Quizás sea esa expresión de deseos atorada en el ánimo de la mayoría de los argentinos, que daría lo que no tiene para ver las pruebas del robo por una vez en la vida delante de sus ojos. Otros van más allá en sus sueños y piden la restitución de lo robado. Pero lo cierto es que desde hace unas cuantas horas existe un clima de mani pulite que esperanza a muchos y que tiene atentos a otros.

Hace unas semanas el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, emitió una señal hacia todo el Poder Judicial en el sentido de que la meta primordial de esa rama del Estado debía ser la lucha contra la impunidad y que los jueces debían perseguir la corrupción y castigarla.

Algunos dicen que eso explica la súbita aceleración que han tenido algunas causas. Otros indican que esta es la respuesta de los juzgados federales al proyecto del ministro Germán Garavano para reformar esa área de la Justicia, con la creación de juzgados con competencia específica que, necesariamente, recortaría el poder de los jueces actuales.

Muchas de esas materias, para las cuales el ministro quiere jueces específicos, tienen que ver con la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico y el terrorismo. Si los doce jueces que hoy en día trabajan en Comodoro Py pudieran entregar pruebas de que esa reforma no es necesaria porque ellos son capaces de lidiar con esas causas al entregar resultados visibles en plazos razonables, quizás la iniciativa se detenga y ellos conserven su poder.

En Estados Unidos Bernard Madoff estaba preso seis meses después de que sus desfalcos financieros se descubrieran. En París, 24 horas después de los atentados tanto en Charlie Hebdo como en el centro de la ciudad se conocía la identidad de los terroristas. Aquí hace más de veinte años que no se sabe nada sobre las voladuras de la Embajada de Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Esta asociación ideal entre corrupción e impunidad debe terminar. Y no hay dudas de que los jueces son los que están en mejor posición para tirar la primera piedra.

Otras veces deberían ser los propios protagonistas quienes den ese paso, si es que no tienen nada que esconder. En ese sentido, es una pena que el Presidente no se haya presentado espontáneamente a la Justicia para decir: “Aquí estoy, investígenme”. La verdad es que perdió una oportunidad de oro para sorprender con un golpe de efecto inesperado y, desde ya, completamente infrecuente. Que en medio de tanta podredumbre hubiera aparecido el fulgurante contraste de Mauricio Macri poniéndose a disposición de la Justicia, habría llevado ese hecho a la ponderación de todos.

En realidad no se sabe por qué no lo hizo. Varios ministros han contado que el día de la asunción, viendo la gente en las calles que lo saludaba para augurarle suerte, el Presidente los reunió a todos y les dijo: “No le podemos fallar a toda esta gente. Al primero que se mande una macana yo mismo lo voy a llevar de una oreja a Tribunales”.

Por qué no fue él el primero en pedir una investigación que aclarara su situación no se sabe. Hubiera sido lo deseable: un presidente desnudo ante los jueces rindiendo cuentas por las dudas que pudieran haberse generado. Inédito. Y encima con un aprovechamiento político único, si es que lo queremos mirar desde ese ángulo, siempre mezquino, de los costos y los beneficios.

Ahora ya es tarde. Por una denuncia del diputado del Frente para la Victoria (FPV) de Neuquén, Darío Martínez, el fiscal federal Federico Delgado imputó al Presidente en el juzgado de Sebastián Casanello para averiguar si Macri ocultó maliciosamente la declaración de esa sociedad.

De todos modos la Justicia —y particularmente Casanello— podrá dar aquí otra muestra de si está dispuesta a expedirse con celeridad sobre cuestiones que afectan gravemente el estado de ánimo social. La sociedad tiene derecho a saber con prontitud si el Presidente que está pidiendo sacrificios importantes a cambio de un futuro mejor tiene la suficiente autoridad moral para hacerlo. Es cierto que estas son cuestiones del pasado, cuando la vida de Macri era muy distinta a la actual. Pero no importa, el hecho está teniendo consecuencias hoy sobre ese inasible activo que es la confianza y la credibilidad.

Tampoco puede hacerse a un lado la política y no reconocer que, para la oposición, es esencial poner en tela de juicio esa cualidad. Si lo lograra, le habría birlado al Presidente la parte más importante de su capital político. Ese es otro motivo institucional por el que Casanello debe investigar con seriedad y celeridad esta cuestión. Luego de que el juez se expida en un sentido o en otro, no debe quedar la menor duda de que lo que dijo es la verdad.

¿Tiene la Justicia argentina los antecedentes para estar a la altura de estas circunstancias? Lamentablemente, no. A ese poder también han llegado truhanes, vivos, gente que no puede explicar su fortuna, etcétera. Desgraciadamente, parece que en cualquier lugar de la sociedad en donde se meta presión sale pus. Y dije a propósito “sociedad” y no “poder”, porque esta no es una enfermedad solamente del poder. Al poder ha llegado consuetudinariamente una parte representativa de ese coqueteo con la ilegalidad que parece que tienen muchos argentinos. Aquel dicho de que los pueblos tienen los gobernantes que se les parecen cobra un inusitado brillo entre nosotros.

Pero sea como sea, se trata de los jueces que tenemos y será con ellos, o a pesar de ellos, que tendremos que empezar a recorrer este camino de limpieza sin el cual siempre nos acompañaran la miseria y el atraso.

Allí, el vicepresidente resumió las siete horas que pasó en el juzgado de un modo particular. Dijo que finalmente la audiencia no se había podido ni grabar ni filmar y que su contenido iba a ser subido a su página de Facebook; que él había hecho una declaración y que luego el juez le había hecho algunas preguntas. Pero lo más significativo fue algo que Boudou dijo al pasar y sobre lo que no contestó repreguntas, aunque, respecto de eso solo se pudieron percibir algunos balbuceos desprolijos de los periodistas que no alcanzaron a tener la forma de la interrogación.

El vicepresidente dijo que ayer se había limitado a hacer una declaración “técnica”, “jurídica” y que se “había guardado” algunas “declaraciones políticas” para más adelante, en un momento en donde vaya ampliar su declaración, tema que ya habían “convenido” con el juez.

Se trata de un párrafo sencillamente extraordinario. Tanto por lo que dice Boudou allí por cómo lo dice, esto es, por las palabras que eligió para elaborarlo.

El vicepresidente dice que se “había guardado” (“me las guardé para más adelante”, fueron sus palabras textuales) algunos elementos de naturaleza política que evidentemente obran en su conocimiento, porque ayer no era el momento oportuno para comentarlos ni darlos a conocer.

Las palabras “me las guardé” tienen una connotación táctica evidente. Quien las dice anticipa que sabe cosas pero que prefiere no revelarlas ahora, buscando que su conocimiento surta efecto en un momento procesalmente más conveniente para su situación personal.

Además Boudou informó que esta decisión fue de alguna manera “consensuada” con Lijo: el vicepresidente contó que le pidió al magistrado ampliar su declaración en el futuro y que el juez había accedido. Este es un cambio sustancial respecto del trato y de la aproximación que Boudou había tenido a la persona y a la figura del juez hasta ahora.

Sin embargo, Boudou, por lo que se supo, algo adelantó sobre las consideraciones políticas del caso. El vicepresidente dijo que luego de la muerte de Néstor Kirchner se lanzó un enorme movimiento especulativo contra la moneda que, eventualmente, tenía por objetivo, voltear al gobierno.

En ese sentido recordó las palabras del ex presidente Eduardo Duhalde que había dicho que el gobierno se “caía solo o por knock out”.

Todos sabían de las supuestas conexiones de Duhalde con la empresa Boldt (también imprenta con la capacidad de fabricar billetes) y la furia que esa circunstancia causaba en el fallecido ex presidente. Resulta evidente que en un “avance” de las declaraciones políticas que Boudou “se guardó para más adelante” ya fueron cursadas anoche.

Boudou dijo que la familia Ciccone había accedido a vender parte de su paquete a Boldt en contra de las “recomendaciones” de la AFIP, lo que es casi una confesión de la animadversión oficial por Boldt y de la paranoia que imperaba en el entorno de los Kirchner respecto de Duhalde.

A todo esto cabe aclarar que, como defensa de su situación personal, la insinuación de Boudou de que poderes ocultos y golpistas querían usar el dinero impreso para voltear al gobierno es muy débil cuando no directamente risible. El único con capacidad real y legal de arruinar el valor de la moneda es el gobierno por la vía de su política económica. Ninguna imprenta, sea Boldt o Ciccone, tienen capacidad para destruir el poder adquisitivo de los salarios o para hacer desaparecer la capacidad de actuar como unidad de cuenta o reserva de valor del peso si no es porque el gobierno ordena su impresión a destajo para financiar con papeles pintados un déficit incontrolable.

De modo que ese cuento de que Kirchner estaba preocupado porque Duhalde -a través de Boldt- se quedara con la posibilidad de imprimir los billetes de la Argentina es eso, un cuento. Nadie puede creer que esa cuestión constituyera una amenaza institucional como para armar el desbarajuste que se armó para destruir aquella operación de la familia Ciccone que Boudou contó ayer y hacer que la empresa de la familia italiana quedara en manos kirchneristas.

Si el gobierno estaba preocupado por mantener el valor de moneda -lo cual hubiera sido una buena preocupación- debería haberle prestado atención a la política económica, no a quién fuera a ser el dueño final de una imprenta.

Por último, un detalle sobre el que Boudou volvió a insistir ayer una vez más en la parte más rica de su aparición (los dos minutos frente a los periodistas en las escalinatas de Comodoro Py). El vicepresidente volvió a cargar sobre las “informaciones que aparecen en los medios concentrados”. Obviamente no es la primera vez que Boudou (y el gobierno en general) se refieren al caso como un invento de la prensa sin fundamento alguno.

A esta altura sería bueno aclararle al vicepresidente, a Agustin Rossi, Axel Kicillof, Diana Conti y a la mismísima presidente que todo lo publicado hasta ahora son pruebas: elementos documentales, declaraciones de testigos, indicios concordantes y relaciones entre personas que sí, efectivamente, han tomado la forma de un artículo periodístico o de un informe de televisión o radio, pero que son pruebas, evidencias de cargo que no han sido inventadas, a punto tal que hoy forman el cuerpo central de la acusación contra el vicepresidente, la primera en la historia del país contra un funcionario de esa envergadura.

Sería interesante que se prestara atención a ese detalle porque uno siempre puede defenderse mejor si tiene conciencia clara de que lo hay enfrente son elementos ciertos y reales y no meros inventos de confabulaciones tan irreales como las fábulas golpistas.