Los números no mienten. En el presupuesto de ajuste de Scioli que votamos en contra en la legislatura, las partidas destinadas a salud y educación, áreas absolutamente sensibles a las necesidades del pueblo trabajador, tuvieron un aumento del 28 % respecto al 2014. Números que están muy por debajo de la inflación estimada para 2015, próxima al 40 %, y del promedio del aumento del presupuesto en su conjunto, que equivale al 36 %. Los datos expuestos contrastan con el importante aumento destinado al fortalecimiento de las fuerzas represivas. La cartera de seguridad obtuvo un aumento del 66 % de su partida presupuestaria, alcanzando los 23.500 millones de pesos.

La represión salvaje a los trabajadores de la línea 60 por parte de la Gendarmería Nacional es una muestra de la senda que deja trazada el kirchnerismo y que Scioli vendrá a profundizar. Ya lo habíamos denunciado con la lucha que libraron los trabajadores “indomables” de Lear sobre Panamericana, también reprimidos por los gendarmes “”caranchos” al mando del secretario de Seguridad Sergio Berni. El kirchnerismo del doble discurso bajó las banderas de la no represión y el pleno empleo. ¿Quién mejor que un peronista hijo político del menemismo y de derecha para continuar con ese camino de ajuste y represión?

Pero Mauricio Macri y Sergio Massa, también hijos políticos de Carlos Menem, no plantean un programa diferente al de Scioli. Ninguno de los tres se atreve a decir lo que harán cuando gobiernen.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, los candidatos que dirimirán la interna del Frente para la Victoria, están en consonancia con la candidatura de Scioli. Son parte de la casta reciclada de los noventa. Por un lado, Aníbal Fernández, que comparte la fórmula con Martín Sabbatella y fuera uno de los principales hombres del duhaldismo, señalado como responsable político del asesinato de Kosteki y Santillán en 2002. Por el otro, Julián Domínguez, con fuertes vínculos con la cúpula de la Iglesia Católica, las patronales agrarias y la burocracia sindical. Un ferviente opositor al derecho legal, seguro y gratuito para las mujeres. Fue un hombre de confianza de Carlos Ruckauf y cuando este renunció a la gobernación bonaerense en medio de crisis en 2002, continuó al frente del Ministerio de Obras Públicas con Felipe Solá. Su compañero de fórmula, Fernando Espinoza, es una de las máximas expresiones de los llamados barones del conurbano, que defienden la impunidad de “La Bonaerense” ante los cientos de casos de gatillo fácil, como el de Luciano Arruga. En sintonía con Scioli, el fuerte de su campaña es la militarización de La Matanza. Hoy la interna entre Fernández y Domínguez pone una vez más sobre el tapete la podredumbre del régimen.

Los demás candidatos no se quedan atrás. Felipe Solá: candidato del massismo, también fue menemista y duhaldista, y otro de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, ocurrida mientras gobernaba la provincia. Por su parte, María Eugenia Vidal, encabeza el acuerdo entre PRO, UCR y Coalición Cívica. Representante del modelo noventista y pro empresarial que desarrolló Macri en la Ciudad, cómplice de los talleres clandestinos, de la desidia que sufren los barrios populares e impulsor de las pistolas -picanas- Taser, de las “topadoras” y las represión como respuesta ante los reclamos de vivienda digna frente a la crisis habitacional, como ocurrió en el desalojo del asentamiento Papa Francisco en Villa Lugano.

Ante estos políticos del ajuste y la mano dura, es necesaria más que nunca una fuerza política de izquierda que se plante. Por eso, nuestra Lista 1A “Renovar y Fortalecer el Frente”, lleva más de 1500 trabajadores y luchadores en sus filas. Porque sabemos que sea quien sea el que resulte ganador en agosto, los trabajadores seremos quienes pondremos el cuerpo a las peleas por nuestros derechos. Y por eso creemos que para fortalecer el Frente de Izquierda es necesario que den un paso adelante y se expresen en el terreno de la política todos aquellos referentes de las peleas más importantes de los últimos años.

Nuestra lista impulsa la fórmula presidencial de Nicolás del Caño y Myriam Bregman y la fórmula que compongo en la provincia con mi compañero Javier Hermosilla, delegado de Mondelez (ex Kraft), competirá el 9 de agosto con la lista que lidera Jorge Altamira.

Nuestra plataforma para la provincia es un conjunto de propuestas programáticas que surgen en gran parte de la experiencia como diputado provincial entre 2014 y 2015. Durante los 18 meses que me desempeñé como legislador, desde el Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores logramos poner la banca obtenida en 2013 al servicio de las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Además, planteamos cuáles son los intereses que hay que afectar para resolverlos: los de los empresarios, los grandes propietarios terratenientes y los de la casta de políticos que viven como gerentes y defienden los intereses de los capitalistas.

Aunque correspondería, no se habla de “inseguridad” frente los accidentes de trabajo, el empleo precario, la ausencia de una vivienda digna, la falta de acceso a la salud o la educación o ante el “gatillo fácil” de las policías “bravas”.

El propio Insaurralde se pronunció por bajar la edad de imputabilidad penal a los 14 años y Scioli desdobló el Ministerio de Justicia y Seguridad, poniendo al frente de éste último al hasta entonces intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. Además, el gobierno nacional, de la mano del secretario de Seguridad, Sergio “Rambo” Berni, ordenó el despliegue de miles de nuevos gendarmes en las barriadas del conurbano. Recordemos que en las primarias, el “combate contra la inseguridad” fue uno de los ejes de Massa, resaltando que en Tigre había cámaras de seguridad por todo el municipio. De Narváez, por su parte, dijo que el oficialismo le copió sus planteos.

Ante estos planteos parte del kirchnerismo salió a decir que no acordaba con la baja de la edad de imputabilidad (aunque sí con elaborar un “régimen penal juvenil”) y desde Página/12 Horacio Verbitsky tiró munición gruesa sobre Granados, de quien recordó su responsabilidad como intendente en la actuación de “escuadrones de la muerte” en Ezeiza, a partir de incorporar a los destacamentos de la Bonaerense en el municipio a policías retirados o exonerados, involucrados en el asesinato de jóvenes que presuntamente habrían estado implicados en asaltos a comerciantes. Granados es un abierto defensor de la “mano dura” y de la “justicia por mano propia”. Su política, más allá de sus objetivos electorales de corto plazo, avanza en transformar las barriadas populares en una suerte de prisiones a cielo abierto, aumentando el poder de quienes en realidad son la cabeza del llamado “crimen organizado”, que tiene su vértice en el propio aparato estatal: las mafias policiales y sus protectores políticos y judiciales, como se demostró con claridad en los casos de Córdoba y Santa Fe. La consecuencia de esto será el aumento de los casos de gatillo fácil y de la represión contra los que luchan. Este despliegue represivo, que hoy se dirige esencialmente a criminalizar a la juventud de origen obrero y popular, fundamentalmente a quienes se les niega el derecho al trabajo y al estudio, que son alrededor de 500 mil en la Provincia de Buenos Aires y 900 mil a nivel nacional, va dirigido preventivamente contra un incremento de las luchas obreras y populares.

Es un hecho que la campaña persistente sobre la “seguridad” y la estigmatización de los jóvenes en situación de pobreza, machacada una y otra vez por los grandes medios, ha penetrado en sectores de los trabajadores. Es también un hecho que las condiciones de degradación social que dejó la hiperdesocupación de los ’90 sólo fue paliada muy parcialmente en la década kirchnerista, dejando a cientos de miles en situación de profunda vulnerabilidad social que es aprovechada por las mafias policiales para reclutarlos como último orejón del tarro de sus “emprendimientos delictivos”. Luciano Arruga es el caso emblemático de un joven desaparecido por la policía de La Matanza por negarse a “trabajar” como dealer para la Bonaerense.

La maniobra de sectores del kirchnerismo es presentar las cosas como si el oficialismo no estuviera al frente de impulsar estas políticas. “Insaurralde se cortó solo”; “lo de Granados es obra de Scioli”. Pero lo cierto es que Berni aplaudió el nombramiento de Granados y al gobierno corresponde la iniciativa de despliegue de la gendarmería del Proyecto X en los barrios. Se acabó el verso de “enfrentar a la derecha”. Es el FPV quien implementa una política clara de derecha y es su gobernador quien puso a un apañador de los “escuadrones de la muerte” como ministro de Seguridad.

En Provincia de Buenos Aires, sólo el FIT enfrenta “a la derecha” en todas sus variantes. Contra la criminalización de la juventud nuestro planteo es: terminar con las mafias policiales y sus protectores políticos y judiciales; trabajo con un salario mínimo igual a la canasta familiar; becas para que todos los jóvenes tengan acceso efectivo a la educación; vivienda digna para el pueblo trabajador.