Así que, como salgo a la calle y siento frío, también siento cierto cansancio con el Gobierno actual. Se respira en el aire, se escucha en cada comentario: la gente se está cansando. Es claro que la sensación se limita al ambiente en el que uno se mueve, pero casualmente ese ambiente, en mi caso, es el mismo que votó a este Gobierno.

Cada vez que un cartel desactualizado me recuerda a la dupla Daniel Scioli-Carlos Zannini respiro aliviado: estuvimos muy cerca del precipicio, pero nos detuvimos a tiempo. En aquella época en la que nos tocaba defender la República en las urnas, estábamos dispuestos a sacrificios, a cambios que nos resultaran incómodos, porque sólo queríamos que se terminara de una vez por todas esa década de degradación de las instituciones y de la libertad. Solucionado ese problema, ahora estamos poniendo los ojos en otro horizonte.

Ya van casi seis meses y al menos yo no logro entender hacia dónde va este Gobierno. Ha tomado todas las medidas previsibles: levantar el cepo, arreglar con los holdouts y retocar las tarifas. Hasta ahí, todos entendimos que se intentaba corregir el país absurdo en el que nos había sumido el kirchnerismo. ¿Qué sigue ahora? No me queda claro.

Esta falta de nitidez en el camino puede deberse seguramente a las falencias en la comunicación que el Gobierno ha ostentado como si fueran joyas vistosas. Pero también puede deberse a una falta de claridad del propio Gobierno. Pero quiero ser positivo y entonces afirmo con la mayor de las convicciones que Mauricio Macri trazó un rumbo concreto y que sus ministros trabajan en él a conciencia. Me niego a pensar que sus ideas se terminan con las dos o tres medidas coyunturales que ejecutó el Ejecutivo nacional. Creo con firmeza que hay un plan. El problema es que nadie habla de ese plan, lo cual nos lleva de nuevo al problema de comunicación.

Se me ocurren tres razones por las cuales el Gobierno puede no estar comunicando bien. La primera es la falta de conocimiento en el área en particular. Es posible que en todo el equipo nacional no haya una sola persona preparada para comunicar apropiadamente, que no haya asesores que puedan ayudar a ese respecto. Tal vez sea un talento escaso y que ningún ministro logró poner a su servicio aún. Puede ser también la falta de carisma, que hace que una persona prefiera encerrarse en una oficina a trabajar en lugar de salir a comunicar. Ciertamente este mandato no pasará a la historia por tener una colección de personajes carismáticos como figuras centrales.

Puede ser soberbia. Creer que uno sabe todo, que todo le sale bien y que no necesita que nadie le venga a decir nada. En esa profunda convicción en uno mismo y sus habilidades estaría enmarcado casi todo el Ejecutivo nacional. El que todo hace bien no necesita ayuda. Y sería tal la soberbia que hasta habría anulado esa sensación térmica que tenemos todos. Nadie en el Ejecutivo parece darse cuenta de que en la calle está haciendo frío.

Hay una tercera opción y es que se trata de una cuestión de estilo. Cuando uno es nombrado gerente de una empresa, no sale a comunicar y convencer a quienes le reportan. Se trata, en general, de una relación en la que el gerente pide, sus subordinados cumplen y luego el gerente informa. Eso es lo que se recomienda incluso desde las buenas prácticas de gestión. Mucha comunicación tampoco ayuda, porque en definitiva la gente está ahí por un sueldo y lo que le interesa es seguir cobrándolo y que aumente. Tal vez los ministros creen que son gerentes y por eso salen a informar a la población sin hacer ningún tipo de esfuerzo de comunicación. Salvando un par de acertados comentarios de Mauricio Macri, el resto sólo se encargan de que la sensación térmica siga bajando. Es un estilo peligroso, que confía en que la población quiere un resultado y que, cuando se llegue a ese resultado, nadie va a preguntar nada y todos estarán contentos. Comunicar es perder el tiempo, hay que dedicarse a hacer. Pero esto de hacer tampoco parce estar saliéndole demasiado bien al Gobierno.

Entonces, esto se termina convirtiendo en una cuestión de fe. El oficialismo dice que el año que viene la inflación va a bajar, pero basta con asomar un poco la cabeza para que se tambalee esa fe que uno tiene en las palabras de los ministros. Al ritmo al que se deprecia nuestro billete de cien es difícil creerle a alguien que habla de una reducción drástica de la inflación.

Yo quiero seguir creyendo. Le doy mi voto de confianza al actual Gobierno. A pesar de que la sensación térmica me dice que la gente está cansada, que cree que el Ejecutivo no sabe lo que está haciendo y que nunca va a solucionar nada, yo sigo creyendo. Esta fe tan profunda que tengo se tambalea cada día con más fuerza, me cuesta cada vez más sostenerla, pero mi optimismo por ahora sigue en pie, incólume, aunque cada vez esté sintiendo más el frío.

Fueron doce años en los que creímos que la democracia y la república se iban a perder. La cordura de los argentinos interrumpió ese proceso absurdo en el que nos habíamos encerrado. Hoy esos doce años son para mí sólo un mal recuerdo. Se trata de un pasado del cual en el futuro nos avergonzaremos, un pasado que querremos dejar en el olvido. Lo que algunos quieren mostrar como una gesta heroica fue tan sólo el latrocinio mejor organizado de la historia argentina.

Pasaron casi cinco meses desde que cambió el Gobierno. El actual, con sus aciertos y sus desaciertos, exhibe una diferencia evidente con aquellos doce años absurdos. Hoy somos un país normal. No se trata de que me guste o no el actual Gobierno, se trata de entender que nuevamente la Argentina está en la senda de la cordura y que no importa quién esté o quién venga después, no volveremos a la locura de la década ganada.

Hoy los argentinos no estamos divididos en dos bandos. Ya no existe esa identificación con una figura, al mejor estilo de los fascismos europeos o los marxismos soviéticos. Las cosas han cambiado para bien. Ya no hay enemigos por todos lados, sino más bien fuerzas e intereses, pero todos estamos en el mismo barco. Se han terminado los gritos, se han terminado los sordos, ha vuelto el diálogo.

Se me ocurren muchas críticas a cómo está llevando las cosas el Gobierno. En una gran cantidad de medidas no estoy de acuerdo. Pero siempre tengo que reconocer que ha sabido detener la locura, volver a la senda de la normalidad, para que la Argentina pueda ser un país más entre todos los países. Los que venían pregonando la revolución sólo nos han traído alienación y un desajuste que tendremos que pagar por muchos años. Los aumentos que ejecutó este Gobierno no son más que el fantasma del anterior: el desastre que ha dejado el kirchnerismo ahora tenemos que ordenarlo.

Cristina pretende volver y a todos nos llama la atención. No me canso de decir que lo único que no tiene cura es la soberbia y el kirchnerismo es la prueba empírica de ello. Fue su propia soberbia la que lo llevó a autofagocitarse y es ahora la que lleva a ese minúsculo grupo de incondicionales a creer: “Cristina vuelve”. Y es también esa misma soberbia la que llevó a Cristina Kirchner a creer que puede volver.

El ruido no son los hechos. Ni las reuniones, ni las palabras tienen el efecto de un conjuro. Lo que nunca quiso entender el kirchnerismo se pone de manifiesto una vez más: la realidad se impone por sí misma. A quienes queremos una verdadera república el fantasma del kirchnerismo puede asustarnos, no lo voy a negar. Pero es sólo un fantasma. Es el pasado de la Argentina y como todo pasado siempre hay alguno que lo añora: no todos tienen tanto aprecio por la república y la democracia. Algunos pueden pensar que ese pasado fue mejor. Pero es una minoría; en general, nos gusta mirar al futuro, nos gusta soñar.

Pero lo que le ha hecho el kirchnerismo a este país, lo que nos ha hecho a los argentinos… Haber creado una división artificial e innecesaria, haber destruido la cultura del trabajo son males que nos va a tomar décadas remediar. Después de la llegada de la democracia se ha pregonado la memoria, el kirchnerismo ni siquiera merece eso, sólo el olvido. Sus principales figuras deberán ser juzgadas por los crímenes que podrían haber cometido durante la década ganada: luego, el olvido.

Porque si el kirchnerismo es el pasado y del pasado no se vuelve, mucho más remoto es el olvido. Porque, definitivamente, del olvido al que debemos condenarlos como sociedad seguramente nunca volverán, no importa lo que digan los adeptos a esa secta anacrónica que gobernó una década nuestro país. Al kirchnerismo le debemos sólo el olvido.

Cuando se trata de optimizar procesos en una organización, quienes nos dedicamos a diseñarlos sugerimos siempre que no haya controles manuales, sino automáticos, siempre que eso sea posible. Pero por sobre toda las cosas, ningún proceso debe verse interrumpido porque un “guardián” demora en ejecutar controles. Esto significa que las cosas deben fluir y debe haber un proceso paralelo de control que no interrumpa el flujo de trabajo, sino que lo observa desde afuera. En caso de que se detecte una irregularidad, el proceso de control intervendrá, pero sin interrumpir el trabajo, solamente marcando el error. De esta forma nos evitamos, por un lado, que los guardianes acumulen poder y, por el otro, que el trabajo se vea detenido por la falta de proactividad de un guardián.

El caso de los subsidios es un caso típico de un guardián que acumula poder, porque requieren que alguien los apruebe u otorgue. El poder en estos casos suele fomentar la aparición de esquemas de corrupción y arbitrariedad. Los subsidios se otorgan en la medida del antojo del guardián, lo que además tiene un efecto colateral y es que pueden crecer indefinidamente, lo que hace que su desmesura genere un desbalance importante en la economía. Esto es lo que sucedió con la luz y el gas: era tan bajo su costo que nadie se ocupó en estos últimos doce años en hacer más eficiente el uso de estos recursos. Hasta ahora, en enero era más fácil prender el aire acondicionado que abrir la ventana. En el próximo enero, muchos preferirán abrir la ventana.

El impuesto, contrario al subsidio, es algo que se establece desde la generalidad. Eso hace que no requiera de la existencia de ningún guardián para tener efecto. Tal vez la exención requiera de la intervención de un guardián, pero no importa si el guardián no otorga el beneficio o si se demora, todo seguirá marchando sin problemas. Por otro lado, el impuesto es algo transparente, mientras que el subsidio es una excepción que se negoció. El impuesto, además, siempre se aplica sobre algo concreto y es justamente eso lo que limita su valor: a diferencia del subsidio, que puede crecer desmedidamente, el impuesto siempre tiene un límite.

El sistema tributario tiene varias funciones, entre ellas la de gestionar: sí, los esquemas impositivos son una forma de orientar los esfuerzos de las personas para que se ocupen de determinados temas. Si ponemos un impuesto a la contaminación del aire y, por lo tanto, los autos pagarán en función de su consumo de combustible, entonces las personas tendrán una tendencia a comprar autos que sean más eficientes en su consumo. Si creamos impuestos a la concentración económica, las grandes empresas verán dificultades al momento de crear grandes negocios, fomentando así la desconcentración y el crecimiento de la clase media.

Muchas veces los sistemas tributarios son injustos. Un claro ejemplo es el de IVA. Creo que no hay aberración más grande que pagar un impuesto sobre los alimentos. Hoy se está evaluando eliminarlo para algunos sectores, pero en realidad habría que sacarlo para todos los alimentos, para todos los argentinos. Pagar un impuesto a la nutrición, no importa a qué nivel socioeconómico se pertenezca, es conceptualmente una aberración.

También es cierto que el sistema tributario debe ser eficaz, cosa que en Argentina deja mucho que desear. Porque un impuesto justo y que orienta adecuadamente los esfuerzos, pero que no se puede recaudar, termina siendo una herramienta de presión tributaria para quien quiere hacer las cosas bien. Por ejemplo, el IVA a los electrónicos puede ser correcto, pero lo cierto es que los consumidores prefieren comprarlos en el extranjero o por canales alternativos, para generar ese ahorro de costos. El IVA a los autos es, sin embargo ineludible, sobre todo si se paga en la puerta de la terminal automotriz. Con este principio se podrían eliminar varios impuestos, para reducir la carga tributaria y motivar a las personas a hacer sus negocios por canales formales. La presión tributaria es una forma de fomentar la economía en negro.

Por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión, los impuestos tienen que ayudar a construir políticas de Estado y a influir en el comportamiento de las personas, para orientar sus esfuerzos al bien común y al interés de la sociedad. Pero por sobre todas las cosas tienen que ser justos, para que paguen aquellos que pueden y que son en definitiva los que más se benefician de la existencia del Estado: es gracias al marco legal actual que han logrado obtener sus beneficios. Y, por último, deben ser eficaces, es decir, que su recaudación sea viable.

Pero mientras se entienda la política tributaria como una cuestión contable, seguiremos teniendo un sistema tributario prehistórico, que grava por igual a ricos y pobres. Un sistema que además de ser injusto termina beneficiando a quienes concentran riqueza y perjudica a quienes quieren hacerse un lugar con su esfuerzo y sus ideas. Tenemos un sistema tributario que, lejos de generar trabajo, lo destruye, al imponer impuestos al empleo atenta en definitiva contra la dignidad de las personas. Será trabajo de este Gobierno, entre todas las cosas que tiene que corregir, marcar el rumbo de una nueva política tributaria, orientada a que las personas puedan dar lo mejor de sí mismas, acotar la economía negra y fomentar ante todo la creación de trabajo. Porque para que podamos volver a reconstruir la dignidad del pueblo argentino es indispensable que se generen genuinas fuentes de trabajo.

Sobre todo desde la izquierda se suele oponer, sin razón alguna, la idea de que un Estado eficiente es un Estado ausente. El Estado, como cualquier otra organización, tiene un fin, tiene un objetivo y existe para cumplirlo. Dejando de lado la discusión de cuál es el objetivo del Estado, todos entendemos que para cumplir con su misión necesita disponer de una serie de recursos. Dichos recursos, por practicidad, se miden en unidades monetarias, es decir, dinero. Sin embargo, el dinero es en realidad una herramienta de gestión, porque detrás hay siempre bienes y servicios y, por lo tanto, el trabajo de las personas. Esto quiere decir que en última instancia el Estado se sostiene con el trabajo de todos nosotros. Independientemente del bolsillo del que sale el dinero para pagar los impuestos, todo lo generamos los argentinos con nuestro trabajo.

Esto significa que cuanto más grande sea el Estado, más tenemos que trabajar para sostenerlo. No trabajamos más horas, simplemente accedemos a menos cosas, porque gran parte de nuestro salario se utiliza para sostener al conjunto estatal.

Todos entendemos la necesidad de contribuir para sustentar al Estado, nadie en su sano juicio pone eso en duda. Sin embargo, no podemos evitar sentirnos irritados cuando existen personas que se benefician de esta situación: empleados públicos que no trabajan, funcionarios corruptos, empresarios que cobran sobreprecios. La lista es casi interminable. Nos irrita la injusticia, pero más nos irrita que esa injusticia se financie con nuestro trabajo, nos molesta que cada día vayamos a trabajar para que estas personas se abusen de nosotros y utilicen nuestro trabajo para enriquecerse sin darnos nada a cambio.

Que el Estado sea eficiente se convierte así en una cuestión de respeto a sus ciudadanos. La ineficiencia es la dilapidación de los recursos, mientras que la eficiencia es el mejor uso que se le puede dar. Ser eficiente no es hacer plata, no es exprimir a las personas, ser eficiente es hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Y eso es lo menos que le debe el Estado a todos aquellos que con su trabajo contribuyen a sostenerlo: darnos la garantía de que el fruto de nuestro trabajo está siendo utilizado de la mejor manera posible.

Mientras la izquierda aboga por una expansión del Estado y por lo tanto por un aumento de la carga tributaria para poder sostenerlo, un enfoque racional se basa en determinar qué cosas tiene que hacer el Estado y qué cosas no. No es una cuestión ideológica, es una cuestión práctica. Cuanto más esperamos del Estado, más impuestos vamos a tener que pagar. Y no es cuestión de que los paguen las empresas, porque los empresarios transfieren todos sus costos al precio que paga el consumidor: más impuestos a las empresas significa productos más caros para todos nosotros.

Como siempre, somos los más débiles los que sufrimos. A veces por el abuso que hacen los empresarios cuando el mercado queda funcionando solo y otras porque el Estado recorta cada vez más nuestras posibilidades de consumir para poder sostenerse. No importa quién lo ejecute, el abuso es abuso, es atropello y es siempre un ataque a la dignidad.

La ineficiencia del Estado se transforma en definitiva en un atropello al pueblo que lo sostiene. Al pueblo que ve recortada su posibilidad de acceder a bienes y servicios para que se dilapide el fruto de su trabajo. Nadie dice que el Estado tiene que desaparecer, ni siquiera que tiene que ser ínfimo: tiene que tener el tamaño justo para que los argentinos tengamos nuestros derechos garantizados, pero que, a la vez, no nos cueste demasiado sostenerlo. Un Estado más eficiente implica menos impuestos e incluso mejores prestaciones para los ciudadanos. La búsqueda de la eficiencia debería ser una prioridad para quienes nos gobiernan, para que todos podamos vivir mejor. La lucha por la dignidad pasa también por buscar un Estado más eficiente, bien administrado y que use los recursos de manera racional.

Sin empleados, el Estado no puede cumplir su función, todos entendemos esto. La discusión tampoco está en si debe haber o no Estado: debe existir y debe ser fuerte. Dicho de otra forma, necesitamos un Estado fuerte y presente que a través de sus funcionarios garantice los derechos de los ciudadanos. El problema está en dimensionar los recursos y entender cuántas personas necesitamos trabajando en el Estado para que pueda cumplir todas sus funciones principales.

El Estado es una organización y por lo tanto suceden las mismas cosas que en el resto de las organizaciones, incluidas las privadas: hay acomodos, hay gente que ocupa un lugar sin tener las capacidades o el talento necesario para ello, hay quien cobra más de lo que debería y también quien no hace nada. Cuando eso pasa, en una empresa o en otra organización privada, no nos preocupamos, porque no son nuestros bolsillos los que mantienen esa situación. Será una injusticia, pero no nos quita el sueño. Sin embargo, sí nos molesta que nos saquen el 21% cada vez que vamos al supermercado para sostener esas situaciones. No debemos olvidar que es a través de todos los impuestos que pagamos que se sostienen los salarios del Estado y que si se reduce el gasto, entonces podremos pagar menos impuestos y lo que ganamos nos alcanzará para más.

Lo cierto es que también en la actividad privada los sinsentidos duran mucho menos, porque tarde o temprano hay que ajustar el cinturón y aquellos que no están alineados con las necesidades de la empresa son los primeros en enterarse. En el Estado, por el contrario, siempre hay dinero para sostener los absurdos más inviables: el pueblo siempre termina pagando sus impuestos.

En general, en el sector privado, todos saben qué hace cada persona dentro de la organización. Incluso suele ser bastante claro cómo contribuye con lo que hace al resultado de la organización en su conjunto. En el Estado no sucede lo mismo. En primer lugar, más allá de las personas y de la voluntad que ponen en su trabajo, existen áreas enteras cuya función y propósito son al menos dudosas: no es responsabilidad de quienes trabajan allí, sino de quienes las han creado. Tampoco nos queda claro qué hacen algunas personas, sólo están allí, sin que logremos saber muy bien cuál es su función. Y por último, lo que nunca se sabe es qué tan productivas son las personas en la órbita pública. Cuando siembro las dudas, no quiero decir que haya certezas, todo lo contrario: verdaderamente no sabemos nada del trabajo que hace cada una de las personas en el Estado, puede ser algo útil y productivo, pero también puede ser todo lo contrario.

En el sector privado se suele medir la productividad de los colaboradores, es decir, cuánto hacen en el tiempo que están en su puesto de trabajo. Es algo común a lo que todos están acostumbrados, pero en el Estado esto es casi imposible. Los primeros en oponerse son los sindicatos, para quienes la transparencia es casi una afrenta. Y es justamente esta falta de transparencia la que termina desprestigiando a todos los empleados públicos por igual: a aquellos que dan lo mejor de sí y a aquellos que sólo cobran un sueldo.

Si no hay nada que temer, ¿por qué no publicar las tareas de cada empleado? ¿Por qué no publicar su salario? Sería lógico que todos sepamos cuánto gana exactamente cada trabajador estatal y que sepamos qué hace, es decir, que exista una descripción de puesto. De esta forma, todos podremos ver que quien está en un lugar está para algo y que está cobrando acorde a lo que hace, para derribar de una vez todos los mitos que hoy abundan en la sociedad. En lugar de estar discutiendo si las personas son o no “ñoquis”, lo mejor es que la información esté disponible para ser consultada por cualquiera en cualquier momento: las dudas se despejan en cuestión de segundos. Junto a esto, se pueden presentar indicadores de productividad, para que todos sepamos dónde se hacen mejor las cosas, para poder comparar y ayudar a los que peor andan a que mejoren. Pero esto jamás lo soportarían los sindicatos estatales, porque pondría de manifiesto quiénes son los que trabajan y quiénes no.

El empleo público hoy está desprestigiado porque es una caja negra que nadie puede entender. No sabemos qué hacen, no sabemos cuánto cobran, no sabemos si son productivos, no sabemos si van o si faltan. No sabemos nada. Y cuando la información no está disponible, huele mal: donde falta transparencia, hay lugar para el abuso de confianza. Y son justamente los sindicatos los que deberían impulsar medidas que tiendan a mostrarle a la comunidad lo que hacen los empleados públicos, para así poner de manifiesto el valor de su trabajo y por lo tanto incrementar el prestigio del empleo público. Pero en lugar de defender a los trabajadores, defienden sus intereses, encaran estrategias absurdas, como querer instalar la idea de que los empleados públicos efectivamente trabajan… con un paro nacional.

El kirchnerismo, que se decía peronista y tuvo en su interior durante mucho tiempo a quienes hoy se siguen llamando peronistas, implantó en la Argentina uno de los sistemas tributarios más regresivos. No sólo el impuesto a las ganancias, sino además el impuesto a los bienes personales y hasta la continuidad del IVA. En sí, no podemos decir que son impuestos regresivos, pero pasan a serlo cuando no se modifican los límites imponibles en un contexto inflacionario. A estos impuestos se sumó, obviamente, la inflación, que diluía el poder de compra de los menos favorecidos mientras beneficiaba a quienes podían invertir en bienes durables o en dólares. Evidentemente, de peronismo el kirchnerismo no tuvo nada.

Hoy, el Gobierno de Mauricio Macri, acusado de ser la derecha más recalcitrante, comenzó a implementar medidas progresistas. Absurdamente, mientras la izquierda y el socialismo siguen dando batallas que a nadie le importan, mientras el peronismo sigue, como dice Julio Bárbaro, usufructuando una memoria, la derecha fundamentalista se ha ocupado de beneficiar a los que menos tienen. Actualmente, hay más asignaciones y una disminución de la presión tributaria. Mientras la izquierda habla de obreros y campesinos, mientras el movimiento sindical habla de trabajadores, el PRO, sin quererlo tal vez, ha comprendido que hay que ser más amplio y terminar con los rótulos.

El Gobierno de Mauricio Macri tomó medidas que han superado a los últimos treinta años de democracia en lo que refiere a cuestiones sociales. Y si logra reducir el IVA de la canasta básica, habrá dado un paso fundamental en la conquista de la dignidad de los que menos tienen. Pagar un impuesto por comprar bienes básicos para el consumo es una injusticia y un atropello para todos aquellos que forman parte del eslabón más débil de la sociedad.

Al comienzo, el actual Gobierno había dado muestras de ocuparse demasiado de quienes están en una mejor posición: sus primeras medidas estuvieron orientadas a beneficiar al campo y a los industriales. Luego vinieron las medidas para beneficiar a la minería. Para ser honestos, hasta parecía que se había olvidado de todos los demás: no fui el único en temer esto, de hecho, muchos falsos progresistas se llenaron la boca porque la derecha radical estaba buscando imponer un neoliberalismo de manual. Sin llegar a esos extremos, yo sí temí que con un excesivo foco en la economía se perdiera la perspectiva social, lo que por fortuna no está sucediendo.

El actual Gobierno ha tenido muchos desaciertos, pero ha acertado en su intención de dialogar y de construir un clima de paz en la Argentina. Ha acertado con las primeras medidas económicas. Y ahora ha demostrado que escucha los reclamos y que se esfuerza por cumplirlos, algo que fue raro en estos últimos años de sordera oficial.

Hay voces que reclaman todavía más y eso es lógico. Reclamar está bien. Pero del otro lado no siempre se puede cumplir irrestrictamente. Sobre todo en estos momentos en los que hay que poner a funcionar un país que quedó completamente desbaratado luego de una década de equivocaciones y errores intencionales. Si tenemos en cuenta la herencia recibida, el Gobierno de Macri ha hecho milagros. La “mística” de la década ganada deja finalmente lugar a la realidad.

No se trata de obreros, campesinos o trabajadores; estas son en el fondo cuestiones ideológicas. Lo importante es que un Gobierno busque siempre la dignidad de las personas. El peronismo en el último tiempo ha querido tener el monopolio de la dignidad, ha querido erigirse como la única alternativa que puede buscar desde el Gobierno conquistas que dignifiquen a todos. Pero nadie puede tener el monopolio de la dignidad; es de quienes la conquistan, de quienes dedican sus horas a ella y no de los que enarbolan una bandera. Querer identificar con el peronismo cualquier medida que construya en el sentido de la justicia social no es más que un intento por seguir usufructuando no sólo una memoria, sino también los logros de los demás.

Desde el punto de vista económico, el empleo estatal es el equivalente al del ama de casa en una familia. ¿Quién puede negar que el ama de casa contribuye al hogar? Nadie. El problema es que si en un hogar con seis personas tres estudian, dos se ocupan de la casa y uno sale a trabajar, las consecuencias son evidentes: la restricción presupuestaria se hará sentir. Todos hacen algo, todos contribuyen, no son vagos, pero lo cierto es que el aporte genuino viene del único que trabaja puertas afuera. Lo mismo sucede con el empleo estatal: no genera ingresos para nadie y se convierte indirectamente en un gasto para todos aquellos que no estamos en la función pública.

Esto significa que tiene que haber un equilibrio entre empleo público y empleo privado, porque llega un punto en que no importa qué tan útil pueda ser el aporte de las personas que trabajan en el Estado, lo cierto es que debemos generar lo que los argentinos necesitamos para vivir: y eso nunca vendrá del aparto estatal. El Estado no produce, sólo gasta. Esto no significa que tenga que desaparecer, pero tampoco puede crecer desmesuradamente y abarcarlo todo.

Es necesario un Estado presente, pero es obtuso entender que la presencia se hace más fuerte a medida que aumenta la cantidad de funcionarios. Hoy la tecnología hace más eficiente el control y las nuevas técnicas de gestión permiten hacer muchas cosas con muy pocos recursos. Pero el Estado parece marchar en la dirección opuesta: aumenta su tamaño, aumenta su gasto y no incrementa sus contraprestaciones.

Mi percepción es que los sindicatos y los trabajadores estatales se empeñan demasiado en defender su puesto de trabajo, no terminan de ver que allí afuera hay muchas oportunidades. Encarar una defensa tan a ultranza es en definitiva subestimar a las personas, asumiendo que si pierden su cómodo empleo estatal, no tendrán la posibilidad de hacer nada más: trabajo estatal o muerte. Nada podría ser más falso, porque con la capacitación adecuada cualquiera que pierda su empleo en el sector público podría insertarse en el mercado laboral.

Hoy, sin mayores inversiones, reorganizando la forma en que se trabaja, eliminando tareas que son obsoletas o innecesarias, seguramente se pueda reducir en un 30% la plantilla de trabajadores estatales. Los gremios se escandalizarían con sólo leer esto, porque en lugar de luchar por la dignidad de las personas piensan en sus propios intereses. Perder el empleo puede ser duro, pero no es el fin, puede incluso ser el principio de todo, es cuestión de perspectivas. Incluso para muchas personas dejar su trabajo en el Estado puede ser la mejor decisión, pero no se atreven, tienen miedo de lo que vendrá luego.

Estar en una oficina haciendo una tarea que se sabe que no beneficia a nadie no es trabajo, no es dignidad. Cobrar un sueldo por hacer casi nada, simplemente porque no hay nada para hacer, no es trabajo, no es dignidad. No hablo de ñoquis, hablo de quienes hoy están en el Estado con la mejor de las voluntades: pero sólo con eso no basta.

Y aquí vamos entrando en el otro motivo por el cual el empleo estatal no es la solución a nada. José Ingenieros escribió: “Ciudadanos de una patria son los capaces de vivir por su esfuerzo, sin la cebada oficial”. Si en la Argentina no somos capaces de generar empleo genuino para todos y por lo tanto los volcamos al Estado como una forma de subsanar esa falencia, entonces no estamos construyendo ciudadanos de una patria. O como me gusta decir a mí, no estamos construyendo dignidad.

El trabajo no es sólo un medio de vida, eso es sólo la parte menos relevante. El sueldo a fin de mes no es el motivo por el que se trabaja, lo hacemos porque como seres humanos que necesitamos un sentido, necesitamos aportar a nuestra sociedad de alguna forma. Con nuestro trabajo somos parte de algo y pertenecemos. Construimos nuestro país, nuestra sociedad, pero también construimos nuestra dignidad.

Un empleo en donde no se hace nada, un empleo en donde sabemos que nuestra tarea cotidiana es obsoleta no es un trabajo que construye dignidad. Esto muchas veces no lo ven los sindicatos, que se ocupan demasiado del puesto de trabajo y poco de la dignidad del trabajador. Por evitar despidos terminan condenando a las personas a tareas innecesarias: y todos nos damos cuenta cuando lo que hacemos es inservible.

El trabajo estatal no es una solución para nada. No es una solución para la economía, porque el trabajo estatal no genera, no produce. No es una solución para la dignidad de las personas, porque muchas veces se dedican recursos a hacer trabajos innecesarios u obsoletos. Por el contrario, cuantos más empleados estatales, más gasto para el Estado y por lo tanto, más impuestos para todos.

Hoy el Gobierno está revisando muchos contratos en el Estado. Era necesario. Uno de los principales reclamos del electorado fue la gran cantidad de empleados estatales que ingresó durante el kirchnerismo. Finalmente se está lidiando con eso. Sólo esperemos que esto sea un movimiento genuino y que cuando por una puerta salen unos, por la otra no entren otros.

Los maniqueísmos obtusos han interpretado todo llamado a la cordura como el grito del neoliberalismo salvaje, sin entender que la lucha no es por un sistema, por un partido, ni por un Gobierno: es por la dignidad. Es un concepto que fue manoseado y tergiversado, pero no pierde su vigencia, porque ninguna conquista es completa. La búsqueda de la dignidad de las personas nunca se termina.

El Gobierno anterior atropelló el derecho a pensar diferente y sobre todo el derecho a tener un trabajo y contribuir a la sociedad. Eso fue querer arrancarnos dignidad, socavar la república para que nadie pueda oponerse. Ya se fueron y no merecen más palabras, son parte del pasado, de un pasado que ciertamente recordaremos con tristeza. Hemos interrumpido el ciclo y hemos aprendido: una vez caída la teoría del relato, surge un nuevo paradigma. Prueba de ellos es que los mismos intendentes del Conurbano que antes se cubrieron con el manto oficialista de la agresividad y la soberbia hoy dan muestras de querer dialogar, de buscar cómo construir. Contra los sectarios y los nostálgicos del absurdo han trabajado para acordar un presupuesto y hoy trabajan para implementar medidas contra el narcotráfico y la agresión contra el medioambiente con el pacto de Padua. No es que han tenido una epifanía y han virado el rumbo porque su conciencia vio la luz, sólo se han adaptado a lo que los votantes elegimos. Han perdido porque su estilo fue rechazado, porque hemos elegido la república y el camino de las propuestas, del hacer. Ahora están en esa senda, es lógico, a nadie le gusta perder. Es así el juego de la democracia y la república, nuestro voto vale.

Pero esta eterna lucha por la dignidad no cesa. Por eso es que tenemos que presionar constantemente a los Gobiernos para que hagan lo que necesitamos. Hemos presionado por la república y ahora seguiremos presionando por muchas cosas más. Los Gobiernos totalitarios interpretan esa presión como un ataque, los Gobiernos democráticos, como un reclamo justo y hasta necesario para que todos vivamos mejor. Lo demostraron los últimos movimientos políticos: nuestros reclamos fuerzan un cambio de estilo, fuerzan acciones y así llegan las mejoras. Se puede sentir tensión, puede haber palabras fuertes, pero al final se comprende que todo se trata de buscar la forma de que todos estemos mejor.

El Gobierno actual hasta ahora ha hecho sólo lo evidente, lo que cualquiera hubiera hecho. Esto no le quita mérito, sólo digo que no hay mucho para criticar ni para halagar. Los fanáticos se empecinan en encontrar una catástrofe donde sólo se está poniendo un poco de sentido común. Si la controversia es porque en lugar de próceres habrá animales en los billetes, vamos bien: todos coincidieron en que hacían falta papeles de mayor denominación.

Muchos temen que se esté poniendo demasiado foco en la economía. Fue el campo más arrasado de todos y el que primero hay que limpiar para que todo lo demás funcione. Existe el riesgo de que la obsesión por las finanzas del país les haga olvidar a quienes elegimos para que nos gobiernen que la economía no es un fin en sí mismo, sino sólo un medio para construir dignidad. Si la economía va bien, según los cánones de los técnicos, pero las personas sufren y no logran armar su vida y contribuir a la sociedad, entonces las cosas van mal. La economía sin política está vacía, pero la política sin economía es también una fábula. Pero no es eso lo que sucede todavía. Es evidente que los años que vendrán no serán fáciles, pero la culpa no la tienen las medidas que se toman hoy, sino el desastre que dejaron los inexpertos que jugaron a ser economistas y gobernantes durante los últimos años. Fue la era de los amateurs.

Está por verse cómo se resolverá la situación. Por lo pronto, los pasos son adecuados y van en el sentido que necesitamos: construir desde el diálogo y las propuestas. Ahora tenemos sobre qué discutir, sobre qué trabajar. Hay un espacio para el disenso y para las ideas. Es el comienzo, pero no el final. Quienes hemos levantado la voz contra los atropellos del anterior Gobierno seguiremos levantándola contra los atropellos que pueda cometer el Gobierno actual: eso se llama república. La diferencia es que el nuevo equipo es mucho más sensible al diálogo que el anterior. Parecería que se terminó la sordera y el púlpito.

Nos han querido inculcar que se es oficialista u opositor, como si no existiera nada más en el medio. Mientras antes se quería gobernar a pesar de la pluralidad, hoy se trabaja en un esquema en que se gobierna gracias a ella, como debe ser. Algunas veces hablaremos en contra y otras a favor, porque tenemos ideas, porque queremos un país mejor para todos. Nadie está en contra de nadie, todos estamos a favor de la dignidad. Cuando eso no suceda, entonces lo diremos, porque la lucha es siempre por la dignidad.

El concepto de costo, que se utiliza siempre en el ámbito empresario, es perfectamente aplicable a todos los ámbitos de la vida y de las organizaciones. Hablando ampliamente, el costo está asociado a todas las erogaciones que se realizan. La izquierda utiliza el concepto de costo como chicana, haciéndonos creer que sólo los liberales acérrimos consideran al salario un costo. Conceptualmente hablando lo son, porque son erogaciones, en una empresa, en el Estado, en Alemania y en Tanzania.

Los recursos son siempre limitados, por eso es que el concepto de eficiencia es uno de los más interesantes dentro del área de estudio de la gestión. La eficiencia nos indica cuánto hace una organización con los recursos que tiene a su disposición. Si yo tengo un comedor que con treinta pesos puede dar una comida, soy más eficiente que alguien que tiene un comedor pero que requiere treinta y cinco pesos para dar lo mismo que yo. La eficiencia no está vinculada con la avaricia ni con la crueldad liberal, es una cuestión que nos favorece a todos, porque con los mismos recursos, los más eficientes pueden hacer más. Tolerar ineficiencias es dilapidar recursos que podrían ser usados para suplir las carencias de tantas personas que viven con menos de lo justo.

Reducir la cantidad de personas que trabajan en una organización no es cuestión de costos solamente, es cuestión de eficiencia. Cuantas menos manos se involucran en una tarea, mejor sale todo. En este sentido, el Estado suele ser una maquinaria que funciona en la dirección contraria. El corolario es evidente: el Estado suele ser el perfecto ejemplo de cómo hacer las cosas mal.

Cuando los recursos sobran, comienzan a malgastarse. Esto se ve en el Estado, que tiene una cantidad inmensa de empleados y es seguramente la burocracia más ineficiente. Basta con visitar determinadas reparticiones y corroborar que el trabajo que puede hacer una persona lo hacen diez. El pensamiento más limitado dirá que hay que despedir a nueve de las diez. Un pensamiento sistémico y orientado a la eficiencia pensará qué tarea pueden desempeñar las otras nueve para que el Estado funcione mejor y pueda ampliar sus prestaciones sin tener erogaciones adicionales.

Seguramente existen ñoquis en el Estado y el sindicalismo, en lugar de empujar para que todo funcione con mayor eficiencia, se erige como el principal obstáculo para el progreso. En general, la estructura sindical que está enquistada en el Estado tiende a tener una cosmovisión simplista y limitada, cree que la eficiencia es su enemigo: están convencidos de que ser más eficiente significa reducir la cantidad de puestos de trabajo. No logra todavía dar un salto y entender que en lugar de oponerse a la reducción tiene que buscar otras prestaciones que pueda dar el Estado con la gente que hoy está haciendo trabajos innecesarios o de poco valor agregado. Contrario a esto, fomenta la división excesiva del trabajo, crea puestos ficticios, hace más lentos los procesos y pugna por prácticas que atentan contra una cultura del esfuerzo y la meritocracia.

Pero no basta con esa cultura nociva que se fomenta desde el sindicalismo y desde el Estado en general, que hace que las prestaciones sean obsoletas y de mala calidad, sino que incluso parece que hubiera un esfuerzo para que nada mejore. Como usuarios de estas prestaciones, muchas veces nos encontramos con gente muy amable que trabaja en el Estado y que está muy bien predispuesta para hacer su trabajo y ayudar a los ciudadanos. Lamentablemente, también nos topamos con un destrato abrumador: en este caso, el sindicalismo, en lugar de abogar por una mejora, se focaliza en sostener el puesto de trabajo, lo cual no tiene ningún sentido, porque no se puede permitir e incluso incentivar a que una persona maltrate a otra, sin importar el lugar donde esté.

Yo soy un gran defensor de las agrupaciones gremiales, creo que son una institución necesaria en nuestra sociedad y que hacen mucho bien. Pero también creo que esquemas arcaicos han colocado hoy al sindicalismo en un lugar en el que se lo ve más como una máquina de impedir que como algo sano y productivo. La lucha por los puestos de trabajo no está vinculada con la protección de algunas personas, ni con oponerse a todo intento de modernización, sino que está en la capacitación, en asegurarse que los trabajadores cuenten con las herramientas para poder hacer su aporte en el mundo laboral. Los sindicatos están para garantizar que no se vulneren los derechos de los trabajadores, pero también para que los trabajadores vivan dignamente y tengan un ambiente de trabajo sano. Y esto último significa que tienen que dialogar con todos los actores de la sociedad para modernizar los trabajos. No es casualidad que el sindicalismo haya quedado recluido en los sectores fabriles y de servicios menos calificados. ¿Por qué no hay un sindicato de gerentes o de programadores informáticos? Porque el sindicalismo se ha negado tanto a modernizarse que ha quedado fuera del futuro, al margen de todo lo que tenga un aire de progreso y renovación.

El camino de la eficiencia no es un camino de ajuste ni de recortes, es la forma que tenemos de poder vivir mejor, de poder hacer más con los pocos recursos que tenemos. Y no existe ninguna justificación para ir en contra de la eficiencia: sólo el temor y la propia inoperancia. Pero los sindicatos, en lugar de pugnar por la eficiencia, se oponen sistemáticamente, con lo que le causan un daño a la sociedad y a ellos mismos, que se han quedado en el tiempo, resistiendo en sus esquemas de los años cincuenta, en lugar de evolucionar y tomar el rol que les corresponde en la sociedad de hoy.

Sin embargo, adaptarse a los cambios puede ser doloroso o incluso imposible para algunos. En el caso de las personas, ante una novedad importante en su vida pueden necesitar la ayuda de un amigo, una pareja o incluso un sicólogo. En algunos casos, ni siquiera logran adaptarse y sufren mucho. Con las organizaciones pasa algo similar: ante transformaciones muy grandes recurren a quienes nos dedicamos al análisis organizacional, porque sin nuestro apoyo el cambio es muy traumático y hasta puede traer la destrucción de la organización.

En lo que es la gestión del cambio organizacional también nos encontramos con un fenómeno muy estudiado: la resistencia. Uno puede planificar el cambio, pero si todas las personas se resisten, nunca sucederá. Otro fenómeno muy estudiado es el de la integración, es decir la unión o la fusión de dos organizaciones distintas. Los procesos de integración son extremadamente complejos y requieren de un apoyo importante de parte de especialistas en organización y gestión del cambio. De lo contrario, en lugar de lograr que las dos organizaciones se integren en un sentido, se tendrá un proceso caótico que terminará creando una suerte de Frankenstein desarticulado.

En el recientemente celebrado traspaso de la Policía Federal a la órbita de la ciudad nos encontramos con todos los flancos de la gestión del cambio que revisé hasta aquí. Surgen por lo tanto una serie de preguntas que necesitamos contestar si es que queremos tener una policía que funcione.

Yo no conozco cómo se planificó este traspaso, por eso es que nada de lo que diga es una aseveración, sino más bien un interrogante e indicaciones generales que deben ser tenidas en cuenta en este proceso. Está en manos de los responsables de esta integración poner sus energías para ir resolviendo las dificultades que surgirán en el camino, atendiendo a todas estas cuestiones, sin dejar de lado tampoco muchas otras de índole operativa.

El primer punto es que la Policía Federal que se transfiere a la ciudad es infinitamente más numerosa que la Policía Metropolitana. Esto significa que el más grande suele devorarse al más pequeño en lo que se refiere a la integración de dos organizaciones. El mayor riesgo es que de esta forma se pierda todo lo que se ha hecho de particular con la Policía Metropolitana. Se trata de una fuerza que fue diseñada sobre conceptos más modernos que otras policías y que además se pensó exclusivamente para la ciudad de Buenos Aires. Sería una lástima que durante la integración se terminen esfumando estos cuidados detalles.

Otro problema será la integración de las culturas organizacionales. Cada fuerza tiene una forma particular de hacer las cosas y sin hacer un juicio de valor sobre cuál es mejor o peor, lo cierto es que al integrar dos organizaciones existen contradicciones entre una cultura y otra. Si no se planifica con cuidado esta integración de las culturas, sucederá que la organización más grande transmitirá su impronta a la más pequeña. Y así, esta forma de hacer las cosas que hoy tiene la Metropolitana va a desaparecer. La idea es analizar ambas culturas y lograr una fusión de los aspectos más positivos.

Ambas policías tienen conceptos de entrenamiento muy distintos. Esto está vinculado con la concepción que existe detrás de cada fuerza. En particular creo que el de la Metropolitana se adapta mejor al trabajo que tiene que hacer una fuerza de seguridad en la ciudad. Es cierto que aquí no soy objetivo, porque justamente trabajo en la preparación de los oficiales en la Tecnicatura en Seguridad Pública, pero si no fuera esta mi convicción, no podría seguir siendo profesor en el instituto de la Metropolitana. Quien esté a cargo de la integración también tendrá que analizar este punto con mucho cuidado, porque en el fondo es el corazón de la fuerza: si se elige bien a los aspirantes a ingresar y se los capacita apropiadamente, entonces la Policía Metropolitana seguirá siendo una de las mejores policías del país.

En cada párrafo hice alusión, aunque de forma indirecta, al hecho de que hay toda una estructura detrás de la integración, porque lo cierto es que en una operación de esta magnitud debería haber también un grupo de personas dedicado pura y exclusivamente a pensar en estos y en otros temas. En cualquier fusión de dos empresas se ensambla un equipo de consultores externos y personas que ya están dentro de ambas organizaciones para llevar adelante la integración. Es mi mayor deseo que el equipo que está hoy detrás de esta titánica tarea de integrar a estas dos fuerzas de seguridad cuente no sólo con todas las personas idóneas que necesita, sino también que tenga los recursos materiales y políticos para hacer su tarea. En gran medida de este equipo depende la calidad de la fuerza de seguridad que trabajará en la ciudad de Buenos Aires.