Las “Policías locales” vienen a reforzar el poder de fuego de la Bonaerense, no a reemplazarlo. La Bonaerense controla en la Provincia el llamado “gran delito” (narcotráfico, desarmaderos de vehículos, trata de personas, juego clandestino, etc.) en alianza con sectores del poder político, económico y judicial. Esto mismo ocurre en todo el país, como vimos con la complicidad de las Policías de Córdoba y Santa Fe con el narcotráfico o con la Policía tucumana con las redes de trata en el caso de Marita Verón. Las Policías reclutan “lúmpenes” para trabajar a su servicio, a quienes les liberan las zonas a cambio de quedarse con el grueso de lo que recaudan. También se aprovechan de jóvenes en situación de pobreza, a quienes persiguen y aun hacen desaparecer si se niegan a ponerse a su servicio, como ocurrió con Luciano Arruga en La Matanza.

Según todos los indicios, miembros de esta “maldita Policía” fueron los responsables de la desaparición de Jorge Julio López: en el año 2006 eran 9.026 los miembros de la Bonaerense que venían de los años de la dictadura y seguían en funciones, según un informe brindado por el entonces ministro León Arslanián. Recientemente la Cámara de Diputados votó favorablemente un pedido de informes que propusimos desde la banca del FIT para ver cuántos son en la actualidad, pedido que aún no ha sido respondido por el Ministerio de Seguridad provincial.

Las Policías se caracterizan también en nuestro país por la aplicación generalizada del “gatillo fácil”: según la CORREPI, de 2002 a la fecha fueron asesinadas mil cuatrocientas personas por este método o por torturas en cárceles y comisarías. En vez de desarticular este entramado mafioso organizado desde el propio aparato de Estado, Scioli y su ministro Granados refuerzan su poder creando un cuerpo policial que será controlado por cada intendente, principalmente por los “barones del Conurbano”, los cuales son parte tanto del FPV como del Frente Renovador de Massa. El ministro Granados ya implementó un antecedente de estas Policías locales en Ezeiza en base al reclutamiento de policías retirados, con denuncias de actuar como “escuadrones de la muerte” (ver Horacio Verbitsky, “Granados de guerra”, Página/12, 8-09-2013)

No hay que ser muy perspicaz para predecir que estas nuevas Policías serán grupos de choque al servicio de cada intendente, que las tendrá disponibles para utilizar contra los que reclamen por vivienda o salario y para amedrentar a los opositores de cada distrito, como ocurre ya con frecuencia en numerosos municipios. Los reclamos de varios intendentes para quitar todo mínimo control de los Concejos Deliberantes o de la población sobre los jefes de estas nuevas Policías dejan esto en claro para el que tenía alguna duda. Además, tendrán un costo adicional de unos cuatro mil millones de pesos anuales en una provincia donde hay numerosas carencias en educación, salud y vivienda. Sin ir más lejos, son miles los establecimientos escolares con problemas edilicios sin resolver y hay cientos de docentes a los que directamente no se les paga el salario durante meses.

Es claro que para este Gobierno y para opositores como los del Frente Renovador su prioridad no es la educación pública, el hospital público o el acceso a la vivienda para los trabajadores y los sectores populares, sino fortalecer el aparato represivo que, como dijimos, es quien maneja el “gran delito”. Refuerzan el poder de la Bonaerense mientras criminalizan la pobreza, transformando las barriadas populares de la Provincia en una suerte de prisión a cielo abierto y estigmatizando a los jóvenes de origen popular para lanzar contra ellos el malestar social, como se expresó en la ola de “linchamientos” fascistizantes de hace algunas semanas, alentados desde el discurso de políticos oficialistas y opositores como desde diferentes medios de comunicación. Una concepción derechista y retrógrada, basada en una suerte de “racismo social”, donde el “sujeto peligroso” a criminalizar y perseguir son los jóvenes como Luciano Arruga y no sus desaparecedores.

Es la provincia de Buenos Aires, distrito más importante del país, el escenario principal de esta nueva disputa del PJ. Por un lado está el peronismo que se dice de centroizquierda, el Frente Para la Victoria, aunque en su seno mantiene gran parte del peronismo conservador que caracteriza a intendentes, gobernadores y burócratas sindicales. Otro es el peronismo de los “buenos modales”, que se alía con Clarín, como es el Frente Renovador de Massa. Y por último aparece otra derecha peronista, con De Narváez apoyado por Moyano.

¿Será pasajero o es un fenómeno más duradero? La importancia y consecuencias de esta escisión electoral del peronismo están por verse. Evidentemente no es un dato menor para la realidad política nacional, pero fundamentalmente para el futuro político de la clase trabajadora. En esta crisis y en estas contradicciones es donde puede abrirse paso la lucha de clases y la izquierda revolucionaria puede avanzar en sus posiciones. Si bien en Argentina la crisis económica aún no llegó a su punto culminante y atravesamos una coyuntura donde las contradicciones sociales no se manifiestan abiertamente en forma de luchas o estallidos generalizados como está ocurriendo en Brasil, no obstante no podemos descartar giros bruscos, incluso antes de los comicios de octubre.

¿Estará anticipando Brasil un futuro cercano? Allí millones hoy se levantan y toman las calles en las principales ciudades del país más importante de América Latina. Estas movilizaciones han desenmascarado el discurso de alabanza al Gobierno de Dilma que sostenían tanto centroizquierdistas como derechistas. En Brasil también se hablaba, igual que aquí lo hace el Gobierno nacional, de una “década ganada”.

El Gobierno del PT hoy dirigido por Dilma, al igual que el kirchnerista, se dice “progresista”, aunque fueron incapaces de resolver los grandes problemas estructurales que aquejan a las grandes masas, como la salud, la educación, la vivienda y el transporte. En Brasil se gastan millones para el Mundial 2014 mientras “no hay plata” para mejorar los calamitosos servicios básicos.

El “modelo de inclusión social” choca con las aspiraciones populares y el fantasma de la crisis mundial, que para Brasil significó una desaceleración económica. El proceso también afecta a gran parte de los Gobiernos “posneoliberales”, como muestran la Venezuela chavista o la Bolivia de Evo Morales, donde el Gobierno se sacó la careta y enfrentó a los mineros que lucharon contra un sistema jubilatorio verdaderamente neoliberal. También Gobiernos de derecha, más alineados con EEUU, sufren embates de las masas, como en Costa Rica o Chile, donde van tres años de grandes luchas estudiantiles y ahora se suman los trabajadores portuarios y del cobre.

Por ahora, en Argentina lo más dinámico es la crisis de los de arriba. Aunque Moyano ahora dejó las calles para aliarse con la derecha peronista (De Narváez, De la Sota, Lavagna), la bronca obrera y popular que se expresó en el paro nacional del 20 de noviembre pasado continúa existiendo. Está alimentada por tener que dejar la vida en jornadas y ritmos extenuantes de trabajo, por la precarización laboral, el impuesto al salario, los tarifazos, la inflación o las muertes en los trenes de quienes viajan a laburar o estudiar. Lo que contrasta con el enriquecimiento obsceno de la casta política que ha quedado en evidencia con el caso Lázaro Báez.

Para aprovechar esta crisis, las peleas en el PJ y en la burocracia sindical, la izquierda se debe plantar con una política independiente de los bandos patronales y debe fortalecer su inserción en la clase obrera, la juventud y la mujer trabajadora. Hay que avanzar en las fábricas, en las comisiones internas, los cuerpos de delegados, los centros de estudiantes, para construir una izquierda de los trabajadores que levante un programa para toda la nación oprimida.

A los políticos patronales no les importan los grandes padecimientos populares. Los otros políticos opositores son tan patronales como los del peronismo. Como la “nueva alianza” de Stolbizer y Alfonsín y ni hablar de los directamente empresarios como el PRO de Macri. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores acaba de presentar oficialmente sus listas llenas de candidatos trabajadores y jóvenes combativos. Entre ellos hay referentes destacados del PTS como Myriam Bregman, abogada defensora de los derechos humanos y de los trabajadores, que acompañará a Néstor Pitrola como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. También el metrodelegado Claudio Dellecarbonara, quien encabeza la lista de senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Altamira será secundado por Andrea D’Atri, histórica referente de la lucha por los derechos de las mujeres.

Con nuestra campaña buscaremos superar las PASO en agosto para conquistar legisladores en octubre. La atención política que despiertan las elecciones será aprovechada para plantear que todos los funcionarios y legisladores ganen lo mismo que cualquier trabajador. Medidas como esta, junto a otras como la revocabilidad de los mandatos, el fin de las jubilaciones de privilegio o la elección directa de los jueces, son fundamentales para desnudar frente a millones a la casta de políticos enriquecidos al servicio de los capitalistas.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda participamos en estas elecciones de sembrar la idea de que es necesario superar por izquierda la experiencia histórica del peronismo, contra la política de colaboración de clases, para la perspectiva estratégica de poner en pie un gran partido de la clase trabajadora que luche por un gobierno de los trabajadores.