Una vez más: desde el tono hasta la convicción con la que se expresan son realmente valorables. Uno tiene ganas de creerles. Necesidad de creerles. La verdad es que se los ve sinceros, con buena fe. Repito, Frigerio hasta llega al punto de dejarnos convencidos, porque le pone unas ganas a sus palabras que cuesta no creerle.

Pero nosotros somos una cosa y otros muchachos son otra cosa. Nosotros tenemos hasta ganas de creerles, porque ya nos embocaron tantas veces que queremos que una vez nos digan la verdad. Pero la gente de la que depende que se generen los empleos y las condiciones para que la pobreza descienda, el nivel de vida aumente, las villas vayan desapareciendo, todos tengan agua corriente, cloacas y asfalto en la puerta de su casa, no se convencen sólo con un tono firme y unas ganas desbordantes. Necesitan evidencias. Y las evidencias deben surgir de un programa, de un programa coordinado, pensado y estructurado para producir un shock de inversiones que mate los microbios de la miseria.

Ese programa falta. No se ha desplegado un camino con mojones claros, herramientas concretas y metas intermedias específicas para que esa gente vea un despliegue homogéneo hacia la concreción de la meta final. Ese objetivo está claro. Es más, es superambicioso para un único período presidencial. En efecto, es muy difícil, por no decir imposible, conseguir sacar al 30% de los argentinos que está en la pobreza de esa condición en tres años y medio.

Pero, en todo caso, es mejor ponerse una meta con una vara bien alta para obligarse al esfuerzo. Eso no es lo que está mal. Lo que está mal es la falta de un plan diseñado de modo completo, abarcativo y homogéneo para que los agentes económicos tengan una noción acabada del camino y de los jalones intermedios para que puedan contrastar contra algo el calce de sus inversiones. Si sólo tienen palabras, por más carga de énfasis con la que vengan acompañadas, no será suficiente para hacerles meter la mano en el bolsillo.

Es entendible que los argentinos tengamos algunos reparos con la idea de un programa económico, porque tantas veces nos embocaron con eso que nuestra incredulidad está justificada. Pero, paradójicamente, ese programa no estaría diseñado en principio para convencernos a nosotros, sino para decidir la acción concreta de los actores económicos que pueden cambiar la ecuación del crecimiento.

Es más, es posible que para nosotros sean más importantes las palabras y los gestos de optimismo y convicción que ciertos hechos. Al menos por un tiempo. Luego es natural que nosotros también exijamos hechos. Pero aquí no hablamos de nosotros. Aquí hablamos de los inversores locales y extranjeros que pueden dar vuelta el horizonte si las señales de un programa sólido y coherente los convencen.

El mundo está familiarizado con los programas. La chapucería kirchnerista nos acostumbró a la improvisación, al “después vemos”, a las medidas contradictorias, a las no reuniones de gabinete, a la ausencia de un rumbo. Pero ese no es el idioma que entienden los negocios. Y son los negocios los que nos van a sacar de la miseria. Es el único camino.

Lo que ocurre es que las cosas en la Argentina están tan dadas vuelta culturalmente que el que siquiera pronuncia la palabra “negocio” es sospechado de algo turbio. El propio término es hoy más un sinónimo de algo malo que de algo bueno. Pero que eso se haya instalado en la sociedad no quiere decir que el Gobierno no deba saber que para solucionar el marasmo con el que se encontró debe guiarse por la cultura del mundo, no por la cultura argentina. Ese aspecto idiosincrático debe tenerlo en cuenta para entrar en conexión con la sociedad. Pero para tratar y convencer a los agentes económicos que disponen del líquido que necesitamos debe usar la cultura que esos agentes entienden.

Hasta ahora lo que se ha anunciado son planes de inversión pública (el Plan Belgrano, el de la Provincia de Buenos Aires, etcétera). Pero lo que aquí dará la idea final de que vamos bien es cuando quiera venir Apple a hacer teléfonos o softwares para sus dispositivos; Siemens para instalar fábricas de microcircuitos; Benetton para poner doscientas tiendas; Bank of America a abrir trescientas sucursales; Alstom a crear equipamiento; Honda a fabricar autos; Disney a poner un parque de diversiones.

Y ninguno de estos muchachos va a venir escuchando la enjundia que Frigerio le pone a su convicción. Por supuesto que la alabarán. Pero no meterán la mano en el bolsillo. Enciérrense un mes en un cuarto, muchachos. Pero de ahí debe salir una agenda omnicomprensiva de todos los problemas que tenemos y un programa único para solucionarlos. Los problemas de la Argentina se arreglan con dinero. Hay que diseñar un plan —no un conjunto de palabras— que les haga poner ese dinero, convencida y entusiásticamente, a los que lo tienen, porque saben que si lo ponen, lo multiplicarán. Es la única manera.

Y a los de nosotros que no nos caiga en gracia que esa gente lo multiplique, pues quedemos con la miseria, entonces. Y con la boca cerrada, por cierto.

Porque hay efectivamente una diferencia sustancial entre “mirar para adelante y no buscar culpables”, como parece decir el discurso zen del Gobierno y consolidar un estado de impunidad que la gente votó cambiar.

La sociedad —y en esto incluyo a muchos de los que votaron por Daniel Scioli— está cansada de ver a vivos que se salen con la suya. Los ha visto por años. Los ha bancado con su dinero. Ha visto cómo se le reían en la cara. El presidente Mauricio Macri no tiene ningún derecho a defraudar a esa gente que confió en que él podría ser el inicio de un cambio en ese sentido.

Por lo demás, nadie le reconocerá nada a Macri por no revelar estas informaciones. Nadie se lo agradecerá, ni le concederá ninguna tregua política por ser bueno con ellos. Al contrario, si pueden verlo caer como culpable de lo que ellos hicieron, sentirán una enorme satisfacción. Es más, seguramente ya están trabajando para eso.

Mientras el tiempo pasa, las líneas divisorias de las responsabilidades se siguen diluyendo. Las caras de piedra de los que destruyeron todo están agazapadas para volver, aprovechándose de este silencio. En ningún caso interpretarán esta decisión como una invitación tácita a la despedida de la política. No. De ningún modo. Insistirán. Y no descartarán ningún medio para materializar su regreso.

Desde antes de que el Gobierno de Cambiemos asumiera, estamos reclamando desde estas columnas que se revele el estado de cosas del país al 10 de diciembre de 2015. Fuimos los primeros en reclamar e insistir en ese punto. Pedíamos “una gigantesca conferencia de prensa” para que el Presidente dijera lo que encontró. Luego, otros muchos, desde los medios de comunicación, se fueron plegando a ese reclamo.

Hasta Jorge Lanata lo ha pedido en un artículo del fin de semana pasado en el diario Clarín, con palabras muy parecidas a las que nosotros usamos en Infobae en la columna “El discurso del 1° de marzo” hace ya varios días. Es probable que ahora, porque lo dijo Lanata, muchos le presten más atención. Pero, si así fuera, francamente resulta incomprensible cómo fue necesario que lo dijera Lanata para entender el valor de una obviedad más grande que una casa.

También hemos repetido hasta el cansancio que la actitud del Presidente y del ala zen del Gobierno conlleva una enorme subestimación de la sociedad. En efecto, no es posible considerar madura a la sociedad para aceptar los cambios (como dijo Macri) y luego no tener el mismo concepto de ella cuando se trata de informarle cómo están las cosas.

El pueblo tiene derecho a saber por qué se le van a pedir tantos sacrificios. También tendría derecho a conocer, aunque más no sea, una proyección estimada de los resultados de ese sacrificio. Pero pedir el esfuerzo y no explicar por qué se pide no es aceptable.

En los corrillos políticos se decía que esta deuda inentendible se vería parcialmente reparada en el discurso de inauguración del Congreso el 1° de marzo. Se dijo que el Presidente le dedicaría 50 minutos a explicar lo que recibió y 50 minutos a hablar del futuro.

Pues bien, esos rumores han empezado a disiparse. Ahora parece que los 50 minutos de inventario ya no serán tantos. Francamente, no se entiende. La insistencia en esta especie de tara inútil no tiene ningún justificativo.

Nadie creerá que por revelar cómo se encontraron las cosas el día que se asumió el Gobierno, Macri vaya a ser considerado un hijo de tal por cual o alguien que quiere seguir profundizando la división.

No hay peor división que aquella que se oculta artificialmente. No hay peor manera de unir que intentar hacerlo con la mentira o con la ocultación de la verdad, que, a los efectos prácticos, es más o menos lo mismo.

La unión de los argentinos —que valientemente el Presidente identificó como uno de sus objetivos de gestión— debe lograrse a partir de que todos sepamos las mentiras a las que fuimos sometidos, el formidable robo a que el país fue expuesto, y el penoso estado en que quedaron las cuentas públicas, gracias, entre otras cosas, al financiamiento, justamente, de un relato fantástico.

Es cierto que muchas porciones de la sociedad ya lo saben y otras lo presumen, aun cuando no tengan los datos duros. Pero eso no basta. Es necesario llegar con la información precisa a quienes se han entregado a un credo vacío que hundió al país en una sombra de la que llevará años salir.

Esa gente debe conocer cómo fue robada, ultrajada, usada, ninguneada, engañada. Debe tener el detalle de cómo se evaporaron años de dinerales públicos que fueron a parar a manos privadas. Debe conocer las fortunas mal habidas, los desfalcos, el crecimiento inexplicable de los patrimonios, la desaparición de miles de millones de dólares y las múltiples fuentes de la corrupción.

El Gobierno que terminó el 10 de diciembre no se privó de nada. Desde las millonadas de Milagro Sala, Lázaro Báez, Cristóbal López y Electroingeniería hasta chorear con las habitaciones de los hoteles de Calafate o adulterar los viáticos de los viajes presidenciales al exterior, el kirchnerismo le entró a todo, sin reparar si lo robado eran grandes sumas o chiquitajes. No hay derecho a que ese mecanismo sistemático de exacción del Tesoro Público quede impune y en el anonimato.

La revelación de lo encontrado debería tener el mismo rango de magnitud: desde los grandes negociados hasta los cuadros y las computadoras que faltaban en la Casa Rosada y en los ministerios cuando dejaron el Estado.

Ninguna postura de equilibrio de las emociones puede justificar la impunidad de lo que aquí ocurrió. Esas armonizaciones del espíritu están bien para alcanzar la paz individual, pero no son trasladables al ejercicio de la jefatura del Estado.

La sociedad no puede seguir siendo tratada como una adolescente, porque si todo el mundo, por razones diversas, la trata así, pues eso es lo que seguirá siendo.

Además, no es cierto que las posturas de dar vuelta la página y mirar para adelante den siempre resultado. Y desde ya ni siquiera deberían ser una opción cuando lo que está en juego es el desenmascaramiento del verso más pernicioso que alguien haya montado jamás en la Argentina. El Presidente, por más zen que sea, no puede darse ese lujo. La sociedad no lo votó para que quiera convencernos de que lo que es bueno para su propio espíritu lo sea para el de todos. La sociedad lo votó para que diga la verdad y para que termine con el malicioso círculo de que, quien las hace, no las paga.

En efecto, ni el copamiento de la ex SIDE, los órganos de control, la Procuraduría General, gran parte de la administración central a través del nombramiento de miles y miles de empleados, de varias fiscalías y estamentos inferiores de la Justicia, se compara contra el intento de colonizar la Corte Suprema.

El primer round de esa batalla está por empezar a ejecutarse en los próximos días, cuando comience el debate en la comisión de acuerdos del Senado del pliego de Roberto Carlés para ser designado juez del tribunal máximo.

Como se sabe, la Constitución establece que ese acuerdo necesite de los 2/3 de los miembros presentes de la Cámara para que el postulante sea respaldado. Por otro lado, es de público conocimiento que los 28 senadores de la oposición han firmado un documento en el que se comprometen a no aprobar ningún candidato que el gobierno proponga en lo que le queda de mandato.

Un primer “lance” que el oficialismo se estaría tirando, dicen algunos, es repetir la estrategia “Reposo”. Esto es, mandar al frente -a propósito- a un impresentable para que sea efectivamente rechazado y con ello conmover la conciencia de algún senador de la oposición que no se atreva a rechazar dos candidatos consecutivos.

Esa táctica consistiría en tener, por detrás de Carlés, al verdadero candidato que el gobierno quiere colocar en la Corte (en este caso “candidata”), la jueza de Casación Ana María Figueroa, actualmente en Cuba, de vacaciones. Es lo que siempre sospechamos desde estas columnas respecto de Gils Carbo: ella era la destinataria final de la Procuración; Reposo fue una marioneta que se prestó a un juego humillante exponiéndose a que lo echaran a patadas para que, luego, un currículum más presentable fuera aprobado.

Otros entienden que no, que el sacapresos Carlés podría ser, en efecto, el candidato final y que la Casa Rosada estaría trabajando para hacer que de los 28 senadores opositores que firmaron el compromiso de no aprobar candidatos del gobierno den quorum pero misteriosamente se ausenten de la sesión una vez comenzada. Como la Constitución pide 2/3 de los miembros presentes, con 4 ausentes el oficialismo podría intentar tener el mínimo que precisa.

Otro conjunto de interpretadores considera que se puede estar frente a una combinación de todas estas opciones e incluso de un plan más ambicioso que tienda a aumentar el número de miembros del tribunal de cinco a nueve.

Resultaría una paradoja, porque el proyecto para reducir el número de jueces de 9 a 5 fue justamente una iniciativa de la entonces senadora Kirchner, que, ahora, por las razones políticas inversas impulsaría la idea contraria.

Si los senadores de la oposición que firmaron el documento de compromiso se mantuvieran fieles a él, entonces Carlés no será juez, y, por los mismos motivos, Figueroa tampoco. En ese caso el proyecto alternativo de aumentar el número de jueces cobraría más fuerza.

Para aprobar un proyecto como ese, el oficialismo no necesita mayorías especiales porque se trataría de un proyecto de ley común y silvestre, pero luego, obviamente, volvería a encontrarse con la dificultad de los senadores que firmaron el documento de compromiso y no podría designar los nuevos jueces para llegar a 9 miembros.

En ese caso, la especulación dice que el gobierno estaría en condiciones de argumentar que la Corte está en franca minoría (cuatro jueces activos contra nueve que la eventual nueva ley estaría disponiendo) y que por lo tanto es necesario nombrar conjueces.

Como se sabe, hace poco, el oficialismo aprobó en el Senado una larga lista de conjueces adictos con mayoría simple bajo el argumento de que, como justamente, no son “jueces” sino “conjueces”, entonces no se necesitaban los 2/3 de los miembros presentes.

Esta teoría fue discutida con fundamentos más que suficientes por varios constitucionalistas por el hecho de que lo que debe tomarse en cuenta es la función que esos jueces van a estar llamados a cumplir en el caso de que se los necesite: si van a sentarse en un escaño de la Corte, pues entonces precisan de los mismos requisitos que un juez de la Corte, por lo que un nombramiento con menos de los 2/3 de los votos no sería válido.

Naturalmente, como era de esperarse, los aprobaron de todos modos. Esos conjueces serían ubicados ahora en los sillones del más alto tribunal en el caso de que el proyecto de elevación del número prospere.

Obviamente de todos los planes tendientes a no entregar el poder, éste es el más importante, duradero y ambicioso. Si tiene éxito la próxima administración, escuchará como nunca el argumento de que la Justicia es un poder independiente y de que está allí para controlar y limitar la acción del Poder Ejecutivo. Delicias del kirchnerismo, que le dicen.

Según esta interpretación el gobierno no sería el gobierno sino la oposición a ese poder; es decir, el gobierno actuaría con el poder del Estado pero oponiéndose al verdadero PODER, que, según esta versión, se ubicaría por fuera del Estado. Es más, según el gobierno, casi podría decirse que todo lo que no sea Estado sería el Poder Oculto al cual el gobierno debe oponerse.

Y decimos que la interpretación es curiosa por varios motivos. En primer lugar si todo lo que no es Estado es sospechoso de ser un poder oculto con intereses opuestos al pueblo, ¿cómo llamaríamos a los integrantes de ese supuesto poder?, ¿no serían parte del pueblo?

Supongamos que el éxito en su vida y en sus trabajos los hubiera llevado a formar empresas poderosas y consorcios influyentes, ¿no son el “pueblo” por eso? ¿Tenemos entonces una interpretación discriminatoria de la palabra “pueblo” para reservarla -como muchas veces ha hecho la propia Presidente y otros númenes del gobierno- a los “negros” y a los “pobres”? (Conste una vez más que usamos esta terminología con los mismos alcances que la han utilizado la Sra de Kirchner y Luis D’Elía, por ejemplo).

¿Quiere decir entonces que el Gobierno propicia un sistema de vida en donde los integrantes individuales del “pueblo” no tengan éxito en su vida, porque si tuvieran éxito dejarían de pertenecer al “pueblo” y pasarían a ser EL PODER oculto que se le opone? ¿El gobierno estimula un sistema en donde la gente no progrese? ¿No vivimos acaso en un sistema en el cual podemos mejorar nuestra condición?, ¿la mejora de nuestra condición hace que no seamos del “pueblo”?, ¿conforme más mejoremos nuestra condición más alejados del “pueblo” estaremos y pasaremos a formar parte del “poder” perseguido por el Estado? ¿Es este el cuadro social que el gobierno tiene en mente?

Y la verdad es que la descripción coincide con lo que han sido los hechos estimulados por el gobierno en estos años. ¿A qué han tendido esos hechos? A propagandear una mejora “hasta ahí” de la condición de ciertas franjas sociales cosa que éstas puedan seguir siendo explotadas electoralmente en tanto ”pueblo” pero, al mismo tiempo, ellas sientan una mejoría efectiva en su condición por la cual crean que deben estar agradecidos al Estado, es decir al gobierno, es decir a la Presidente.

De esas acciones deducimos que, efectivamente, el gobierno parecería perseguir un diseño social de “rebaño” por el cual la aventura de la vida no pueda transformar en rico (es decir en “independiente”, es decir, en “poderoso”) a nadie, porque esas personas son peligrosas para los perfiles del modelo y deben ser perseguidas en tanto no son fácilmente dominables. Según este horizonte no habría Bill Gates o Mark Zuckerbergs o Fords o Edisons o Firestones o Lee Iacocas en la Argentina, porque esas personas serían muy poderosas y aquí el único poderoso es el Estado, es decir el gobierno, es decir la Presidente.

En segundo lugar la interpretación del Poder que hace el gobierno es curiosa porque su propia conducta la desmiente. En efecto si uno observa el tsunami legislativo que ha producido en la Argentina desde 2003 para acá es francamente impresionante. Ese poder lo tiene solamente el gobierno. Ni Clarín, ni Ford, ni los sindicatos, ni la UIA, ni General Motors, ni Arcor, ni ADEBA, pueden emitir leyes susceptibles de hacerse cumplir por la fuerza. Solo el Gobierno puede hacerlo.

En los últimos meses -y como muchos creen para construir un poder residual aun después de una derrota electoral en 2105- el Gobierno ha sancionado la ley antiterrorista, la ley de abastecimiento, el nuevo Código Civil y Comercial, la ley de Hidrocarburos, la prórroga de la emergencia económica hasta diciembre de 2015, ha dado por terminado el proceso de adecuación voluntaria del Grupo Clarín, ahora presenta el nuevo proyecto para permitir a las telefónicas intervenir en el mercado de TV por cable, ha presentado el proyecto para reformar el Código Procesal Penal…

Ningún “poderoso” puede hacer eso. Al contrario los “poderosos” deben acatar sin chistar lo decretado por el número oficial. Entonces, va de nuevo, ¿dónde está el poder?

El hijo presidencial en su primera aparición pública adelantó que, en el caso de una derrota en 2015, entregarían el gobierno pero no el poder. ¿Cómo se entenderá esto a partir del año que viene si esa hipótesis terminara verificándose efectivamente?, ¿pasará a ser el kirchnerismo el PODER OCULTO a espaldas de lo que votó el “pueblo”?, ¿el nuevo gobierno debería ser entonces (para ser coherentes con una interpretación nacional, popular, aluvional y plebiscitaria del voto) la OPOSICIÓN a ese poder en las sombras que Máximo Kirchner reserva para su tropa en caso de derrota? ¿Y en esa condición de OPOSICIÓN al verdadero PODER (que, según Máximo, serían ellos) el nuevo gobierno debería iniciar una actividad derogatoria de todo lo hecho por el kirchnerismo, porque ahora el “pueblo” no votó al kirchnerismo y, como tal, éste es un PODER no POPULAR? 

Porque podría interpretarse que el “pueblo” es solo “pueblo” en tanto me vote a mí y si no me vota a mí, quienes ganan son el producto de un engaño de las minorías porque el “verdadero pueblo” sigue estando conmigo. Eso es querer la chancha y los veinte: cuando gano el “pueblo” es mío porque lo dicen los votos y cuando pierdo también porque el “pueblo” fue engañado. ¿No será mucho?

En fin, llega un momento en que los disimulos de los autoritarismos en el ropaje de las democracias son muy grotescos, y se notan… Se notan mucho.