Esas regulaciones están a su vez directamente relacionadas con el nivel de gasto público, tanto en términos absolutos como en términos porcentuales del PBI.

La vía regia para implementar estas políticas populistas son los planes asistenciales. Libertad y Progreso relevó la existencia de más de 100 planes de este tipo entre la nación y la provincia de Buenos Aires, sin contar los que existen en otras provincias. Esos planes insumen la friolera de ciento veinte mil millones de pesos anuales que, medidos al tipo de cambio oficial, trepan a casi 15 mil millones de dólares.

Lo más dramático del caso es que esa fortuna no ha servido ni sirve para terminar con la pobreza, ni para mejorar sustancialmente el nivel de vida de la gente. Parecen, al contrario, preparados para endulzar con demagogia los oídos de las personas que menos tienen, para “hacer como” que el gobierno se preocupa por los pobres, pero al mismo tiempo para lograr que esa franja social quede estancada en la dependencia de los planes, sin poder iniciar un camino de independencia económica personal.

Es en este punto en donde no puede dejar de sospecharse una artera maniobra de doble filo: conquistar a las masas más pobres con limosnas estériles pero no permitirles que de verdad progresen y salgan de la pobreza, porque se presume que, en ese caso, esa gente será mentalmente más independiente, se educará mejor, vivirá mejor y, por lo tanto, será menos dependiente políticamente del gobierno.

No es extraño que siguiendo está política el kirchnerismo haya hecho un sinónimo del buen gobierno a aquel que más planes sociales tiene o desarrolla, cuando, en realidad la medida ideal de la mejor administración sería aquella que demostrara que durante su gestión fue posible eliminar la mayor cantidad de planes de asistencia. Esa sería la mejor medida de su eficacia económica, de lo verdaderamente “popular” de su política y de su eficiencia en la administración de los recursos.

El plan de asistencia ideal sería aquel que le permite a la persona iniciar su camino hacia un trabajo formal, en la economía en blanco del país. Al contrario, salvo la AUH, todos los planes del gobierno se pierden si la persona encuentra trabajo formal. Como consecuencia de ello los beneficiarios de los planes tienen aversión por la búsqueda de empleo blanco, con los consiguientes efectos perniciosos para todo el sistema económico.

La propuesta que Libertad y Progreso insinúa es una drástica consolidación de los planes hasta que queden reducidos a no más de cinco y que puedan mantenerse durante un tiempo aun después de que la persona haya conseguido trabajo formal.

Está claro que para lograr semejante revolución todos los recursos del Estado deberían asignarse de manera diferente a como lo hace el populismo actual.

Entre enero de 2003 y enero de 2012 el gasto público consolidado (o sea el ejecutado por el gobierno nacional, los provinciales y los municipales) pasó de 29.4% a 45.9% del PBI. Si se lo mide en dólares a la cotización oficial (tomando como referencia los mismo extremos temporales) los números trepan de 45.2 miles de millones a 279.6 miles de millones de dólares. Se trata de una fenomenal pérdida de la competitividad del país con el consiguiente desmejoramiento del nivel de vida.

El país se ha caído como un piano en las tablas que miden los índices de libertad económica, siendo que es la libertad económica la que demostradamente produce el progreso y la elevación de la calidad de vida.

Si alguien tuviera alguna duda al respecto, el trabajo que produce el Fraser Institute -un think tank que desde 1996 investiga y publica cifras que permiten medir como es la performance de los países en esta materia- puede resultar útil para terminar de derribar mitos que solo sirven para que algunos vivos se hagan los reyes magos con el dinero ajeno mientras construyen fortunas personales que nadie puede explicar.

Esos trabajos demuestran que en los 38 países de mayor libertad económica (el 25% superior del total investigado) el ingreso promedio per cápita es de U$S 36446, que el ingreso promedio del 10% más pobre de su población es de U$S 10556 y que la esperanza de vida es de 79.2 años. En el otro extremo, en los 38 países de menor libertad económica (el 25% inferior del total investigado), el ingreso promedio per cápita es de U$S 4382; el ingreso promedio del 10% más pobre es de U$S 932 y la esperanza de vida es de 60.2 años.

En esa tabla entre los países de mayor libertad se encuentran Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Emiratos, Finalandia, Canada; Australia, Chile, UK, USA, Alemania y Japón. En la tabla inferior aparecen Congo, Burundi, Angola, Chad, Zimbabwe, Venezuela. La lista completa es de 152 países. Venezuela ocupa el último puesto; la Argentina el puesto 137.

Estos números revelan el nivel de perversión del sistema en el que estamos viviendo: por un lado la convicción extendida (y propagandeada desde el oficialismo) de que estamos frente a un gobierno nacional y popular que beneficia a los pobres y por el otro, una realidad que demuestra que la filosofía aplicada hunde a los pobres y los hace vivir cada vez peor. Se trata de una especie de cinismo en donde el explotado viva y sustenta al explotador.

Los argentinos deberíamos empezar a prestar más atención a paradojas como ésta. Deberíamos dejar de “ir al toro”, enceguecidos por los anuncios demagógicos de más y más planes de asistencia para pasar a prestarle atención a cómo estamos viviendo y hacia donde van y para qué sirven las fortunas que se gastan. Probablemente cuando empecemos a medir la “popularidad” de un gobierno no por la cantidad de planes asistenciales que crea sino por la cantidad que elimina, habremos empezado a transitar no solo el camino del progreso sin también el de la verdadera libertad.

Algunos han sido muy graves en términos sociales. Algunos le han costado la vida a miles de argentinos inocentes, como el aumento del número de criminales sueltos por la calle que tienen a la ciudadanía viviendo en estado de pánico. Otros dejarán secuelas culturales que costará mucho erradicar, como la inútil división social y el rencor gratuitamente repartido. Algunos esperan respuestas judiciales, como fue el aumento inexplicado de algunas fortunas. Y otros han traído a la Argentina males y escenas desconocidas para nosotros hasta hace sólo unos años, como las que entregan los sicarios del narcotráfico matando gente por la calle. Otros están respaldados por las cifras oficiales: cuando en el censo de 2001 vivían 10 personas en una villa miseria, en el censo 2010 vivían 16, un 60% más.

Algunos tendrán impacto por años en la Argentina, como el “aumento” del aislamiento internacional y del pésimo concepto que le hemos trasmitido al mundo. Otros han profundizado las peores prácticas de nuestra historia, llevando el unitarismo fiscal a niveles extorsivos que convirtieron a las provincias en meras dependencias del gobierno nacional.

Pero hay tres “aumentos” -obviamente no mencionados por la Presidente- que han tenido la virtualidad de anular todos los beneficios de los “aumentos” aludidos por la señora de Kirchner. El gobierno de estos últimos 11 años aumentó el gasto público a niveles estratosféricos. La administración de la presidente en particular le aplicó una tasa de incremento de 40% por año. Esa monumental bola de nieve (compuesta por subsidios, una increíble política energética que nos convirtió en importadores netos por U$S 13 mil millones al aire -otro “aumento” imponente del kirchnerismo que la presidente no mencionó-, una acarralada de empleados públicos que supera el millón y medio de personas, una duplicación de funciones en dependencias estatales para acomodar a cientos de funcionarios con sueldos millonarios, la incorporación de 2,5 millones de jubilados nuevos que nunca habían aportado y una multiplicidad de planes sin contraprestación) produjo la pulverización del superávit fiscal para convertirlo en un déficit cercano a los 7 puntos del PBI.

Este “aumento” provocó a su vez otro desquicio. Como el “aumento” del aislamiento internacional nos dejó sin acceso a los mercados, el gobierno comenzó a financiar el excedente de gasto con emisión monetaria sin respaldo. Se calcula que el “aumento” de la cantidad de billetes en circulación supera los $ 150 mil millones, por encima de la base de reservas. Esto produjo otro “aumento”: el de la presión sobre los precios. Al haber más papel moneda pero mantenerse constante los niveles de producción (porque lo que sí no aumentó fue la inversión privada productiva) esos billetes tuvieron que “repartirse” entre los mismos bienes y servicios con la aritmética consecuencia de su aumento.

Este desquició originó otro “aumento”: el de la presión sobre el tipo de cambio. El precio del dólar quedó desfasado respecto de las demás mercaderías y la gente comenzó a drenar las reservas del BCRA. Con la intención de frenar esta situación, luego de las elecciones de octubre de 2011, la presidente estableció el control de cambios y, tiempo de después, instauró el cepo. Esa valla no impidió la salida de dólares porque el ingenio individual siempre encontró maneras de adquirir las divisas, pero sí puso un sello definitivo a su ingreso.

La velocidad de este deterioro fue también en “aumento” y estalló finalmente entre el 23 y el 24 de enero cuando el gobierno devaluó de un plumazo 15%, lo que llevó la pérdida del valor mensual del peso frente al dólar al 24%.

El empobrecimiento de todos los argentinos fue inmediato. Basta decir que las jubilaciones -cuyo “aumento” era el principal anuncio de la presidente- alcanzan hoy la friolera de U$S 215. Hace 15 años, cuando comenzaba la década “maldita” de los 90 era de U$S 200. El “aumento” es de U$S 15. Los más de 1300 puntos porcentuales que la Sra. de Kirchner remarcó se habían incrementado las jubilaciones desde que su esposo asumió significan U$S 15.

Todos los “aumentos” recitados por Cristina han sido sepultados por estos otros “aumentos” que la presidente ocultó. El aumento del gasto, del déficit fiscal, de la emisión monetaria, de la inflación y de la devaluación, tornan risibles los niveles de las jubilaciones, de los planes Procrear, Progresar, el de la asignación familiar universal y las demás bondades del Estado de Bienestar que la señora de Kirchner se empeña en enfatizar.

Pero el listado de “aumentos” no estaría completo si no hiciéramos referencia al “aumento” del autismo. La presidente sigue convencida de que no gobierna, ella libra una batalla contra el mal. Parte de ese mal lo representan los empresarios que aumentan los precios (de allí que su infatigable vocación por la ironía la haya llevado a jugar con las palabras y enumerar las cosas que su gobierno había “aumentado” mientras los empresarios “aumentaban” los precios) y los comerciantes que especulan. En el afán de agitar esa división, cayó en errores groseros como poner como ejemplo de un bien no afectado por la devaluación del dólar la producción de cemento, cuando en realidad, el componente de costo más importante en su producción es la energía, impactada directamente por la millonaria factura de fuel oil que debemos pagar anualmente. Ese solo rubro aumentó 24% durante el mes de enero.

Del mismo modo, la presidente sigue encerrada en una nube de furia y parece que toma todas sus decisiones no por una convicción o por una aceptación de la realidad sino por simples venganzas. Es la imagen que dejó ver cuando anticipó que se reverían los subsidios para aquellos que compraron dólares. O sea, no es que los subsidios estén mal porque están matando el presupuesto público, los que están mal son los que compran dólares, entonces los castigo sacándole lo que les dejo a otros, simplemente para vengarme.

Lo cierto es que con cada aparición pública de la señora de Kirchner “aumenta” la preocupación. Estoy seguro de que la gran mayoría de los argentinos desearían ver una presidente más moderada, menos altanera y más dispuesta a aceptar lo que ocurre. Su legado está en peligro. La negación de la realidad “aumenta” el riesgo de que sea recordada simplemente como alguien que sólo sirvió para dividirnos.