Los números no mienten. En el presupuesto de ajuste de Scioli que votamos en contra en la legislatura, las partidas destinadas a salud y educación, áreas absolutamente sensibles a las necesidades del pueblo trabajador, tuvieron un aumento del 28 % respecto al 2014. Números que están muy por debajo de la inflación estimada para 2015, próxima al 40 %, y del promedio del aumento del presupuesto en su conjunto, que equivale al 36 %. Los datos expuestos contrastan con el importante aumento destinado al fortalecimiento de las fuerzas represivas. La cartera de seguridad obtuvo un aumento del 66 % de su partida presupuestaria, alcanzando los 23.500 millones de pesos.

La represión salvaje a los trabajadores de la línea 60 por parte de la Gendarmería Nacional es una muestra de la senda que deja trazada el kirchnerismo y que Scioli vendrá a profundizar. Ya lo habíamos denunciado con la lucha que libraron los trabajadores “indomables” de Lear sobre Panamericana, también reprimidos por los gendarmes “”caranchos” al mando del secretario de Seguridad Sergio Berni. El kirchnerismo del doble discurso bajó las banderas de la no represión y el pleno empleo. ¿Quién mejor que un peronista hijo político del menemismo y de derecha para continuar con ese camino de ajuste y represión?

Pero Mauricio Macri y Sergio Massa, también hijos políticos de Carlos Menem, no plantean un programa diferente al de Scioli. Ninguno de los tres se atreve a decir lo que harán cuando gobiernen.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, los candidatos que dirimirán la interna del Frente para la Victoria, están en consonancia con la candidatura de Scioli. Son parte de la casta reciclada de los noventa. Por un lado, Aníbal Fernández, que comparte la fórmula con Martín Sabbatella y fuera uno de los principales hombres del duhaldismo, señalado como responsable político del asesinato de Kosteki y Santillán en 2002. Por el otro, Julián Domínguez, con fuertes vínculos con la cúpula de la Iglesia Católica, las patronales agrarias y la burocracia sindical. Un ferviente opositor al derecho legal, seguro y gratuito para las mujeres. Fue un hombre de confianza de Carlos Ruckauf y cuando este renunció a la gobernación bonaerense en medio de crisis en 2002, continuó al frente del Ministerio de Obras Públicas con Felipe Solá. Su compañero de fórmula, Fernando Espinoza, es una de las máximas expresiones de los llamados barones del conurbano, que defienden la impunidad de “La Bonaerense” ante los cientos de casos de gatillo fácil, como el de Luciano Arruga. En sintonía con Scioli, el fuerte de su campaña es la militarización de La Matanza. Hoy la interna entre Fernández y Domínguez pone una vez más sobre el tapete la podredumbre del régimen.

Los demás candidatos no se quedan atrás. Felipe Solá: candidato del massismo, también fue menemista y duhaldista, y otro de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, ocurrida mientras gobernaba la provincia. Por su parte, María Eugenia Vidal, encabeza el acuerdo entre PRO, UCR y Coalición Cívica. Representante del modelo noventista y pro empresarial que desarrolló Macri en la Ciudad, cómplice de los talleres clandestinos, de la desidia que sufren los barrios populares e impulsor de las pistolas -picanas- Taser, de las “topadoras” y las represión como respuesta ante los reclamos de vivienda digna frente a la crisis habitacional, como ocurrió en el desalojo del asentamiento Papa Francisco en Villa Lugano.

Ante estos políticos del ajuste y la mano dura, es necesaria más que nunca una fuerza política de izquierda que se plante. Por eso, nuestra Lista 1A “Renovar y Fortalecer el Frente”, lleva más de 1500 trabajadores y luchadores en sus filas. Porque sabemos que sea quien sea el que resulte ganador en agosto, los trabajadores seremos quienes pondremos el cuerpo a las peleas por nuestros derechos. Y por eso creemos que para fortalecer el Frente de Izquierda es necesario que den un paso adelante y se expresen en el terreno de la política todos aquellos referentes de las peleas más importantes de los últimos años.

Nuestra lista impulsa la fórmula presidencial de Nicolás del Caño y Myriam Bregman y la fórmula que compongo en la provincia con mi compañero Javier Hermosilla, delegado de Mondelez (ex Kraft), competirá el 9 de agosto con la lista que lidera Jorge Altamira.

Nuestra plataforma para la provincia es un conjunto de propuestas programáticas que surgen en gran parte de la experiencia como diputado provincial entre 2014 y 2015. Durante los 18 meses que me desempeñé como legislador, desde el Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores logramos poner la banca obtenida en 2013 al servicio de las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Además, planteamos cuáles son los intereses que hay que afectar para resolverlos: los de los empresarios, los grandes propietarios terratenientes y los de la casta de políticos que viven como gerentes y defienden los intereses de los capitalistas.

Nisman se sumaría así a la lista de “suicidados” en los gobiernos pos dictadura: Echegoyen, Estrada, Cattáneo, Di Natale, Febrés. Más allá de estos casos pestilentes, los servicios de inteligencia constituyen instrumentos fundamentales de los estados capitalistas para infiltrar y operar de mil formas contra las organizaciones de la clase trabajadora y el pueblo y la izquierda. En nuestro país no es solo la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE), sino también los organismos respectivos de la Marina (SIN), la Fuerza Aérea (SIFA) y el Ejército (heredero del nefasto Batallón de Inteligencia 601 creado por la dictadura de Onganía y de recordado papel durante la dictadura genocida y participante activo del Plan Cóndor), los aparatos de espionaje criminal de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las superintendencias de Seguridad Federal y de Interior de la Policía Federal Argentina y divisiones similares en las policías provinciales. Según las listas entregadas al Archivo de la Memoria, el Batallón 601 tenía 4300 integrantes, la mayoría civiles, entre ellos Gerardo Martínez, uno de los burócratas sindicales preferidos de Cristina.

El espionaje realizado por Gendarmería con el Proyecto X mostró como esta actividad de infiltración y espionaje sigue totalmente vigente. Lo mismo ocurrió con la denuncia de la infiltración del oficial de inteligencia de la Policía Federal Argentina Américo Balbuena en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh, parte de más de mil agentes de esa fuerza que cumplen esa función. Desde lo que hoy es la SI se han orquestado una y mil conspiraciones contra las luchas de los trabajadores. Basta recordar el papel del fallecido Carlos Soria, cuando a cargo de ese organismo en el gobierno de Duhalde fue pieza clave en el armado de todo el operativo que se cobró la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Por eso para los trabajadores el desprestigio que estas cuevas de conspiradores están teniendo a raíz de su responsabilidad tanto en el encubrimiento (¿y en la ejecución?) del atentado a la AMIA y ahora con motivo de la muerte de Nisman es de suma importancia para debilitar su capacidad de acción.

Nuevos datos, mayor confusión

Cada dato nuevo que se conoce agrega confusión y deja con menos asidero la versión inicial de un acto suicida. Pero cualquiera sea la variante de su muerte (suicidio, suicidio inducido o asesinato directo) tiene por detrás la llamada “guerra de los servicios”, posiblemente abierta en lo que hace a este caso a partir del cambio de rumbo del gobierno respecto de la causa AMIA. Durante años, el kirchnerismo siguió con esmero la “pista iraní” sostenida por la CIA, el Mossad y los agentes de la ex SIDE con Antonio “Jaime” Stiusso a la cabeza. El nombramiento de Nisman por parte de Néstor Kirchner fue parte del impulso de esta orientación. Luego, ya con Cristina en el gobierno, el kirchnerismo creyó leer nuevos aires en la política estadounidense hacia Irán y negoció con este país el Memorándum de Entendimiento, supuestamente para lograr que declaren los iraníes acusados por Nisman (que estaban bajo “alerta roja” de Interpol) en el propio territorio de la República Islámica. Esto implicó un quiebre con Stiusso, quien se jactaba de tener una oficina en la sede de la CIA en Langley. Paralelamente a la SI, el kirchnerismo fue construyendo una suerte de aparato de inteligencia interno alternativo comandado por el actual Jefe del Ejército, César Milani.

Resulta verosímil que Nisman haya quedado enredado en esta guerra de camarillas por el control de la inteligencia interna, con el aditamento de la gran influencia sobre la misma de servicios extranjeros como la CIA y el Mossad. No es tampoco descabellado pensar que el llamativo apuro de Nisman por presentar su informe estuvo movido por el intento de aprovechar el impacto de los brutales ataques terroristas en París contra los periodistas de Charlie Hebdo. Lo cierto es que, hecho público el informe de casi 300 páginas que Nisman iba a presentar al Congreso, está lejos de ser lo “explosivo” que el fiscal había anticipado en el raid mediático previo a su muerte.

Quien siembra vientos cosecha tempestades 

En el oficialismo el hecho provocó un fuerte desconcierto inicial, ya que desde sus filas se había fustigado duramente a Nisman en los días previos. A esto hay que agregar la insólita actuación de Sergio Berni esa misma madrugada, presente en la casa del fiscal sin que lo llamara la fiscal y sosteniendo que “todo indica que se trató de un suicidio” cuando la investigación ni había comenzado. También el gobierno ha sido golpeado por la repercusión internacional negativa en la prensa imperialista, que llevó a decir al The New York Times que un equipo de “juristas internacionales” debía investigar la causa AMIA y al Washingon Times a reclamar que Estados Unidos y Europa sancionen al país por la “dudosa muerte”. El intento del gobierno de reacomodarse a partir de las cartas de la presidenta publicadas en la red social Facebook (especialmente la última donde descarta el suicidio) tiene sin embargo múltiples contradicciones, empezando porque fue el propio kirchnerismo el que abonó por una década la “pista iraní” en consonancia con los gobiernos de Estados Unidos e Israel (y con sus servicios de inteligencia) y que se valió durante 12 años de los servicios del ahora “enemigo” Jaime Stiuso: el que siembra vientos cosecha tempestades. Este gobierno hizo uso y abuso de un aparato de inteligencia putrefacto que viene desde la dictadura y que ahora busca reemplazar parcialmente por uno no muy distinto controlado por otro represor de la dictadura como Milani.

Mientras la oposición patronal quiere transformar a Nisman en “héroe nacional” y en la causa AMIA busca reafirmar la “pista iraní” para sostener una mayor subordinación a Estados Unidos y al Estado de Israel; y mientras el gobierno hace malabares para capear esta crisis buscando desligarse de sus responsabilidades; solo desde el PTS y el Frente de Izquierda hemos planteado las medidas necesarias para quebrar el encubrimiento estatal que acompañó la causa AMIA desde sus inicios. Apertura inmediata e integral de los archivos de la Secretaría de Inteligencia. Conformación de una Comisión Investigadora Independiente con plenos poderes para encontrar la verdad del brutal atentado. Derogación de la nefasta “ley antiterrorista”. Abajo el “Proyecto X”. Los trabajadores y los sectores populares que quieren terminar con el espionaje y estas mafias al servicio de los capitalistas, sus gobiernos y sus partidos, que utilizan los recursos del estado para ajustes de cuentas o maniobras en función de los intereses de cada camarilla, tienen que inscribir la disolución de los servicios de inteligencia como parte del programa de lucha contra este Estado de los capitalistas, por un gobierno de los trabajadores.

Las “Policías locales” vienen a reforzar el poder de fuego de la Bonaerense, no a reemplazarlo. La Bonaerense controla en la Provincia el llamado “gran delito” (narcotráfico, desarmaderos de vehículos, trata de personas, juego clandestino, etc.) en alianza con sectores del poder político, económico y judicial. Esto mismo ocurre en todo el país, como vimos con la complicidad de las Policías de Córdoba y Santa Fe con el narcotráfico o con la Policía tucumana con las redes de trata en el caso de Marita Verón. Las Policías reclutan “lúmpenes” para trabajar a su servicio, a quienes les liberan las zonas a cambio de quedarse con el grueso de lo que recaudan. También se aprovechan de jóvenes en situación de pobreza, a quienes persiguen y aun hacen desaparecer si se niegan a ponerse a su servicio, como ocurrió con Luciano Arruga en La Matanza.

Según todos los indicios, miembros de esta “maldita Policía” fueron los responsables de la desaparición de Jorge Julio López: en el año 2006 eran 9.026 los miembros de la Bonaerense que venían de los años de la dictadura y seguían en funciones, según un informe brindado por el entonces ministro León Arslanián. Recientemente la Cámara de Diputados votó favorablemente un pedido de informes que propusimos desde la banca del FIT para ver cuántos son en la actualidad, pedido que aún no ha sido respondido por el Ministerio de Seguridad provincial.

Las Policías se caracterizan también en nuestro país por la aplicación generalizada del “gatillo fácil”: según la CORREPI, de 2002 a la fecha fueron asesinadas mil cuatrocientas personas por este método o por torturas en cárceles y comisarías. En vez de desarticular este entramado mafioso organizado desde el propio aparato de Estado, Scioli y su ministro Granados refuerzan su poder creando un cuerpo policial que será controlado por cada intendente, principalmente por los “barones del Conurbano”, los cuales son parte tanto del FPV como del Frente Renovador de Massa. El ministro Granados ya implementó un antecedente de estas Policías locales en Ezeiza en base al reclutamiento de policías retirados, con denuncias de actuar como “escuadrones de la muerte” (ver Horacio Verbitsky, “Granados de guerra”, Página/12, 8-09-2013)

No hay que ser muy perspicaz para predecir que estas nuevas Policías serán grupos de choque al servicio de cada intendente, que las tendrá disponibles para utilizar contra los que reclamen por vivienda o salario y para amedrentar a los opositores de cada distrito, como ocurre ya con frecuencia en numerosos municipios. Los reclamos de varios intendentes para quitar todo mínimo control de los Concejos Deliberantes o de la población sobre los jefes de estas nuevas Policías dejan esto en claro para el que tenía alguna duda. Además, tendrán un costo adicional de unos cuatro mil millones de pesos anuales en una provincia donde hay numerosas carencias en educación, salud y vivienda. Sin ir más lejos, son miles los establecimientos escolares con problemas edilicios sin resolver y hay cientos de docentes a los que directamente no se les paga el salario durante meses.

Es claro que para este Gobierno y para opositores como los del Frente Renovador su prioridad no es la educación pública, el hospital público o el acceso a la vivienda para los trabajadores y los sectores populares, sino fortalecer el aparato represivo que, como dijimos, es quien maneja el “gran delito”. Refuerzan el poder de la Bonaerense mientras criminalizan la pobreza, transformando las barriadas populares de la Provincia en una suerte de prisión a cielo abierto y estigmatizando a los jóvenes de origen popular para lanzar contra ellos el malestar social, como se expresó en la ola de “linchamientos” fascistizantes de hace algunas semanas, alentados desde el discurso de políticos oficialistas y opositores como desde diferentes medios de comunicación. Una concepción derechista y retrógrada, basada en una suerte de “racismo social”, donde el “sujeto peligroso” a criminalizar y perseguir son los jóvenes como Luciano Arruga y no sus desaparecedores.

Mis compañeros ya eran parte de la lista, en procesos armados en base a “información” aportada ilegalmente por la Gendarmería en los casos que detonaron la denuncia de espionaje de esa fuerza conocida como “Proyecto X”. Aducen que cortando la Panamericana durante un paro general hemos violado el artículo 194 del Código Penal -que viene de los tiempos de la dictadura de Onganía- a pesar de que hay ya varios fallos que señalan que este artículo no debe aplicarse a acciones realizadas como parte de huelgas o movilizaciones vinculadas a ellas.

Nos referimos por ejemplo al reciente dictamen del Dr. Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, quien en la causa caratulada “Moyano, Edgardo y otros s/recurso de casación”, señaló que las manifestaciones en la vía pública no pueden ser hechos encasillados en el art. 194 del Código Penal, por tanto no pueden ser consideradas delito. Así lo plantea en su dictamen sobre la aplicación de dicho artículo: “De ahí que viene observándose que las protestas sociales que únicamente se toman el espacio público para dirigir sus reclamos, para hacerse oír por las autoridades que no han recibido y canalizado sus solicitudes, no debería ser sujeta a medidas tan gravosas e intensas como lo es la acción penal”. Y agrega: “Estas situaciones generan el peligro de permitir que una norma de esta naturaleza sea legitimadora de la criminalización de opiniones y reclamos ante las autoridades o grupos de poder real por parte de sectores disidentes de la opinión de la mayoría”.  Todo esto se aplica al hecho por el cual se nos quiere criminalizar.

De la larga lista de perseguidos por luchar, el caso más grave y emblemático es hoy el de los trabajadores petroleros de Las Heras, cuatro de los cuales fueron condenados a cadena perpetua en un juicio escandaloso, armado en base a testimonios arrancados bajo tortura. La campaña por la absolución de estos compañeros no para de crecer, tanto nacional como internacionalmente, con tres centrales sindicales que se han pronunciado en su favor: la CTA que encabeza Pablo Micheli, la CTA que lidera Hugo Yasky y la CGT dirigida por Hugo Moyano.

El momento en que nos cita la justicia por hechos de hace un año y medio no es casual. Se produce cuando se está descargando un brutal ajuste sobre el pueblo trabajador mediante la combinación de devaluación e inflación, donde tanto el oficialismo como los opositores de los partidos patronales (Massa, Macri, Cobos, Binner, etcétera) coinciden en que el salario y las jubilaciones sean la variable de “ajuste”, en que sean los trabajadores los que paguen la crisis. Un claro indicador de esto fue la reunión de los ministros de economía de varias provincias para acordar no aumentar más de un 25% a los docentes, cuando la inflación que se anuncia para este año será superior al 30%. Desde el Frente de Izquierda anunciamos en la campaña electoral el ajuste que se preparaba más allá de los discursos de ocasión. Los hechos nos han dado la razón.

No hay que ser muy perspicaz para pronosticar que más allá de las agachadas de los burócratas sindicales es muy probable que las paritarias sean escenarios de protestas y movilizaciones en defensa del salario. Nos judicializan al igual que a otros compañeros como forma de tratar de desalentar nuestra intervención en las luchas. Es obvio que no lo van a conseguir. Todo lo contrario. Nos refuerzan en nuestras convicciones.

Transformaremos su persecución en una denuncia de este régimen político y de su justicia de clase, enemiga de los trabajadores. A nosotros nos persiguen por luchar, a los funcionarios del Gobierno y a sus opositores de la derecha los citan a tribunales por su participación en corruptelas y negociados. Seguiremos en las calles, junto a la clase trabajadora.

No pocos “encuestadores” y “analistas” nos tiraron abajo en las encuestas (sobre todo en Provincia de Buenos Aires), y apenas conocidos los resultados debieron lanzarse a tratar de interpretar la votación del FIT. Hasta los gobernadores peronistas que visitaron a Gioja en San Juan “discutieron” qué expresaba la votación en Salta donde la lista de PO salió segunda con casi un 20% y en Mendoza la lista encabezada por Nicolás Del Caño (PTS) superó el 14%, como comenta Ámbito Financiero (30/10). En esas provincias, durante la campaña, como las encuestas no podían ocultar el crecimiento lanzaron todo el aparato mediático a cuestionar los aspectos del programa del FIT que creían que “espantarían” a los sectores populares, como el aborto o el problema de la seguridad, transformándolos en el eje de la discusión.

En la Provincia de Buenos Aires, donde fue la elección de mayor significación nacional obtuvimos un 5% pese a la polarización entre Massa y el FPV. En todo el conurbano superamos a De Narváez que contó con el apoyo del moyanismo. Llegamos a la legislatura bonaerense arañando el 6% por la 3º Sección, la más populosa, que agrupa 19 municipios del oeste y sur del Gran Buenos Aires, como La Matanza y otros partidos. Los analistas vinculados al peronismo se ilusionan con que el voto a la izquierda sea pasajero. Pero un voto con resultados tan importantes en numerosas provincias, más allá de las particularidades, expresa una tendencia nacional que podríamos atribuir a la combinación de distintos fenómenos.

Primero, la inserción de la izquierda entre los trabajadores y la juventud, con intervención en los movimientos de lucha (de trabajadores, DD.HH., de la mujer, etcétera) que creció durante todo el ciclo K. Somos una izquierda que no desaparece entre una elección y otra, sino que tiene una presencia permanente en la lucha de clases y la política nacional. En 2009 la suma de los votos de quienes componemos el FIT rondaba los 400 mil votos. Para entonces habíamos protagonizado algunos de los conflictos más relevantes de la clase obrera bajo el kirchnerismo (la gran lucha de Kraft) algo que se repetiría en la lucha de los tercerizados ferroviarios del Roca, durante la cual fue asesinado Mariano Ferreyra. En particular, el PTS fue conquistando comisiones internas y cuerpos de delegados en numerosas fábricas y empresas, con gran peso en el cordón industrial de la zona norte del Gran Buenos Aires. La unidad electoral consagrada en el FIT en 2011 dio mayor visibilidad e impulso a esa presencia, permitiendo lograr más de 500 mil votos a la fórmula presidencial y 660 mil a diputados nacionales.

A la izquierda del kirchnerismo no había “una pared” como decían desde Carta Abierta, sino una izquierda clasista que batallaba a contracorriente, independiente del gobierno y otras variantes patronales. No es casual que en fábricas donde la militancia del Frente tiene presencia nos votaron el 20, 30 y hasta 40% de los trabajadores. Y hablamos de empresas “grandes”. Si en todo el ciclo K se votaba a compañeros de izquierda como delegados o para las comisiones internas lo nuevo es que este voto político a la izquierda, en algunos casos repetido desde 2011 (ya son cuatro elecciones) y en otros por primera vez, es acompañado por la militancia activa de numerosos trabajadores. Hay establecimientos donde decenas de trabajadores fiscalizaron y convencieron de votar al FIT a compañeros, amigos, vecinos y familiares.

El segundo aspecto tiene que ver con la desilusión con el gobierno kirchnerista. Una franja de quienes lo apoyaban “por izquierda”, con la ilusión de transformaciones progresivas, ahora votó al FIT, dándonos la razón en nuestra delimitación persistente respecto del carácter del gobierno y su política permanente de tomar causas justas para bastardearlas. Esto se acrecentó ante el giro a la derecha del oficialismo tras las PASO. Aquí queda la experiencia de que es una quimera pretender transformaciones “de izquierda” por parte de una coalición con sectores de derecha, como el peronismo conservador que gobierna provincias y municipios o la podrida burocracia sindical.

Tercero, hay un fenómeno en la juventud, un gran componente del voto al FIT, tanto trabajadora como estudiantil. Este voto juvenil tiene razones sociales como políticas. Para muchos jóvenes que entraron por primera vez al mercado de trabajo o que estudian en terciarios o hasta hacen algunas materias en la universidad, el futuro aparece frustrante. El trabajo es precario y son una buena parte de quienes cobran menos de $5000 mensuales. Esa generación sufre la desilusión de la “promesa kirchnerista”, que se da en el marco de una crisis capitalista histórica que va por su sexto año, y todos los días ve cómo los gobiernos tanto conservadores como de “centro izquierda” aplican las mismas políticas de meter la mano en el bolsillo de los trabajadores para salvar a los bancos y monopolios. El FIT es la única fuerza nacional que denuncia estas políticas y plantea que la crisis la paguen las patronales. En esta elección fuimos los únicos que llamamos a votar contra el ajuste que plantean los grandes empresarios y sostienen en mayor o menor medida los políticos capitalistas.

Además, el voto al FIT fue el más consciente de toda la elección. Difundimos por miles un Manifiesto electoral con nuestro programa transicional ante la actual situación, donde planteamos nuestro objetivo de luchar por un gobierno de trabajadores. Agitamos creativamente puntos destacados de nuestro programa en los espacios de radio y televisión. Eso no significa que todos nuestros votantes comparten el conjunto de nuestra perspectiva revolucionaria, pero sí que se identifican y apoyan parte importante de nuestro programa. Tenemos ahora el desafío de poner las bancas al servicio de desarrollar y amplificar las luchas de los trabajadores, de apuntalar la conciencia de clase y de denunciar los negociados que hacen los políticos patronales a espaldas del pueblo trabajador. Vamos a articular los proyectos que presentemos en el parlamento y las legislaturas con organizaciones sindicales, estudiantiles, el movimiento de mujeres, de lucha por la vivienda. No se trata de presentar proyectos para que queden cajoneados sino de iniciativas políticas que favorezcan la movilización y la organización de los explotados y oprimidos.

En lo inmediato está planteado el crecimiento de la militancia en fábricas, establecimientos, escuelas y universidades. El apoyo electoral debemos ponerlo en función de dar nuevos pasos en la construcción del gran partido revolucionario que la clase trabajadora necesita para vencer.

Aunque correspondería, no se habla de “inseguridad” frente los accidentes de trabajo, el empleo precario, la ausencia de una vivienda digna, la falta de acceso a la salud o la educación o ante el “gatillo fácil” de las policías “bravas”.

El propio Insaurralde se pronunció por bajar la edad de imputabilidad penal a los 14 años y Scioli desdobló el Ministerio de Justicia y Seguridad, poniendo al frente de éste último al hasta entonces intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. Además, el gobierno nacional, de la mano del secretario de Seguridad, Sergio “Rambo” Berni, ordenó el despliegue de miles de nuevos gendarmes en las barriadas del conurbano. Recordemos que en las primarias, el “combate contra la inseguridad” fue uno de los ejes de Massa, resaltando que en Tigre había cámaras de seguridad por todo el municipio. De Narváez, por su parte, dijo que el oficialismo le copió sus planteos.

Ante estos planteos parte del kirchnerismo salió a decir que no acordaba con la baja de la edad de imputabilidad (aunque sí con elaborar un “régimen penal juvenil”) y desde Página/12 Horacio Verbitsky tiró munición gruesa sobre Granados, de quien recordó su responsabilidad como intendente en la actuación de “escuadrones de la muerte” en Ezeiza, a partir de incorporar a los destacamentos de la Bonaerense en el municipio a policías retirados o exonerados, involucrados en el asesinato de jóvenes que presuntamente habrían estado implicados en asaltos a comerciantes. Granados es un abierto defensor de la “mano dura” y de la “justicia por mano propia”. Su política, más allá de sus objetivos electorales de corto plazo, avanza en transformar las barriadas populares en una suerte de prisiones a cielo abierto, aumentando el poder de quienes en realidad son la cabeza del llamado “crimen organizado”, que tiene su vértice en el propio aparato estatal: las mafias policiales y sus protectores políticos y judiciales, como se demostró con claridad en los casos de Córdoba y Santa Fe. La consecuencia de esto será el aumento de los casos de gatillo fácil y de la represión contra los que luchan. Este despliegue represivo, que hoy se dirige esencialmente a criminalizar a la juventud de origen obrero y popular, fundamentalmente a quienes se les niega el derecho al trabajo y al estudio, que son alrededor de 500 mil en la Provincia de Buenos Aires y 900 mil a nivel nacional, va dirigido preventivamente contra un incremento de las luchas obreras y populares.

Es un hecho que la campaña persistente sobre la “seguridad” y la estigmatización de los jóvenes en situación de pobreza, machacada una y otra vez por los grandes medios, ha penetrado en sectores de los trabajadores. Es también un hecho que las condiciones de degradación social que dejó la hiperdesocupación de los ’90 sólo fue paliada muy parcialmente en la década kirchnerista, dejando a cientos de miles en situación de profunda vulnerabilidad social que es aprovechada por las mafias policiales para reclutarlos como último orejón del tarro de sus “emprendimientos delictivos”. Luciano Arruga es el caso emblemático de un joven desaparecido por la policía de La Matanza por negarse a “trabajar” como dealer para la Bonaerense.

La maniobra de sectores del kirchnerismo es presentar las cosas como si el oficialismo no estuviera al frente de impulsar estas políticas. “Insaurralde se cortó solo”; “lo de Granados es obra de Scioli”. Pero lo cierto es que Berni aplaudió el nombramiento de Granados y al gobierno corresponde la iniciativa de despliegue de la gendarmería del Proyecto X en los barrios. Se acabó el verso de “enfrentar a la derecha”. Es el FPV quien implementa una política clara de derecha y es su gobernador quien puso a un apañador de los “escuadrones de la muerte” como ministro de Seguridad.

En Provincia de Buenos Aires, sólo el FIT enfrenta “a la derecha” en todas sus variantes. Contra la criminalización de la juventud nuestro planteo es: terminar con las mafias policiales y sus protectores políticos y judiciales; trabajo con un salario mínimo igual a la canasta familiar; becas para que todos los jóvenes tengan acceso efectivo a la educación; vivienda digna para el pueblo trabajador.

Otras listas en las que intervienen nuestros compañeros del PO ganaron en los centros de Veterinaria, Arquitectura (con acuerdos que no compartimos) y Farmacia y Bioquímica. Los radicales y sus aliados del PS se alzaron a su vez con los centros de Medicina, Económicas y Derecho.

El kirchnerismo fue políticamente derrotado, quedando estancado o retrocediendo en votos según las facultades, mientras la llamada “izquierda independiente” perdió en los cuatro centros que dirigía, pagando en retroceso político su eclecticismo característico. Estamos evidentemente ante un cambio importante en el mapa político universitario. Si esto no se expresa en el cambio de autoridades se debe únicamente a que la llamada “democracia universitaria” es un régimen profundamente oligárquico, cuya composición está destinada a preservar el poder de pequeñas camarillas profesorales que tributan al poder de turno y son por esencia sostenedoras del statu quo universitario.

Para que se entienda: en la Facultad de Ciencias Sociales, los más de catorce mil estudiantes que votaron, y en su gran mayoría lo hicieron por las fuerzas de izquierda, eligen sólo cuatro representantes al Consejo Directivo, al igual que apenas 2.535 graduados, mientras que los apenas doscientos trece votantes del claustro de profesores eligen ocho miembros. En este claustro solo votan los profesores titulares, asociados y adjuntos concursados, es decir, una pequeña minoría del total de los docentes, ya que los mal llamados “auxiliares” (jefes de trabajos prácticos y ayudantes de primera y de segunda) y los titulares, asociados y adjuntos que no están concursados votan en el claustro de graduados (donde también lo hacen los llamados “graduados puros”, los recibidos en cada facultad que se empadronaron, pero no tienen relación directa con la vida universitaria y que frecuentemente son movilizados por los consejos profesionales).

Los miles de trabajadores “no docentes” no tienen representación propia en los consejos directivos, una discriminación inaceptable en la que la UBA está quedando cada vez en mayor soledad, ya que la mayoría de las universidades contempla esta participación. Como se verá, lo que tenemos es un régimen profundamente oligárquico donde, para tomar el ejemplo citado, poco más de doscientas personas eligen el doble de representantes que catorce mil… Hay que tener en cuenta que en una votación de este tipo se eligen orientaciones políticas, por lo cual no hay razón valedera para justificar que el voto de un profesor concursado valga veinte veces más que el de un interino o un “auxiliar” que vota como “graduado”, o doscientas veces más que el de un estudiante.

Siguiendo con la Facultad de Ciencias Sociales, donde me recibí y doy clases, al igual que en la Universidad Nacional de La Plata, hace más de veinte años, en la elección de directores de carrera, que se hace según el criterio de voto directo, pero ponderado por claustro (un 33% cada uno), se da la paradoja de que los candidatos que ganaron en votos absolutos en las carreras de Sociología y Ciencias de la Comunicación figuran como terceros una vez realizada la ponderación, y los que salieron últimos en el voto absoluto se transforman en ganadores por la “magia” de la ponderación del voto. En Sociología, Cecilia Rossi, la candidata impulsada por la izquierda, obtuvo un total de 1.306 votos (36,5%); Carlos Belvedere, el candidato votado por el kirchnerismo, 994 votos (27,8%), y Alejandra Oberti, candidata por el oficialismo actual de la carrera y apoyada por la “izquierda independiente”, quedó última con 939 votos (26,2%), resultando perdedora tanto entre los graduados, donde ganó Belvedere, como entre los estudiantes, donde quedó tercera, mientras que la candidata de la izquierda obtuvo un 44,71%, más que la suma del segundo y el tercero. En Ciencias de la Comunicación el más votado fue Carlos Mangone, también apoyado por la izquierda, con 1.802 votos, mientras Natalia Vinelli obtuvo 1.785 y Diego De Charras, 1549. En ambos casos quienes salieron terceros resultan “ganadores” gracias al antidemocrático criterio de la ponderación del voto.

El régimen de gobierno oligárquico que domina la universidad está al servicio de una política totalmente complaciente con el poder político y económico, que no vacila en recibir fondos de las multinacionales megamineras o en mantener miles de docentes sin cobrar por su trabajo (los “ad honorem”), mientras los funcionarios “de gestión” tienen ingresos muy superiores a quienes desempeñan la actividad docente y ni hablar de los no docentes, ya que se guían por un escalafón propio que hace que el subsecretario de una facultad cobre arriba de cuarenta mil pesos, más del doble de un titular con dedicación exclusiva y veinticinco años de antigüedad… Las camarillas que gobiernan la universidad sostienen una política que la condena a vegetar entre la rutina de la acreditación de títulos y la asociación con los intereses empresarios, y que da la espalda a los intereses del pueblo trabajador, alejada de toda intervención crítica frente a este orden social.

La victoria obtenida por la izquierda en estas elecciones crea condiciones para relanzar la lucha por la democratización del régimen universitario (que tuvo su punto más avanzado en el proceso de las “directas” en la Carrera de Sociología en el 2002) y por una universidad verdaderamente al servicio de la clase trabajadora.

Más allá del patético discurso de CFK sobre las victorias del FPV en la Antártida y en la Comunidad Qom (explicada esta última por Félix Díaz a partir de que no le entregan documentos a los QOM opositores a Insfrán), los K se ilusionan con que aún de repetirse este resultado en octubre mantendrían mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores, aunque en esta última su diferencia se estrecharía. Dicen que en 2009 quedaron con minoría en Diputados e igual se recuperaron. Sin embargo, la situación es muy diferente.

En 2009 hubo una fuerte recesión al calor de la crisis internacional. No sólo se recuperaron por el rebote de la economía (que creció fuerte en 2010 y 2011) sino que tenían variantes políticas de recambio (reelección de Cristina o candidatura de Néstor). El fenómeno desarrollado por la muerte de Néstor Kirchner potenció una recuperación política ya insinuada en los actos del Bicentenario y Cristina logró una holgada victoria en las presidenciales de 2011. Ni bien terminada esa elección señalamos las contradicciones económicas y políticas que enfrentaba el gobierno, y que éstas se expresarían más temprano que tarde. No nos equivocamos. La economía cayó fuerte en 2012 aunque no se derrumbó. Este año la producción automotriz creció respecto al año pasado, la cosecha fue récord y aumentó el consumo, lo que permitió contener las tendencias a la acción directa.

Pero el esquema económico no resolvió sus contradicciones estructurales. Las reservas continuaron su caída. La inflación no se disparó pero sigue en torno al 25% anual. El dólar paralelo casi duplica al oficial. El cepo al dólar produjo un derrumbe del mercado inmobiliario, que está en su piso histórico. El superávit fiscal es cosa del pasado, no lo consiguen siquiera mediante el “impuesto al salario”, que pasó de ser pagado por un 7% de los asalariados a un 30%. El déficit es cubierto con los fondos de la ANSES. El precio de la soja está cayendo y se calcula que la recaudación del Estado por retenciones caerá en 2014 alrededor de U$S 5.000 millones. Además, las condiciones internacionales empeoraron, con la tendencia a la caída de los precios de las materias primas. Todo esto expresa las tendencias al agotamiento del “modelo”, más allá de mejoras coyunturales que recrean ilusiones conservadoras en amplios sectores de masas. Hoy las principales contradicciones son políticas: como dijimos cuando el gobierno obtenía un 54%, la ausencia de reelección de CFK lleva a una “crisis de sucesión” en el oficialismo. El descontento que el año pasado y este mostraron las clases medias (con los cacerolazos que buscaban una salida por derecha) y el movimiento obrero (con el gran paro del 20 de noviembre) preanunciaron de algún modo lo que en las elecciones se expresó políticamente.

La batalla por la sucesión del peronismo

Con el apoyo del grueso de la clase dominante, llevando incluso un ex presidente de la Unión Industrial Argentina -José Ignacio De Mendiguren- en su lista, Massa fue uno de los grandes ganadores de la elección, aunque esto no lo transforma automáticamente en quien se queda con la sucesión de Cristina en el interior del peronismo. Massa, con su perfil opositor light, se transformó en la “esperanza blanca” de la gran patronal para liderar el “post kirchnerismo”. En su campaña, combinó planteos abiertamente de derecha (como la campaña por la “seguridad”) con demagogia hacia los trabajadores en lo que hace al “impuesto al salario”, buscando además el apoyo de sectores de la burocracia sindical. La burocracia, dividida como nunca, es una de las grandes derrotadas de la elección.

En la Provincia de Buenos Aires, el centro de la campaña electoral, la política del kirchnerismo frente a la emergencia de Massa fue presentar un candidato como Martín Insaurralde, con un perfil similar, y dar gran protagonismo en la campaña a Daniel Scioli, que estuvo a la par de la presidenta en los actos (aunque no en los spots, monopolizados por la imagen de CFK). Hay que ver si, más allá de una primera reacción que los muestra desorientados, tienen algún cambio de estrategia en la campaña hacia octubre.

El espacio del radicalismo y el “socialismo” de Binner sale relativamente bien de las primarias, con Julio Cobos y el ex gobernador santafesino como posibles presidenciables. El UNEN, que reunió la diáspora radical en Ciudad de Buenos Aires, junto a Elisa Carrió, Pino Solanas y Libres del Sur, no es seguro que retenga todo el voto que obtuvieron por separado las fórmulas que fueron a las internas y que sumadas le dieron el primer lugar. Sin embargo, la UCR salió derrotada en Ciudad de Buenos Aires, ni siquiera entrando Gil Lavedra en el reparto de candidaturas a diputado. En Provincia de Buenos Aires el grueso de los votos de la alianza entre Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín no sumó lo que obtuvo el FAP en 2011. Nacionalmente, la expectativa de este espacio para 2015 se cifra en una división del peronismo que le permita llegar con alguna chance a segunda vuelta.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores: una elección histórica

Con más de 900 mil votos, el FIT hizo una elección histórica para la izquierda anticapitalista, clasista y socialista. Mientras, la izquierda que apoya al gobierno perdió toda identidad diferenciada y la que se fue con las variantes de centroizquierda (MST - Nueva Izquierda) se redujo a su mínima expresión. A diferencia de otros frentes de izquierda que concentraban sus votos en Capital y Provincia de Buenos Aires, el FIT se mostró como una alternativa política de la clase trabajadora desde el norte hasta la Patagonia.

Nuestro voto expresó el descontento por izquierda con el gobierno kirchnerista, algo que los encuestadores y analistas buscaron ocultar durante la campaña y la prensa intenta hoy minimizar. Cuando en algunos distritos sacamos resultados entre un 5 % y un 10% es evidente que no hubo “error estadístico” sino una intencionalidad política en no registrar el voto al FIT. Esta vez no pueden querer explicar nuestra votación como producto de un supuesto “milagro” como hicieron en 2011. El FIT se transformó en alternativa por nuestra presencia permanente en las luchas políticas y sociales de este período. No somos partidos ni candidatos que sólo aparecemos para una elección. Fuimos los que denunciamos el espionaje ilegal de la gendarmería con el Proyecto X y llevamos adelante la campaña por la perpetua para Pedraza. Los que enfrentamos el copamiento de Plaza de Mayo por el gobierno el 24 de marzo. Los que nos solidarizamos con los inundados de La Plata e impulsamos las asambleas populares. Los que denunciamos la mafia en el sistema ferroviario que estuvo tras los crímenes sociales de Once y Castelar y fue responsable del asesinato de Mariano Ferreyra. Los que denunciamos en plena campaña como hizo Claudio Dellecarbonara en el Subte junto a los metrodelegados a Macri y su política de poner a funcionar estaciones sin condiciones de seguridad para trabajadores y usuarios. Los que impulsamos decenas de listas antiburocráticas en los sindicatos y estamos en primera línea en cada lucha obrera. Los que luchamos por la defensa de la educación pública en el movimiento estudiantil e intervenimos en todas las luchas antirepresivas y contra la impunidad de los represores de ayer y de hoy. Los que batallamos en el terreno de las ideas, como estamos haciendo desde el PTS con otros intelectuales adherentes al FIT con la revista Ideas de Izquierda.

El desafío del Frente de Izquierda y de los Trabajadores

El desafío del FIT no es meramente canalizar el descontento obrero y popular para obtener bancas de izquierda sino ser una herramienta para la construcción de un verdadero partido revolucionario, con decenas de miles de militantes y lugares de dirección en decenas de sindicatos, centros de estudiantes y otros organismos del movimiento de masas, es decir, con capacidad de dirección de una franja de la clase trabajadora (al comienzo minoritaria, pero que se proponga dirigirla en su conjunto). Para nuestro partido, el FIT es un medio para este objetivo, ya que un partido de este tipo es el que necesita la clase obrera para que una nueva crisis de “fin de ciclo” no sea resuelta favorablemente para la clase dominante.

Partimos para ello de que el FIT, a diferencia de Izquierda Unida, se basa en una plataforma de 26 puntos que señala claramente la lucha por la independencia política de la clase obrera tanto del gobierno como de toda variante patronal y por un gobierno de los trabajadores. Hacia octubre, tenemos planteado continuar una gran campaña militante. Los votos obtenidos no son un techo sino un piso. Muchos que no nos votaron están predispuestos a darnos su apoyo para que ingrese una bancada de izquierda al parlamento, a las legislaturas locales y a los concejos deliberantes. No porque creamos que las bancas son un fin en sí mismo, sino que son un medio para impulsar la movilización y la organización política independiente de la clase trabajadora.

El gobierno optó por una campaña donde Cristina es la gran protagonista, tanto que el primer candidato en la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, casi no aparece. La idea central es que la presidenta “eligió” defender los intereses populares y ahora son los votantes quienes deben elegir al igual que lo hizo Cristina. Pero lo cierto es que el oficialismo, que espera hacer jugar a su favor cierto mejoramiento coyuntural de los índices económicos, llega a esta elección debilitado por la división que significó la ruptura de Massa y por presentar un candidato poco conocido en el principal distrito electoral del país. El otro flanco débil donde se hace sentir la división del peronismo es en la burocracia sindical, donde sectores de la CGT oficialista se pasan a la oposición (como amenazan en estos días la UTA y La Fraternidad).

Pero sobre todo, ha sido alto el costo político que está pagando el gobierno por haber designado a un represor de la dictadura como César Milani, el acuerdo entreguista con la Chevron y la protección dada al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, procesado en numerosas causas por corrupción. El tratamiento del pliego de ascenso de Milani para el cargo de teniente general en el Senado se transformó en una crisis para el gobierno cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales, que preside el periodista oficialista Horacio Verbitsky, presentó el mismo día que se trataba el tema en el Senado un informe con nuevas pruebas a partir de las cuales recomendaba no otorgar el ascenso al flamante Jefe del Ejército. Los senadores del bloque del Frente Para la Victoria debieron retroceder y pedir un cuarto intermedio. Poco después, por orden de la Presidenta, que defendió a Milani por cadena nacional, se postergaba la discusión hasta diciembre.

El gobierno se corrió tan a la derecha que permitió que hicieran gala de cinismo y demagogia “por izquierda” los que lo corren por derecha, de los radicales al mismo Macri. Todo esto ha sido un golpe importante para los sectores, muchos de ellos jóvenes, que apoyaron al gobierno desde la izquierda o el progresismo.

Por otra parte, hasta el momento, las encuestas dan ganador a Massa en la estratégica elección de provincia de Buenos Aires, aunque habría un leve repunte del candidato oficialista, con la intervención activa de Scioli y Cristina en la campaña. Pero aún cuando el intendente de Tigre lograra una concentración mayor del voto opositor en octubre esto no dirime por sí mismo la sucesión del peronismo ante las tendencias al agotamiento del ciclo kirchnerista y la casi segura imposibilidad de reelección de la actual presidente. La batalla continuará luego de las elecciones y cada contendiente tratará de obtener el mejor posicionamiento posible. El espacio pan radicalbinnerista, por su parte, apuesta para el 2015 a una división del peronismo que le permita una chance de disputa en la presidencia.

Para la clase dominante y sus políticos las elecciones son parte de sus proyectos sobre cómo lograr una sucesión del peronismo no traumática para sus intereses; para nosotros se trata de dar una batalla en un terreno desfavorable (ellos cuentan con los recursos del aparato de Estado o de los grupos mediáticos empresariales) por la conciencia política de los trabajadores y la juventud.

El Frente de Izquierda avanza con su campaña militante. El PTS viene de realizar actos importantes en La Plata, La Matanza, Avellaneda, San Miguel, Campana y Mar del Plata, y este sábado haremos grandes actos en Capital Federal y en la estratégica zona norte del Gran Buenos Aires.

En los tres primeros spots de campaña (discutidos políticamente por representantes de los tres partidos que conformamos el FIT y realizados técnicamente por los compañeros de TVPTS y El Ojo Obrero) planteamos la denuncia del impuesto al salario, la precarización laboral que sufren millones de trabajadores y planteamos el camino de la movilización de masas tomando el ejemplo de las marchas en Brasil. En estos días comienzan a salir el que denuncia la burocracia sindical, el que demanda el 82% móvil a los jubilados, el que ataca a la casta de políticos profesionales que defiende los intereses de los empresarios (con el planteo de que todo funcionario político gane lo mismo que un docente) y uno de los ferroviarios antiburocráticos planteando la nacionalización bajo gestión de trabajadores y usuarios del sistema ferroviario.

Hay otros más en gestación, para fortalecer la última semana de campaña y estamos permanentemente atentos a qué podemos mejorar en nuestra agitación de masas, para precisar lo que queremos transmitir a millones de trabajadores y jóvenes. Los elogios de los analistas políticos y los publicistas profesionales no nos dejan conformes. Queremos que todos los militantes y simpatizantes de nuestro partido y del Frente de Izquierda opinen si la agitación masiva que estamos realizando está a la altura del programa y la perspectiva más general por la que luchamos. En los spots resaltamos puntos que son parte de la plataforma de 26 puntos programáticos del FIT para esta campaña, que amplían y actualizan la declaración original de dos años atrás. Un programa que reivindica la independencia política de la clase trabajadora respecto de todos los bandos patronales y se plantea la lucha por una salida de fondo, por un gobierno de los trabajadores.

Hemos tratado de expresar la necesidad de la unidad de la clase trabajadora tomando la denuncia del trabajo precario, que afecta a más de la mitad de los asalariados que ganan $4000 o menos, así como la lucha contra el “impuesto al salario”, que afecta hoy a un 30% de los trabajadores. A horas de reunirse el Consejo del Salario, de lo máximo que se habla es de subir el mínimo vital y móvil un 25%, alrededor de $3600, la mitad de la canasta familiar.

A diferencia de los candidatos de los partidos de los capitalistas, desde el PTS y el Frente de Izquierda contamos con una militancia que lucha cotidianamente por los planteos que levantamos en la campaña electoral. Queremos diputados de izquierda y de los trabajadores en el Congreso y en las Legislaturas para fortalecer la pelea por los reclamos obreros y populares, y para favorecer el avance de la conciencia de los trabajadores hacia su independencia política. Para el PTS la batalla política que implica la campaña electoral va acompañada de nuestros esfuerzos por intervenir en las luchas que se vienen dando y en el impulso a la coordinación del activismo obrero.

Redoblemos los esfuerzos para que en las primarias la clase obrera y la juventud no voten a los candidatos de los patrones y, por el contrario, apoyen a la única opción que se plantea poner en pie una alternativa política de los trabajadores.

Es la provincia de Buenos Aires, distrito más importante del país, el escenario principal de esta nueva disputa del PJ. Por un lado está el peronismo que se dice de centroizquierda, el Frente Para la Victoria, aunque en su seno mantiene gran parte del peronismo conservador que caracteriza a intendentes, gobernadores y burócratas sindicales. Otro es el peronismo de los “buenos modales”, que se alía con Clarín, como es el Frente Renovador de Massa. Y por último aparece otra derecha peronista, con De Narváez apoyado por Moyano.

¿Será pasajero o es un fenómeno más duradero? La importancia y consecuencias de esta escisión electoral del peronismo están por verse. Evidentemente no es un dato menor para la realidad política nacional, pero fundamentalmente para el futuro político de la clase trabajadora. En esta crisis y en estas contradicciones es donde puede abrirse paso la lucha de clases y la izquierda revolucionaria puede avanzar en sus posiciones. Si bien en Argentina la crisis económica aún no llegó a su punto culminante y atravesamos una coyuntura donde las contradicciones sociales no se manifiestan abiertamente en forma de luchas o estallidos generalizados como está ocurriendo en Brasil, no obstante no podemos descartar giros bruscos, incluso antes de los comicios de octubre.

¿Estará anticipando Brasil un futuro cercano? Allí millones hoy se levantan y toman las calles en las principales ciudades del país más importante de América Latina. Estas movilizaciones han desenmascarado el discurso de alabanza al Gobierno de Dilma que sostenían tanto centroizquierdistas como derechistas. En Brasil también se hablaba, igual que aquí lo hace el Gobierno nacional, de una “década ganada”.

El Gobierno del PT hoy dirigido por Dilma, al igual que el kirchnerista, se dice “progresista”, aunque fueron incapaces de resolver los grandes problemas estructurales que aquejan a las grandes masas, como la salud, la educación, la vivienda y el transporte. En Brasil se gastan millones para el Mundial 2014 mientras “no hay plata” para mejorar los calamitosos servicios básicos.

El “modelo de inclusión social” choca con las aspiraciones populares y el fantasma de la crisis mundial, que para Brasil significó una desaceleración económica. El proceso también afecta a gran parte de los Gobiernos “posneoliberales”, como muestran la Venezuela chavista o la Bolivia de Evo Morales, donde el Gobierno se sacó la careta y enfrentó a los mineros que lucharon contra un sistema jubilatorio verdaderamente neoliberal. También Gobiernos de derecha, más alineados con EEUU, sufren embates de las masas, como en Costa Rica o Chile, donde van tres años de grandes luchas estudiantiles y ahora se suman los trabajadores portuarios y del cobre.

Por ahora, en Argentina lo más dinámico es la crisis de los de arriba. Aunque Moyano ahora dejó las calles para aliarse con la derecha peronista (De Narváez, De la Sota, Lavagna), la bronca obrera y popular que se expresó en el paro nacional del 20 de noviembre pasado continúa existiendo. Está alimentada por tener que dejar la vida en jornadas y ritmos extenuantes de trabajo, por la precarización laboral, el impuesto al salario, los tarifazos, la inflación o las muertes en los trenes de quienes viajan a laburar o estudiar. Lo que contrasta con el enriquecimiento obsceno de la casta política que ha quedado en evidencia con el caso Lázaro Báez.

Para aprovechar esta crisis, las peleas en el PJ y en la burocracia sindical, la izquierda se debe plantar con una política independiente de los bandos patronales y debe fortalecer su inserción en la clase obrera, la juventud y la mujer trabajadora. Hay que avanzar en las fábricas, en las comisiones internas, los cuerpos de delegados, los centros de estudiantes, para construir una izquierda de los trabajadores que levante un programa para toda la nación oprimida.

A los políticos patronales no les importan los grandes padecimientos populares. Los otros políticos opositores son tan patronales como los del peronismo. Como la “nueva alianza” de Stolbizer y Alfonsín y ni hablar de los directamente empresarios como el PRO de Macri. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores acaba de presentar oficialmente sus listas llenas de candidatos trabajadores y jóvenes combativos. Entre ellos hay referentes destacados del PTS como Myriam Bregman, abogada defensora de los derechos humanos y de los trabajadores, que acompañará a Néstor Pitrola como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. También el metrodelegado Claudio Dellecarbonara, quien encabeza la lista de senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Altamira será secundado por Andrea D’Atri, histórica referente de la lucha por los derechos de las mujeres.

Con nuestra campaña buscaremos superar las PASO en agosto para conquistar legisladores en octubre. La atención política que despiertan las elecciones será aprovechada para plantear que todos los funcionarios y legisladores ganen lo mismo que cualquier trabajador. Medidas como esta, junto a otras como la revocabilidad de los mandatos, el fin de las jubilaciones de privilegio o la elección directa de los jueces, son fundamentales para desnudar frente a millones a la casta de políticos enriquecidos al servicio de los capitalistas.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda participamos en estas elecciones de sembrar la idea de que es necesario superar por izquierda la experiencia histórica del peronismo, contra la política de colaboración de clases, para la perspectiva estratégica de poner en pie un gran partido de la clase trabajadora que luche por un gobierno de los trabajadores.