Desde que el Presidente anunció el arte del acuerdo en su discurso de inauguración frente a la Asamblea Legislativa hasta el veto a la ley que impide los despidos por 180 días, ha habido múltiples momentos en que cualquier observador externo podría haber encontrado motivos para ejercer el arte del acuerdo, sin embargo, esa situación sólo se materializó en la votación para cerrar el tema de los holdouts. En todo lo demás, el Presidente debió manejarse por decreto de necesidad y urgencia o por decisiones administrativas que, si bien estaba en todo su derecho a tomar, porque él es el jefe justamente de la administración, hubiera sido no solamente saludable sino también muy conveniente y maduro haber mostrado un acuerdo.

No obstante, esas inocentadas tienen en el peronismo un límite infranqueable. El peronismo es ladino, anda siempre con el puñal abajo del poncho y no pierde ocasión para especular con el asalto al poder.

Lo que ocurre hoy es que hay al menos seis peronismos diferentes. Uno es el oficial, el que representan José Luis Gioja y Daniel Scioli, casi un sello de goma sobando aún las medias en desuso de Cristina Elisabet Fernández, con declaraciones que sólo pueden salir del que guarda el resentimiento de la derrota.

Otro es el peronismo de Sergio Massa, que oscila entre la civilización y la traición, conforme le indican sus múltiples asesores. Más allá aparece el peronismo de los gobernadores, ese mismo que influye en las decisiones de los senadores y que integran Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y varios de los intendentes de Buenos Aires. Luego, aparece el peronismo sindical, que ni siquiera sabe lo que quiere fuera de lo que siempre fue su leitmotiv: oponerse a todo y hacer un poco de quilombo. Y, por último, el cristinismo decadente, cuyo único horizonte es el caos y su único plan es el helicóptero.

Mauricio Macri se debate entre dar señales de fortaleza —como la del veto— o emprender un programa que se parezca a la Moncloa española. No faltan, frente a esta última posibilidad, quienes adviertan que una empresa semejante le daría al peronismo la posibilidad de unificarse, de dejar de estar seccionado en seis barrios que se pelean entre sí para pasar a conformar un bloque único, negociador de esa Moncloa y, por ende, más fuerte y más peronista.

El Gobierno tiene un problema adicional cuando quiere ensayar lo que el Presidente llamó “el arte del acuerdo”: no tiene muy claro con quién hablar. La dispersión peronista es su mejor y su peor noticia: mientras estén separados son más débiles, pero mientras no estén juntos no se podrá celebrar un acuerdo civilizado y duradero que dé señales adultas a la comunidad inversora.

No hay dudas de que para la opción que alienta Jaime Durán Barba —la de gobernar con lo propio buscando el consenso directo de la gente antes que el del peronismo— la suerte económica del país es crucial. Si el Gobierno lograra poner en caja la inflación, mostrar algunas inversiones concretadas y confirmar que no existe ni una ola ni un clima de despidos, es indudable que necesitará menos del peronismo, que, al contrario, deberá someterse a la voz soberana del respaldo popular. Es más, si ese respaldo no continuara existiendo, como de hecho existe (casi el 60% de los argentinos apoya la gestión de Macri), las poleas del plan helicóptero se hubieran puesto a funcionar más rápido (Eso no quiere decir que algunos, como lo han confesado extremos tan diferentes como el Chino Navarro y Ricardo Forster, no quieran forzar la realidad para que el desenlace del plan helicóptero se materialice).

Por eso, conociendo la naturaleza del peronismo, no resultaría descabellado pensar que una de las tácticas que podría poner en práctica sería entorpecer toda iniciativa, cuyo probable resultado sea el éxito económico del Gobierno, aun cuando el fracaso en términos de inflación, empleo, inversiones y consumo vaya en directo perjuicio de las personas que el peronismo dice defender y representar.

El otro sector del Gobierno que se identifica con la búsqueda de un acuerdo está encabezado por Ernesto Sanz, uno de los tres arquitectos de Cambiemos, junto al propio Macri y a Elisa Carrió.

En efecto, Sanz, que aparece cada vez más cerca del Presidente en su calidad de asesor, pone sus fichas a un acuerdo histórico de dimensiones épicas. Esta opción debe aún dilucidar qué hará cuando el peronismo intente poner sobre la mesa del acuerdo la indemnidad judicial de algunos de sus capitostes, más aún con la figura de Carrió, que seguramente desea, en el fondo de sus ideales, ver presos a Cristina Kirchner, a Julio de Vido, a Aníbal Fernández, a Amado Boudou y todos los integrantes de la pandilla que ocupó el Estado hasta el 10 de diciembre.

Las opiniones en el mundo económico y empresario respecto del segmento mágico del segundo semestre están divididas. La mayoría se inclina a pensar que efectivamente se detendrá el alza furibunda de los precios, pero que eso no alcanzará para llegar a la meta anual del 25 por ciento. También coinciden en que comenzarán a conocerse inversiones concretas, especialmente en el sector agroindustrial, pero que eso no tendrá un efecto espectacular ni en el consumo ni en el empleo.

Resulta francamente increíble que las fuerzas políticas no tengan la grandeza necesaria y, al contrario, se rijan por las mezquindades que siempre las caracterizaron. Pero eso es lo que hay. Y con eso tendrá que manejarse el Presidente, la sociedad y la comunidad inversora.

Quizás un poco más de magnanimidad de parte de esta última podría producir un punto de inflexión en esta ecuación que comentamos: si los hombres de negocios hicieran un acto de fe que fuera más allá de los algoritmos que guían sus decisiones, tal vez el experimento de cambio podría tener una chance en la Argentina. Aunque es justo reconocer que en el círculo vicioso entre una clase empresaria prebendaria y un Estado interventor y estafador no puede establecerse dónde está el origen y dónde el final, dónde está la causa y dónde la consecuencia.

Se trata, para colmo, de un tipo de descomposición de las que hacen más daño público: la descomposición moral, la que no trepida en provocar acusaciones de unos contra otros, enfrente de todos; personas que integraban el mismo espacio (para algunos la misma banda) hasta hace algunos meses tirándose con dardos envenenados y calificándose con duros adjetivos, o bien recomendando “no perder la memoria” (como Lázaro Báez le sugirió a la mismísima Alicia Kirchner).

Es, al final de cuentas, el escenario político que todo dirigente en el Gobierno desearía ver en el interior de las agrupaciones que se le oponen políticamente. Sin embargo, al lado de este panorama en el kirchnerismo más cerril, también se abren disyuntivas en Cambiemos. La Dra. Elisa Carrió ya ha emprendido una avanzada para impulsar las causas de investigación contra funcionarios del Gobierno anterior —empezando, claro está, por Cristina Fernández— o contra empresarios relacionados con ese régimen —Báez y Cristóbal López, principalmente.

A esa postura se han unido desde la vicepresidente Gabriela Michetti hasta funcionarios como Laura Alonso o ministros como Patricia Bullrich o Germán Garavano.

Otra corriente entiende que debe irse con cuidado en ese terreno y —según las denuncias de Carrió— comandados por Daniel Angelici pretenden influir en los jueces para que esos procesos se retarden, al creer que con eso se contribuye a la calma política. Los partidarios de esta tesis sostienen que una avanzada contra el corazón kirchnerista (léase un acorralamiento de la situación judicial de Cristina Fernández) podría derivar en un clima de tensión que se volvería en contra del Gobierno de Macri.

La diputada aliada del Presidente ha sido concluyente: “Es Angelici o Carrió”, con lo que pone a Macri enfrente de una disyuntiva peligrosa.

Más allá de estas cuestiones prácticas que Macri deberá resolver, existe un nivel de deber ser que no tendría que pasarse por alto. En efecto, la Argentina deberá dar, alguna vez en la vida, una pauta de que los cinismos de la política pueden hacerse a un lado para recuperar el valor de la ley y del ejemplo.

Quizás para algunos sea entendible “muñequear” las causas candentes para no ponerse al peronismo en contra, cuando se depende de él para apoyar varios proyectos importantes para el Gobierno en el Congreso. Con esa misma lógica, durante las primeras semanas del nuevo Gobierno, se intentó convencer al Presidente de que no era conveniente revelar el verdadero estado en que recibió el país el 10 de diciembre.

Se entendía que un sinceramiento de ese tipo pondría al peronismo a la defensiva y se generaría una oposición cerrada en el Congreso que impediría la sanción de iniciativas cruciales. Otros creían —y me incluyo como uno de los primeros en eso— que era un acto de completa injusticia permitir que quienes no dejaron desastre por hacer se salieran con la suya, sin que nadie los revelara ante la sociedad.

Finalmente, el 1º de marzo el Presidente eligió una diagonal y enumeró durante veinticinco minutos algo de lo mucho que había para decir en materia de herencia. En un momento, cortó aquel listado bajo el argumento de no aburrir a los legisladores y a los argentinos que seguían el discurso por televisión.

En este momento las cuestiones son más graves. Durante doce años se perfeccionó en la Argentina un sistema de saqueo de los fondos públicos tendiente a convertir en millonaria a una casta minoritaria y privilegiada que se propuso vivir a costillas del pueblo. Ahora, esas inmundicias están saliendo a la luz, incluso por los dichos públicos de muchos de los que fueron sus protagonistas, que, para salvarse, no dudan en mandar al frente a quienes eran sus cómplices hace tan sólo unas semanas, en un dantesco espectáculo de inmoralidades.

El famoso deber ser indica que el Presidente tendría que dar —quizás por primera vez en décadas— una señal de que en el país no es posible hacer cualquier cosa sin pagar el costo de las consecuencias. ¿Habrá algunos que intenten hacer aparecer esa decisión como una persecución política o ideológica? Puede ser. Pero lo que en definitiva deben prevalecer son las pruebas.

El hasta hace pocos meses ministro de la Corte Suprema, Carlos Fayt, siempre afirmó que las “opiniones son libres, pero los hechos son sagrados”. Nadie debería mover un dedo para que un juez demore un proceso o una decisión cuando ese juez tiene en sus manos las pruebas incriminatorias. Como nadie puede ser perseguido por pruebas fabricadas, nadie podría esquivar el accionar de la Justicia si esta cuenta con las evidencias necesarias.

Ni el Presidente, ni Angelici, ni Jaime Durán Barba, ni ningún gurú experto en encuestas y en focus group deberían poder privar a la sociedad de saber la verdad.

Es una señal que la Argentina espera hace mucho tiempo. De los últimos tiempos quizás sea este el momento en que más cerca se está de resolver esa disyuntiva en favor del deber ser y no en favor del cinismo político.

Creo que la sociedad —cuando se la informe sobre el peso de las pruebas— recibirá con beneplácito las noticias que le informen sobre lo estúpida que ha sido. Es posible que algunos se nieguen a admitirlo (porque a nadie le gusta reconocerse como estúpido o porque una ceguera ideológica les nubla la claridad de la visión). Pero ese será un problema menor al lado de las ventajas de haber hecho lo correcto y lo que correspondía.

La dureza de las medidas que aún deben tomarse para encarrilar una economía devastada transforma a aquellos que las deben tomar en deudores de la verdad más descarnada. No se les pueden pedir sacrificios a aquellos a los que se engaña.

No se trata aquí de volver a armar el muñeco de la pureza con el que muchas veces se trató de caricaturizar a Elisa Carrió. Se trata, por el contrario, de aprovechar la oportunidad (única quizás) en donde el deber ser tiene una enorme coincidencia oportunista con la conveniencia: hacer lo que se debe hacer esta vez no sólo es moralmente correcto, sino que es políticamente oportuno.

Si el Presidente analiza bien esta cuestión, es posible que, de pronto, lo que parece ser una encrucijada, en realidad sea una liberación. Si eso ocurre, la sociedad podría estar en la antesala de un hecho poco menos que inédito en la historia: que quienes las hicieron las paguen.

En efecto, a este turno de votación se lo llama “primarias” (nombre tomado a todas luces de la tradición americana de las “primaries”), dando la impresión, para el que no lo sabe (un extranjero, por ejemplo), de que los partidos eligen sus candidatos internamente. Pero la singularidad argentina ha inventado otra cosa.

Aquí hay partidos que no dirimen nada, que no eligen candidatos, que no resuelven, en suma, ninguna interna, ninguna primaria, sencillamente porque concurren a la elección con un solo candidato. En honor a la verdad esos partidos no deberían participar de las PASO. Si quieren movilizar a todos los ciudadanos para que dediquen un domingo de su vida a ir a elegir candidatos obligatoriamente, de partidos que no son los suyos, por lo menos que los hagan ir para seleccionar entre más de una alternativa. De lo contario, el ciudadano no está votando en una interna, sino en una externa.

Las primarias argentinas son engañosas, como muchas otras partes de nuestro sistema electoral, el ballotage, por caso. ¿A quién se le ocurrió inventar la alambicada fórmula del 45 % de los votos o 40 % más 10 % de diferencia para producir un ganador directo en primera vuelta? Se trata de una treta, de una agachada política para entregarle el poder a una minoría. Los sistemas de segunda vuelta se han pensado, justamente, para que el candidato finalmente elegido esté respaldado por una mayoría social importante. Pero, de nuevo, la originalidad argentina inventó este embuste para que alguien, que no tuvo ese peso decisivo, se haga del poder igual. Todo este zafarrancho se lo debemos a Carlos Menem, a Raúl Alfonsín y a la desafortunada reforma constitucional de 1994.

Pero volvamos a las PASO que es lo que se vota hoy. Vayamos casi por el orden de su sigla. Se dice que esta votación es abierta, porque justamente convoca a todo el mundo, no a los afiliados a un partido. Si bien la idea puede ser interesante, es la combinación con su simultaneidad lo que la torna incoherente.

Para que realmente los ciudadanos pudieran participar abiertamente de las primarias de los partidos, aquellos deberían poder votar tantas veces como partidos se presenten en las PASO, porque si todas las primarias se llevan a cabo el mismo día, el ciudadano está obligado a participar en la interna de un solo partido y no en la de los demás, con lo cual el carácter abierto del llamado empieza a estar en dudas.

El otro elemento del combo es que las PASO son obligatorias. Eso las transforma en un comicio público controlado por la Justicia Electoral y sujeto a las condiciones y las características normales de una elección general, saliendo del ámbito privado de los partidos y de las agrupaciones políticas que necesitan convocar a la gente para decidir sus candidatos.

En otros países las primarias son una etapa, digamos así, privada del camino electoral. Están a cargo de los partidos y son controladas por ellos. También, al ser voluntarias y celebradas en fechas diferentes, generalmente convocan a los seguidores de esos partidos. Está claro que también son abiertas y el hecho de realizarse en jornadas distintas facilita que los ciudadanos que participaron en una también puedan participar en la otra, conformando así una verdadera elección interna.

Por eso, en el futuro sería interesante revisar este procedimiento para adecuarlo más a la realidad de las cosas y a no trasmitir una imagen engañosa de algo que no es.

En cuanto a la previa de las PASO, la Argentina siguió sin poder celebrar ningún debate. Aquellos que se reclamaron no fueron para enfrentar a candidatos de un mismo espacio, sino entre los candidatos que las encuestas ya presumen serán los finalistas de las elecciones generales. Aquí no se pidió un debate entre Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió o entre Sergio Massa y José Manuel De la Sota o entre Nicolás Del Caño y Jorge Altamira. Aquí se pedía que debatieran Macri, Daniel Scioli y Massa, sin advertir que esta es una elección hacia el interior de los partidos y no hacia el exterior. Otra deformación típicamente nacional.

El jueves pasado, en la ciudad norteamericana de Cleveland, Ohio, diez precandidatos republicanos a la Presidencia de los Estados Unidos se presentaron ante la televisión (el evento fue trasmitido por la cadena Fox News) para discutir sus puntos de vista respecto de distintos problemas de la política norteamericana a ser encarados por el sucesor de Barack Obama.

Lo primero que saltaba a la vista para un observador imparcial eran las profundas diferencias de enfoque que existían entre ellos en los temas más variados, desde la política inmigratoria hasta la participación militar en el exterior, pasando por el permiso al Gobierno federal para acceder a comunicaciones telefónicas de aquellos sospechados de terrorismo, hasta el sistema de salud.

Pero ninguno renunció a su filiación republicana. Todos (excepto Donald Trump, que no quiso expedirse tajantemente sobre el tema) adelantaron que, por supuesto, endosarían al candidato triunfante en las primarias.

Aquí, en la Argentina, la más mínima desviación produce una escisión, una fractura, la creación de una fuerza o de un frente nuevo. Todo el mundo quiere ser el cacique de su propio purismo, donde no haya disidencias y donde todos se amolden a la dirección de un mandamás. Eso también deberíamos ir pensando en terminarlo.

En algún momento los mitos urbanos decían que el ancho de la frente de cada uno era una señal de su inteligencia. Está claro que eso es una pavada. Pero si fuera cierto veríamos empezar a tener más “frente” y menos “frentes”. Es hora de que el país vuelva a la inteligente organización de partidos clásicos, definidos, con vertientes y sectores internos, incluso con diferencias apreciables, pero con la capacidad de cohesión suficiente como para permanecer bajo un mismo techo político sin fracturas ni divisiones.

Para solucionar esas diferencias sí deberían existir unas primarias, abiertas, voluntarias y celebradas en fechas diferentes para que el pueblo los ayude a elegir sus líderes. Casi, casi al revés de lo que sucederá hoy.

En Córdoba, por ejemplo, llamó la atención cómo el candidato Juan Schiaretti se proclamaba ganador con el 1,30 % de las mesas escrutadas y cómo la mayoría de los candidatos a presidente y la señora de Kirchner se apuraban a llamarlo para felicitarlo, como si su caudal de votos fuera una especie de tesoro político nacional que pudiera llevarse el que llegara primero con la felicitación.

En comparativa, dicho sea de paso, hubo un contraste notable entre el sistema de boleta impresa y el de boleta electrónica: mientras en la capital a las 9 de la noche todo estaba terminado, en Córdoba casi ni había empezado.

Los temores que parte de los porteños y parte del país habían demostrado con la operación de las máquinas impresoras se diluyó en menos de una hora, cuando quienes votaban se convencían de la simpleza y la rapidez del funcionamiento. Si uno lo piensa retrospectivamente, resulta hasta medio patético el miedo que se le tenía a la máquina.

Otra curiosidad ocurrió en La Rioja, en donde el kirchnerismo festejaba junto a lo más rancio del menemismo noventista. Allí, Scioli se abrazaba con los laderos de Menem, al tiempo que se llenaba la boca hablando de Zannini: La Biblia y el calefón.

La contracara, claro está, de aquello a lo que la oposición empezaba a dar lugar a partir de hoy en la ciudad de Buenos Aires, con vistas a las elecciones nacionales de presidente.

En ese ruedo, Maurico Macri, Enresto Sanz y Elisa Carrió cerraron un acuerdo general para competir en un mismo espacio -Cambiemos- en las elecciones primarias. Pero Sanz y Carrió sostienen a Losteau en la capital. Una verdadera paradoja.

Macri deberá gastar parte de su esfuerzo presidencial en una segunda vuelta porteña para sostener a su candidato Rodríguez Larreta, porque, obviamente, si perdiera la jefatura de gobierno, le provocaría una debacle a nivel nacional. A su vez, Losteau, ganando o perdiendo la ciudad, debería votar a Macri para presidente si el actual jefe de gobierno triunfara en la interna de Cambiemos y el hoy candidato de ECO obedeciera políticamente a los jefes de los partidos mayoritarios que conforman su sector.

Losteau ha dicho, cuando veladamente se le criticó no bajarse de la segunda vuelta, que ECO “no tiene jefes”. Y es muy posible que el exministro de Cristina no solo lo crea así, sino que esté convencido de que el jefe es él.

Visto desde ese ángulo, lo que sigue sucediendo en la Argentina es la demostración más cabal de la pulverización del sistema de partidos tal como lo conocimos hasta 2001 y su reemplazo por un sistema de personas que utilizan las antiguas plataformas de los partidos para disputar el poder.

Y cuando de poder se trata, no hay dudas de que el peronismo (y las “personas” del peronismo) llevan una inocultable ventaja: el peronismo fue un partido del poder y hoy sus hombres son hombres del poder. Les interesan muy poco las formas y los escrúpulos: si Zannini tiene que andar a los abrazos con Menem, pues andará. Lo importante es conservar el poder para ellos y no dilapidarlo en luchas que beneficien a terceros.

Esa lógica está bien lejos de lo que ahora plantea la segunda vuelta de Buenos Aires. Losteau significa un problema para el candidato con mayores chances de enfrentar a Scioli en el desafío presidencial. La búsqueda de votos para Rodríguez Larreta significará un esfuerzo físico, un enfrentamiento dialéctico y la toma de unas posturas públicas que van a desgastar a ese espacio político que, a nivel nacional, se supone que está unido.

Mientras, el peronismo mirará el espectáculo con una sonrisa maliciosa. Hasta debe haber hoy personajes felices por el hecho de que Recalde no haya llegado al balotaje: esa polarización hubiera beneficiado a Macri en el orden nacional, porque una segunda vuelta entre el PRO y el presidente de Aerolíneas hubiera sido una catástrofe de votos para el kirchnerismo.

Va a resultar muy interesante ver cómo se manejan los referentes políticos de la UCR y de la CC frente a esta situación. Ellos saben que Macri es el candidato de sus PASO que lleva las de ganar. Macri será entonces “su” candidato a presidente. ¿Cómo se supone que se interpreta el hecho de complicarle la vida en su propio distrito, a punto tal de llegar a infligirle un daño irreparable a su candidatura?

¿Será que Sanz y Carrió creen que si gana Losteau, ellos estarán en el lugar de ganadores de las PASO de Cambiemos? No se sabe. Lo único cierto es que el peronismo por sí o por las torpezas de los demás siempre tiene un plus en su eterno romance con el poder. No pierde el tiempo y es completamente grosero y descarnado cuando se presenta a la sociedad como una máquina a la que solo le importa ganar para retener el mando.

La “pureza” de la oposición discutiendo teoricidades muy correctas, pero completamente inútiles a la hora de llegar al gobierno, está a punto de convertirse en un combustible extra para su extraordinario afán por querer seguir aferrado al sillón de las decisiones y -muchas veces- de la impunidad.

En el capítulo dedicado a la génesis de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Laura cuenta que la iniciativa había surgido en el ámbito académico bastantes años antes del interés del Gobierno por implementarla. Tanto antes que sus orígenes se remontan a los finales de la década del 90, cuando la diputada Carrió presentó la idea basada en los estudios de Rubén Lo Vuolo y Alberto Barbeito.

La Presidente siempre se mostró contraria a su implementación bajo el argumento de que se trataba de una medida “asistencialista” y que, a esos fines, eran mejor los planes Jefes y Jefas de Hogar que manejaba su cuñada, Alicia Kirchner.

Sin embargo, el 9 de Septiembre de 2009 todo aquello iba a cambiar. Ese día apareció en la portada de La Nación un artículo que se basaba en un reportaje a la Dra. Roxana Kreimer bajo el título “La violencia social y el delito son frutos de la desigualdad”.

El artículo captó la atención del entonces ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, que ni lerdo ni perezoso citó a Kreimer a su despacho. En ese encuentro, la filósofa le soltó la definición sobre la que basa la edificación de toda su teoría, volcada en el libro “Violencia Social y Desigualdad”. Kreimer le dijo a Alak que “no es la pobreza, la falta de educación o el desempleo lo que determina el mayor o menor grado de inseguridad en los países, sino la desigualdad social. Las sociedades de consumo proponen, en lo formal, las mismas metas para todos, pero, en la práctica, solo algunos las pueden alcanzar. La frustración, la violencia y el delito son los frutos de esa desigualdad.”

Alak confesó que la Presidente era muy afín a “este tipo de miradas” y que él estaba trabajando en un plan de seguridad “que no podía llevar a cabo” por razones políticas”, pero que su idea le parecía muy acertada y muy buena para encarar una temática tan controvertida.

Más allá de cómo continuó la historia -la AUH fue sancionada un mes después en octubre de 2009 por el decreto 1602/09- surgen varias conclusiones de esta historia que podrán parecer simples pero que tienen interesantes costados cómo para descubrir el proceso decisorio de la Argentina.

En primer lugar, salta a la vista que el Gobierno no tenía (ni tiene) ningún plan conexo prácticamente respecto de ninguna cuestión. Todos son arrestos individuales, movidos por la moda, las encuestas o “lo que dice la gente”. El propio Alak decía en esa reunión con Kreimer que él tenía una idea respecto de la seguridad pero que no la podía implementar por motivos políticos.

En segundo lugar, llama la atención cómo una iniciativa importante del Gobierno (para algunos la más importante que tomó la Sra. de Kirchner) fue finalmente gatillada por un artículo de un diario. Es decir, no respondió a una estrategia pensada dentro de un marco interconectado de ideas y tácticas para encarar y resolver un problema, sino que fue un espasmo eventual, que podría no haber sucedido nunca si La Nación no entrevistaba a Kreimer.

En tercer lugar, da cuenta de cómo el país suele encandilarse con personas y corrientes con una facilidad pasmosa, con la misma facilidad que tiempo después las deja de lado. También es curioso ver cómo la sociedad (o cierta clase dirigente) tiene la alegre discrecionalidad de colgarle el mote de “eminencia” a ciertos personajes que luego llevan esa cucarda por efecto de la repetición impensada del adjetivo, que queda adicionado a sus personas como las palabras que aprenden los loros quedan pegadas a su memoria irracional. El alto impacto que acusó Kreimer en Alak se encuadra dentro de este misterio.

No sabemos de dónde obtuvo la Dra. Kreimer su prestigio, pero si debiéramos inferir su versación de la frase que pronunció como si fuera una sentencia frente al ministro, la conclusión no sería muy halagüeña. En efecto, Kreimer dijo aquella mañana que “el grado de inseguridad de los países no depende de la (…) educación, sino de la desigualdad social (…) la sociedad de consumo propone, en lo formal, las mismas metas para todos, pero, en la práctica, solo algunos las pueden alcanzar” generándose de ese modo el caldo de frustración que genera en violencia y delito.

No sabemos de dónde ha sacado esto la Dra. Kreimer, pero sí sabemos que ha leído una historia, una filosofía del Derecho y una sociología económica o muy errada o muy sesgada.

Es una mentira total que “las sociedades de consumo” -si lo quieren más claro, que la “democracia liberal”, o, más claro aún, que el “capitalismo”- propongan “las mismas metas para todos”. Ese concepto, que es el embrión de toda la idea que Kreimer desarrolla después, es completamente errado. La democracia liberal o el capitalismo lo que proponen es la misma “caja de herramientas” para todos y el mismo “manual de instrucciones”. Esto es, los mismos derechos y la misma ley, igual, única y general para todos. A partir de allí lo que cada uno de nosotros haga con la “caja de herramientas” (el uso libre y combinado de los derechos de que disponemos) dentro del marco de legalidad general, será una cuestión nuestra y también una manera de diferenciarnos en la vida, de acuerdo a nuestras personalidades, a nuestros gustos, a nuestras preferencias y prioridades. Es una completa falacia decir que el sistema capitalista promete las mismas metas para todos y que cuando esas metas, en la práctica, no se cumplen de manera pareja para todos la gente se frustra y empieza a robar y a matar a congéneres por la calle. Eso es un disparate.

Los seres humanos no son robots que tengan objetivos por duplicado, copiados con carbónico, porque si eso fuera así, el sistema capitalista sería acusado justificadamente de no reconocer la variedad de las personalidades y de las preferencias humanas y de pretender estandarizar las metas de todos.

La democracia liberal es un sistema multicolor que permite la libre elección de un plan de vida. Qué brinda un “manual de instrucciones” (el orden jurídico) general e igualitario para todos y una “caja de herramientas” (los derechos y garantías de la Constitución) para que cada uno podamos darle forma a nuestra vida (y a nuestras “metas”) dentro del marco de prioridades personales de cada uno. La democracia liberal está muy lejos de ser un sistema que estandarice las metas de todos. La riqueza y vivacidad de su sistema de vida radica justamente en esa diversidad.

Pero para que el “manual de instrucciones” sea entendido y la “caja de herramientas” sea útil, se debe educar a la sociedad. Educarla en los valores de la libertad y de la honradez de modo que las diferencias de “metas” sean tomadas como la consecuencia de un sistema de elecciones, libre, individual, por el que cada uno se ha inclinado en la vida siguiendo sus gustos y preferencias y no como el resultado de la maldad intrínseca de un sistema que me ha llevado al fracaso.

Si el sistema educativo trasmite esa concepción envidiosa del mundo, entonces será ése, y no el sistema capitalista, el embrión del mal. En efecto si los chicos desde muy chicos no reciben el mensaje de que viven en una sociedad que les permite elegir lo que quieren ser y cómo quieren serlo, usando un sistema de derechos y garantías dentro de un orden legal justo, sino que, al contrario, son educados bajo la idea de que viven en una sociedad injusta por definición que debería entregar el mismo “output” para todos y que, como no lo entrega es discriminatoria en favor de unos y en perjuicio de otros, obviamente se está creando un germen de resentimiento que muy posiblemente genere violencia y eventualmente delito (también teniendo en cuanta las diferentes personalidades de los seres humanos y la diferente manera que tenemos todos de absorber aquellos mensajes de cizaña)

Pero, de nuevo, lo grave aquí es que una intelectual de aparente renombre elabore teorías alambicadas que parten de una premisa completamente errónea y que el Gobierno le dé predicamento sin analizar lo que se está diciendo. Para la Dra. Kreimer -y evidentemente para Alak y la Sra. de Kirchner- la no violencia en comprable por plata y el delito no existiría si “las metas” de todos estuvieran igualadas. Esa sí que es una banalización del problema y una visión “consumista” de la vida.

No hay dudas que el mejor camino para prevenir el delito, la violencia y otras tantas calamidades humanas es la educación y no la plata, o, si quieren, “la plata” pero  invertida en educación buena (esto es, de nada vale tirar millonadas de dólares -como de hecho ocurre en la Argentina que dedica el 6,5% del PBI al presupuesto educativo- si las premisas trasmitidas son aquellas basadas en la envidia y el resentimiento).

Los chicos desde chicos deben ser educados en el espíritu sano, libre, igualitario y diferente de la Constitución para que aprendan que cada uno es dueño de su destino. Que la ley es pareja, que las metas personales son diferentes, que los derechos son iguales y que la Justicia es imparcial. Por supuesto que todo eso (los derechos iguales, la ley única, la justicia imparcial) debe ser cierto en los hechos, pero no es  diciéndoles a  los chicos que  la democracia liberal  “asegura”  las mismas  metas  para  todos y que eso es una falacia -como dice la Dra. Kreimer- , porque eso es definitivamente mentira. Al contrario, la democracia liberal quiere que todos tengamos metas distintas y que eso haga que la vida tenga sentido para cada uno, como seres únicos e irrepetibles que somos.

En efecto, la Argentina ha heredado esa pésima costumbre colonial del Juicio de Residencia que, a lo sumo, sometía a la investigación al funcionario en el llano, ya fuera de su cargo.

Más allá de que esa tradición contraría toda la lógica constitucional basada en el control y balance recíproco de los poderes, hace perder toda la gracia del funcionamiento republicano. El Poder Judicial existe precisamente para verificar que los otros dos poderes actúan bajo las órbitas organizadas por la Constitución y no superen los límites que ella establece.

Si ese mecanismo está diseñado así, para el orden lógico de la organización estatal, cuánto más deberá aplicarse cuando lo que hay de por medio es la sospecha de la comisión de un delito.

Muchos sectores de la oposición han salido a pedir la renuncia o el pedido de licencia del vicepresidente. Elisa Carrió y el PRO prefieren que permanezca en el cargo y que eventualmente sea destituido por juicio político. Es probable que el PRO asuma esa postura porque el jefe de Gobierno también fue procesado en el caso de las escuchas. Si bien su situación fue, desde el principio, mucho más bizarra y, desde el juez que le dictó el procesamiento (Oyarbide) hasta lo que se sustanció en esa causa, siempre se sospechó algún amañamiento de la misma, lo cierto es que Macri tuvo un auto de procesamiento en su contra que luego fue anulado por el juez Casanello, resolución que está ahora en apelación. El jefe de Gobierno siguió en su puesto a pesar de todo.

Pero lo cierto es que el país debería tener la oportunidad de ver funcionar el mecanismo constitucional en orden y en paz. Esas previsiones de los padres fundadores fueron tomadas para mantener el funcionamiento normal de las instituciones no para entorpecerlo o para crear una zozobra social.

Quien mejor reaccionó dentro del oficialismo fue la diputada Juliana Di Tullio que declaró que “ahora Boudou podrá defenderse”. En efecto, el acto procesal de la declaración indagatoria es una oportunidad para que el sospechoso declare lo que sabe y avance en su propia defensa. Puede mentir incluso o negarse a responder. Ese es su momento en el proceso.

Por otro lado, es cierto que cuando un juez cita a esa declaración, es porque ha reunido elementos suficientes que lo llevan al convencimiento de que el citado cometió el delito que se investiga. Es más,  los casos en la justicia penal en que, luego de la indagatoria, el juez dicta el sobreseimiento o la falta de mérito son realmente excepcionales.

Pero lo mejor es dejar fluir el funcionamiento normal de las instituciones para que las formas republicanas se consoliden en el país. Los argumentos de confabulaciones destituyentes por parte de monopolios mediáticos son completamente delirantes. Solo habría que ver los elementos que el juez Lijo menciona en su escrito para advertir la hondura de la sospecha.

Es probable que el gobierno y la presidente se abroquelen en defensa de Boudou. Está bien; es normal.

Eso no solo no debería extrañar sino que debería tomarse como una reacción natural de un gobierno que se ha acostumbrado a no rendir cuentas y a no tener noción de los límites; a creerse dueño y señor de hasta el último detalle de la vida argentina.

Es más, un gobierno amoldado a las formas republicanas y a los límites establecidos por la Constitución no debería tambalear porque su vicepresidente deba responder ante la justicia. Si el funcionario usufructuó su cargo para beneficiarse personalmente, el gobierno no debería hacerse cargo de ello, más allá de la responsabilidad política que, en este caso, llevaría la presidente por haberlo elegido en soledad y no como el producto de un consenso. Pero la continuidad institucional del gobierno no debería resultar mellada.

El problema aquí es que nadie puede dar seguridades de que Boudou haya actuado solo y por su cuenta.

Y más allá de esa incertidumbre, muchos tienen la fundada sospecha de que el entonces ministro de Economía fue solo un operador que siguió órdenes.

Por cierto, el aborto de la operación contra el juez de la causa debe recibirse con júbilo. Aunque es preocupante comprobar que el gobierno estaba dispuesto a llevarse puesto al juez a la vista de todos, reconforta el hecho de que esa operación se haya truncado. Dos jueces de la Cámara Federal probablemente más cercana a la Casa Rosada se negaron a apartar a Lijo de la investigación.  Fue la misma Cámara que hace 20 días declaró inconstitucional el tratado con Irán. Se trata de una nueva demostración de que los jueces no firman un contrato a perpetuidad con los gobiernos. Ese mismo padecimiento ya fue verificado por Menem, que también se ilusionó con manejar la justicia y así le fue.

Lijo venía de visitar al Papa Francisco que en una audiencia privada le había dicho que no debía confundir prudencia con cobardía.

La Argentina tiene una oportunidad histórica: funcionar como una democracia desarrollada, al menos en su faz política. Dejar que los mecanismos de la Constitución -que son sabios y pacíficos- vayan fluyendo hasta encontrar un cauce que ponga las cosas en orden y las responsabilidades en cabeza de los que verdaderamente deben cargarlas.

Se trata de la admisión pública de un fracaso económico estridente. En primer lugar, la asignación debería ser por definición un programa  de emergencia asistencial  muy reducido, casi periférico, para una franja muy excepcional de la población. Contrariamente a eso, son cada vez más las personas que cobran ese plan y muchas las que casi dependen clientelarmente de él.

Que un país cuyo gobierno se ha estado vanagloriando de haber provocado un nivel de actividad económica que ha producido un crecimiento “chino” de su economía deba seguir asistiendo a millones de personas con una limosna impresentable de $ 650, es la admisión lisa y llana de que lo que ha ocurrido aquí es la venta de una enorme escenografía, una puesta en escena que tiene cada vez menos espacio para seguir convenciendo.

Otro de los reconocimientos tácitos que el anuncio implica es, obviamente, la tasa de inflación. El ajuste admite la pérdida del valor adquisitivo de la moneda local y la enorme devaluación de su capacidad de compra. Es más, considerando el rubro alimentos, la asignación anunciada ayer está por debajo de los movimientos de precios que en ese rubro se han producido desde junio del año pasado hasta ahora y también desde el año 2009, momento en que el plan fuera anunciado por el gobierno, tomándolo del proyecto de los diputados Prat Gay y Carrió.

Del anuncio de la Sra. de Kirchner también se desprende que todos los que reclaman un aumento del mínimo no imponible de ganancias deberían ir despidiéndose de esa aspiración. La presidente fue clara al decir que estos planes se financian con los ingresos de IVA y Ganancias y que cualquier retoque hacia la baja en esos impuestos haría imposible la continuidad del beneficio.

Esa confesión también revela que son los trabajadores con un sueldo en blanco los que pagan esta enorme transferencia de recursos. En efecto, hay más o menos un millón y medio de empleados en relación de dependencia a quienes se les aplica el impuesto a las ganancias para financiar, entre otras cosas,  la asignación universal.

Se trata de una manera cómoda y segura de proveerse los recursos para mantener esta situación clientelar. Resulta obvio que esta no es la manera ideal de vivir, ni el cuadro ideal de una sociedad. Con el flujo de recursos que circularon por el país en estos últimos 10 años deberían haber creado las condiciones económicas como para que el país genere una actividad genuina que emplee gente de modo auténtico en actividades concretas y verdaderas que multipliquen el producto real de modo de no estar hablando hoy de cifras infladas sino de estadísticas tocables y contables.

Es más, lo que la presidente definió como un “aumento del 40%” no es tal porque a esos números debería descontársele la inflación del período, ejercicio que, si se hace, arrojaría, como vimos, un resultado negativo en materia de poder de compra sobre la canasta básica de alimentos. “Aumento” habría sido si la inflación del período hubiera sido del 3%. En ese caso el “aumento” hubiese alcanzado al 37% neto.  Pero lo de ayer fue un nuevo acto de realismo mágico, solo explicable si se admite estar especulando con el bajo nivel de comprensión económica de vastos sectores sociales.

Ese es, también, un cinismo bajo y lastimoso: aprovecharse de que mucha gente no domina estos tecnicismos para hacer aparecer lo que se dice como una mejora manifiesta y encima como una concesión graciosa y bondadosa del Príncipe, ya entra en un terreno en donde el juzgamiento no debería  ser económico sino moral.

Esta presentación de los hechos confirma un estilo y una táctica. Lo que en realidad es la prueba de un fracaso económico, se presenta como un beneficio redistributivo fruto de la convicción revolucionaria de sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Ya vimos cómo, en realidad, se les saca parte de su ingreso a los que tampoco tienen mucho y, también, cómo los que reciben, reciben algo que no es lo ideal, ya que una economía organizada y productiva (que además por obra de la Naturaleza y de las condiciones internacionales y a pesar de las políticas oficiales, generó fortunas en los últimos 1diezaños) lo que debería haber entregado son buenos salarios, producto de la generación de trabajo real.

Quizás lo que nos viene ocurriendo -y que fuera ratificado anoche- es un enorme pacto tácito entre un gobierno que prefiere la demagogia y una sociedad que prefiere los planes. Lo ideal, obviamente, sería un gobierno que prefiriera la inversión y una sociedad que prefiriera el trabajo. Pero por algún sortilegio del destino, parecen haberse combinado en la Argentina dos conveniencias que se retroalimentan y se benefician mutuamente: un gobierno que regala dinero en lugar de generar las condiciones para que haya trabajo, y una sociedad (para ser sinceros una parte de ella) que prefiere la dádiva y el “rebusque” al trabajo formal.

Más de una vez dijimos que el socialismo está doctorado en escasez. Lo común en él es la limosna, la insuficiencia, el racionamiento, la pobreza; la igualdad ante la falta. El kirchnerismo ha puesto en ejecución esas ideas. Hoy el 80% de los jubilados cobra la mínima, una miseria de $ 2700. Cada vez más argentinos cobran la “asignación”, ahora de $ 644. Las cifras dan vergüenza. Son un cachetazo a la grandeza argentina. Pero lo más preocupante es la celebración; el ambiente festivo del que se rodean estos anuncios. Cuando la mera existencia de una “asignación por hijo” debiera ser una afrenta para un país moderno y afluente, aquí es una fiesta que exista y que “aumente”, aun cuando el “aumento” sea otro engaño.

Algo muy profundo anda muy mal en la Argentina para que tomemos como “normal” lo “anormal” y como “bueno” lo “malo”. Se trata de un retorcimiento tan grande del sentido común promedio de la sociedad que si Gramsci viviera no podría creer que el país que primero tradujo su obra en el mundo hubiera llegado tan lejos en su aplicación.

Se trata de la consecuencia de una doble causa: la explosión natural del sistema de partidos que provocó la crisis del 2001 y la profundización adrede que el gobierno ha buscado de esa circunstancia.

Desde que Duhalde suspendió las elecciones internas previas a las elecciones anticipadas del 11 de marzo del 2003, el peronismo decidió trasladarle sus propias guerras a la sociedad. El partido ya no arregla dentro de sus propias fronteras los que le sucede internamente sino que exporta esas batallas por fuera de sus límites obligando a la ciudadanía a inmiscuirse en sus entuertos.

De hecho, desde que esta estrategia está en marcha, puede decirse que los partidos ya no existen y que los que hay son personas que forman a su alrededor estructuras dispersas y frágiles que van uniéndose en nombres de fantasía inventados para la ocasión. Ninguno de ellos podría llamarse “partido” si uno fuera estrictamente sincero.

Salvo los que nutren sus fuentes en el antiguo radicalismo o en la izquierda, los demás son variaciones del peronismo. El PRO en la Capital podría ser un fenómeno particular, cuyo precedente más parecido sería el desarrollismo frondizista, pero dado que carece aún de una estructura extendida, el partido que fundó Mauricio Macri no puede analizarse aún en términos nacionales.

De modo que lo que tenemos delante es, en realidad, una puja de peronistas que alquilan gratuitamente a la sociedad para que se expida sobre sus diferencias. Sin embargo, aun con la participación inconsciente del pueblo, ninguno de los candidatos se resigna frente al veredicto: todos irán, de todos modos, a la disputa final en octubre. Esto es, aun cuando la gente se inclinará por Massa el domingo, Insaurralde y De Narváez seguirán en carrera como si fueran de partidos diferentes.

A su vez los “peronismos no oficialistas” (Massa, De Narváez, Rodriguez Saá, Amadeo, etcétera) tampoco conforman una alternativa distinta pero unida; van cada uno por su lado. No se sabe muy bien qué diferencias hay entre ellos, ni por qué están separados, pero lo cierto es que la ciudadanía ve multiplicada una oferta en la que no distingue diferencias y sólo sospecha arreglos de conveniencia.

Francisco De Narváez, por ejemplo, lleva como segundo candidato de su lista de diputados a Omar Plaini, el secretario general del gremio de los canillitas, que llega allí como consecuencia del acuerdo del “Colorado” con Moyano. Pero hasta hace poco Plaini era el principal operador en la calle de los bloqueos a La Nación y Clarín, en abierta concordancia con el gobierno kirchnerista.

Massa, a su vez, ha “vendido” esta mezcolanza como un acto de superación y en su lista conviven intendentes que han sido oficialistas hasta anteayer y hombres del PRO de la provincia de Buenos Aires.

En el espacio “UNEN” de la Capital (que es el único que, en apariencia, ha convocado a una interna verdadera) también conviven corrientes y pertenencias pasadas que hacen difícil que uno imagine cierta coherencia. Así, por un lado Gil Lavedra y Prat Gay y, por el otro, Terragno y Losteau -que tienen pasados más bien moderados- , comparten un espacio con Pino Solanas, un admirador de Chávez que, en su momento, se expresó en favor del pacto con Irán.

La Argentina debe ser el único país del mundo que convoca obligatoriamente a una elecciones que llama “primarias” en donde los electores no pueden elegir, porque los candidatos ya están elegidos e irán a la elección general aun cuando pierdan la primaria. Ningún estudioso de la ciencia política mundial puede explicar ni conoce un caso igual.

Este panorama confirma que el país vive en una enorme confusión de ideas. No hay dudas que esa irregularidad fue provocada por el peronismo que, con su impronta, parece obligar a todo el mundo a identificarse como “peronista” para tener alguna chance electoral. Muchos consideran, por ejemplo, que hasta que Macri no haga algún acuerdo importante con el peronismo no tendrá chances. Lo tiene en la Capital con la corriente que lidera Christian Ritondo, pero muchos creen que para ser presidente necesita del grueso caudal peronista del resto del país.

El peronismo, así, es todo. En el conviven Cristina Fernández y Eduardo Amadeo; Massa y Moyano; Santilli y Abal Medina; De Narvaez y Ricardo Forster.

La política argentina, por lo tanto, ha pasado a ser una lucha de personas o, más bien, de egos. Nadie renuncia a nada, ni siquiera después del resultado de una elección. Se arman escenografías con los nombres que otros países usan para denominar a distintos estadios políticos de su proceso electoral pero aquí son meras representaciones; un “como si” que parece dejar contentos a los que ponen esta obra en escena pero que poco tiene que ver con un mecanismo que ayude a mejorar la eficiencia de la administración.

Estos desajustes distorsionan completamente el funcionamiento del sistema constitucional. En ese sentido, todas las elecciones en el país se han convertido en elecciones “presidenciales”. Los candidatos del domingo –que en su gran mayoría serán los candidatos de octubre- hablan y se expresan no como si lo que estuviera en juego no fuera una banca entre otras 257 sino como si fuera a cambiar el gobierno. Y eso se debe a que la Argentina no ha sabido hacer funcionar el sistema previsto en la Ley Fundamental que está pensado para que las elecciones intermedias compensen el rumbo que el país lleva pero, también, para que dicha compensación en nada signifique una crisis institucional o una imposibilidad de gobernar.

En ese sentido, es curioso lo que hoy confiesa De Narvaez: en 2009 la oposición no pudo hacerse de la presidencia de la Cámara de Diputados (como hubiera correspondido) porque Felipe Soláy Elisa Carrió argumentaron que semejante movida habría significado un “golpe institucional”. Si eso fue cierto, no caben dudas que los dirigentes más importantes del país no entienden como el sistema constitucional funciona y, al contrario, sólo están preparados para actuar bajo un esquema en donde “o tengo todo o no tengo nada”. Nada diferente de lo que piensa Cristina.

Esta es la razón básica por la que el país está dividido: nadie está preparado para “transar”. Es más, este mismísimo término (“la transa” = “la trenza”) ha sido adoptado como un sinónimo del negociado espurio que esconde el robo, la corrupción y el acuerdo de cúpulas a espaldas de la sociedad.

Si estas distorsiones no se corrigen la Argentina nunca podrá vivir “cordialmente” dentro de un sistema civilizado de discusión racional. La palabra “cordial” obviamente deriva del latín “cordis” que quiere decir “corazón”, esto es, una referencia clara a la armonía y la concordia (otra palabra derivada del mismo origen). El escenario de las PASO más bien confirma un país fragmentado bien lejos de aquel ideal en donde lata un corazón común.