la plata en efectivo que a un hombre de izquierda”.

Pablo Emilio Escobar Gaviria

Hoy el diario Infobae publicó una información que puede cambiar el curso de los acontecimientos en una de las causas judiciales más importantes que tramitan hoy ante los juzgados federales.

Se trata de un escrito presentado por los hijos menores de Lázaro Báez, Leandro y Luciana, por el que recusan al juez Sebastián Casanello bajo el argumento de que el juez montó la causa que tiene detenido a su padre para proteger a la familia Kirchner y que la estrategia del expediente —incluidos los abogados de Báez— es dirigida directamente por Cristina Fernández, en un diseño decidido por la ex Presidente en reunión con el juez Casanello, Wado de Pedro y el ex viceministro de Justicia, Julián Álvarez, que tuvo lugar en Olivos.

Tal y como si fuera el relato de escenas que transcurren en la serie El Patrón del Mal, la crónica describe serias divergencias en el seno de la familia del ex cajero del Banco Santa Cruz que habrían estallado ahora con la presentación que tiene como objetivo separar a Casanello de la causa.

El escrito cuenta que el juez disponía desde hace por lo menos tres años de un caudal de pruebas idéntico al que posee ahora (salvo por el video de gente contando dinero en La Rosadita, aun cuando aclara que, a falta de ese, disponía de otro en el que se veía a varias personas sacando abundante documentación del mismo lugar, sin que el juez hubiera movido un dedo por eso) y que se basó, para detener a Báez, en declaraciones del testigo Leonardo Fariña, incluso cuando se cuidó muy bien de usar otras de sus declaraciones para llamar a pedir explicaciones ante su juzgado a las personas que ejercieron el poder hasta el 10 de diciembre.

En efecto, Leandro y Luciana Báez ponen ahora por escrito lo que saltaba a la vista de un modo groseramente obvio: tanto Casanello como Guillermo Marijuán se la han pasado hablando de sobreprecios en la obra pública y de adelantos financieros del Estado sin que por ello se les haya ocurrido, aunque sea por simple curiosidad judicial, citar a los estrados a los funcionarios que los aprobaban para que den las correspondientes explicaciones. Del mismo modo, hacen notar que la propia trama que aparece en la causa no sería posible sin la participación de una cantidad importante de entes estatales a cuyos responsables tampoco se ha citado. Hacen la excepción de Ricardo Echegaray, aun cuando tampoco se muestran conformes con la profundidad con la que el juez lo ha investigado.

Los hijos de Báez ponen especial énfasis en relatar que el juez no parece interesado en saber quiénes eran los últimos eslabones de la cadena de corrupción y que pretende detener su investigación acusando de todo a su padre, quien a juicio de ellos sería tan sólo un prestanombre de Kirchner.

En ese sentido, el escrito de hoy solamente sería una primera presentación a la que seguiría otra, en donde los hermanos menores de la familia mostrarían un contradocumento que demuestra que su padre era un mero testaferro de los Kirchner.

Según supo Infobae, Leandro y Luciana tendrían en su poder una agenda de su padre en la que constan al menos tres encuentros, todos a medianoche, en Olivos, entre la entonces Presidente, el juez Casanello, Wado de Pedro, Álvarez y el propio Báez. En ese mismo material constarían comunicaciones entre Báez y Casanello antes de que el primero fuera detenido. Los hermanos Báez pedirían que se investiguen al menos cuarenta llamadas telefónicas que el juez Casanello hizo a Santa Cruz el día que Báez fue detenido en San Fernando.

Como surge del relato, no hay nada nuevo que la gente común, medianamente informada, que ha leído los diarios en los últimos tres años o ha visto los programas de investigación periodística por televisión, no supiera. Sólo Casanello ha aparecido como al margen de lo que estaba ocurriendo. Cuando todo pasó a ser demasiado evidente, sólo se limitó a levantar el nivel de espectacularidad mediática de las actuaciones, pero no a dirigir sus investigaciones hacia el origen del dinero que, como no puede ser de otra manera, proviene del robo a los bolsillos del pueblo.

Casanello ha repetido más de una vez que Cristina Elisabet Fernández no está siendo investigada en esta causa y que no será citada a declarar. Recientemente, en un reportaje para La Nación, dijo que no la conoce y que nunca en su vida la vio en persona y que nunca habló por teléfono con ella, al mismo tiempo que negó su vinculación con la agrupación política La Cámpora.

Hace ya varios meses que en estas mismas columnas hemos avisado sobre el papel que en un futuro próximo deberían tener los tribunales de alzada, jerárquicamente superiores a Casanello, para salvar esta investigación y para que finalmente los culpables últimos y verdaderos responsables del saqueo al Estado no se salieran con la suya.

Los hijos menores de Báez han apretado el botón que enciende esa maquinaria. Ahora será la Cámara Federal la que, más tarde o más temprano, deberá entender en el pedido de recusación. Recordemos que esa misma Cámara le había solicitado al juez que ampliara su investigación y que no la limitara a menudencias.

Si esos mecanismos funcionaran, Casanello podría ser reemplazado como juez de la causa de la ruta del dinero, lo que daría una oportunidad más a la verdad. Luego podría tener un Jury en el Consejo de la Magistratura y un juicio político que, eventualmente, lo destituya.

Pero eso no es lo importante. Casanello es, al fin y al cabo, una anécdota. Lo importante aquí es que los mecanismos de vigilancia y control funcionen intrajudicialmente. Hasta ahora no lo han hecho, porque —repetimos—, tal como lo dicen los hermanos Báez, las pruebas para dirigir la investigación hacia los Kirchner estaban a disposición del juez hace ya varios años y, sin embargo, más que esos rezongos infantiles, Casanello no fue interpelado por sus superiores como hubiera correspondido.

Tampoco Daniel Rafecas, que durmió la causa Hotesur por ocho meses y puso en peligro pruebas cruciales, ha recibido un solo pedido de explicación de la Cámara que debe ejercer sobre él una tarea de superintendencia.

Ojalá ahora la enjundia furiosa de un par de chicos sirva para que esta vez la causa reciba el zamarrón que está necesitando urgentemente.

A su vez, dichas propiedades habían estado en el candelero público desde hacía al menos cuatro años, ya que más de una publicación periodística había dado cuenta de ellas con suficiente detalle. El juez Sebastián Casanello recién ahora dispone esta pesquisa. Qué podrá encontrarse allí, habiendo dado la Justicia todo este tiempo de ventaja a los delincuentes, no se sabe. Lo que sí es completamente seguro es que todo este proceder parece un chiste. Lo único que falta es que al no encontrar nada ahora digan: “¿Vieron que Lázaro es inocente? No había nada”.

La actuación de los jueces involucrados en las investigaciones contra el clan Kirchner es francamente vergonzosa. Casanello, que se ha mostrado velocísimo para investigar los hechos de consumo de drogas en Costa Salguero, ha sido prácticamente un encubridor de los imputados en la causa por la ruta del dinero K. Llevaba el expediente con una notoria demora hasta que el video de La Rosadita, con la obscena escena de parte de los acusados contando más de cinco millones de dólares, lo puso en evidencia y algo tuvo que hacer. En ese contexto recibió a Fariña, pero sugestivamente permitió que su declaración se filtrara a la luz pública y no se movió con prontitud respecto de la catarata de datos que aportó el valijero.

La Cámara lo apuró (mandándolo incluso a recuperar parte del botín) y en ese contexto dispuso los allanamientos de hoy, pero con el retardo que mencionamos y cuando todas las propiedades sospechadas estaban en las pantallas de televisión desde hacía 48 horas. ¿No debería ser sancionado Casanello? Si puede seguir tranquilo por la vida, como si hubiera hecho todo bien, ¿no estaría dando la Justicia una pésima señal a la sociedad? Me parece que la respuesta es obvia.

Otro juez, Daniel Rafecas, hace siete meses que recibió la causa Hotesur —extirpada de las manos de Claudio Bonadio cuando este mandó a allanar las oficinas de Máximo Kirchner en Santa Cruz— y no movió ni una hoja de papel. La abundante documentación traída desde el sur (aun cuando se sospecha que los Kirchner pudieron retirar mucha más antes de que el operativo en Río Gallegos fuera finalmente habilitado, luego de tres horas de espera por la jueza local, que había recibido el exhorto de Bonadio) duerme en un cuarto de la Gendarmería, sin que el juez le preste la menor atención. ¿Seguirán esos papeles, discos rígidos, pendrives y demás archivos allí? ¿O alguien ya los habrá inutilizado?

Durante el tiempo en que las Fuerzas Federales y la Policía Metropolitana tuvieron que esperar en la puerta de la inmobiliaria de Kirchner, varios empleados retiraron bolsos que cargaron en el baúl de un auto y se los llevaron. Esa escena está filmada. Nadie actuó en consecuencia.

La llamada “ruta del dinero K” (obra pública sobrefacturada por Báez, bóvedas y cuentas offshore que armaron Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco y Fabián Rossi) tiene una conexión necesaria con la causa Hotesur, en la que se investiga cómo los cuartos de hotel de Cristina Fernández eran alquilados y pagados por Báez, aunque nunca los ocupara nadie. Sin embargo, esta conexión de hecho no aparece reflejada en una investigación judicial global que unifique toda la operatoria y demuestre la alianza para saquear el Estado que había constituido Kirchner con Báez.

A su vez, ese modus operandi aparece repetido en otras muchas áreas de la gestión del Estado, como lo demuestra la reciente denuncia de la diputada provincial de Jujuy Mabel Balconte, que relató cómo parte de los dineros que el Gobierno de los Kirchner le daba a la organización Túpac Amaru, de Milagro Sala, volvía a Olivos en la forma de bolsones de plata para Máximo Kirchner, “El Principito”.

Lo que vamos teniendo enfrente, entonces, es la constitución de una sociedad madre formada para robar los dineros del Tesoro Público a través del armado de distintas subsociedades que operaban en distintos frentes: con la obra pública (Báez), con los planes sociales (Sala), con los transportes (Ricardo Jaime), con la energía (Julio de Vido, Francisco López), etcétera.

Si esta ingeniería, muy hábil y sofisticada en la teoría, pero llena de chapucerías en los hechos (desde el cuadernito de Néstor hasta la farandulización de Fariña), no es correspondida con una investigación omnicomprensiva, responsable y limpia por parte de los jueces, hay muchísimas posibilidades de que, una vez más, los responsables se salgan con la suya y —en este caso— no sólo se salgan con la suya, sino que produzcan un regreso político rodeado de una gloria parecida a la que suele acompañar a las víctimas redimidas.

Los resortes de superintendencia que tiene la Justicia respecto de los jueces de primera instancia deberán estar muy atentos a cómo estos manejan estos casos. Y por supuesto esa tarea de vigilancia debe implementarse sin caer en una demora semejante a la que se opera en primera instancia. Concretamente: Casanello y Rafecas no pueden continuar sin que sean advertidos públicamente por la Cámara Federal y esta no podría evitar poner los pliegos de los jueces a disposición del Consejo de la Magistratura para su juicio político si no recibe respuestas prontas y satisfactorias.

La sociedad, que saca conclusiones por la aplicación del sentido común, no puede entender cómo las cosas en la Justicia funcionan de un modo tan alejado a ese criterio. Es preciso que los jueces junten de una vez los tiempos de los procedimientos judiciales con los tiempos del sentido común medio de la sociedad. De otra forma, las excusas de los tiempos procesales no serán interpretadas por la gente de otro modo que no sea el de un pretexto para extender un nuevo salvoconducto de impunidad.

Resulta obviamente más fácil caerle a estos dos “perejiles” que profundizar una investigación sobre el empresario patagónico de las “cavas” domésticas que quién sabe adónde puede terminar.

Empecemos por recordar que, de la carátula del expediente original, el nombre de Lázaro había sido eliminado por presión de la Procuradora General Gils Carbo, la soldado de la presidente que según sus propias palabras se puso “ su disposición” al asumir su cargo.

La militante de Justicia Legítima movió sus fichas para que en la portada del expediente solo quedaran los nombres del valijero Fariña y del arrepentido de sí mismo Elaskar. Solo la presión de la información pública hizo que el nombre de Báez no pudiera seguir ausente del título de aquel expediente.

De todos modos -dado lo que ahora conocemos- la decisión de sacar al dueño de Austral Construcciones del centro de la investigación ya estaba tomada.

Fariña y Elaskar están procesados por el lavado de casi 60 millones de dólares en una causa que involucró la participación de una cadena de empresas fantasma y que recorrió Panamá, EEUU y Suiza.

El valijero declaró públicamente que él trabajaba para Báez y que ese dinero no le pertenecía a él sino al empresario patagónico. El mediático ex esposo de Karina Jellinek también dio a entender que Báez tampoco era el último eslabón de la cadena en esa generación turbia de fondos.

Es esa escalera ascendente en la averiguación del origen de los fondos la que la Justicia se niega a escalar.

Hay documentación que a esta altura es pública y que ha circulado desde la televisión hasta las manos del fiscal Campagnoli que deja a los procesados de ayer a la altura de unos nenes de pecho cuando se compara su involucramiento con el de otros peces gordos.

Resulta obvio que Fariña y Elaskar han puesto a disposición su “trabajo” (uno su caradurez sin límites y el otro su ingeniaría financiera) para canalizar ciertas operaciones que permitieran sacar dinero al exterior y para volcarlo al circuito legal, pero que no son ni los cerebros ni los generadores de los hechos que terminan produciendo estas avalanchas de fortunas.

La Justicia debería investigar el origen final de los fondos. Casanello se apoya justamente en esos vericuetos para justificar por el momento el no procesamiento de Báez. Pero si la investigación va a continuar algún día por el sendero del sentido común, no caben dudas de que el hilo debería desenredarse hacia las actividades que generaron esos dineros.

Luego, por su puesto, está la ingeniería que constituye empresas aquí y allá par confundir y hacer dificl la trazabilidad de la ruta. Pero el núcleo central de la investigación debería consistir en averiguar qué produjo esas fortunas.

Y es allí donde la investigación a Lazaro Báez puede volverse vidriosa. El empresario patagónico, que era oficial de cuentas del Banco de Santa Cruz, tenía una amistad muy cercana con los Kirchner, fundamentalmente con Néstor. Fue el ex presidente el que lo sacó del Banco para aprovechar todo el conocimiento que Báez tenía de la gente con deudas en Santa Cruz.  Con esa base de datos Kirchner se constituyó en un financista paralelo al sistema financiero oficial de la provincia. Hasta aquellos días se remonta su amistad.

Cuando Kirchner llega al gobierno, Báez se transforma milagrosamente en un empresario de la construcción con una capacidad admirable para ganar licitaciones.

Si bien Casanello fundamentó su decisión respecto de Elaskar y Fariña en el hecho de que se trata de operaciones realizadas en el mercado local y que, respecto de Báez, aún está esperando información internacional, lo cierto es que unas operaciones (las de expatriación de capitales en la que está acusado Báez) no podrían ser posibles sin las otras.

La señal dada ayer por la Justicia ayer parece dar validez a la versión más farándulezca de los episodios sin vocación por profundizar los costados más oscuros del caso.

Cuando los nombres de Fariña y Elaskar saltaron al dominio público, el gobierno hizo un esfuerzo muy notorio para llevar el caso a los programas mediáticos de chimentos, aprovechando la aparición de algunos personajes que tenían que ver con el mundo del espectáculo como la mujer de Fariña, Karina Jellinek, o Ileana Calabró, la esposa de Fabián Rossi, uno de los involucrados en los trámites de constitución de empresas en el exterior que llevaba adelante “la Rosadita” de Elaskar.

Pero la Justicia no debería “comerse ese amague” y, al contrario, debería tratar de profundizar la línea de investigación que intente descubrir dónde se originaba el dinero que Báez confiaba a Fariña y Elaskar para que lleven de un lado a otros en una maraña financiera-legal que, sobre todo Elaskar, daba muestras de manejar con maestría.