En efecto, la Argentina ha heredado esa pésima costumbre colonial del Juicio de Residencia que, a lo sumo, sometía a la investigación al funcionario en el llano, ya fuera de su cargo.

Más allá de que esa tradición contraría toda la lógica constitucional basada en el control y balance recíproco de los poderes, hace perder toda la gracia del funcionamiento republicano. El Poder Judicial existe precisamente para verificar que los otros dos poderes actúan bajo las órbitas organizadas por la Constitución y no superen los límites que ella establece.

Si ese mecanismo está diseñado así, para el orden lógico de la organización estatal, cuánto más deberá aplicarse cuando lo que hay de por medio es la sospecha de la comisión de un delito.

Muchos sectores de la oposición han salido a pedir la renuncia o el pedido de licencia del vicepresidente. Elisa Carrió y el PRO prefieren que permanezca en el cargo y que eventualmente sea destituido por juicio político. Es probable que el PRO asuma esa postura porque el jefe de Gobierno también fue procesado en el caso de las escuchas. Si bien su situación fue, desde el principio, mucho más bizarra y, desde el juez que le dictó el procesamiento (Oyarbide) hasta lo que se sustanció en esa causa, siempre se sospechó algún amañamiento de la misma, lo cierto es que Macri tuvo un auto de procesamiento en su contra que luego fue anulado por el juez Casanello, resolución que está ahora en apelación. El jefe de Gobierno siguió en su puesto a pesar de todo.

Pero lo cierto es que el país debería tener la oportunidad de ver funcionar el mecanismo constitucional en orden y en paz. Esas previsiones de los padres fundadores fueron tomadas para mantener el funcionamiento normal de las instituciones no para entorpecerlo o para crear una zozobra social.

Quien mejor reaccionó dentro del oficialismo fue la diputada Juliana Di Tullio que declaró que “ahora Boudou podrá defenderse”. En efecto, el acto procesal de la declaración indagatoria es una oportunidad para que el sospechoso declare lo que sabe y avance en su propia defensa. Puede mentir incluso o negarse a responder. Ese es su momento en el proceso.

Por otro lado, es cierto que cuando un juez cita a esa declaración, es porque ha reunido elementos suficientes que lo llevan al convencimiento de que el citado cometió el delito que se investiga. Es más,  los casos en la justicia penal en que, luego de la indagatoria, el juez dicta el sobreseimiento o la falta de mérito son realmente excepcionales.

Pero lo mejor es dejar fluir el funcionamiento normal de las instituciones para que las formas republicanas se consoliden en el país. Los argumentos de confabulaciones destituyentes por parte de monopolios mediáticos son completamente delirantes. Solo habría que ver los elementos que el juez Lijo menciona en su escrito para advertir la hondura de la sospecha.

Es probable que el gobierno y la presidente se abroquelen en defensa de Boudou. Está bien; es normal.

Eso no solo no debería extrañar sino que debería tomarse como una reacción natural de un gobierno que se ha acostumbrado a no rendir cuentas y a no tener noción de los límites; a creerse dueño y señor de hasta el último detalle de la vida argentina.

Es más, un gobierno amoldado a las formas republicanas y a los límites establecidos por la Constitución no debería tambalear porque su vicepresidente deba responder ante la justicia. Si el funcionario usufructuó su cargo para beneficiarse personalmente, el gobierno no debería hacerse cargo de ello, más allá de la responsabilidad política que, en este caso, llevaría la presidente por haberlo elegido en soledad y no como el producto de un consenso. Pero la continuidad institucional del gobierno no debería resultar mellada.

El problema aquí es que nadie puede dar seguridades de que Boudou haya actuado solo y por su cuenta.

Y más allá de esa incertidumbre, muchos tienen la fundada sospecha de que el entonces ministro de Economía fue solo un operador que siguió órdenes.

Por cierto, el aborto de la operación contra el juez de la causa debe recibirse con júbilo. Aunque es preocupante comprobar que el gobierno estaba dispuesto a llevarse puesto al juez a la vista de todos, reconforta el hecho de que esa operación se haya truncado. Dos jueces de la Cámara Federal probablemente más cercana a la Casa Rosada se negaron a apartar a Lijo de la investigación.  Fue la misma Cámara que hace 20 días declaró inconstitucional el tratado con Irán. Se trata de una nueva demostración de que los jueces no firman un contrato a perpetuidad con los gobiernos. Ese mismo padecimiento ya fue verificado por Menem, que también se ilusionó con manejar la justicia y así le fue.

Lijo venía de visitar al Papa Francisco que en una audiencia privada le había dicho que no debía confundir prudencia con cobardía.

La Argentina tiene una oportunidad histórica: funcionar como una democracia desarrollada, al menos en su faz política. Dejar que los mecanismos de la Constitución -que son sabios y pacíficos- vayan fluyendo hasta encontrar un cauce que ponga las cosas en orden y las responsabilidades en cabeza de los que verdaderamente deben cargarlas.

Desde el peso de su investidura -casi al nivel de la venerada “juventud maravillosa” de Perón- la señora de Kirchner hizo pública su admiración por esos personajes que, colgados de los paravalanchas eran, según la presidente, la imagen misma de la pasión (“y saben qué, sin pasión no se puede vivir… Yo cuando mi papá me llevaba a la cancha de chica y luego, de grande, cuando fui con Néstor, no miraba el partido, los miraba embelesada a ellos…”)

La marginalidad ha dejado de estar en los márgenes en la década ganada; la marginalidad ha ocupado el centro. Ya no es la vergonzante situación de la que sus víctimas quieren salir. No, no. Ahora ellos son el poder, ahora ellos están en el centro de la escena; ahora ellos corren a la policía, son los dueños de la calle y te dan órdenes con la autoridad de lo oficial.

Ser barra es ser un profesional. Un profesional independiente que pone sus servicios a disposición de la política. Su escenario de desarrollo suele ser el fútbol. Pero esa sana pasión deportiva es una pantalla. Detrás de ella esconden sus negocios, la droga, la delincuencia y sus vínculos con el poder y la política. Hoy en día hay gente que se saca fotos con los barras. Han sido encumbrados a la categoría de celebridades. Son impunes y el poder les facilitó un atajo a la riqueza. Están metidos en los negocios sucios de la política y muchos los enmascaran con negocios “lícitos” de los clubes de fútbol, como la operación de sus estacionamientos, de sus servicios de comida o, en algunos casos, hasta de la irónica seguridad de los estadios.

Los barras configuran un estereotipo social de la década kirchnerista; el estereotipo del violento, del patotero, del prepotente, del que impone su postura por la fuerza. El barra es una especie de resumen humano del “modelo”. Por eso, son imperseguibles. Ir en contra de los barras es como ir en contra del corazón cultural que los Kirchner han traído del sur. Los barras son la versión futbolera de La Cámpora, en donde la intimidación es la herramienta preferida de la “negociación”.

El triunfo de las fuerzas del orden en otros países del mundo sobre la violencia en el fútbol partía de una base descontada: se trataba de la lucha del bien sobre el mal. El mal no quería pasar por el bien y el bien tenía en claro quiénes eran los malos. En la Argentina de los Kirchner esos términos están completamente tergiversados. Los funcionarios del Estado, empezando por los dos presidentes de la década y por los lenguaraces que los han seguido, han sido los primeros en reivindicar ese modo patotero de comportarse. Lo han hecho abiertamente, a la luz del día, a los ojos de todo el mundo. Se han vanagloriado de su violencia y de la capacidad que tiene el miedo para obtener resultados. En esa línea se han anotado Néstor, Cristina, Moreno, Kicillof, Larroque, Recalde, Anífbal Fernandez, De Vido, Kunkel, Conti, Di Tullio, Rossi… En fin todo una pléyade de personajes del primer orden de la política nacional.

¿Qué imagen recibe la sociedad de ese espectáculo gratuito? ¿Qué señal observan los barras que sucede más arriba que ellos? La violencia se ha encaramado al primer nivel de la política en la Argentina. Se ha hecho un culto de ella. Aquí el más “taita” es el más maleducado, el más sacado, el más prepotente, el más patotero.

Quienes deberían perseguir y condenar socialmente a los barras se han vuelto barras. Hasta su propia terminología bordea las orillas de los márgenes. No hace mucho tiempo, cuando en el oficialismo estaba todo mal con Scioli, la jefa del bloque de diputados oficiales, Juliana Di Tullio -quien recientemente se ofendió con un periodista por el simple hecho de que la creyó una “librepensante”- dijo que el gobernador debería haber salido a “aguantar los trapos”, usando la típica terminología semitumbera que se maneja en las tribunas para hacer referencia a la defensa de las banderas de los clubes.

La política se ha mezclado con el submundo. La política ha venido a legitimar el accionar barra: porque usa a los barras, porque se comporta como los barras, porque adquirió una cultura barra, porque usa una terminología barra y porque siente una no tan secreta admiración por los barras (como lo confesó la presidente). Los barras están en sus listas, han ocupado el lugar de los antiguos y precursores “punteros”, son la fuerza de choque apta para amedrentar, para copar la parada, para llevar por delante.

La década de los Kirchner será recordada por haber instalado esta cultura marginal en el centro de la escena argentina. Por esa misma razón es completamente hipócrita plantear persecuciones a los barras, quejas por los barras y lamentos por el accionar y por las consecuencias de los actos de los barras. Nadie se queja de sí mismo, máxime cuando se cree infalible y protagonista de una epopeya de dimensiones épicas. La eliminación de los barras por el kirchnerismo es tan ilusoria como que el kirchnerismo pretenda eliminarse a sí mismo.

Mientras esta sociedad perversa entre el poder y el tumberismo marginal siga gobernando la Argentina y el fútbol siga ofreciendo una pantalla ideal para ocultar con la pasión el peso de la delincuencia, de los negocios, del dinero y de la droga no habrá manera de salir del problema. Cualquier excursión por los exitosos ejemplos comparados del mundo será un maquillaje más a una realidad más que evidente: la marginalidad no será perseguida una vez que ella misma logró sentase en las poltronas del poder.

La reacción frente al programa PPT del domingo por la noche más que desmedida fue incomprensible. Sólo alguien muy fatigado por el poder podía no ver la magnitud del daño que se autoinfligiría tomado por el camino que tomó el gobierno.

Un programa llamativamente vacío de contenido -comparado con lo que han sido otras investigaciones del mismo ciclo- logró sacar de las casillas a un gobierno desbordado. La respuesta fue atroz. Desde “sicario”, hasta “asesino”, pasando por “diablo”, fueron todos los calificativos que le dedicaron a Jorge Lanata, que el domingo (quizás en un acto fallido de aceptación que no tenía nada sólido detrás de su viaje a las Seychelles) agradeció al aire que el gobierno haya reaccionado de ese modo. Le habían dado lo que no tenía: la sospecha de la verosimilitud.

Pero el episodio vale más por lo que deja ver que por lo que es. Sólo alguien que ha perdido el sentido de las dimensiones podía reaccionar de esa manera. Alguien que, evidentemente, no tiene la menor idea de cómo funciona el periodismo, ni cómo trabajan los periodistas, ni para qué sirve el periodismo, ni cuál es la función de la prensa.

Encarar lo que Lanata mostró por la televisión como un atentado a la democracia, como una prueba de que hay sectores que quieren destituir al gobierno, que hay en marcha un derrocamiento de Cristina, es francamente desopilante. Tan desopilante como que alguien quisiera desplazar ahora del gobierno a quien causó gran parte de las distorsiones que están por sincerarse: nadie sería tan estúpido como para cargar con las consecuencias de causas que engendró otro. Hasta desde el punto de vista de la picardía política lo aconsejable sería esperar y que quien causó el engendro sufra electoralmente sus efectos. De modo que el verso del “golpe” es solamente eso, un verso; un intento de victimización burdo que nadie en su sano juicio puede creer.

El periodismo cumple la función de un aguijón. Si un gobierno no puede digerir esa verdad de la democracia, entonces no es un gobierno democrático. El periodismo es molesto, desconfiado, sospechador del poder… Está para encender luces por aquí y por allá, sólo para que el poder sepa que no está solo y que la ciudadanía tiene una vía para conocer aunque sea parte de sus manejos.

Richard Nixon podría haber denunciado un plan de desestabilización de la democracia norteamericana cuando la prensa investigó sus escuchas ilegales a la sede del Partido Demócrata. Pero ni se la pasó por la cabeza; sólo hubiera agregado un problema más a su por entonces larga lista de infortunios. Lo mismo podría haber hecho Sarkozy y ahora Rajoy. Dilma también podría haber lanzado la misma acusación cuando arreciaban las denuncias por corrupción de sus ministros. Pero ninguno de ellos optó por esa alternativa totalitaria. Se las aguantaron. Dieron explicaciones (mientras pudieron), echaron funcionarios y, en el caso del republicano, se fue cuando su proceso de juicio político era inevitable. Pero aun en ese extremo la democracia norteamericana siguió funcionando como lo venía haciendo en los 200 años previos. Es más, luego del vicepresidente Ford -que asumió el Ejecutivo- el siguiente funcionario en la línea sucesoria no era republicano, era el legendario Tip O’Neal, el Speaker of the House (presidente de la Cámara de Representantes) que pertenecía al partido demócrata. No hubo allí ninguna diputada Di Tullio que se le ocurriera insinuar que semejante hecho constituía un “golpe institucional” como la ahora candidata a renovar su banca por el FpV acaba de sugerir aquí para el caso de que la oposición pretenda quedarse con ese cargo en la Cámara baja, luego de las elecciones de octubre.

Todas estas rarezas sólo pueden ser entendidas cuando al análisis se le aplican los criterios no de un gobierno meramente temporal, administrador ocasional de la cosa pública, sino de un gobierno “dueño”, es decir de un gobierno que cree que tiene la propiedad del país y que puede hacer y deshacer a su antojo sin rendirle cuentas a nadie. Es lógico que, en esa composición de lugar, cualquier acto que desafíe la autoridad sea considerado como un atentado a la estabilidad y como un intento “antidemocrático” de destitución. El gobierno reaccionó como lo hace quien queda estupefacto ante lo que no puede creer: “cómo alguien se atreve a desafiar nuestra ‘propiedad’ de ese modo”.

Lo que esa interpretación no advierte es que, según todos los cánones normales de las democracias, lo antidemocrático es, precisamente, creerse el dueño eterno del país y que los demás sean todos conspiradores.

Hasta la terminología casual y desprevenida de la presidente denota esta convicción espontánea. La señora de Kirchner, en su ya célebre discurso de Tecnópolis el martes siguiente a las PASO, dijo que quería discutir con los “dueños de la pelota”, con los “titulares y no con los suplentes que (ME) ponen en las listas”. Ese adverbio “me” denota que la presidente entiende que ella es la dueña de estas tierras, que solo por su gracia concede las elecciones y que la oposición “LE PONE”  los candidatos “A ELLA”, no al país o a disposición de la gente.

Independientemente del mecanismo de pensamiento fascista (el gobierno de las “facsces” o corporaciones) que esta expresión deja ver claramente (los políticos son meros suplentes de los poderes “reales” que están en los bancos, en las empresas, en los sindicatos, en las industrias, en el campo), la presidente cae sin advertirlo en el uso de un lenguaje que expone de modo transparente como ella se interpreta a sí misma: como la única dueña del pueblo.

Es extraño que una peronista como Cristina reniegue de las “fasces”, cuando fue su movimiento el inspirador de la representación sectorial, el que llevó esa interpretación corporativa a la política y el que instaló una discusión entre popes, paralela -y muchas veces ajena- a los procesos electorales de la democracia.

¿Cómo se considerará la señora de Kirchner de acuerdo a su propia interpretación? Ella es una política que ha estado en varias listas. ¿Ha sido ella la “suplente” de otros poderes reales? “¡Nooooo…!”, responderá la presidente; “yo represento al pueblo, son los demás los que -aunque los vote el pueblo, como antes me votó a mi- están al servicio de otros intereses, ocultos, poderosos, espurios… El pueblo soy yo, aunque sea minoritaria, los demás son ‘suplentes’…”

Es esta locura que se sabe insostenible la que ha esparcido un estado nervioso que les impide ver con claridad cuáles respuestas son las adecuadas. Ese estado de ceguera violenta quizás explique por qué convirtieron en un éxito de repercusión un programa de televisión cuyo contenido puro había sido un fiasco.