se subsana con el control de un concejo deliberante adicto que se fraguó desde el clientelismo político.

Los argentinos nos estamos obsesionando con la inseguridad. Hay delito, es cierto, pero el riesgo que tenemos al obsesionarnos es que terminamos por aceptar cosas que atentan contra nosotros mismos. Hoy hay muchas personas a favor de las policías comunales, porque se han hastiado tanto del delito que cualquier receta alquímica que pueda prometer una solución inmediata será bien recibida. Y de esto se aprovechan los jefes comunales, que han visto en este temor de la gente la rendija perfecta para hacerse de una policía comunal.

El delito debe ser atacado, pero las fuerzas de seguridad son sólo el último eslabón de toda una cadena que tiene que ponerse al servicio de este objetivo. Existe toda una serie de cuestiones de las que nadie habla, que no están en el centro del debate y que son la verdadera solución al problema del delito.

Es aquí donde entra la frase con la que abrí la columna: los argentinos estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad, nuestra seguridad jurídica, para combatir al delito. Y la verdad es que en otros momentos de la historia se ha privilegiado la seguridad física por sobre la libertad y la seguridad jurídica y las consecuencias han sido desastrosas. ¿Sucederá lo mismo con las policías comunales? Que esta obsesión por el delito no nos haga perder la razón: no se le puede entregar a los jefes comunales la policía, porque la usarán para sus propios intereses y en contra de todos nosotros.

Pidamos seguridad, pero no dejemos que las soluciones que nos ofrezcan atenten contra nuestra propia libertad, ni contra la seguridad de nuestros derechos. Merezcamos nuestra libertad, nunca estemos dispuestos a entregarla para obtener mayor seguridad. Porque, como dice el corolario de la frase inicial, no tendremos ni la una ni la otra.

Un día cualquiera me encuentro caminando y paso por la puerta de un supermercado. Entonces veo que una horda se lanza a saquearlo y que todos salen con interesantes productos. Yo tengo dos opciones: sumarme al saqueo o no hacerlo. Sé que no iré a prisión, porque la verdad es que entre tanta batahola será difícil que me puedan individualizar. Sin embargo, veo las cámaras de los distintos canales de televisión. Entonces pienso qué sucedería si determinadas personas me vieran saqueando el supermercado. Tal vez si frente al televisor en ese momento se encuentra algún responsable de los lugares en los que doy clase, seguramente mi carrera académica llegaría a su fin. Si fueran mis amigos los que me ven en flagrante saqueo, seguramente terminen alejándose de mí, porque consideran reprobable mi actuar. Incluso si alguno los clientes que asesoro me viera cometiendo este ilícito, dejaría de contratarme. Ante este panorama, los “castigos” que devienen de mi acto son mayores que el premio que podría dejarme el botín. Se trata fundamentalmente de una decisión “económica”, donde los costos de mi acción son mayores a los beneficios que obtendré de la misma.

Puesto en palabras más lineales: tengo demasiado que perder y no tiene sentido que me arriesgue por el fruto que puedo obtener del acto ilícito.

La marginalidad es justamente no tener nada, es estar fuera de la sociedad, es no ser parte de ella. Ante una situación similar a la que me encontré yo en el ejemplo, alguien que vive en la marginalidad no tiene costo alguno si interviene para hacerse de un botín: no pierde su trabajo, ni sus posibilidades de conseguir trabajo y además su círculo social no necesariamente lo dejará de lado por hacerse de algo de forma irregular. Para quien no tiene, ni es parte de nada, el beneficio obtenido es siempre mayor al costo, según su apreciación subjetiva.

La realidad del delito no se pude reducir sólo a esta cuestión que pongo en análisis, pero ciertamente que es una de las variables más relevantes. Lo que antes desarrollé como las “cosas” que uno puede perder, puede resumirse en realidad en el concepto de posición social. Esta posición es un lugar que uno tiene, un lugar que le gusta y que no quiere perder: puede ser la propia familia, un trabajo, determinadas relaciones, etcétera. No hablo de una posición relativa a las demás personas (ser más o menos que otros), sino simplemente de tener un lugar en el mundo.

Muchos pensamos que sin importar las circunstancias en que nos encontremos, nunca cometeremos un delito, pero eso es pensar desde nuestra posición social actual. Claro, nadie que tenga su lugar en el mundo cometerá un ilícito arriesgándose a perderlo todo. Pero cuando uno no tiene nada, incluso el delito puede ser la forma de hacerse ese lugar, de conquistar esa posición, de darle un sentido a la vida.

Como leí recientemente en un libro de Albert Camus, los hombres fingen respetar el derecho y sólo se inclinan ante la fuerza. No podemos juzgar a las personas que delinquen desde nuestro lugar, sino desde su propio lugar, y no me refiero con esto a cuestiones legales, claro está.

Si todas las personas que se encontraran frente a la posibilidad de delinquir tuvieran algo que perder y entendieran que pueden perderlo, entonces disminuiría el delito. Si todos en este país tuviéramos una posición social, un lugar en la sociedad que podamos decir que es nuestro lugar, entonces la mera posibilidad de perderlo sería ya una restricción importante a cualquier acto ilícito.

La marginalidad es por definición el lugar en el que se encuentran los que no tienen lugar, los que no son parte de la sociedad, los que no tienen nada que perder: están al margen de todo. Si como sociedad no somos capaces de generar los mecanismos para que todos podamos encontrar nuestro lugar, consiguiendo esa posición social que mencioné, entonces la marginalidad se transformará en una condena definitiva. Mientras sigan existiendo personas que están fuera de todo, entonces el delito seguirá proliferando y la alta sensación de inseguridad se irá acrecentando.

Combatir la marginalidad no es sólo un deber moral, sino que es la única forma de garantizar la supervivencia de nuestra sociedad. Creando una posición social para todos y con ello el anhelo de conservarla, es la única forma que tenemos para terminar con esta situación que deja a tantos fuera de todo camino. Un subsidio ayuda a satisfacer necesidades básicas y esto es muy importante. Pero nunca libera de la marginalidad, porque recibir un subsidio no es tener una posición social, no es tener un lugar, sino todo lo contrario: es la confirmación de que como no tenemos la capacidad de encontrar nuestro lugar y construir nuestras propias vidas, requerimos la urgente ayuda de quienes sí pueden.

La marginalidad sólo se elimina con el reconocimiento social y al eliminar la marginalidad se elimina el delito más brutal, el que nos hunde en esta sensación de inseguridad que aqueja hoy a tantos argentinos.