Cuando se trata de optimizar procesos en una organización, quienes nos dedicamos a diseñarlos sugerimos siempre que no haya controles manuales, sino automáticos, siempre que eso sea posible. Pero por sobre toda las cosas, ningún proceso debe verse interrumpido porque un “guardián” demora en ejecutar controles. Esto significa que las cosas deben fluir y debe haber un proceso paralelo de control que no interrumpa el flujo de trabajo, sino que lo observa desde afuera. En caso de que se detecte una irregularidad, el proceso de control intervendrá, pero sin interrumpir el trabajo, solamente marcando el error. De esta forma nos evitamos, por un lado, que los guardianes acumulen poder y, por el otro, que el trabajo se vea detenido por la falta de proactividad de un guardián.

El caso de los subsidios es un caso típico de un guardián que acumula poder, porque requieren que alguien los apruebe u otorgue. El poder en estos casos suele fomentar la aparición de esquemas de corrupción y arbitrariedad. Los subsidios se otorgan en la medida del antojo del guardián, lo que además tiene un efecto colateral y es que pueden crecer indefinidamente, lo que hace que su desmesura genere un desbalance importante en la economía. Esto es lo que sucedió con la luz y el gas: era tan bajo su costo que nadie se ocupó en estos últimos doce años en hacer más eficiente el uso de estos recursos. Hasta ahora, en enero era más fácil prender el aire acondicionado que abrir la ventana. En el próximo enero, muchos preferirán abrir la ventana.

El impuesto, contrario al subsidio, es algo que se establece desde la generalidad. Eso hace que no requiera de la existencia de ningún guardián para tener efecto. Tal vez la exención requiera de la intervención de un guardián, pero no importa si el guardián no otorga el beneficio o si se demora, todo seguirá marchando sin problemas. Por otro lado, el impuesto es algo transparente, mientras que el subsidio es una excepción que se negoció. El impuesto, además, siempre se aplica sobre algo concreto y es justamente eso lo que limita su valor: a diferencia del subsidio, que puede crecer desmedidamente, el impuesto siempre tiene un límite.

El sistema tributario tiene varias funciones, entre ellas la de gestionar: sí, los esquemas impositivos son una forma de orientar los esfuerzos de las personas para que se ocupen de determinados temas. Si ponemos un impuesto a la contaminación del aire y, por lo tanto, los autos pagarán en función de su consumo de combustible, entonces las personas tendrán una tendencia a comprar autos que sean más eficientes en su consumo. Si creamos impuestos a la concentración económica, las grandes empresas verán dificultades al momento de crear grandes negocios, fomentando así la desconcentración y el crecimiento de la clase media.

Muchas veces los sistemas tributarios son injustos. Un claro ejemplo es el de IVA. Creo que no hay aberración más grande que pagar un impuesto sobre los alimentos. Hoy se está evaluando eliminarlo para algunos sectores, pero en realidad habría que sacarlo para todos los alimentos, para todos los argentinos. Pagar un impuesto a la nutrición, no importa a qué nivel socioeconómico se pertenezca, es conceptualmente una aberración.

También es cierto que el sistema tributario debe ser eficaz, cosa que en Argentina deja mucho que desear. Porque un impuesto justo y que orienta adecuadamente los esfuerzos, pero que no se puede recaudar, termina siendo una herramienta de presión tributaria para quien quiere hacer las cosas bien. Por ejemplo, el IVA a los electrónicos puede ser correcto, pero lo cierto es que los consumidores prefieren comprarlos en el extranjero o por canales alternativos, para generar ese ahorro de costos. El IVA a los autos es, sin embargo ineludible, sobre todo si se paga en la puerta de la terminal automotriz. Con este principio se podrían eliminar varios impuestos, para reducir la carga tributaria y motivar a las personas a hacer sus negocios por canales formales. La presión tributaria es una forma de fomentar la economía en negro.

Por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión, los impuestos tienen que ayudar a construir políticas de Estado y a influir en el comportamiento de las personas, para orientar sus esfuerzos al bien común y al interés de la sociedad. Pero por sobre todas las cosas tienen que ser justos, para que paguen aquellos que pueden y que son en definitiva los que más se benefician de la existencia del Estado: es gracias al marco legal actual que han logrado obtener sus beneficios. Y, por último, deben ser eficaces, es decir, que su recaudación sea viable.

Pero mientras se entienda la política tributaria como una cuestión contable, seguiremos teniendo un sistema tributario prehistórico, que grava por igual a ricos y pobres. Un sistema que además de ser injusto termina beneficiando a quienes concentran riqueza y perjudica a quienes quieren hacerse un lugar con su esfuerzo y sus ideas. Tenemos un sistema tributario que, lejos de generar trabajo, lo destruye, al imponer impuestos al empleo atenta en definitiva contra la dignidad de las personas. Será trabajo de este Gobierno, entre todas las cosas que tiene que corregir, marcar el rumbo de una nueva política tributaria, orientada a que las personas puedan dar lo mejor de sí mismas, acotar la economía negra y fomentar ante todo la creación de trabajo. Porque para que podamos volver a reconstruir la dignidad del pueblo argentino es indispensable que se generen genuinas fuentes de trabajo.

Los argentinos ahora podemos mirar hacia adelante con otra perspectiva, con otras expectativas, intentando olvidarnos de estos doce años de oscuridad para nuestra república. Y es en este plan que decidí escribir esta columna: dejando de lado el recuerdo del pasado, tomando las lecciones aprendidas y poniendo la mirada en el futuro. ¿Cuáles son hoy los desafíos más relevantes que tiene que enfrentar Mauricio Macri como presidente?

Es cierto que el kirchnerismo ha destruido todo y, por lo tanto, todo tiene que ser reconstruido. Sin embargo, existen algunas cuestiones clave que hay que atacar no sólo de inmediato, sino con una eficacia fuera de serie. Postergar estas cuestiones es llamarse al fracaso, es ignorar la realidad.

El primer punto es el sinceramiento de la economía. Todos sabemos esto, todos lo tenemos claro: esta situación contraintuitiva donde la economía está regida por artificiales e insostenibles medidas tiene que llegar a su fin. Habrá un período de reacomodamiento, pero se encauzará. El nuevo Gobierno cuenta con la voluntad de hacerlo y con el talento necesario para diseñar la economía que vendrá.

El segundo punto, en orden de importancia, es la seguridad. Es una cuestión delicada y de la que seguramente hablaremos mucho los argentinos en los próximos tiempos. Enfrentar el delito y en particular el narcotráfico es una cuestión que requiere un cambio cultural en la Argentina. Muchas veces se dice que la legislación no acompaña, pero lo cierto es que esperar un cambio de leyes es a esta altura una utopía: las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo mejor que puedan dentro del marco regulatorio actual. En primera instancia es necesario poner gente idónea al frente de esta tarea, se trata de una cuestión técnica y no política. Se necesitan expertos en seguridad y expertos en gestión. Ambas disciplinas combinadas pueden obtener resultados maravillosos. Pero sobre todo se necesita que la sociedad comprenda que exigir más policías en la calle no sirve, que lo importante es pedir que se hagan las cosas con inteligencia y que se obtengan resultados.

El tercer punto es la lucha contra la corrupción. Si bien esto no mejora directamente la vida de los argentinos, fortalece enormemente las instituciones republicanas y nos ayuda en el cambio cultural que tenemos que hacer para crecer como país: no da todo lo mismo, robar no es lo mismo que ser honesto. Esta lucha implica irremediablemente poner los ojos en estos últimos doce años de gestión kirchnerista y comenzar las investigaciones para descubrir a aquellos que han usado su lugar en el Estado para enriquecerse. No se trata de revancha, se trata de actuar sobre el pasado para que el futuro sea distinto.

Se ha hablado de la famosa brecha que nos deja el kirchnerismo como uno de los mayores problemas de la Argentina. Creo, personalmente, que la brecha es algo artificial que mantuvo el oficialismo durante este tiempo como una estrategia. Cuando los militantes rentados se pongan al servicio de algún otro empleador y cuando los distintos grupos negocien con el nuevo Gobierno su lugar en el escenario, la brecha se diluirá: sólo quedarán aquellos pocos kirchneristas que creen con la mayor convicción, aquellos feligreses de fe ciega que recordarán a Néstor y a Cristina con beatitud. Estos últimos serán sólo una escasa minoría. El resto se reconvertirá, como se reconvirtieron los menemistas.

Los planes sociales son otra obsesión de la clase media, que ve en ellos un agravio a su esfuerzo cotidiano por merecer lo que posee. De esa indignación nace la ilusión de que los planes y los subsidios son un gran problema para nuestro país, cuando en realidad no se trata más que de una cuestión marginal, porque hasta tienen un peso insignificante en el presupuesto. El verdadero problema es la destrucción de la cultura del trabajo. Porque el kirchnerismo tiene tan poco peronismo en su seno que hasta eso se ha ocupado en denigrar en nuestro país: el trabajo. Eso tal vez sea un problema y es de los más graves, pero se necesita mucho tiempo para revertirlo. Quizás hagan falta varios Gobiernos más para que los argentinos volvamos a entender que el fundamento de todo crecimiento y de toda mejora en las condiciones de vida sólo viene del trabajo.

Priorizar no es desmerecer todos los demás temas, porque todos son importantes. Pero en gestión, para alcanzar el éxito lo importante es entender qué cosas tenemos que hacer primero para poder seguir en carrera. Atacar la situación económica, el delito y la corrupción es la forma que tendrá el nuevo Gobierno de sostenerse para seguir adelante. De los demás temas deberá ocuparse al andar, sin descuidarlos, pero sin poner tampoco toda su atención y sus recursos en ellos.

Esta vez Sergio Massa hizo un movimiento bastante osado al querer limitar la reelección de los jefes municipales. Puedo especular sobre las razones verdaderas detrás de ese astuto movimiento, pero más me interesan sus consecuencias para todos nosotros. Tal vez por error, tal vez por una casualidad de las que no abundan, este interés va alineado con el de construir una república más sólida.

Las reelecciones indefinidas en los puestos ejecutivos son con certeza la principal raíz de la corrupción, porque la permanencia en el poder permite no sólo la construcción de la estructura de corrupción, sino su cristalización y por lo tanto su establecimiento como poder real y duradero. Con el tiempo, lo que inicialmente se hacía solapadamente, de manera casi tímida, hoy se hace a la vista de todos, porque la estructura de corrupción se ha cristalizado de tal forma que ya es imposible desplazarla. Se genera entonces una situación en la que la reducción de los riesgos da una sensación de omnipotencia a quienes gobiernan. Es así como los gobernantes se tornan en monarcas absolutos con la mirada puesta en su ego, creyéndose dueños de aquello que sólo debieran administrar temporalmente. Y esto es muy fácil verlo en el conurbano y en otras provincias, que parecen más la gran estancia de algún patrón que partes de un territorio nacional gobernado en forma republicana.

Es evidente que este nuevo golpe de Massa es algo interesante, lo que hizo que el casi siempre rezagado Mauricio saliera a “redoblar” la apuesta, corriendo detrás de esta nueva propuesta que propone discutir algo que realmente trasciende el corto plazo: la república.

Este intento por poner coto a las aspiraciones reeleccionistas de los dueños del conurbano y de los feudos provinciales es un movimiento arriesgado, porque se pone en contra a gran parte de los dirigentes políticos. Y no son cualquier dirigente político, sino los dueños de un aparato cooptado que funciona con precisión en las elecciones, para lo cual basta ver los resultados de las elecciones presidenciales en los distritos feudales. Pero es una osadía que vale la pena, porque de concretarse habrá liberado para siempre a la Provincia de Buenos Aires de estos “históricos” gobernantes, que, por cierto, ya están pataleando con disgusto incluso dentro de las propias filas del Frente Renovador.

Un resultado favorable para esta iniciativa habrá iniciado la refundación de la república, porque comenzará lentamente a desarmarse este sistema clientelista que se ocupa más en oprimir que en liberar, aunque siempre bajo la bandera de una democracia algo renga. Si esto no avanzara, al menos el debate está sobre la mesa y es el momento para comenzar a discutir la república que queremos construir.