Los números no mienten. En el presupuesto de ajuste de Scioli que votamos en contra en la legislatura, las partidas destinadas a salud y educación, áreas absolutamente sensibles a las necesidades del pueblo trabajador, tuvieron un aumento del 28 % respecto al 2014. Números que están muy por debajo de la inflación estimada para 2015, próxima al 40 %, y del promedio del aumento del presupuesto en su conjunto, que equivale al 36 %. Los datos expuestos contrastan con el importante aumento destinado al fortalecimiento de las fuerzas represivas. La cartera de seguridad obtuvo un aumento del 66 % de su partida presupuestaria, alcanzando los 23.500 millones de pesos.

La represión salvaje a los trabajadores de la línea 60 por parte de la Gendarmería Nacional es una muestra de la senda que deja trazada el kirchnerismo y que Scioli vendrá a profundizar. Ya lo habíamos denunciado con la lucha que libraron los trabajadores “indomables” de Lear sobre Panamericana, también reprimidos por los gendarmes “”caranchos” al mando del secretario de Seguridad Sergio Berni. El kirchnerismo del doble discurso bajó las banderas de la no represión y el pleno empleo. ¿Quién mejor que un peronista hijo político del menemismo y de derecha para continuar con ese camino de ajuste y represión?

Pero Mauricio Macri y Sergio Massa, también hijos políticos de Carlos Menem, no plantean un programa diferente al de Scioli. Ninguno de los tres se atreve a decir lo que harán cuando gobiernen.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, los candidatos que dirimirán la interna del Frente para la Victoria, están en consonancia con la candidatura de Scioli. Son parte de la casta reciclada de los noventa. Por un lado, Aníbal Fernández, que comparte la fórmula con Martín Sabbatella y fuera uno de los principales hombres del duhaldismo, señalado como responsable político del asesinato de Kosteki y Santillán en 2002. Por el otro, Julián Domínguez, con fuertes vínculos con la cúpula de la Iglesia Católica, las patronales agrarias y la burocracia sindical. Un ferviente opositor al derecho legal, seguro y gratuito para las mujeres. Fue un hombre de confianza de Carlos Ruckauf y cuando este renunció a la gobernación bonaerense en medio de crisis en 2002, continuó al frente del Ministerio de Obras Públicas con Felipe Solá. Su compañero de fórmula, Fernando Espinoza, es una de las máximas expresiones de los llamados barones del conurbano, que defienden la impunidad de “La Bonaerense” ante los cientos de casos de gatillo fácil, como el de Luciano Arruga. En sintonía con Scioli, el fuerte de su campaña es la militarización de La Matanza. Hoy la interna entre Fernández y Domínguez pone una vez más sobre el tapete la podredumbre del régimen.

Los demás candidatos no se quedan atrás. Felipe Solá: candidato del massismo, también fue menemista y duhaldista, y otro de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, ocurrida mientras gobernaba la provincia. Por su parte, María Eugenia Vidal, encabeza el acuerdo entre PRO, UCR y Coalición Cívica. Representante del modelo noventista y pro empresarial que desarrolló Macri en la Ciudad, cómplice de los talleres clandestinos, de la desidia que sufren los barrios populares e impulsor de las pistolas -picanas- Taser, de las “topadoras” y las represión como respuesta ante los reclamos de vivienda digna frente a la crisis habitacional, como ocurrió en el desalojo del asentamiento Papa Francisco en Villa Lugano.

Ante estos políticos del ajuste y la mano dura, es necesaria más que nunca una fuerza política de izquierda que se plante. Por eso, nuestra Lista 1A “Renovar y Fortalecer el Frente”, lleva más de 1500 trabajadores y luchadores en sus filas. Porque sabemos que sea quien sea el que resulte ganador en agosto, los trabajadores seremos quienes pondremos el cuerpo a las peleas por nuestros derechos. Y por eso creemos que para fortalecer el Frente de Izquierda es necesario que den un paso adelante y se expresen en el terreno de la política todos aquellos referentes de las peleas más importantes de los últimos años.

Nuestra lista impulsa la fórmula presidencial de Nicolás del Caño y Myriam Bregman y la fórmula que compongo en la provincia con mi compañero Javier Hermosilla, delegado de Mondelez (ex Kraft), competirá el 9 de agosto con la lista que lidera Jorge Altamira.

Nuestra plataforma para la provincia es un conjunto de propuestas programáticas que surgen en gran parte de la experiencia como diputado provincial entre 2014 y 2015. Durante los 18 meses que me desempeñé como legislador, desde el Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores logramos poner la banca obtenida en 2013 al servicio de las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Además, planteamos cuáles son los intereses que hay que afectar para resolverlos: los de los empresarios, los grandes propietarios terratenientes y los de la casta de políticos que viven como gerentes y defienden los intereses de los capitalistas.

Las “Policías locales” vienen a reforzar el poder de fuego de la Bonaerense, no a reemplazarlo. La Bonaerense controla en la Provincia el llamado “gran delito” (narcotráfico, desarmaderos de vehículos, trata de personas, juego clandestino, etc.) en alianza con sectores del poder político, económico y judicial. Esto mismo ocurre en todo el país, como vimos con la complicidad de las Policías de Córdoba y Santa Fe con el narcotráfico o con la Policía tucumana con las redes de trata en el caso de Marita Verón. Las Policías reclutan “lúmpenes” para trabajar a su servicio, a quienes les liberan las zonas a cambio de quedarse con el grueso de lo que recaudan. También se aprovechan de jóvenes en situación de pobreza, a quienes persiguen y aun hacen desaparecer si se niegan a ponerse a su servicio, como ocurrió con Luciano Arruga en La Matanza.

Según todos los indicios, miembros de esta “maldita Policía” fueron los responsables de la desaparición de Jorge Julio López: en el año 2006 eran 9.026 los miembros de la Bonaerense que venían de los años de la dictadura y seguían en funciones, según un informe brindado por el entonces ministro León Arslanián. Recientemente la Cámara de Diputados votó favorablemente un pedido de informes que propusimos desde la banca del FIT para ver cuántos son en la actualidad, pedido que aún no ha sido respondido por el Ministerio de Seguridad provincial.

Las Policías se caracterizan también en nuestro país por la aplicación generalizada del “gatillo fácil”: según la CORREPI, de 2002 a la fecha fueron asesinadas mil cuatrocientas personas por este método o por torturas en cárceles y comisarías. En vez de desarticular este entramado mafioso organizado desde el propio aparato de Estado, Scioli y su ministro Granados refuerzan su poder creando un cuerpo policial que será controlado por cada intendente, principalmente por los “barones del Conurbano”, los cuales son parte tanto del FPV como del Frente Renovador de Massa. El ministro Granados ya implementó un antecedente de estas Policías locales en Ezeiza en base al reclutamiento de policías retirados, con denuncias de actuar como “escuadrones de la muerte” (ver Horacio Verbitsky, “Granados de guerra”, Página/12, 8-09-2013)

No hay que ser muy perspicaz para predecir que estas nuevas Policías serán grupos de choque al servicio de cada intendente, que las tendrá disponibles para utilizar contra los que reclamen por vivienda o salario y para amedrentar a los opositores de cada distrito, como ocurre ya con frecuencia en numerosos municipios. Los reclamos de varios intendentes para quitar todo mínimo control de los Concejos Deliberantes o de la población sobre los jefes de estas nuevas Policías dejan esto en claro para el que tenía alguna duda. Además, tendrán un costo adicional de unos cuatro mil millones de pesos anuales en una provincia donde hay numerosas carencias en educación, salud y vivienda. Sin ir más lejos, son miles los establecimientos escolares con problemas edilicios sin resolver y hay cientos de docentes a los que directamente no se les paga el salario durante meses.

Es claro que para este Gobierno y para opositores como los del Frente Renovador su prioridad no es la educación pública, el hospital público o el acceso a la vivienda para los trabajadores y los sectores populares, sino fortalecer el aparato represivo que, como dijimos, es quien maneja el “gran delito”. Refuerzan el poder de la Bonaerense mientras criminalizan la pobreza, transformando las barriadas populares de la Provincia en una suerte de prisión a cielo abierto y estigmatizando a los jóvenes de origen popular para lanzar contra ellos el malestar social, como se expresó en la ola de “linchamientos” fascistizantes de hace algunas semanas, alentados desde el discurso de políticos oficialistas y opositores como desde diferentes medios de comunicación. Una concepción derechista y retrógrada, basada en una suerte de “racismo social”, donde el “sujeto peligroso” a criminalizar y perseguir son los jóvenes como Luciano Arruga y no sus desaparecedores.